CE-11001-03-15-000-2020-00003-01(AC)-2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Asunto eminentemente económico El problema jurídico consiste en determinar si la (…) decisión del 31 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, vulnera los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad de la accionante. Además, si como se solicita en el escrito tutelar, resulta pertinente ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dejar sin efectos la mencionada sentencia, por configurarse alguna de las causales de procedibilidad invocadas (…). De los considerandos presentados en la acción de tutela, la Sala advierte que no se reúne el presupuesto de relevancia constitucional porque su propósito gira en torno al reconocimiento estricto de pretensiones esencialmente de origen económico que no afectan derechos fundamentales. (…) En primer lugar, porque corresponde preservar la competencia y la independencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E en la adopción de su decisión, toda vez que la declaratoria de oficio de la excepción de inexistencia del título ejecutivo la fundamentó, en el ámbito natural de sus competencias, en que la sentencia allegada como título ejecutivo no contenía la obligación clara y expresa de pagar los intereses moratorios. En segundo lugar, porque no aprecia la Sala en condición de juez constitucional, que se justifique intervenir la decisión cuestionada debido a que, de manera esencial, no involucra

la afectación de derechos fundamentales, en tanto que, se evidencia, que la pretensión de la accionante no atañe al derecho a obtener el reconocimiento pensional en consonancia con principios rectores tales como el mínimo vital, sino que el aspecto de inconformidad versa en el no pago de los intereses moratorios, situación que sin lugar a equívocos envuelve un concepto exclusivamente de carácter económico. En tercer lugar, si el juez constitucional se involucra en la decisión objeto de cuestionamiento que se emitió en el marco del proceso ejecutivo promovido con el propósito de obtener un pago accesorio de la obligación principal, estaría permitiendo que este instrumento se convirtiera en una instancia o recurso adicional, lo cual desnaturaliza la vía de amparo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-00003-01(AC)

Actor: GILMA ESCOBAR RINCÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E Decide la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP—contra la sentencia proferida el 5 de febrero de 2020 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por medio de la cual se

amparó el derecho al debido proceso de la señora Gilma Escobar Rincón y se dejó sin efectos la sentencia del 31 de mayo de 2019 expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.

1. Antecedentes 1.1. La acción de tutela En ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y a través de agente oficioso, la señora Gilma Escobar Rincón, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por la expedición de la sentencia del 31 de mayo de 2019 mediante la cual se revocó la proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá del 23 de octubre de 2018. 1.1.1. Las pretensiones En el escrito de tutela, la señora Gilma Escobar Rincón, solicitó el amparo de los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad y, en consecuencia, que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, revocar la sentencia del 31 de mayo de 2019, que revocó la proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial

Bogotá D.C. del 23 de octubre de 2018, la que a su turno, declaró no probada la excepción de pago formulada por la ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución. En su lugar, el órgano judicial accionado declaró probada de oficio la

excepción de inexistencia del título ejecutivo y ordenó no seguir adelante con la ejecución. Con fundamento en lo anterior, solicita se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, revocar la sentencia del 31 de mayo de 2019 y confirmar la de primera instancia que dispuso seguir adelante con la ejecución. 1.1.2. Hechos Como hechos relevantes, la accionante señaló los siguientes: (i) Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja Nacional de Previsión, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP— tendiente a obtener la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales la cual correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. (ii) El referido órgano judicial mediante sentencia del 3 de octubre de 2007 reconoció las pretensiones, ordenó reliquidar su pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios y dispuso se diera cumplimiento a los artículos 177 inciso 1.° y 178 del CCA, es decir, expresamente se señaló «el pago de los intereses moratorios derivados de la obligación». (iii) La entidad Patrimonio Autónomo de Pensiones —PAP BUEN FUTURO— mediante Resolución PAP 029712 del 14 de diciembre de 2010, dio cumplimiento al fallo judicial, y solamente hasta el mes de julio de 2011 se reportó al Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional —CONSORCIO FOPEP— la inclusión en

nómina, motivo por el cual le fue cancelado el capital y la indexación, con omisión del pago de los intereses moratorios. (iv) El 21 de septiembre de 2016 se radicó demanda ejecutiva ante el despacho judicial que adelantó el proceso ordinario. Mediante providencia del 14 de diciembre de 2017 se libró mandamiento de pago por concepto de los intereses moratorios dejados de pagar. En la audiencia inicial celebrada el 23 de octubre de 2018, se profirió sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, motivo por el cual se interpuso el recurso de apelación por la entidad prestacional. (v) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E mediante sentencia del 31 de mayo de 2019, revocó la que se había proferido a su favor y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de inexistencia del título ejecutivo y ordenó no seguir adelante con la ejecución. 1.1.3. Fundamentos jurídicos de la acción Se indica por la accionante los siguientes aspectos: (i) Se configuró en la sentencia del 31 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al señalar que los intereses de que trata el artículo 177 del CCA no fueron ordenados en la sentencia ordinaria. También se consumó el defecto fáctico toda vez que esa manifestación, evidencia el extremo rigor en la aplicación de las normas procesales y no atiende que, de las piezas probatorias conformadas por las sentencias expedidas en el proceso

ordinario, así como de la Resolución PAP del 12 de diciembre de 2010 que le dio cumplimiento, se desprendía la existencia del título ejecutivo. (ii) El defecto material o sustantivo se subsume en la sentencia cuestionada porque del artículo 297 del CPACA en consonancia con el artículo 306 del CGP, emergía que en los documentos aportados al proceso ejecutivo constaba la obligación clara, expresa y exigible y, por ende, se obstaculizó a la accionante el acceso a la administración de justicia con la exigencia de formalismos que no son necesarios cuando la ejecución se promueve ante el juez que conoció el proceso ordinario. (iii) La causal de procedibilidad de la acción de tutela por desconocimiento del precedente judicial se presenta en tanto se desatendieron las pautas sobre el reconocimiento de los intereses moratorios trazadas por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado núm. 11001-03-06-000-2014-00020-00 y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radicado núm. 2013-00709-01 demandante: Luis Álvaro Revelo Lucero, magistrado ponente: José María Armenta Fuentes. A su turno, sin especificar una decisión de la Corte Constitucional, aduce bajo la citada causal, que esa Corporación, al desarrollar el principio de responsabilidad patrimonial del Estado cuyo fundamento reside en los artículos 2, 58 y 90 de la Carta Política, ha establecido que la administración tiene el deber de reparar integralmente los daños padecidos por los ciudadanos en la forma

consagrada en los artículos 177 del CCA y 16 de la Ley 446 de 1998.1 1.4. Trámite en primera instancia Mediante auto del 14 de enero de 20202, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, reconoció al doctor Jairo Iván Lizarazo Ávila como agente oficioso de la señora Gilma Escobar Rincón, admitió la acción de tutela y ordenó notificar en condición de demandados a los magistrados integrantes de la Sección Segunda, Subsección E del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En condición de terceros interesados en las resultas de la actuación, vinculó al Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP—. Para llevar a cabo las intervenciones y ejercitar el derecho a la defensa se concedió el lapso de dos días. A través de memorial presentado en la secretaría general de esta corporación el 23 de enero de 2020, se allegó el poder otorgado por la señora Gilma Escobar Rincón al doctor Jairo Iván Lizarazo Ávila para presentar la acción de tutela y por esa razón, se entiende que desapareció su calidad de agente oficioso.3 1.5. Intervenciones (i) El juez séptimo administrativo del circuito judicial de Bogotá en el escrito de intervención expresó lo siguiente: […] respetuosamente considero que la decisión y las actuaciones proferidas al interior del proceso ejecutivo No. 11001-3335-007-2016-0043-00, se

ajustaron a los preceptos constitucionales y legales, por cuanto era el que conforme al estudio fáctico, jurídico y probatorio debía adoptarse para la época en que se profirió la decisión de fondo dentro de la litis en primera instancia, sin que pueda endilgarse algún tipo de conducta que afecte o vulnere los derechos fundamentales invocados por la parte tutelante. […]. 1 Folios (1 a 12) expediente electrónico 2 Folio (32 a 33) ibidem. 3 Folios (44 a 45) ibidem. (ii) El director jurídico de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP— en el escrito de intervención, solicitó se declarara improcedente la acción de tutela. En sustento, adujo que en virtud de las sentencias de la Corte Constitucional C-895 de 2009, T-353 de 2012 y C-258 de 2013, que desarrollan el principio de sostenibilidad financiera, se procura que tanto las entidades encargadas misionalmente de administrar la nómina de pensionados como las cajas administradoras de pensiones que están en liquidación o ya liquidadas, velen por la toma de medidas tendientes a evitar el desfinanciamiento. Acorde a lo anterior, aduce que la pretensión de la accionante para que por la vía de amparo interpuesta se efectué el reconocimiento de los intereses moratorios afecta el comentado principio. Igualmente, manifiesta que la acción de tutela no es la vía adecuada para reclamar prestaciones sociales, conforme lo indicó la Corte Constitucional en la

sentencia T-624 de 2012, al señalar que para perseguir ese reconocimiento, el ordenamiento jurídico diseñó, implementó y dispuso procedimientos a los cuales la accionante acudió mediante la instauración de los procesos ordinario y ejecutivo, sin que se aprecie que hubiera promovido el recurso extraordinario de revisión, lo que se traduce en que la vía de amparo excepcional pretende ser desnaturalizada con la solicitud de pago de intereses moratorios.4 (iii) La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Patricia Victoria Manjarrés Bravo en el escrito de intervención, solicitó se declare improcedente la acción de tutela. Aseveró que la sentencia cuestionada mediante la cual se revocó la de primera instancia, para en su lugar, declarar la inexistencia del título ejecutivo, se fundamentó en la carencia de título ejecutivo, toda vez que la sentencia proferida en el proceso ordinario no contenía el reconocimiento de los intereses moratorios previstos en el artículo 177 del CCA, lo cual implica que no existía una obligación clara, expresa y exigible respecto de los valores pretendidos por ese concepto.5 1.6. Sentencia impugnada 4 Folios (50 a 58) ibidem. 5 Folios (66 a 68) ibidem. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 5 de febrero de 2020, amparó el derecho al debido proceso de la accionante, dejó sin efectos la sentencia del 31 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por medio de

la cual declaró de oficio la excepción de inexistencia del título ejecutivo y ordenó a dicha autoridad judicial que dentro de los 20 días siguientes a la notificación, dictará la providencia que en derecho corresponda. Para sustentar la decisión, precisó que de conformidad con el inciso 5.° del artículo 177 del CCA, las cantidades líquidas reconocidas en las sentencias judiciales por medio de las cuales se condene a las entidades públicas, devengarán intereses comerciales y moratorios, es decir, que dichos intereses no están sujetos a previo reconocimiento. En ese orden de ideas, señaló que como los intereses moratorios ostentan la calidad de derechos accesorios de una obligación principal reconocida en una sentencia y son ciertos e indiscutibles de acuerdo al régimen general de las obligaciones estipulado en los artículos 1608 y el numeral 2.° del artículo 1617 del CC, puede concluirse que como el derecho pensional pretendido por la señora Escobar Rincón fue definido en la sentencia ordinaria, el reconocimiento de intereses moratorios opera de pleno derecho como consecuencia legal de la mora en el cumplimiento de la condena. En apartes de la decisión, se sostuvo lo siguiente: […] se tiene que, al haber sido condenada CAJANAL en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2005-07266, a pagar a favor de la señora Escobar Rincón una suma líquida consistente en la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la fecha de adquisición del status pensional, esto es, con las primas de alimentación, habitación, navidad y

vacaciones, de presentarse retardo en el pago de dicha orden judicial, por ministerio de la ley, la demandante tendría derecho al pago de los respectivos intereses moratorios a los que hubiere lugar, los cuales podrían ser exigibles por la vía del proceso ejecutivo como lo pretendió. […] Con fundamento en lo anterior, consideró que se consumaba el defecto sustantivo en la sentencia del 31 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. y amparó el derecho al debido proceso de la accionante con la siguiente precisión: […] Debe aclararse que, esta decisión no implica que necesariamente la autoridad demandada deba confirmar la providencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, sino que está orientada para que el Tribunal proceda a estudiar el caso de fondo sin que declare probada nuevamente la excepción de inexistencia del título ejecutivo por no constar en la sentencia el reconocimiento de intereses moratorios. […].6 1.5. Impugnación La apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP— en el escrito de impugnación, reiteró que la acción de tutela era improcedente para atacar decisiones judiciales con la finalidad de obtener el pago de intereses moratorios, en tanto que acceder a ello afecta de manera grave el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, cuya protección corresponde a la entidad que representa. Expresa que en el sub-lite no se acreditó la ocurrencia del perjuicio irremediable ni la afectación del mínimo vital de la accionante, situaciones que aunadas a la

existencia de cosa juzgada y a la autonomía de los jueces naturales para adoptar sus decisiones, permiten inferir que la sentencia del Tribunal, la cual se fundamentó en que expresamente no se indicó en las providencias proferidas por el operador judicial ordinario el reconocimiento de los intereses de que tratan los artículos 177 y 178 del CCA, no se reunió la característica necesaria del título ejecutivo, esto es, que contenga una obligación expresa. 7

2. Consideraciones 2.1. Competencia 6 Folios (87 a 93) ibidem. 7 Folios (99 a 105) ibidem.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20198, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado del 5 de febrero de 2020. 2.2. Problema jurídico La acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por la expedición de la sentencia del 31 de mayo de 2019 que revocó la proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. del 23 de octubre de 2018, la que, a su turno, declaró no

probada la excepción de pago formulada por la —UGPP— y ordenó seguir adelante con la ejecución. En su lugar, el órgano judicial accionado declaró probada de oficio la excepción de inexistencia de título ejecutivo y ordenó no seguir adelante con la ejecución. El problema jurídico consiste en determinar si la citada decisión del 31 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, vulnera los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad de la accionante. Además, si como se solicita en el escrito tutelar, resulta pertinente ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dejar sin efectos la mencionada sentencia, por configurarse alguna de las causales de procedibilidad invocadas, esto es, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el defecto, fáctico, el defecto sustantivo o material y el desconocimiento del precedente judicial. 2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante 8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública». El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11,

12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución. Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados. En este entendido, la jurisprudencia constitucional9 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 200510, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia

constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que 9 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 10 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia

judicial de naturaleza «excepcional». En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos. El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 201211, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia. Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 201412 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.

Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez. Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional. 2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra la sentencia del 31 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. 2.4.1. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que, contra la providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de defensa ni las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de revisión. 2.4.2. Se presentó con inmediatez, porque la sentencia cuestionada es del 31 de mayo de 201913 notificada mediante correo electrónico enviado el 4 de julio de 201914 y la acción de tutela se instauró el 19 de diciembre de ese año15, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses. 2.4.3. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela guardan coherencia lógica y temporal. 2.4.4. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela, en tanto que la sentencia censurada fue proferida en segunda instancia en

un proceso ejecutivo. 2.4.5. El asunto tiene relevancia constitucional. Previo a su estudio, es necesario efectuar una recopilación de los siguientes: 2.4.5.1. Hechos probados16 2.4.5.1.1. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, conoció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, radicada con el núm. 2005-07266 promovida por la accionante contra la Caja Nacional de Previsión Social y mediante sentencia del 3 de octubre de 2007, 13 Folios (99 a 105) expediente electrónico. 14 Folio (23) ibidem. 15 Folio 1, ibidem. 16 Los hechos probados que se enlistan en los numerales 2.4.5.1.1., 2.4.5.1.2., 2.4.5.1.3, 2.4.5.1.4. y 2.4.5.1.5 se tomaron de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá obrante a los folios 16 a 21 del expediente electrónico. accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. La anterior decisión quedó debidamente ejecutoriada el 16 de octubre de 2007. 2.4.5.1.2. La accionante presentó ante la extinta Caja Nacional de Previsión la solicitud de cumplimiento del referido fallo el 26 de septiembre de 2008. Conforme consta en la Resolución No. PAP 029712 del 14 de diciembre de 2010, se ordenó

reliquidar la pensión de jubilación de la demandante elevando la cuantía de su mesada a la suma de $833.139, efectiva a partir del 14 de junio de 2000 «estableciendo que lo consagrado en el artículo 178 del CCA estaría a cargo del Fondo de Pensiones Públicas —FOPEP— y lo concerniente al artículo 177 ibídem estaría a cargo del proceso liquidatorio de CAJANAL EICE». 2.4.5.1.3. El reajuste ordenado en la resolución anterior se ingresó en nómina hasta el mes de julio de 2011 y dentro de las liquidaciones realizadas por la — UGPPCAJANAL— para el cumplimiento del fallo de primera instancia, no fueron incluidos los intereses moratorios. 2.4.5.1.4. La accionante inició proceso ejecutivo en contra de la —UGPP— que fue conocido por el operador judicial ante el cual se adelantó el proceso ordinario, esto es, por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y solicitó se expidiera mandamiento de pago por la suma de $35.127.896, por concepto de intereses moratorios «derivados de la sentencia judicial proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, debidamente ejecutoriada con fecha 16 de octubre de 2007, y los cuales se causaron entre el período del 17 de octubre de 2007 al 30 de junio de 2011, de conformidad con el inciso 5.° del artículo 177 del C.C.A., suma que deberá ser actualizada desde el 1° de agosto de 2011, hasta que se verifique el pago total de la misma». 2.4.5.1.5. En la audiencia inicial celebrada el 23 de octubre de 2018, el Juzgado

Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, decidió modificar el mandamiento de pago que había librado por la suma anterior a través del auto del 14 de diciembre de 2017. Sobre el particular, manifestó lo siguiente: Respecto del período de causación de los intereses reclamados, debe el Despacho remitirse a lo normado en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo -C.C.A., norma vigente a la fecha de expedición de la sentencia condenatoria que se invoca como título ejecutivo, siendo de vital importancia, establecer la fecha en que el interesado solicitó ante la hoy entidad ejecutada, el pago de la condena, toda vez, que dicho precepto, en forma expresa señaló que, transcurridos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia condenatoria, sin que el beneficiario haya acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, “cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma”. Al respecto se advierte, que la sentencia aportada como título ejecutivo, quedó debidamente ej