CE-11001-03-15-000-2020-00268-00(AC)-2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PUBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PUBLICA – Existencia de otro medio de defensa judicial / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Medio de defensa judicial, idóneo y eficaz [E]n atención a lo anterior, la Sala evidencia que la providencia cuestionada fue proferida por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado el 14 de marzo de 2019, fue notificada legalmente a las partes mediante edicto fijado el 15 de noviembre de 2019 y desfijado el 19 de ese mismo mes y año, y quedó ejecutoriada el 22 de noviembre de 2019, por lo que la UGPP tiene hasta el 23 de noviembre de 2024, para interponer el recurso de revisión que establece el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de conformidad con el término estipulado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011. (…) Sin embargo, la entidad accionante no ha hecho uso del mecanismo judicial, sino que acudió directamente al juez constitucional a presentar la acción de tutela el 24 de enero de 2020. Dicha situación resulta inadmisible debido a que el mecanismo de amparo, como ya se advirtió, es un instrumento residual que no puede ser utilizado para suplantar la competencia de los jueces naturales, o para obviar los trámites ordinarios y extraordinarios que la legislación ha dispuesto para resolver casos como el presente. (…) En ese orden

de ideas se concluye que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, habida cuenta que la UGPP no empleó los medios de defensa que tenía a su disposición.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 / LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO

20.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-00268-00(AC)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y OTRO La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, mediante apoderado judicial, en contra de las providencias de 19 de febrero de 2015 y de 14 de marzo de 2019, proferidas respectivamente por el Tribunal Administrativo del Cesar y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 20001-23-31-0002012-00268-00/01.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA La UGPP, a través de la Subdirectora Jurídica de Parafiscales, solicitó el amparo

de los derechos fundamentales al «[…] debido proceso y al acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional […]» , cuya vulneración atribuyó a las sentencias de 19 de febrero de 2015 y de 14 de marzo de 2019, proferidas respectivamente por el Tribunal Administrativo del Cesar y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante las cuales accedieron a las pretensiones planteadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 20001-23-31-000-2012-000268-00/01, adelantado por la señora Amparo Rodríguez Fajardo, consistentes en reconocerle y pagarle una pensión de sobrevivientes compartida con la compañera permanente de su finado esposo.

II. HECHOS De conformidad con lo planteado en la demanda de amparo, los hechos que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente: II.1 Mediante Resolución 20898 de 22 de julio de 2005, la extinta Cajanal reconoció al señor Omar Alberto González Maestre pensión de vejez en cuantía inicial de $1.946.807,26.oo a partir de 4 de septiembre de 2004, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio.

II.2 El señor González Maestre falleció el 17 de mayo de 2008, por lo que sus beneficiarios presentaron solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la cual fue resuelta por la extinta Cajanal mediante Resolución 54690 de 4 de noviembre de 2008, en los siguientes términos: i) A Maribeth Ovalle Felizzola, le fue

reconocida la pensión en cuantía de 50%, al acreditar su condición de compañera permanente, ii) a Valentina y Cristina Isabel González Ovalle, en cuantía de 25% para cada una de ellas, en calidad de hijas del difunto, y iii) a Amparo Rodríguez Fajardo, esposa del causante, le fue negada la prestación económica por no acreditar la convivencia dentro de los últimos cinco (5) años al fallecimiento del señor Maestre. II.3 En contra de la referida resolución, la señora Amparo Rodríguez Fajardo interpuso recurso de reposición, con el propósito de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge del hoy occiso. La extinta Cajanal mediante Resolución PAP 023704 de 29 de octubre de 2010, confirmó la decisión recurrida. II.4 Inconforme con la anterior decisión, la señora Amparo Rodríguez Fajardo presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de CAJANAL, hoy UGPP, solicitando la nulidad parcial de los actos administrativos por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge del finado Omar Alberto Maestre, en cuantía equivalente al 50% del 100% del valor de la mesada pensional. II.4 Mediante sentencia de 19 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo del Cesar: i) declaró la nulidad de las resoluciones demandadas, y ii) ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes compartida en favor de la señora

Amparo Rodríguez Fajardo, en calidad de cónyuge supérstite, a partir de 18 de mayo de 2018, en cuantía equivalente al 50% del 100% del valor de la mesada pensional, y la otra cuota parte a la señora Maribeth Ovalle Felizzola, en su condición de compañera permanente. Inconforme con la anterior decisión, la UGPP y la señora Ovalle Felizzola interpusieron recurso de apelación. II.5 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia de 14 de marzo de 2019, resolvió confirmar la decisión apelada. Dicha providencia quedó ejecutoriada el 22 de noviembre del mismo año. II.6 Actualmente « […] la señora MARIBETH OVALLE FELIZZOLA, se encuentra activa en nómina de pensionados recibiendo el 50% de la mesada pensional y la joven VALENTINA GONZÁLEZ OVALLE, en calidad de hija en un 25% y CRISTINA ISABEL GONZÁLEZ OVALLE, en calidad de hija en un 25% las dos activas en nómina de pensionados […] ». II.7 La UGPP desatacó que la señora Amparo Rodríguez Fajardo « […] no tenía derecho al reconocimiento prestacional de sobrevivientes por cuanto no cumplió con el requisito de convivencia […] », en tanto que « […] no hicieron vida marital pues la misma solo duró hasta el año 1993 situación que confirmó la inexistencia de convivencia […] ». II.8 Asimismo, planteó que los fallos proferidos por las autoridades judiciales

accionadas, afectaron de manera grave el principio de sostenibilidad financiera, dado que generan un doble pago, por cuanto a la señora Maribeth Ovalle Felizzola, se le ha pagado desde el 18 de mayo de 2018, el 50% de la mesada pensional, y la orden judicial objeto de tutela, también ordena pagar la prestación económica por el mismo período a la esposa del pensionado. II.9. La UGPP argumentó que la grave situación que se está viviendo hace necesaria la intervención urgente del juez constitucional en procura de obtener la protección del erario público que los jueces de la República también deben garantizar en virtud del principio de moralidad administrativa. Precisó que la protección de los derechos fundamentales es de urgente atención si se tiene en cuenta que está pendiente con corte a 31 de diciembre de 2019, el pago de aproximadamente $127,713,189.51 m/cte, más las mesadas que a futuro se causen hasta tanto se dé cumplimiento a ordenado por el contencioso, valores que corresponden a mesadas pensionales desde el deceso del causante y en favor de la señora Amparo Rodríguez Fajardo, quien no tiene derecho a ningún porcentaje de la pensión de sobrevivencia del causante Omar Alberto González Maestre, frente a lo cual a la entidad le compete la misión de proteger dichos recursos, más aún cuando la señora Rodríguez Fajardo no hizo vida marital con el causante durante los últimos cinco años previos al fallecimiento de éste. II.10 Insistió en que en el presente asunto se están generando dobles pagos por cuanto la prestación otorgada por el mismo período, esto es desde el 18 de mayo de

2008, ya se ha venido cancelando a la compañera permanente Maribeth Ovalle Felizzola en el 50% del 100% de la prestación desde el día siguiente del deceso hasta la actualidad, y ahora la orden judicial impone pagar a partir del mismo día siguiente del deceso, 17 de mayo de 2018, cuota parte prestacional a favor de la señora Amparo Rodríguez Fajardo, como cónyuge, en proporción al tiempo de convivencia, equivalente a una mesada de $955,201, generándose la figura de dobles pagos. II.11. Argumentó la configuración: i) de un defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio aportado al proceso y la valoración defectuosa del material probatorio que reposa en el proceso ordinario; ii) de un defecto sustantivo por el desconocimiento de los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora Amparo Rodríguez Fajardo; iii) de la violación directa de la Constitución porque tanto el Tribunal Administrativo de Cesar como el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dejaron pasar por alto que desde el día siguiente al fallecimiento del señor Ocampo Rodríguez se le ha venido pagando a la señora Maribeth Ovalle Felizzola, compañera permanente del finado, la pensión de sobrevivencia en el 50% del 100%, lo que tornaba improcedente volver a ordenar el pago de la prestación a favor de la cónyuge, señora Rodríguez Fajardo,

desde el día siguiente al fallecimiento del causante, pues ello conlleva a que desde esa fecha se estén generando dobles pagos, lo que constituye un abuso palmario del derecho, más aún cuando la señora Rodríguez Fajardo no tenía derecho al reconocimiento pensional por cuanto no cumplió con el requisito de convivencia, lo que pone de presente la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

III. LAS PRETENSIONES La accionante solicitó en su demanda lo siguiente: « […] PRINCIPALES Primero: Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

CESAR Y DEL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, en las sentencias del 19 de febrero de 2015 y 14 de marzo de 2019, al ordenar reconocer y pagar en proporción al tiempo de convivencia, la pensión de sobrevivientes del causante a la señora AMPARO RODRÍGUEZ FAJARDO en porcentaje quien no tiene derecho a la misma.

Segundo: Consecuentemente: a.- DEJAR sin efectos las decisiones del 19 de febrero de 2015 y del 14 de marzo de 2019 proferidas por el TRIBUNAL AMDINISTRATIVO DEL

CESAR Y DEL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B, dentro del proceso contencioso No. 2012-00268 por la flagrante vía de hecho y abuso palmario del derecho en que incurrió ese estrado judicial al

reconocer erradamente la pensión de sobrevivientes a favor de la señora AMPARO RODRIGUEZ FAJARDOP quien no reunió los requisitos fijados en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para ser beneficiaria de esa prestación. b.- ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECIÓN B, procedan a dictar una nueva sentencia ajustada a derecho, negando las pretensiones solicitadas por la señora AMPARO RODRÍGUEZ FAJARDO dentro del proceso laboral del 2012-00268, teniendo en cuenta que no tiene derecho a reconocimiento pensional de sobrevivencia alguno. SUBSIDIARIAS En caso de que esa H. Magistratura determine que en este caso procede otro medio de defensa judicial solicitamos: Primero: AMPARAR de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B respectivamente, dentro del proceso contencioso 2012-00268 para evitar la configuración de un perjuicio irremediable al Erario Público equivalente al pago de más de $ 127.713.189,51 M/cte correspondiente a mesadas pensionales causadas desde el día siguiente al fallecimiento del causante, que se ordenan cancelar a favor de la señora AMPARO RODRÍGUEZ FAJARDO, mientras se resuelve el recurso extraordinario de revisión que iniciaríamos en cumplimiento de su orden judicial […] ».

IV.TRÁMITE DE LA TUTELA

Mediante auto de 30 de enero de 2020, se admitió la presente acción de tutela y se dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar y de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. También se ordenó vincular a las señoras Maribeth Ovalle Felizzola y Amparo Rodríguez Fajardo, como terceras con interés en el resultado del proceso. Se negó la medida provisional solicitada por la apoderada judicial de la UGPP, y se solicitó al Tribunal Administrativo del Cesar que remitiera en condición de préstamo el expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-23-31-002-2012-00268-00.

V. INTERVENCIONES Efectuadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, intervinieron en los siguientes términos: V.1. La señora Amparo Rodríguez Fajardo1, a través de apoderado judicial, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito general de subsidiariedad, en razón a que actualmente cuenta con otro medio de defensa judicial « [...] esto es, con el recurso especial de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del CPACA, procede contra sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secicones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos (Artículo 243, ibídem) [...]». 1 Esposa el causante.

Con fundamento en lo anterior planteó que « [...] no es necesario entrar a evaluar

los requisitos especiales que expone la accionante en su escrito de tutela porque las autoridades judiciales actuaron dentro de la independencia y autonomia judicial que les otorga la Ley y la Constitución y en apego estricto a lo establecido en la misma Ley 797 de 2003 y la jurisprudencia [...] ». V.2. El Tribunal Administrativo del Cesar, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y la señora Maribeth Ovalle Felizzola, guardaron silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1. Competencia Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por la UGPP, en contra del Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B, y del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20174.

VI.2. Problema Jurídico De acuerdo a la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

1. Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, en caso afirmativo

2. Si la sentencia proferida el 14 de marzo de 2019, por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado le vulneró a la UGPP los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia, y el principio de

sostenibilidad financiera del sistema pensional, e incurrió en los defectos fáctico, material o sustantivo y violación directa de la Constitución, al confirmar la sentencia dictada el 19 de febrero de 2015, por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que condenó a la Nación – Caja Nacional de Previsión Social EICE, -Cajanal en liquidación-, a reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes compartida a favor de la señora Amparo Rodríguez Fajardo en el porcentaje que resulte del 50% del 100%, es decir la cuota parte en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido Omar Alberto González Maestre, correspondiéndole la otra parte de la cuota a la señora Maribeth Ovalle Felizzola quien también convivió con el causante. 2 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 3 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 4“Porlacualsemodificanosartículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 delDecreto1069de2015,ÚnicoReglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los requisitos generales y especiales de procedibilidad; para

posteriormente iii) resolver el caso concreto. VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales: Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: i) orgánico, ii) procedimental absoluto, iii) fáctico, iv) material o sustantivo, v) error inducido, vi)

decisión sin motivación, vii) desconocimiento del precedente y viii) violación directa de la Constitución7. 5ConsejodeEstado,SalaPlenadeloContenciosoAdministrativo,Radicación:2009-01328-01(IJ),sentenciade31dejulio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 6 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 7 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defectofáctico,quesurgecuandolaprovidenciajudicialcarecedelapoyoprobatorioquepermitalaaplicacióndelsupuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defectomaterialosustantivo,existecuandolasdecisionessefundamentanennormasinexistentesoinconstitucionales,o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Errorinducido,quesepresentacuandolaautoridadjudicialhasidoengañadaporlaspartesointervinientesyeseengaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisiónsinmotivación,quetienelugarcuandoelfuncionariojudicialnoexponelosfundamentosfácticosyjurídicosdela decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.

Desconocimientodelprecedente,queseoriginacuandoeljuezordinariodesconoceolimitaelalcancedadoporestaCorte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. ViolacióndirectadelaConstitución,quesepresentacuandolaactuacióndelaautoridadseoponedemaneradirectaalas normas establecidas en la Constitución Política. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que se encaje en dichos parámetros. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial, que gobiernan todo proceso jurisdiccional. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez

Ramírez. VI.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de una providencia judicial. La Sala encuentra que el caso bajo estudio tiene relevancia constitucional en la medida que se pretende la protección de los derechos fundamentales de la parte accionante cuya vulneración la atribuye a las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Cesar y por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado, a las cuales ya se ha hecho referencia. La inmediatez está atendida por cuanto la sentencia de 14 de marzo de 2019, proferida en segunda instancia por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado, se notificó mediante edicto desfijado el 19 de noviembre de 2019, y la acción de tutela se recibió el 24 de enero de 2020 en la oficina de correspondencia del Consejo de Estado, es decir dentro de un plazo inferior a seis meses que la jurisprudencia de la corporación judicial estima razonable. Además, se identificaron los hechos que originaron la presunta afectación de las aludidas garantías constitucionales, en los que la Sala resalta que el objeto de censura lo constituye una decisión contenida en una providencia judicial. De otra parte, no se argumenta la existencia de una irregularidad procesal, ni se 8 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. trata de una acción de tutela presentada en contra de una decisión de igual naturaleza. Ahora bien, en relación con el requisito de subsidiariedad, la Sala precisa lo siguiente: La acción de tutela es un medio de defensa preferente y sumario, de carácter

eminentemente residual, lo que significa que procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Al respecto, la jurisprudencia9 constitucional ha sido reiterativa en señalar que la acción de tutela no puede ser utilizada como un medio alternativo, adicional o complementario para reemplazar los medios ordinarios o extraordinarios de defensa, ni para desconocer los mecanismos dispuestos para controvertir las decisiones que se adoptan durante su trámite. Indica lo anterior que el interesado debe agotar todos los medios de defensa que prevé el ordenamiento legal para la protección de sus derechos fundamentales (acción, recurso, incidente u otro mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su naturaleza10), lo que incluye la interposición, en tiempo, de los recursos que determine la Ley, eventos en los que no se puede invocar el medio de amparo con la excusa de evitar un perjuicio irremediable, cuando el mismo afectado así lo ha permitido. A manera de corolario, cabe resaltar que la acción de tutela es improcedente cuando se cuenta con otro medio de defensa judicial para la protección de los derechos o cuando teniéndolo se omite o se ejerce tardíamente, lo que constituye una causal válida para declarar su improcedencia, salvo la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, el amparo procederá de manera transitoria. Frente a las acciones de tutela presentadas por la UGPP, la sentencia T-212 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, estableció las siguientes reglas: (i) Por regla general las acciones de tutela que pretendan controvertir

providencias judiciales que ordenaron algún tipo de reconocimiento prestacional periódico con abuso del derecho, son improcedentes. 9 Ver entre otras la sentencia T-480 de 2011 de la Corte Constitucional. 10 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. (ii) Esa improcedencia general del amparo obedece a la existencia del recurso extraordinario de revisión dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, siempre y cuando se interponga dentro de la oportunidad establecida en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 (cinco años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia judicial) o en la Sentencia SU-427 de 2016 (cinco años contados a partir del 12 de junio de 2013, en caso de que sean providencias judiciales proferidas antes de la fecha de sucesión de la UGPP en la representación judicial de CAJANAL, o a partir de la fecha de ejecutoria). (iii) La legitimación para interponer el recurso extraordinario de revisión por la configuración de un abuso del derecho recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular. (iv) Excepcionalmente, las acciones de tutela interpuestas por las administradoras de pensiones para controvertir providencias judiciales por abuso del derecho, serán procedentes si tal abuso del derecho es de carácter palmario. (v) Para la identificación de un abuso palmario del derecho en materia pensional debe realizar un análisis en conjunto de las diversas circunstancia

presentes en los casos concretos y para el efecto se puede acudir a los criterios y pautas de interpretación fijados en las sentencias SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, relacionados con la existencias de incrementos pensionales desproporcionados, no correspondencia entre el monto de la pensión y la historia laboral, ventajas irrazonables como el desconocimiento de topes pensionales y/o vinculaciones precarias. El accionante tiene la carga de aportar la información necesaria, pertinente y conducente para establecer la existencia del abuso palmario del derecho y, así, que en el caso concreto procede excepcionalmente la acción de tutela. En todo caso, la Corte Constitucional, sus distintas Salas de Revisión y los jueces de tutela, con base en los principios de autonomía e independencia judicial, se encuentran en libertad para establecer su convencimiento sobre el caso concreto y sobre si existe o no un abuso del derecho de carácter palmario. (vi) En los casos en los que se acredite un abuso palmario del derecho y se decida de fondo el caso se adoptarán medidas para no afectar los derechos fundamentales de los implicados en la causa, tales como establecer un período de gracia de seis meses para hacer el reajuste pensional y/o no hacer exigible el reintegro de sumas ya canceladas. En atención a lo anterior, la Sala evidencia que la providencia cuestionada fue proferida por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado el 14 de marzo de 2019, fue notificada legalmente a las partes mediante edicto fijado el 15 de noviembre de 2019 y desfijado el 19 de ese mismo mes y año, y quedó

ejecutoriada el 22 de noviembre de 201911, por lo que la UGPP tiene hasta el 23 de noviembre de 2024, para interponer el recurso de revisión que establece el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de conformidad con el término estipulado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 201112. Sin embargo, la entidad accionante no ha hecho uso del mecanismo judicial, sino que acudió directamente al juez constitucional a presentar la acción de tutela el 24 de enero de 2020. Dicha situación resulta inadmisible debido a que el mecanismo de amparo, como ya se advirtió, es un instrumento residual que no puede ser utilizado para suplantar la competencia de los jueces naturales, o para obviar los trámites ordinarios y extraordinarios que la legislación ha dispuesto para resolver casos como el presente. En ese orden de ideas se concluye que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, habid