CE-11001-03-15-000-2020-00528-00(AC)-2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA EN EL SERVICIO – Por muerte y lesiones personales [N]o se advierte el defecto fáctico invocado, puesto que las deducciones de los accionados para resolver el asunto sometido a su estudio, no resultan contrarias al ordenamiento jurídico, comoquiera que efectuaron el análisis de los medios probatorios allegados bajo los criterios de la sana crítica para concluir que en el sub lite no se presenta la falla en el servicio alegada, dado que no se acreditó el nexo causal entre la muerte y lesiones causadas a los señores (…) y la privación de la libertad de la que fueron objeto por parte del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral del Ejército Nacional, durante los días 2 y 3 de mayo de 1997. (…) [En cuanto a la configuración de una violación directa de la Constitución] se advierte que contrario a lo argumentado por el actor, las autoridades accionadas no confundieron las suplicas deprecadas, sino que efectuaron el estudio del fondo del asunto con fundamento en el régimen de responsabilidad aplicable (falla en el servicio) y, en ese medida también determinaron que no había lugar a estudiar los nuevos argumentos traídos a colación en el recurso de apelación, por lo que tampoco se configura este defecto.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-00528-00(AC)

Actor: CARLOS ALBERTO CASTAÑO PULGARIN

Demandado: MAGISTRADOS DE LA SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Carlos Alberto Castaño Pulgarin contra los señores magistrados de la subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES 1.1 La solicitud de amparo (ff. 1 a 13). El señor Carlos Alberto Castaño Pulgarín presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de la garantía superior a la que se hizo referencia, presuntamente vulnerada por los señores magistrados de la subsección C de la sección tercera del Consejo de

Estado. Como consecuencia de lo anterior, solicita dejar sin efectos la providencia de 30 de septiembre de 2019 dictada en el medio de control de reparación directa que promovió contra la NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional (expediente 05001-23-31-000-1999-01794-01) que confirmó la de 20 de abril de 2012, que negó las pretensiones allí incoadas; para en su lugar, dictar una nueva «[…]

teniendo presente que el objeto a resolver es la responsabilidad del Estado, ya probada con documentos que reposan en el expediente, en especial, la copia del proceso penal, en el cual es claro la responsabilidad de miembros del Ejército por la muerte por ejecución extrajudicial y lesiones de URIEL [Castaño] y JOHN JAIRO [Muñetón] que posteriormente le produjeron la muerte». 1.2 Hechos1. Relata que «[…] miembros pertenecientes al Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral del Ejército Nacional retuvieron a los hermanos Uriel y Héctor Castaño en las instalaciones del batallón, ubicado en San Vicente (Antioquia), el 2 de mayo de 1997 […]», que además de su detención procedieron a registrar la residencia donde habitaban con sus padres, no obstante, al día siguiente, a petición de la personería municipal, fueron liberados. Que el «[…] noticiero NTC Noticias del Canal A informó la captura de los hermanos Castaño, a quienes señaló como integrantes de las FARC, en la emisión nocturna del 3 de mayo de 1997. Posteriormente, uno o dos desconocidos dispararon a Uriel Castaño y John Muñetón el 27 […] [siguiente,] [e]l primero falleció y el segundo, quien lo acompañaba casualmente, padeció heridas en la cabeza que le dejaron secuelas permanentes», puesto que perdió la noción del tiempo y el espacio y la capacidad para entender y valerse por sí mismo, y posteriormente, falleció. Dice que por los anteriores hechos, el 26 de mayo de 1999, promovió junto con

sus familiares y los del señor John Jairo Muñeton acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente 05001-23-31-000-1999-01794-01), de la que conoció el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala cuarta de descongestión) que, mediante fallo de 20 de abril de 2012, negó las pretensiones allí formuladas, al considerar que no se acreditó el nexo causal que permitiera colegir la responsabilidad del Estado en la muerte del señor Uriel Hernando Castaño y las lesiones ocasionadas a John Jairo Muñetón. Que, con ocasión del recurso de apelación interpuesto, el 30 de septiembre de 2019 el Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera) confirmó la sentencia de primera instancia, toda vez que «[…] los demandantes no acreditaron la falla del servicio alegada […]», al considerar que «[…] no existe ninguna prueba en el expediente que muestre una relación directa entre el homicidio y las lesiones de las víctimas con la supuesta difusión de la noticia de que los hermanos Castaño pertenecían a las FARC […]». 1 Cabe precisar que a pesar de que en la solicitud de amparo se indicaron los fundamentos fácticos que presuntamente dan lugar a la presente acción, la Sala advierte que se omiten los datos necesarios para contextualizar el asunto sub examine. Sin embargo, con el propósito de garantizar los principios de informalidad, prevalencia del derecho sustancial y eficacia, se extractarán y organizarán los hechos expuestos tanto en la petición de tutela, como en los documentos allegados al expediente.

Afirma que la providencia enjuiciada adolece de defecto fáctico, porque de la investigación penal adelantada por la Fiscalía, a la cual tuvieron acceso las autoridades accionadas, se demostró «[…] plenamente el sufrimiento al que se sometió a la familia de Uriel por el Ejército Nacional, por [su] ejecución extrajudicial […], y las lesiones a John Jairo Muñeton que luego caus[aron] su muerte, por AGENTES DEL ESTADO», sin embargo, las autoridades accionadas «[…] arbitrariamente neg[aron] declarar la falla del Estado [al desconocer] toda la evidencia [recaudada en el proceso penal], enunci[aron] la prueba, no la analiz[aron] ni valor[aron] y, por lo tanto, no le di[eron] el efecto jurídico que consagran las normas, arguyendo que no se demostró la publicación en la televisión de la noticia de la retención de los hermanos Castaño». Que también incurre en violación directa de la Constitución, por cuanto la subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado negó sus pretensiones con fundamento en «[…] razones de forma [, tales como que] […] en los hechos narrados no se dijo que el Ejército mató a URIEL […]», y agrega que la pretensión allí ventilada «[…] fue malentendida por el fallador».

II. TRÁMITE PROCESAL Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto de 18 de febrero de 2020 (ff. 20 y 21), admitió la presente acción y ordenó notificar a los señores magistrados de la subsección C de la sección tercera del

Consejo de Estado y dispuso vincular al señor Ministro de Defensa Nacional, en los términos previstos en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991. 2.1 Contestaciones de la acción. 2.1.1 Los señores magistrados de la subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado (ff. 27 y 28), a través del ponente de la providencia acusada, solicitan se niegue el amparo deprecado, dado que la decisión enjuiciada «[…] analizó la totalidad de las pruebas recopiladas […] y concluyó que los actores demostraron el daño alegado, pero no la imputación de este al Ejército Nacional. Lo anterior, por cuanto aquellos no comprobaron que la institución informó al noticiario de la captura de los hermanos Castaño, la difusión de la noticia, la alteración de la rutina de aquellos por amenazas de muerte, el señalamiento de la comunidad cono subversivos y, sobre todo, quienes atentaron contra Uriel Castaño y la relación directa del suceso con la noticia referida […]». 2.1.2 El señor Ministro de Defensa Nacional guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA 3.1 Competencia. Corresponde a esta Colegiatura, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en el Decreto 1382 de 2000, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por el actor, quien aduce quebranto de su derecho constitucional fundamental al debido proceso. 3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382

de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, el amparo inmediato de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio. 3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que puedan comportar la providencia de (i) 30 de septiembre de 2019, con la que el Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera) confirmó en segunda instancia, la decisión de 20 de abril de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala cuarta de descongestión) de negar las pretensiones formuladas dentro de la acción de reparación directa incoada por el tutelante junto con sus familiares contra la Nación–Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente 05001-23-31-000-1999-01794-01); y en caso afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso invocada en la solicitud de amparo. 3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la

inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos

en los que se actuó completamente al margen del procedimiento previsto. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público. En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó: […] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […]. Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra

decisiones judiciales, con fin de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, con el fin de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos puesto que se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como

ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación. Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos. En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional aunque la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico. En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema. Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contenciosoadministrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales2, rectificó su posición, mediante sentencia de 31 de julio de 20123, y dispuso que la acción 2 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contenciosoadministrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.

Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-027001, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 3 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos4. 3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado es de relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso del actor; (ii) contra el fallo objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que fue emitido en

segunda instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida garantía superior; (iv) la exigencia de inmediatez está satisfecha, porque la decisión atacada quedó ejecutoriada el 8 de noviembre de 20195 y la solicitud de amparo se instauró el 12 de febrero de 2020, es decir, dentro de un término prudencial (3 meses y 3 días después); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y violación directa de la Constitución alegadas por el accionante. 3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca lo siguiente: a) El 2 de mayo de 1997, soldados del Grupo Mecanizado 4 Juan del Corral del Ejército Nacional retuvieron a los hermanos Uriel Hernando y Héctor Isaías Castaño Castaño y los trasladaron a las instalaciones del aludido batallón6 ubicado en San Vicente (Antioquia), con el propósito de indagarles sobre la presencia de subversivos en el sector, y les dieron salida, el 3 siguiente. b) El 27 de mayo de 1997, a las 8:30 p. m., asesinaron con arma de fuego en el casco urbano del municipio de San Vicente (Antioquia) al señor Uriel Hernando Castaño Castaño, hecho en el que también resultó herido de gravedad, el señor

John Jairo Muñeton Sánchez, quien recibió varios disparos en la cabeza. c) Que por los anteriores hechos, el 26 de mayo de 1999, el actor, en calidad de padre del fallecido señor Uriel Hernando Castaño Castaño junto con sus familiares y los del señor John Jairo Muñeton, promovieron acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente 05001-23-31-000-1999-01794-01) con el propósito de que se les declarara administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales ocasionados con la muerte del primero y las graves lesiones sufridas por el segundo en sucesos acaecidos el 27 de mayo de 1997 en San Vicente (Antioquia). 4 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-0029300, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 201101741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5 Según consta en la notificación por Edicto que obra en el folio 530 del exp. ordinario. 6 F. 84 exp. ordinario. d) Que dentro del trámite ordinario, obraron como pruebas, entre otros documentos, (i) copia auténtica de la investigación penal 1525 tramitado por la Fiscalía Seccional de Guarne (Antioquia) con ocasión de la muerte del señor Castaño Castaño y las lesiones de Jhon Jairo Muñetón7, (ii) constancias de buen trato que firmaron Héctor Isaías y Uriel Hernando Castaño el 3 de mayo de 19978, durante su permanencia en el Grupo Mecanizado 4 Juan del Corral del Ejército Nacional, (iii) copia auténtica de la declaración que Uriel Hernando Castaño Castaño rindió en la Personería Municipal de San Vicente el 24 de mayo de 19979,

informe de necropsia del aludido señor y de la historia clínica donde constan las lesiones sufridas por el señor Muñeton10. e) Del anterior proceso conoció el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala cuarta de descongestión) que, mediante fallo de 20 de abril de 2012, negó las pretensiones allí formuladas, al considerar que no se acreditó el nexo causal que permitiera colegir la responsabilidad del Ejército Nacional en la muerte del señor Uriel Hernando Castaño Castaño, y las lesiones ocasionadas a John Jairo Muñeton. f) Que con ocasión del recurso de apelación interpuesto por los actores, el 30 de septiembre de 2019 el Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera) confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que los demandantes no acreditaron la falla del servicio alegada, toda vez que no se allegó ninguna prueba que «[…] muestre una relación directa entre el homicidio y las lesiones de las víctimas con la supuesta difusión de la noticia de que los hermanos Castaño pertenecían a las FARC […]». Hechas las anteriores precisiones fácticas, la Sala efectuará las siguientes acotaciones jurídicas con el propósito de dilucidar si el pronunciamiento atacado quebranta preceptos superiores. 3.5.2 Defecto fáctico. El demandante sostiene que la sentencia objeto de censura adolece de defecto fáctico, toda vez que en ella las autoridades accionadas no valoraron integralmente los medios de convicción adosados a la acción de reparación

directa 05001-23-31-000-1999-01794-01, en especial, el proceso penal que adelantó la Fiscalía General de la Nación con ocasión del fallecimiento del señor Uriel Hernando Castaño y las lesiones sufridas por el señor John Jairo Muñeton, de los cuales se infiere, bajo los criterios de la sana crítica, que el hecho acaecido el 27 de mayo de 1997, se produjo como consecuencia de la publicación efectuada el 3 anterior, en el «noticiero NTC Noticias del Canal A», en el que se les señalaba como integrantes del grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Con la finalidad de establecer la procedencia de la anterior aseveración, es menester advertir que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»11. 7 Ff. 141 a 355 exp. ordinario. 8 Ff 85 y 86. exp. ordinario. 9 Ff. 79 y 79 vuelto exp. ordinario. 10 Ff. 97 a 115 exp. ordinario. 11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño. La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero hace referencia al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su decisión en una prueba no apta para

ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente a pesar de obrar suficiente material probatorio que lo demuestra. Al respecto, el alto tribunal constitucional indicó: […] el defecto fáctico positivo, procede de una inadecuada valoración del acervo probatorio o cuando se funda una decisión en una prueba no apta para ello. Por su parte el defecto negativo, alude a aquella omisión en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. En esta situación se incurre cuando se produce la negación de una prueba o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba12 que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.13 Es menester advertir que si bien el juez goza de un amplio margen de autonomía al momento de valorar las pruebas, no está facultado para ejercer dicha prerrogativa de manera arbitraria puesto que debe observar criterios objetivos que garanticen la razonabilidad de las deducciones de cada medio probatorio, lo que se logra en atención a las reglas de la sana crítica, conforme lo prevé el artículo 176 del Código General del Proceso (CGP), norma aplicable en la jurisdicción contenciosoadministrativa a partir del 1.º de enero de 2014, como lo explicó la sala plena de esta Corporación14. El tenor de esa norma es el siguiente:

Las pruebas deberán ser