CE-11001-03-15-000-2020-00667-00 (AC)-2020

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA

JUDICIAL / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz Ahora bien, en el caso sub examine, la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor en el escrito de tutela, se originan en que, a su juicio, la autoridad judicial accionada “[…] incurrió en una indebida interpretación de las pretensiones solicitadas […]”, dado que “[...] afirma que la pretensión del demandante va dirigida a obtener la reliquidación de la asignación de retiro con el 58.5% de prima de antigüedad conforme el artículo 2 del Decreto 1794 de 2000, afirmación que desvirtúa lo pretendido por mi apoderado en la demanda y es que se dé aplicación a lo establecido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de fecha 25 de abril de 2019 y es que: “al setenta (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1 se adicione un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5) de la prima de antigüedad”, lo que significa que el 70% afecta solamente el valor de la asignación salarial y no de la prima de antigüedad […]”. (…) Por lo anterior, la Sala advierte que cualquier pronunciamiento que se emita en el presente trámite constitucional, estará dirigido a determinar si dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de tutela, se planteó alguna

pretensión tendiente a obtener la reliquidación de la asignación de retiro asociada “[…] a la correcta liquidación de la prima de antigüedad […]”, para posteriormente, analizar los defectos invocados, lo que significa que los motivos de inconformidad se encuentran intrínsecamente relacionados con el principio de congruencia. Con fundamento en la anterior premisa, es pertinente señalar que, tal como en otras oportunidades lo ha admitido esta Corporación, el desconocimiento del principio de congruencia puede dar lugar a la interposición del recurso extraordinario de revisión, con apoyo en la causal contenida en el ordinal 5º del artículo 250 del CPACA, relacionada con la nulidad originada en la sentencia, asociada a la falta de congruencia de la decisión. (…) Así las cosas, y toda vez que los motivos de inconformidad expuestos por la parte actora se enmarcan en el desconocimiento del principio de congruencia1, para la Sala resulta forzoso concluir que, en el sub lite, ante la existencia de un mecanismo judicial de defensa de los intereses del accionante, el juez de tutela no puede pronunciarse sobre el fondo de la pretensión de amparo y efectuar un análisis de los argumentos presentados en el escrito de tutela, en la medida en que ello implicaría reemplazar al juez ordinario de la causa y, además, la parte actora tampoco demostró la configuración de un perjuicio irremediable para que su solicitud de amparo procediera como mecanismo transitorio.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 250 - NUMERAL 5

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA 1 A propósito de este principio, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 25 de enero de 2018, explicó que: […] El pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la demanda, y en tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el capítulo del libelo que contenga el concepto de violación, constituye un límite que no puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este campo la justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso. (…)” .

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., dos (2) de abril de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-00667-00 (AC)

Actor: ANTONIO DE JESÚS GUARDO CASTRO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, SALA FIJA DE DECISIÓN NO. 02 Y OTRO Asunto: – los motivos de inconformidad dan lugar a la interposición del recurso extraordinario de revisión, con apoyo en la causal contenida en el ordinal 5º del artículo 250 del CPACA Sentencia de primera instancia La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Antonio de Jesús Guardo Castro en contra de las sentencias de 23 de enero de 2017 y de 18 de

octubre de 2019, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena y por la Sala Fija de Decisión No. 02 del Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-008-2015-00519-00.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA El ciudadano Antonio de Jesús Guardo Castro promueve acción de tutela con miras a obtener la protección de sus derechos fundamentales “[...] al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, derecho a la igualdad y mínimo vital […]”, los cuales considera vulnerados por las sentencias de 23 de enero de 2017 y de 18 de octubre de 2019, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena y por la Sala Fija de Decisión No. 02 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que negaron la reliquidación de su asignación de retiro con desconocimiento “[…] a la correcta liquidación de la prima de antigüedad […]”2, pedida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 13001-33-33-008-2015-00519-003.

II. HECHOS 2 Folio 3 del expediente de tutela.

3 Demandante: Antonio de Jesús Guardo Castro. Demandado: CREMIL. De conformidad con lo planteado por la parte actora, los hechos que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente: II.1. Pone de presente que el Decreto número 4433 de 31 de diciembre de 20044, estableció las partidas y la forma de liquidar las asignaciones de retiro de los

soldados profesionales. II.2. Manifiesta que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en adelante CREMIL, le reconoció asignación de retiro, la cual fue liquidada de manera errónea, por lo que solicitó su reliquidación teniendo en cuenta “[…] la correcta aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, esto es que al 70% de la asignación básica se le adicione el 38.5% como prima de antigüedad […]”5. II.3. Sostiene que, mediante acto administrativo No. 26770 de 17 de marzo de 2015, CREMIL negó la reliquidación de la asignación de retiro. Inconforme con lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la referida entidad. II.4. Indica que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante sentencia de 23 de enero de 2017, negó las pretensiones planteadas en la demanda. Inconforme con lo anterior, presentó recurso de apelación. II.5. Refiere que la Sala Fija de Decisión No. 02 del Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia de 18 de octubre de 2019, revocó parcialmente la decisión de primera instancia y, en su lugar, ordenó a la demandada reliquidar la asignación de retiro, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo primero del Decreto 1794 de 2000; sin embargo, negó la reliquidación asociada “[…] a la correcta liquidación de la prima de antigüedad […]”, en los términos planteados por el actor.

II.6. Asevera que la corporación judicial accionada incurrió en una indebida interpretación de las pretensiones planteadas en la demanda, por cuanto “[...] afirma que la pretensión del demandante va dirigida a obtener la reliquidación de la asignación de retiro con el 58.5% de prima de antigüedad conforme el artículo 4 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.” 5 Folio 2 del expediente de tutela. 2 del Decreto 1794 de 2000, afirmación que desvirtúa lo pretendido por mi apoderado en la demanda y es que se dé aplicación a lo establecido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de fecha 25 de abril de 2019 y es que: “al setenta (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1 se adicione un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5) de la prima de antigüedad”, lo que significa que el 70% afecta solamente el valor de la asignación salarial y no de la prima de antigüedad […]”6. II.7. Por lo anterior, manifiesta que la Sala Fija de Decisión No. 02 del Tribunal Administrativo de Bolívar, incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, en tanto se apartó “[…] ilógicamente de la jurisprudencia unificada en torno al reajuste de las asignaciones de retiro con la correcta aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 […]”7. Esto es, la sentencia de 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en el interior del proceso con radicado número 85001-33-33-002-2013-00237-01.

II.8. Afirma que la autoridad judicial accionada al negar la reliquidación de la asignación de retiro asociada “[…] a la correcta liquidación de la prima de antigüedad […]”, incurrió en defecto fáctico, por cuanto efectuó una indebida valoración de las pruebas y “[…] omitió oficiar el material probatorio que contribuiría a la verificación de los hechos narrados […]”8. II.9. Finalmente, sostiene que la corporación accionada incurrió en la causal denominada violación directa a la Constitución “[…] por la equivocada interpretación normativa y que genera un trato desigual respecto de situaciones fácticas similares en las cuales se accedió al derecho pretendido […]”. Igualmente incurrió en decisión sin motivación.

III. PRETENSIONES La parte accionante, en su demanda de tutela, formuló las siguientes pretensiones: “[…] 1Se deje sin efectos jurídicos parciales respecto a la pretensión de reliquidación de la asignación de retiro con la correcta aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, las sentencias proferidas por el Juzgado 08 Administrativo 6 Folio 3 del expediente de tutela. 7 Folio 7 del expediente de tutela. 8 Folio 5 del expediente de tutela. de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar de fechas 23 de enero de 2017 y 18 de octubre de 2019 respectivamente.

2Se ORDENE a las autoridades accionadas profieran una nueva sentencia en concordancia con los principios Constitucionales en lo relacionado con las pretensiones de la demanda y los precedentes jurisprudenciales existentes

aplicables a mi caso […]”9.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA Mediante providencia de 27 de febrero de 202010, se admitió la acción de tutela en contra del Juez Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena y de los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión No. 02 y se vinculó como tercero con interés en los resultados del proceso a CREMIL, para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción.

Así mismo, se requirió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena para que remitiera en calidad de préstamo y con destino a la presente causa constitucional, el expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-008-2015-00519-00. Las notificaciones del proveído arriba referido, se efectuaron en debida forma a través de correo electrónico el 2 de marzo de 2020, tal y como consta a folios 48 a 55 del expediente de tutela.

V. INTERVENCIONES Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, estas intervinieron en los siguientes términos: V.1. Mediante escrito de 4 de marzo de 202011, el Juez Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, rindio informe mediante el cual solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela, al considerar que “[...] no ha existido arbitrariedad, defecto sustancial o procesal por parte de esta Casa Judicial al decidir el asunto que se expuso para su estudio [...]”12. 9 Folio 15 del expediente de tutela.

10 Folios 46 a 47 del expediente de tutela. 11 Folios 58 a 61 del expediente de tutela. 12 Folio 61 vto. del expediente de tutela. V.2. Mediante escrito de 4 de marzo de 202013, la apoderada judicial de CREMIL, solicitó declarar improcedente la acción de tutela del presente asunto, al considerar que no existe la vulneración de los derechos fundamentales alegados, en tanto que “[...] el demandante tuvo a su disposición los medios judiciales de defensa y en las que se benefició de todas las etapas procesales en la que se evidencia que no se le violó el debido proceso y por ende se demuestra la oportunidad para acceder a la justicia [...]”14.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1. Competencia La Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por el ciudadano Antonio de Jesús Guardo Castro, en contra del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena y de la Sala Fija de Decisión No. 02 del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199115, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 201716 y, en armonía, con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta Sección el conocimiento de las asignaciones de tutela.

VI.2. Problemas jurídicos La Sala pone de presente que, en el escrito de tutela son dos las autoridades judiciales accionadas, esto es, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de

Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión No. 02. Sin embargo, en esta providencia solo se analizará la decisión de segunda instancia, en tanto que la dictada por el juez ordinario de primera instancia fue objeto de recurso de alzada ya desatado por la referida Corporación. Con fundamento en la anterior premisa, la Sala encuentra que los problemas jurídicos a resolver son los siguientes: 13 Folios 64 a 69 del expediente de tutela. 14 Folio 66 del expediente de tutela. 15 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 16 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. a) Si la acción de tutela presentada por el ciudadano Antonio de Jesús Guardo Castro cumple con los requisitos generales y especiales de procedibilidad de este medio de amparo contra providencias judiciales. b) Si la sentencia de 18 de octubre de 2019, proferida por la Sala Fija de Decisión No. 02 del Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al confirmar la decisión de 23 de enero de 2017, dictada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, que había negado la reliquidación de la asignación de retiro asociada “[…] a la correcta liquidación de la prima

de antigüedad […]” pedida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 13001-33-33-008-2015-00519-00. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, para posteriormente (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales. VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad En sentencia de 31 de julio de 201217, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales: Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los 17 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial18, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión20” que se encaje en dichos parámetros. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la

Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 18 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 19 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política»

20 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez. VI.4. El caso concreto El ciudadano Antonio de Jesús Guardo Castro solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital, como consecuencia de ello, se deje sin efectos la sentencia de 18 de octubre de 2019, proferida por la Sala Fija de Decisión No. 02 del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual confirmó la decisión de 23 de enero de 2017, dictada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, que había negado la reliquidación de la asignación en relación “[…] a la correcta liquidación de la prima de antigüedad […]” pedida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 13001-33-33-008-2015-00519-00. De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación. VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela De acuerdo con los parámetros planteados, en cuanto al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela se establece lo

siguiente: i) Se invoca la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital, por cuanto el fallo de segunda instancia confirmó la decisión de primera instancia, que había negado la reliquidación de la asignación de retiro pedida dentro del proceso objeto de tutela. ii) La acción de tutela se promovió en un término razonable, por cuanto la sentencia censurada que le puso fin al proceso contencioso, fue notificada mediante correo electrónico el 17 de enero de 2020 y la solicitud de amparo fue presentada el 25 de febrero de 2020. iii) La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente expuesta en el escrito de tutela. iv) la acción constitucional no se dirige en contra de una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza. v) El actor no alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto. vi) Respecto al requisito general de procedibilidad atinente a la subsidiariedad, la Sala considera lo siguiente: La acción de tutela es un medio de defensa preferente y sumario, de carácter eminentemente residual, lo que significa que procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Al respecto, la jurisprudencia21 constitucional ha sido reiterativa en señalar que la acción de tutela no puede ser utilizada como un medio alternativo, adicional o complementario para reemplazar los medios ordinarios o extraordinarios de defensa, ni para desconocer los mecanismos dispuestos para controvertir las

decisiones que se adoptan durante su trámite. Indica lo anterior que el interesado debe agotar todos los medios de defensa que prevé el ordenamiento legal para la protección de sus derechos fundamentales (acción, recurso, incidente u otro mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su naturaleza22), lo que incluye la interposición, en tiempo, de los recursos que determine la ley, eventos en los que no se puede invocar el medio de amparo con la excusa de evitar un perjuicio irremediable, cuando el mismo afectado así lo ha permitido. 21 Ver entre otras la sentencia T-480 de 2011 de la Corte Constitucional. 22 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. A manera de corolario, cabe resaltar que la acción de tutela es improcedente cuando se cuenta con otro medio de defensa judicial para la protección de los derechos o cuando teniéndolo se omite o se ejerce tardíamente, lo que constituye una causal válida para declarar su improcedencia, salvo la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, el amparo procederá de manera transitoria. La Corte Constitucional, por su parte, se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la acción de tutela, en los siguientes términos: “[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto. Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los procesos judiciales […]”23. En ese sentido, y bajo esta misma lógica, se ha pronunciado esta Sala de Decisión cuando en sentencia de 25 de abril de 2019 expuso lo siguiente “[…] la tutela no puede ser utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”24. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate

de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser 23 Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencia T-890-11 y T-580-06. 24 Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación 11001-03-15-000-2018-04033-01(AC), Sentencia de 25 de abril de

2019. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho que se pretende proteger.

En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente: “[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medidas precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados […]”25.

La jurisprudencia ha expuesto el alcance interpretativo del concepto de perjuicio irremediable en los términos siguientes: “[…] En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”26. Ahora bien, en el caso sub examine, la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor en el escrito de tutela, se originan en que, a su juicio, la autoridad judicial accionada “[…] incurrió en una indebida interpretación de las pretensiones solicitadas […]”, dado que “[...] afirma que la pretensión del demandante va dirigida a obtener la reliquidación de la asignación de retiro con el 58.5% de prima de antigüedad conforme el artículo 2 del Decreto 1794 de 2000, afirmación que desvirtúa lo pretendido por mi apoderado en la demanda y es que se dé aplicación a lo establecido en la sentencia de unificación del Consejo de

Estado de fecha 25 de abril de 2019 y es que: “al setenta (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1 se adicione un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5) de la prima de antigüedad”, lo que significa que el 70% afecta solamente el valor de la asignación salarial y no de la prima de antigüedad […]”27. Como se