CE-11001-03-15-000-2020-00710-01B(AC)-2020

Radicado: 11001-03-15-000-2020-00710-01

Demandante: Carlos Rodríguez Villamarín

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR AUSENCIA DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Debate netamente legal / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / REQUISITO DE INMEDIATEZ – No hay argumentos para flexibilizar el requisito [E]n su escrito de impugnación la parte actora justificó la tardanza de la interposición de la acción constitucional bajo los siguientes motivos: i) que no se tuvo en cuenta que el Consejo de Estado estuvo cerrado entre el 19 de diciembre y el 13 de enero de 2020 por vacancia judicial; ii) que para el ejercicio de la acción de tutela no existe término procesal o término de caducidad; iii) que respecto de la sentencia proferida en el recurso extraordinario de revisión no resultaba correcto declarar la inmediatez puesto que la misma le fue notificada el 18 de septiembre de 2019 y; iv) que es una persona de especial protección constitucional pues tiene 70 años y con patologías de salud delicadas, siendo además su pensión el único medio de subsistencia de él y de su familia. Así, frente al primer y segundo argumento no son de recibo pues como se expuso anteriormente, exceder el término de los 6 meses establecido en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena de esta Corporación, torna improcedente la acción de tutela. Aunado a lo anterior, no se evidenció que la parte actora se

encontrara en alguna de las circunstancias jurisprudencialmente establecidas por la Corte Constitucional para flexibilizar la exigencia de la inmediatez. Así mismo, el hecho de que esta Corporación estuvo cerrada entre el 19 de diciembre y el 13 de enero de 2020 por vacancia judicial, no es una circunstancia válida para flexibilizar dicho requisito pues se tiene que entre la ejecutoria de la decisión que negó la aclaración de la sentencia del 7 de octubre de 2020 (3 de marzo de 2011) y la interposición de la acción constitucional (27 de febrero de 2020), transcurrió un término mayor a 8 años, pues lo cargos formulados, consistentes en que la autoridad judicial accionada omitió incluir ciertos factores salariales en la reliquidación pensional del accionante, son reparos que pudieron ser alegados de manera independiente al recurso extraordinario de revisión, a través de la acción constitucional. (...). El tiempo que dejó transcurrir la parte accionante para alegar la vulneración de su derecho fundamental, sin evidenciarse justificación razonable sobre el mismo, desconoce el requisito de inmediatez y, por tanto, resulta improcedente la solicitud de amparo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-00710-01B(AC)

Actor: CARLOS RODRÍGUEZ VlLLAMARÍN

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A Y SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nº 21 DEL CONSEJO DE ESTADO

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-00710-01

Demandante: Carlos Rodríguez Villamarín Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – inmediatez

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Carlos Rodríguez Villamarín contra el fallo de tutela del 25 de junio de 2020 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que, por un lado, declaro la improcedencia de la acción y por otro, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 27 de febrero de 2020 en la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Carlos Rodríguez Villamarín, actuando por medio de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y la Sala Especial de Decisión Nº 21 del Consejo de Estado, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a los derechos adquiridos, a la seguridad social, a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana.

2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con

ocasión de la sentencia del 7 de octubre de 2010, y su posterior aclaración realizada mediante providencia del 20 de enero de 2011, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, por medio de la cual revocó la decisión del 12 de mayo de 2006 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, acceder a ellas. Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nº 25000-23-25-000-2002-02392-01, instaurado contra el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital -FAVIDI-, ahora Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP –.

3. Lo expuesto, también lo predicó de la providencia del 10 de septiembre de 2019 dictada por la Sala Especial de Decisión Nº 21 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la decisión del 7 de octubre de 2010.

4. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de su derecho fundamental y como consecuencia pidió: “(…) REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Especial de Decisión Nº 21 Sala Plena de Contencioso Administrativo de Consejo de Estado, calendada con fecha 10 de septiembre de 2019, por la cual fue declarado infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto en su momento contra la sentencia del Consejo de Estado – Sección Segunda Subsección A Sala de lo Contencioso

Administrativo, calendada el siete (7) de octubre de 2011, en cuanto tal decisión no obstante su aclaración, “no ordenó incluir en los ingresos base de liquidación ordenada los siguientes factores y saldos: 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-00710-01

Demandante: Carlos Rodríguez Villamarín "Los pagos efectuados en noviembre de 1994 por valor de $1'296.611, por los conceptos especificados en el respectivo certificado de "salarios devengados durante el último año de servicios" que al efecto se aporta, expedido por la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría de Gobierno Distrital de la Alcaldía

Mayor de Bogotá D.C. 2. Lo pagado en agosto y octubre de 1995 por valores de $537.207 y $1'078.103 respectivamente de acuerdo a la misma certificación. 3. Los pagos efectuados en el mes de Diciembre de 1994 por bonificación o quinquenio, correspondientes al último año laborado en la entidad nominadora, por valor de $3'212.503 conforme lo certifica el mismo documento en cita, el que obra en el consecutivo probatorio documental que se aporta con el presente libelo, para un total a incorporar en el ingreso base de liquidación (IBL) de $6'124.424. Tercero. REVOCAR la Sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección "A", Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, calendada el 7 de Octubre de 2010, y su aclaración calendada el 20 de Enero de 2011, en cuanto

dejó de incluir en la orden de reliquidación pensional los factores y diferencias salariales especificados en precedencia, y en su lugar, ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A" Sala de lo Contencioso Administrativo, para que dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la notificación del respectivo fallo de tutela, emita un nuevo fallo en el que se ordene que además de los factores salariales en los que se ordenó la reliquidación según la sentencia objeto de revocación, se reliquide la pensión del aquí accionante, incluyendo los factores salariales y sus diferencias no incluidos, esto es, los relacionados en el segundo párrafo del literal segundo precedente. Cuarto. Que se libren las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados” 1.2. Hechos probados y/o admitidos La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El señor Carlos Rodríguez Villamarín, quien trabajó en el Cuerpo Oficial de Bomberos, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin que se declarara la nulidad de las Resoluciones 984 del 7 de mayo de 2001, por medio de la cual el Gerente del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital -FAVIDIle reconoció pensión de jubilación y 1577 del 16 de agosto de 2001, por la cual se resolvió el recurso de reposición que confirmó la resolución anterior.

6. Como consecuencia de tal declaración y a título de restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación incluyendo todos los factores salariales devengados en el ultimo año de servicios, conforme al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, junto con los intereses moratorios sobre el monto de las diferencias pensionales que resulten.

7. El proceso de nulidad y restablecimiento de derecho1 fue conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, autoridad judicial que mediante providencia del 12 de mayo de 2006 negó las pretensiones de la demanda al considerar que el actor se encontraba bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 como de la Ley 33 de 1985, razón por la cual el reconocimiento pensional en cuanto a la edad se regia por la Ley 6º de 1945 (50 años) y en relación con los factores salariales para 1 Nº de radicado 25000-23-25-000-2002-02392-01.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-00710-01

Demandante: Carlos Rodríguez Villamarín establecer su liquidación pensional debía atenderse a lo dispuesto en la Leyes 33 y 62 de 1985.

8. En contra de la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el Consejo de Estado – Sección Segunda –

Subsección A que, en sentencia del 7 de octubre de 2010 revocó la decisión del a quo, para en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión concluyó que al actor le eran aplicables las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966, así como el Decreto 1045 de 1978 y en tal sentido, su pensión debía ser reliquidada con el 75% de la totalidad de los factores indicados en esta última norma y con todos aquellos que constituyen salario, siempre y cuando hubiese sido devengados en el ultimo año de servicios. En consecuencia, ordenó la reliquidación de su pensión con la inclusión de las primas de navidad, servicios, vacaciones y riesgo y los auxilios de alimentación y transporte devengados en el último año de servicios.

9. La parte demandante dentro del término legal solicitó la aclaración y adición de la sentencia con el fin de que se precisara los términos de la indexación de la condena y por la falta de pronunciamiento sobre las primas de antigüedad y vacaciones, el quinquenio y la indemnización moratoria devengadas durante el último año de servicios.

10. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A mediante providencia del 20 de enero de 2011 aclaró la sentencia, pero negó la adición.

Sostuvo que en la parte resolutiva de la decisión se ordenó: i) la inclusión de la prima de vacaciones, ii) que la administración tuvo en cuenta la prima de antigüedad dentro de la base pensional en el acto acusado, iii) que, según la certificación aportada, el actor no devengó el quinquenio en el último año de

servicios y; iv) que la indemnización moratoria no fue objeto de apelación.

11. Posteriormente y al considerar que la providencia de segunda instancia estaba incursa en la causal del numeral 2º del artículo 188 del CCA, es decir, “Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”, interpuso recurso extraordinario de revisión, con el fin de que se modificara, en el sentido de ordenar nuevamente la reliquidación de su pensión de jubilación para que fueran incluidos en la base de liquidación distintos pagos especificados en el “certificado de salarios devengados durante el último año de servicios”, expedido por la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría de

Gobierno Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, que aportó con el recurso y que, arguyó, no había sido aportado al proceso por causas endilgables al nominador.

12. La Sala Especial de Decisión Nº 212 de la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante providencia de 10 de septiembre de 2019, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, luego de determinar que el certificado de salarios devengados durante el último año de servicios, expedido por la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría de Gobierno Distrital de la Alcaldía Mayor de

Bogotá D.C, no cumplía con el carácter de documento “recobrado”, dado que su existencia databa de una fecha posterior al inicio del proceso ordinario y a la de la

2 En dicha Sala Especial de Decisión participaron los siguientes magistrados: Rafael Francisco Suarez Vargas, Luis Alberto Álvarez Parra, Nubia Margoth Peña Garzón, Julio Roberto Piza Rodríguez. 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-00710-01

Demandante: Carlos Rodríguez Villamarín sentencia cuestionada, por lo que en el caso no se configuraba la causal de revisión prevista en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA.

13. La referida sentencia fue notificada mediante correo electrónico enviado el 18 de septiembre de 2019, tal y como consta en el expediente ordinario. 1.3. Fundamentos de la vulneración

14. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a los derecho adquiridos, a la seguridad social, a la vida, al mínimo vital y dignidad humana con ocasión de la sentencia del 7 de octubre de 2010, y su posterior aclaración realizada mediante providencia del 20 de enero de 2011, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, por medio de la cual revocó la decisión del 12 de mayo de 2006 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda, para su lugar, acceder a ellas. Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nº 25000-23-25-000-2002-02392-01,

instaurado contra el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital -FAVIDI-. Lo anterior también lo predicó de la providencia del 10 de septiembre de 2019 dictada por la Sala Especial de Decisión Nº 21 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la decisión del 7 de octubre de 2010.

15. Cuestionamientos contra la sentencia del 7 de octubre de 2010 – proceso

de nulidad y restablecimiento del derecho:

16. En primer lugar, el accionante hizo referencia al cumplimiento del presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de la inmediatez, mismo que declaró cumplido, en tanto, aduce, conforme con el Decreto 2591 de 1991, “para el ejercicio de la acción de tutela, no existe término procesal o término de caducidad de la acción. Las autoridades que en un momento dado en aras de propiciar el fracaso de la institución de tal acción constitucional han pretendido aplicar la figura de la caducidad buscándole principios que no quiso decir el constituyente primario al establecer esta única institución de defensa excepcional cuando quiera que el afectado no disponga de ningún otro medio de defensa judicial al alcance y con la eficacia requerida tendiente a la protección de los derechos constitucionales fundamentales que en un momento dado resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Así mismo, se refirió al cumplimiento de los restantes requisitos formales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

17. Arguyo que, si bien por medio de la sentencia del 7 de octubre de 2010 se

ordenó la reliquidación pensional del actor, así mismo, también se omitió la inclusión de otros factores salariales, igualmente básicos para determinar el verdadero valor de la pensión, tales como: “ajuste de sueldo, reajuste prima de antigüedad, reajuste prima de riesgo, reajuste de rec. (sic) Festivos, diurnos, ordinarios y nocturnos, festivos nocturnos y el quinquenio, bajo el criterio de no corresponder tales pagos al último año de servicios.”

18. Cuestionamientos contra la providencia del 10 de septiembre de 2019 – recurso extraordinario de revisión

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-00710-01

Demandante: Carlos Rodríguez Villamarín

19. De otra parte, consideró que la sentencia de 10 de septiembre de 2019, mediante la cual la Sala Especial de Decisión Nº 21 del Consejo de Estado, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión que interpuso contra la sentencia de 7 de octubre de 2010, proferida por la Sección SegundaSubsección A del Consejo de Estado, incurrió en un defecto sustantivo, por “haber sido proferida de forma contraria a lo dispuesto en la causal 2 del art. 188 del C.C.A, hoy causal 1º del art. 250 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo CPACA, en cuanto tal procedimiento así cuestionado constitucionalmente, es totalmente opuesto al contenido de la norma sustancial que lo consagra…”

20. En su criterio, el medio de prueba recuperado y aportado con el recurso no había sido allegado previamente por causas atribuibles a la parte demandada, por lo que el juez del recurso extraordinario “no podía atribuir la negativa de la entidad nominadora a la expedición de la certificación rechazada por Ia Sala Especial de Decisión Nº 21 a culpa del hoy accionante en instancia constitucional, quien por obvias razones no tenía la potestad de acceder motu proprio al interior de la entidad, para abrogarse funciones que no le competían y auto expedirse tal certificación, menos aun cuando ya no era funcionario de allí…”

21. Finalmente, aseveró que dicha sentencia incurrió en una decisión sin motivación, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico y desconocimiento del precedente, yerros todos que argumentó con base en los mismos argumentos utilizados para sustentar el supuesto defecto sustantivo. 1.4. Trámite de la acción de tutela 1.4.1. Auto que declara fundado impedimento

22. Por auto de 10 de marzo de 2020, se declaró fundado el impedimento manifestado por el doctor Julio Roberto Piza Rodríguez (E), para conocer de la presente acción de tutela, por haberse acreditado que, como integrante de la Sala Especial de Decisión N° 21, suscribió la sentencia de 10 de septiembre de 2019, dentro del recurso extraordinario de revisión Nº 11001-03-15-000-2012-01956-00, objeto de debate en el presente proceso. 1.4.2. Auto admisorio

23. Posteriormente, mediante auto del 16 de marzo de 2020, el Consejo de Estado

– Sección Cuarta, Magistrada Ponente Stella Jeannette Carvajal Basto admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación tanto a la parte accionante como al Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A y Sala Especial de Decisión N° 21.

24. Igualmente, ordenó vincular en calidad de terceros con interés al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “B” y al Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital -FAVIDI-.3

25. Por último, se solicitó a las autoridades de primera y segunda instancia que allegaran copia digital íntegra del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nº 25000-23-25-000-2002-02392-01 y el extraordinario de revisión 11001-03-15-000-2012-01956-00. 1.5. Intervenciones 3 Los correos a los cuales fue notificado el FAVIDI fueron los siguientes:

notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.vo;tutelaycumplimiento@shd.gov.co 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-00710-01

Demandante: Carlos Rodríguez Villamarín Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes intervenciones: 1.5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –

Subsección B

26. La autoridad judicial mediante escrito enviado el 18 de mayo de 2020, rindió

informe en el que se limitó a manifestar lo siguiente: “mediante proveído de 12 de mayo de 2006, proferido dentro del expediente 2002-2392, por el entonces magistrado conductor de este despacho Luis Rafael Vergara Quintero se negaron las pretensiones del acción por cuanto “…en la demanda hace alusión que el señor CARLOS RODRÍGUEZ VILLAMARÍN se encontraba en régimen especial, la Sala observa que el Cuerpo Oficial de Bomberos conforma la estructura organizacional de la Secretaría de Gobierno la cual corresponde al sector central del Distrito según el Decreto 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico de Bogotá D.C.) en su artículo 54, al entrar este en vigencia derogó todas las disposiciones de orden distrital contrarias a este estatuto, incluidas las previstas en el Decreto 991 de 1974 de la Alcaldía Mayor del Distrito Especial de Bogotá, de lo anterior se entiende que el accionante no se encuentra amparado por el régimen especial”.

27. Por último, envió el expediente ordinario solicitado en medio magnético.

1.5.2. Secretaría Distrital de Hacienda

28. La Subdirectora de Gestión Judicial de la entidad por medio de escrito enviado el 13 de mayo de 2020, solicitó se le efectuara el traslado del escrito de tutela para proceder a dar respuesta, pues desconocía los enunciados fácticos, jurídicos y las peticiones elevadas por el actor.

29. Los demás sujetos vinculados al presente trámite no rindieron informe alguno. 1.6. Fallo impugnado4

30. El Consejo de Estado – Sección Cuarta mediante sentencia del 25 de junio de 2020, declaró la improcedencia de la acción por el incumplimiento del requisito de inmediatez respecto del fallo del 7 de octubre de 2010 dictado por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, la cual fue aclarada mediante providencia del 20 de enero de 2011. Lo anterior, pues la decisión cuestionada se notificó mediante estado desfijado el 3 de marzo de 2011, mientras que la acción de tutela fue presentada el 27 de febrero de 2020, lo que significa que el accionante acudió al juez constitucional después de haber transcurrido mas 8 años y 11 meses de encontrarse en firme el fallo de segunda instancia

31. Indicó que si bien la Corte Constitucional ha sostenido que el juez de tutela debe analizar las circunstancias particulares de cada asunto para determinar la razonabilidad y proporcionalidad del período transcurrido para acudir al mecanismo de amparo, también lo es que la parte actora no allegó prueba, ni refirió alguna justificación que permitiera afirmar que la tardanza estuvo supeditada a un hecho de especial consideración que implique una excepción a la regla general fijada por esta corporación judicial.

32. Por otro lado, negó las pretensiones de la demanda respecto del fallo del 10 de septiembre de 2019, mediante el cual se declaró infundado el recurso 4 El referido fallo fue notificado mediante correo electrónico el 3 de julio de 2020, tal y como consta en el expediente digital.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Demandante: Carlos Rodríguez Villamarín extraordinario de revisión que interpuso contra la sentencia de 7 de octubre de

2010, por las siguientes razones:

33. En primera medida indicó que todos los defectos que trajo a colación el accionante, se relacionaban estrictamente con el defecto sustantivo “por lo que la Sala abordará su estudio a través de este último.”

34. Paso seguido, estimó que no se había configurado el mencionado yerro consistente en el presunto desconocimiento de la causal 1º del artículo 250 del CPACA, pues la interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada fue razonable y se ajustó al contenido material de dicha norma, misma que exige la prueba de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria para excusar al recurrente de haber aportado la prueba recobrada al proceso, “situaciones que no fueron probadas en el trámite del recurso extraordinario de revisión que originó la controversia, y que, al contrario, fueron desestimadas probatoriamente por el juez en esa oportunidad.”

1.7. Impugnación

35. El apoderado del accionante con escrito allegado el 2 de julio de 2020, inconforme con la anterior decisión la impugnó bajo los siguientes fundamentos:

36. Cuestionamientos contra la sentencia del 7 de octubre de 2010 – proceso

de nulidad y restablecimiento del derecho:

37. A su parecer, no se tuvo en cuenta que el Consejo de Estado estuvo cerrado entre el 19 de diciembre de 2019 y el 13 de enero de 2020 por vacancia judicial,

“por lo tanto ese tiempo no se puede contar como transcurrido para la presentación de la citada acción constitucional.”

38. Que es una persona de especial protección constitucional pues tiene 70 años y con patologías de salud delicadas, siendo además su pensión el único medio de subsistencia de él y de su familia.

39. Pues en atención al artículo 86 de la Carta Política, para el ejercicio de la acción de tutela, no existe término procesal o término un término de caducidad. No obstante, las autoridades judiciales han pretendido aplicar la figura de la caducidad, aunado al hecho de que el a quo profirió el fallo de primera instancia después de 120 días.

40. Cuestionamientos contra la providencia del 10 de septiembre de 2019 – recurso extraordinario de revisión

41. Indicó que, en todo caso, resultaba incorrecto declarar la inmediatez respecto de la sentencia extraordinario de revisión pues la misma le fue notificada el 18 de septiembre de 2019, cobrando ejecutoria el 23 del mismo mes y año, “luego se está dentro del término razonable—se reitera-- de que habla la jurisprudencia extralegal para hacer uso de la presente acción de amparo constitucional.” 1.8. Auto de nulidad saneable

42. El Despacho ponente mediante providencia del 11 de noviembre de 2020, al evidenciar que la notificación efectuada al FONCEP se remitió a unos correos electrónicos de la Secretaría Distrital de Hacienda que no correspondían5, advirtió 5 notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.vo;tutelaycumplimiento@shd.gov.co

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Demandante: Carlos Rodríguez Villamarín la necesidad de que se realizara nuevamente, pero a la dirección electrónica dispuesta para tal fin por la Entidad. Lo anterior, en aras de garantizar el derecho de contradicción y defensa, toda vez que el proceso se encontraba viciado de una nulidad de carácter saneable que debe alegar o sanear el directo interesado (art.

133-8, Código General del Proceso).

43. En virtud de lo anterior, el FONCEP mediante escrito enviado el 17 de noviembre de 2020, hizo un recuento de los hechos acontecidos en el proceso ordinario y solicitó se declara la improcedencia de la acción pues el accionante no logró acreditar un perjuicio irremediable. Frente a la presunta nulidad, no manifestó nada al respecto, por lo que se entiende saneada. 1.9. Auto que declara fundado impedimento

44. Mediante escrito del 15 de julio de 2020, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, a quien le correspondió por reparto resolver la impugnación interpuesta, manifestó estar incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 6° del artículo 56 del Código de Procedimiento del Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.

45. Lo anterior, por cuanto integró la Sala Especial de Decisión No. 21 que profirió la sentencia de 10 de septiembre de 2019, dictada en el marco del recurso extraordinario de revisión, identificado con el radicado Nº 11001-03-15-000-201201956-00; una de las providencias contra las que se dirige la acción de tutela de la referencia, razón por la cual, a través de auto del 26 de noviembre de 2020, se le separó del conocimiento de la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

46. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 25 de junio de 2020 proferido por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Cuestión previa

47. El Gobierno nacional, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994, mediante el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por razón de la declaratoria de la pandemia existente a nivel mundial relacionada con la propagación a gran escala del COVID-19. Ello trajo como consecuencia, que la misma autoridad ordenara el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas y dictara otras disposiciones6.

48. En ese contexto, el Gobierno nacional, a través del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, dispuso en su artículo 1° que se implementara el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, con el objeto de agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción

6 El Gobierno Nacional expidió el