CE-11001-03-15-000-2020-00922-00(AC)-2020

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Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2020 00922 00

Actores: Patricia Jaramillo Vélez y otros

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / AUSENCIA

DE DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO DE RITUAL MANIFIESTO /

AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR

ERROR JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – El conteo del término de dos (2) años inicia contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES La Sala, con base en lo anteriormente expuesto, considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto fáctico, toda vez que para adoptar la decisión judicial, valoró de manera razonable e integral las diferentes pruebas obrantes en el expediente, entre ellas, el dictamen pericial, para concluir que si bien es cierto el ingeniero agrónomo [P.J.A.G.], determinó el estado del inmueble al 9 de junio del 2000, “[…] no existe forma de constatar si esa fecha coincidió con la entrega material por parte del secuestre a [J.O.J.], no se puede determinar si las

conclusiones del perito sobre las condiciones del inmueble se originaron en una indebida administración del inmueble. […]”, al no existir al interior del proceso ordinario el acta de entrega del bien inmueble “[…] dejado en depósito al secuestre [C.P.R.]. […]”. En ese orden de ideas, la Sala debe destacar, que la autoridad judicial accionada no desconoció el acervo probatorio obrante en el expediente, toda vez que dentro del margen de valoración probatoria y de los principios de la sana crítica y autonomía judicial de que gozan los jueces, efectuó un estudio juicioso, integral y razonable del dictamen pericial. (…) En otras palabras, esta Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretenden los actores. Ahora bien, la Sala al hacer el análisis y estudio de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, evidencia que efectivamente no hizo mención alguna a los testimonios rendidos por los señores [T.A.A.], [F.D.A.] y [R.J.T.], para efectos de motivar su decisión. Sin embargo, para la Sala esta actuación por parte del Adquem no constituyó defecto fáctico, toda vez que en su providencia y teniendo en cuenta los demás medios probatorios obrantes en el expediente, fueron valorados razonablemente por parte del juez, como lo fue el dictamen pericial. En ese orden

de ideas, para la Sala la prueba testimonial que no fue tenida en cuenta por la autoridad judicial accionada, en nada incidía para cambiar el sentido de la sentencia, es decir, que dentro de la autonomía y la discrecionalidad de la que goza la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del marco de la valoración de las pruebas, no era relevante para ser tenida en cuenta al momento de justificar la tesis que adoptó. Debe hacerse énfasis, que si se hubiera valorado la prueba testimonial, esto es, los testimonios rendidos por los señores [T.A.A.], [F.D.A.] y [R.J.T.], por parte de la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia de 29 de abril de 2019, en nada hubiera cambiado el sentido de la sentencia, además, debe destacarse, que la autoridad judicial accionada no desconoció el acervo probatorio obrante en el expediente, toda vez que dentro del margen de valoración probatoria y de los principios de la sana crítica y autonomía judicial de que gozan los jueces, efectuó un estudio juicioso, integral y razonable de las pruebas. (…) Para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en 2

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Actores: Patricia Jaramillo Vélez y otros defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, y su concurrencia con el defecto fáctico cuando se omite decretar pruebas de oficio, toda vez que en el caso sub examine, no se evidencia que existan elementos para efectuar un reproche a la autoridad judicial accionada por una supuesta omisión de decretar

pruebas de oficio, específicamente que se allegara al plenario la respectiva acta de entrega del bien inmueble, mucho menos, si se trata de sustituir el deber que tienen las partes de solicitarlas, por lo que dicha negligencia en que incurrieron los actores, no le puede ser imputable a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, le incumbía a la parte actora demostrar lo pretendido en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la Sala evidencia además, que en el caso sub examine no existían circunstancias excepcionales que trajera como consecuencia el deber de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado para decretar pruebas de oficio, por lo que no se evidenció un rigorismo procedimental en la valoración y análisis del acervo probatorio en el expediente, garantizándose de esta manera la prevalencia del derecho sustancial. En ese orden de ideas, la Sala observa que los actores mediante la presente acción de tutela, lo que buscaron fue subsanar o enmendar la omisión en que incurrieron, en no haber solicitado dentro de las diferentes oportunidades procesales que tuvieron al interior del proceso, el decreto y práctica de pruebas, con el fin de acreditar lo pretendido. En esa medida, los planteamientos realizados por los actores en el presente asunto obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el

contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-00922-00(AC)

Actor: PATRICIA JARAMILLO VÉLEZ Y OTROS

Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE

ESTADO

Temas: Defecto fáctico/alcance

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Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2020 00922 00

Actores: Patricia Jaramillo Vélez y otros Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, y su concurrencia con el defecto fáctico cuando se omite decretar pruebas de oficio Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los actores contra la Subsección

C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 29 de abril de 2019, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 05001-23-31-000-200101593-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. Los actores, obrando mediante apoderado, presentaron solicitud de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 29 de abril de 2019, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 05001-23-31000-2001-01593-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis son los siguientes:

3. Indicaron que el señor Gonzalo Merino Orozco inició proceso ejecutivo singular en contra de Álvaro Londoño Sánchez; solicitando además como medida cautelar, el embargo y secuestro del crédito a favor del ejecutado cuyo deudor era el señor Jesús Orestes Jaramillo1, crédito representado en una letra de cambio en la que figuraban como beneficiarios Álvaro Londoño Sánchez y Álvaro Enrique Palacios.

4. Señalaron que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, mediante

providencia del 23 de octubre de 1996, libró mandamiento de pago en contra del señor Londoño Sánchez por la suma de $5.932.599,oo, en donde con posterioridad, el cinco 5 de noviembre del mismo año, decretó el embargo y secuestro preventivo del título valor ya referido, suma que ascendía a $21.747.975,oo, pagadera el treinta de diciembre de 1996.

5. Manifestaron que en cumplimiento de lo anterior, el secretario de dicho Despacho, remitió comunicación en la que informa al señor Jaramillo González, actor en este proceso y además le solicita manifieste la existencia del crédito y si se le notificó antes alguna cesión o si la aceptó. A ello respondió el requerido, que 1 Padre de los actores de la presente tutela, y quien falleció el 8 de octubre de 2017.

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Actores: Patricia Jaramillo Vélez y otros efectivamente, existía una obligación de la que era deudor y en la que figuraba como acreedor el señor Londoño Sánchez; así mismo informó el monto de la deuda, su fecha de vencimiento, y el hecho de que desconocía si se había efectuado alguna cesión o quien era en tal momento el tenedor del título valor. Por último, solicitó instrucciones para proceder al cumplimiento de la referida obligación.

6. Expresaron que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería mediante auto del 28 de noviembre de 1996, dispuso que una vez se encuentre exigible la obligación requiérasele al deudor señor Jesús Orestes Jaramillo, con el fin de que

ponga a disposición del Juzgado por intermedio del Banco Popular de ésta ciudad, la suma de dinero embargada correspondiente al crédito que existe a favor del demandado Álvaro Londoño Sánchez, obligación que asciende a la suma de $21.747.975,oo; suma de la que se descontó un $1.117.944,oo, por concepto de abono a la suma principal.

7. Afirmaron que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, en providencia del 7 de abril de 1999 impartió aprobación a la liquidación del crédito y costas del proceso y, ordenó entregar al ejecutante los dineros retenidos hasta por tal monto, esto es, $14.892.716,oo, y el saldo restante fue puesto a órdenes del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería donde se adelantaba otra ejecución contra el

señor Álvaro Londoño Sánchez.

8. Indicaron que el señor Álvaro Enrique Palacios, el otro acreedor cambiario, incoó en el año 1997 proceso ejecutivo en contra del señor Jesús Orestes Jaramillo, a fin de obtener el pago de la obligación contenida en la letra de cambio que ya había cancelado, según la orden del Juzgado de Montería.

9. Manifestaron que el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, por medio de auto del 19 de febrero de 1997, libró mandamiento de pago y decretó como medidas cautelares, el embargo y secuestro de bienes muebles, el embargo de saldos bancarios, el del interés social que tuviera el señor Jaramillo González en la sociedad Ojara Ltda. y, el embargo del inmueble denominado como

Yerbabuena. Sin embargo, en audiencia de conciliación llevada a cabo el 19 de agosto del mismo año, aceptaron las partes levantar todas las medidas existentes, salvo la que pesaba sobre el inmueble referido. El Juzgado solo informó sobre el levantamiento de las mismas el 21 de marzo de 2000, fecha de la que datan los oficios que informan sobre tal situación, pasados, aproximadamente, tres años desde la conciliación.

10. Señalaron que como consecuencia de la medida de embargo recaía sobre el inmueble Yerbabuena, se nombró como secuestre al señor Calixto Pastrana Ramos, imponiéndosele la obligación de rendir un informe mensual sobre su gestión. Sin embargo, tal funcionario solo rindió un informe y, solo fue requerido una vez, en el año 1998, para cumplir con la obligación a él asignada, por lo que la gestión del secuestre fue ineficiente, teniendo en cuenta que a su término el inmueble fue recibido en pésimas condiciones, más aún que no consignó los dineros que percibía por arrendar el predio a diferentes personas.

11. Agregaron que dentro del procedimiento ejecutivo en el que figuró como demandado el señor Jesús Orestes Jaramillo, este interpuso las excepciones de pago y de mala fe, sin embargo, no prosperaron, toda vez que, según la autoridad judicial, a la irregular forma de embargo de la obligación contenida en la letra de cambio que otorgó y a la imposibilidad de desvirtuar la presunción de buena fe que

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Actores: Patricia Jaramillo Vélez y otros amparaba las actuaciones del ejecutante, razón por la que la sentencia de primera instancia ordenó seguir adelante la ejecución.

12. Indicaron que el señor Jesús Orestes Jaramillo interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia judicial, el cual fue resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, mediante providencia de 20 de enero de 2020, confirmándola en su integridad.

13. Expresaron que el señor Jesús Orestes Jaramillo presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de la acción de reparación directa2, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados por las actuaciones judiciales llevadas a cabo por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de

Medellín y la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín. Sentencia proferida el 3 de marzo de 2010 por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 05001-23-31-000-2001-01593-01

8. La parte resolutiva de la mencionada sentencia dispuso textualmente lo siguiente: “[…] PRIMERO: Declarar administrativamente responsable a la Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura de los de (sic) los (sic) daños ocasionados al demandante, con ocasión de la vulneración del principio de confianza legítima referenciado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar a la Nación-Rama Judicial a cancelar a José Orestes Jaramillo González, la suma de ciento ochenta y cuatro millones doscientos

noventa y nueve mil doscientos cincuenta y cuatro pesos ($184299.254,oo) por concepto de perjuicios materiales.

TERCERO: Negar las demás pretensiones […]”.

9. El Tribunal consideró que la confianza legítima como límite racional del ejercicio de la función estatal, implica que el administrado obre de buena fe y con fundamento en el principio de legalidad y, que tal actuación tenga origen en la creencia seria y fundada de estabilidad de su situación, producida en actos de la autoridad; actos que en relación a la administración de justicia implican la razonabilidad, coherencia y uniformidad de su conducta con una anterior sobre el mismo punto y, que torna en inadmisible la actuación posterior y contradictoria, a pesar de que la misma cumpla con la totalidad de los requisitos para su ejecución y validez. En ese orden de ideas, afirmó que: “[…] Luego de los apuntes precedentes, observa la Sala que en efecto, se desconoció el principio de confianza legítima, lo que implica un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. En efecto: 1.- El señor Orestes Jaramillo actuó guiado bajo el postulado de la buena fe y, atendiendo el principio de legalidad. En este sentido puede decirse que no existe prueba alguna que desfigure la presunción de que trata el artículo 83 C.P., por el contrario, de los elementos de convicción arrimados al proceso se corrobora su actuar correcto.

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Actores: Patricia Jaramillo Vélez y otros El hoy demandante cumplió con los requerimientos y ordenes (sic) del Juzgado de

Montería, en tanto observó a plenitud los términos y contenido de las obligaciones que esta agencia judicial radicó en su cabeza, so pena de la correspondiente sanción. Prueba de ello, la constituyen los documentos obrantes a folios 11 y 16. De otro lado, puede afirmarse que su actuación fue legal en tanto dio cabal cumplimiento a lo que la autoridad judicial le solicitó, sin que pudiera exigírsele otro comportamiento distinto. 2.- Pronunciamiento judicial previo con entidad suficiente para generar la confianza de que la obligación garantizada por el título valor fue cumplida, habida cuenta precisamente que fue en virtud del mismo que se procedió al pago por el deudor al poner el dinero a órdenes del Juzgado de Montería. Confianza en el cumplimiento cabal de la obligación que el hoy accionante expuso frente a los operadores judiciales de Medellín. Sostuvo entonces que el pago realizado ante el Juzgado de Montería tenía plenos alcances liberatorios (fl. 49); efectos liberatorios que tanto el a-quo como el ad-quem negaron en sus respectivas providencias (fls. 108 y119). Confianza que se fortalece además, si se tienen en cuenta las circunstancias de quien cumplió con el requerimiento del Juzgado de Montería. Nótese pues, que la actuación del hoy demandante en el proceso seguido ante tal Juzgado fue la de un mero interviniente que se limitó al pago, a quien no se le informó la procedencia de recurso alguno y, quien no debía conocerlo en tanto actuó sin profesional que lo asesorara en esa materia. 3.- Pronunciamientos posteriores contradictorios con el primigenio, representados

en las providencias de los jueces de Medellín, en tanto en éstos se negó poder liberatorio al pago realizado por el hoy demandante de la obligación contenida en el título valor bajo el argumento del erróneo decreto de la medida cautelar. Decisiones que, aunque válidas, resultan inadmisibles, dada la intelección inicial realizada sobre el punto y, la confianza generada, la misma que fue desconocida en estas providencias, generando una situación que por demás, resulta injusta dada la inequidad de trato frente al mismo supuesto fáctico. Inequidad que determinó el pago de la obligación contenida en el título valor dos veces. 4.- Identidad de las partes, puesto que los pronunciamientos judiciales contradictorios fueron proferidos por agentes capaces de comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado-Juez, razón por la que éste y no otro será el centro de imputación de las pretensiones indemnizatorias, en tanto es uno, solo que para efectos de cumplimiento de la finalidad para la que se instauró se vale de la desconcentración territorial. En virtud de ese principio de confianza legítima, la actuación posterior valida, pero contradictoria con una previa generadora de una confianza seria y razonable, resulta inadmisible dado que contraría lo que el demandante esperaba de las autoridades estatales […]”.

10. En ese orden de ideas, el Tribunal concluyó que en el caso sub examine, se acreditó i) la vulneración del principio de confianza legítima, por lo que hubo un

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incumplimiento de los fines que orientan la administración de justicia como medio idóneo para el logro de la armonía social, de la convivencia, y de un orden justo; y ii) ante la existencia de un daño antijurídico imputable al Estado, es procedente declarar a la Nación-Rama Judicial responsable administrativamente del mismo.

54. Por último, el Tribunal frente a los perjuicios acreditados, indicó que: “[…] a) Dentro del plenario se acreditó que el demandante debió cancelar una suma superior a la que se había plasmado en el título valor en el que figuraba como aceptante, por valor de sesenta millones quinientos mil pesos ($60.500.000), que corresponde a lo pagado en el proceso adelantado ante el Juzgado Séptimo (7°) del Circuito de Medellín. b) Así mismo, que según el dictamen pericial ratificado dentro del proceso12, en el que se evaluó el impacto económico por efectos del embargo a la finca Yerbabuena entre el 5 de Marzo de 1997 al 21 de Marzo de 2000, concluyó el profesional Pedro José Alfaro López la necesidad de invertir ciertos dineros para que el inmueble sea apto de nuevo para el desarrollo de la actividad […]”.

Sentencia proferida el 29 de abril de 2019 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 05001-23-31-000-2001-0159301

12. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de abril de 2019, dispuso: “[…] REVÓCASE la sentencia del 3 de marzo de 2010, proferida por el Tribunal

Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone: PRIMERO. DECLÁRASE probada la excepción de caducidad de las pretensiones de error judicial de la providencia que decretó medidas cautelares y ordenó seguir adelante con la ejecución proferidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería y de la pretensión de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por omisión en la expedición de los oficios de desembargo del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín. SEGUNDO. NIÉGANSE las demás pretensiones […]”.

13. Indicó que: “[…] El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier otra causa. En los eventos de error jurisdiccional, el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia acusada de contener el error jurisdiccional, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño. En este caso, al tratarse de cinco problemas jurídicos, se determinará la caducidad frente a cada uno de ellos: 3.1 El Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería ordenó el embargo de un crédito en el que era deudor José Orestes Jaramillo, para garantizar la deuda de

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Actores: Patricia Jaramillo Vélez y otros Álvaro Lodoño Sánchez. La demandante señaló que incurrió en error jurisdiccional porque debió negar la medida por improcedente. El término de dos años empezó a correr a partir del día siguiente en que José Orestes recibió la comunicación de la providencia que decretó la medida cautelar (20 de noviembre de 1996) proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, esto es, desde el 21 de noviembre de 1996 (f. 11 c. 1) y vencía el 21 de noviembre de 1998. Como la demanda se presentó el 25 de mayo de 2001, según da cuenta el sello de radicado de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia (f. 200 c. 1), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad. 3.2 El Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, en providencia de 24 de febrero de 1999, ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de Álvaro Londoño Sánchez. La demanda sostuvo que incurrió en error jurisdiccional pues debió declarar probadas las excepciones formuladas y terminar el proceso ejecutivo. El término de dos años empezó a correr a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería de la que se deriva el error jurisdiccional, esto es, desde el 10 de marzo de 1999, según la copia del edicto (f. 31 c. 1) y vencía el 10 de marzo de 2001.

Como la demanda se presentó el 25 de mayo de 2001, según da cuenta el sello

de radicado de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia (f. 200 c. 1), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad. El demandante alegó que se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por omisión, porque el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín levantó varias medidas de embargo y demoró en informar a las entidades competentes esa decisión. El término de dos años empezó a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, esto es, desde el 22 de agosto de 1997, de conformidad con el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil (f. 55-56 c. 1), pues en ese momento nació el deber omitido por la autoridad y vencía el 23 de agosto de 1999. Como la demanda se presentó el 25 de mayo de 2001, según da cuenta el sello de radicado de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia (f. 200 c. 1), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad. 3.4 El demandante afirmó que el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín incurrió en error judicial en la providencia que resolvió las excepciones propuestas por José Orestes Jaramillo González y ordenó seguir adelante con la ejecución; y en un defectuoso funcionamiento de la administración de Justicia por indebida administración del secuestre de un bien inmueble embargado. La demanda se interpuso en tiempo -25 de mayo de 2001porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 3 de febrero de

2000, fecha en que quedó ejecutoriada la providencia que negó las excepciones [hecho probado 7.9]. Asimismo, frente al defectuoso funcionamiento, como no se tiene certeza de la fecha exacta de la entrega del inmueble, el término se contará desde la fecha en que se ordenó su entrega y se citó al auxiliar de la justicia, esto es, el 21 de marzo de 2000, por lo quela (sic) demanda se presentó en tiempo -25 de mayo de 2001- [hecho probado 7.11] […]”.

14. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al resolver el caso sub examine, adujo que de la lectura de las sentencias proferidas por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín y la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, se evidencia que la aplicación de la norma jurídica invocada por el actor, y que afirma fue indebida, fue consecuencia de la manera en que, con fundamento con la sana crítica, valoró las pruebas para adoptar la decisión. En

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Actores: Patricia Jaramillo Vélez y otros ese orden de ideas, los argumentos jurídicos del demandante muestran un desacuerdo con la respectiva valoración probatoria que llevaron a cabo el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior de Medellín con la aplicación de las normas sobre la materia, como consecuencia de esa valoración, pues insiste en que se debía declarar probada la excepción de pago, por lo que la controversia jurídica establecida por el actor hace relación a un asunto que no

corresponde al juez de la responsabilidad civil del Estado cuando se analizan los daños producidos por error jurisdiccional, pues lo que se busca es que se juzgue las decisiones adoptadas, en cuanto a la valoración de las pruebas.

15. Indicó que: “[…] El título de imputación de error judicial no constituye una instancia adicional que permita la impugnación de las providencias, ni mucho menos se configura por el hecho de que la parte esté en desacuerdo con las consideraciones contenidas en las decisiones judiciales. Como no se está en presencia de un error jurisdiccional, pues no se aprecia en las decisiones judiciales una actuación caprichosa o subjetiva del fallador y lo que el demandante pretende es que se revisen los fundamentos jurídicos de las providencias y su valoración probatoria, no se configuró un daño antijurídico. Por ello, la decisión de primera instancia será revocada […]”.

16. Señaló que el actor sostuvo que se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia toda vez que existió una indebida administración de su bien inmueble embargado, y porque el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín no efectuó el respectivo control a la gestión del auxiliar de la justicia encargado del inmueble. En ese orden de ideas, frente a este cargo, consideró que: “[…] Como el demandante no aportó el acta de entrega del bien inmueble dejado en depósito al secuestre Calixto Pastrana Ramos, pues únicamente allegó al proceso un informe técnico del ingeniero agrónomo Pedro José Alfaro Gómez, que determinó el estado del inmueble al 9 de junio del 2000 y no existe forma de

constatar si esa fecha coincidió con la entrega material por parte del secuestre a José Orestes Jaramillo, no se puede determinar si las conclusiones del perito sobre las condiciones del inmueble se originaron en una indebida administración del inmueble (f. 155-178 y 235-237c. 2). Como no se aportó el acta de entrega del inmueble por parte del auxiliar de la justicia al demandante, la Sala no puede estudiar ni determinar si el estado del inmueble se originó en una indebida administración por parte del secuestre, es decir, no puede contrastar las condiciones del bien al momento de la diligencia de secuestro [hecho probado 7.6] con el estado del bien al momento de la entrega, y, en consecuencia, no se acreditó el daño antijurídico […]”. La solicitud de tutela Pretensiones

15. La Sala, al revisar el escrito de tutela de los actores, infiere que lo pretendido es que se protejan sus derechos fundamentales al debido pro