CE-11001-03-15-000-2020-01433-00(AC)-2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / REPARACIÓN DIRECTA / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Se aplicó criterio que corresponde con el caso / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CON OCASIÓN A DAÑOS SUFRIDOS POR CONSCRIPTOS – El daño no se produjo como consecuencia del servicio activo / NEXO DE CAUSALIDAD – No existe relación entre el daño y la fuente generadora [P]ara la Sala resulta claro que en el sub judice no se configuró el aludido desconocimiento del precedente judicial, en tanto que en el caso concreto se advirtió que no era posible atribuir la responsabilidad de la Nación, en virtud de que los daños sufridos por el conscripto no fueron consecuencia de la prestación del servicio militar obligatorio. (…) Significa lo anterior que, en el proceso contencioso, se encontró acreditado que los trastornos psiquiátricos que padece el señor [L.L.C.] se iniciaron cuando aquel se encontraba vinculado al Ejército Nacional pero lo que en el expediente no se logró demostrar es si tales afectaciones fueron consecuencia de la prestación del servicio militar. De allí que, tal como lo consideró el Tribunal accionado, no resultaba posible la imposición de una condena en la que se atribuyera la responsabilidad administrativa del Estado, pues ello implicaría desconocer el artículo 90 Constitucional, cuyo tenor literal prevé que “(…) el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas (…)”. (…) Cabe resaltar que el concepto de imputación en materia de

responsabilidad extracontractual del Estado ha sido abordado por la jurisprudencia contenciosa desde dos nociones. La primera noción se conoce como imputación fáctica y en desarrollo de esta se constata que exista “un nexo causal entre el daño y la fuente generadora del daño”. La segunda noción se conoce como imputación jurídica y en esta se hace un análisis puramente normativo, a fin de relacionar la atribución fáctica o material del daño “(…) con un deber jurídico, a partir de la aplicación de los títulos de falla en el servicio, daño especial o riesgo excepcional (…). (…) sí las cosas, se tiene que el régimen objetivo de responsabilidad en materia de conscriptos no inhibe a las partes, ni al juez, respecto del análisis de si, en el caso concreto, es posible atribuir materialmente el daño a la presunta fuente generadora, en tanto que, como se expuso previamente, el proceso de imputación requiere del estudio de los dos componentes del juicio de atribución, esto es, la imputación material (imputatio facti) y la imputación jurídica (imputatio iuiris). (…) Por todo lo anterior, la Sala estima que la decisión judicial proferida por el juez contencioso resulta ajustada al precedente jurisprudencial y a la Constitución Política, comoquiera que, con base en el material probatorio que obraba en el expediente, no era posible imputar el aludido daño antijurídico al Estado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinte (2.020)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01433-00(AC)

Actor: LUIS CARLOS LÓPEZ CALVO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Luis Carlos López Calvo, quien actúa a través de apoderado judicial, en contra de la sentencia de 19 de septiembre de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se negaron las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA El ciudadano Luis Carlos López Calvo, quien actúan a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, con el fin de obtener el amparo a sus derechos constitucionales fundamentales al “[…] acceso material a la administración de justicia y al debido proceso […]”, cuya vulneración atribuye a las sentencias de 9 de noviembre de 2018 y de 19 de septiembre de 2019, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dentro del medio de control de reparación directa con número de radicado 11001-33-43-062-2016-00682-00.

II. HECHOS De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan la

solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente1:

1. Manifiesta que el joven Luis Carlos López Castañeda es su hijo. 1 Folios 1 a 16 de la demanda de tutela.

2. Refiriere que Luis Carlos López Castañeda fue incorporado a prestar el servicio militar obligatorio con base en el acta No.0134 de 25 de junio de 2010, en la cual se dejó constancia de que el conscripto se encontraba apto para prestar el servicio militar.

3. Señala que su hijo fue atendido el 30 de diciembre de 2011 por la psicóloga Saira Marcela Rodríguez Lasso, perteneciente al Batallón Ingenieros No.27, quien concluyó como diagnóstico: “depresión suicida (…) el paciente requiere tratamiento psiquiátrico debido a pensamientos alterados irreales, sueños tormentosos y comportamiento auto-lesivo”.

4. Indica que, mediante el acta No. 0022 de 16 de enero de 2012 y el oficio 3016 de 10 de abril de 2010, se dejó constancia de que su hijo padece de trastorno de “(…) trans personalidad paranoide-esquizoide (…)”, por lo que continuó siendo atendido por el área de psiquiatría.

5. Sostiene que, mediante el acta de la Junta Médica de 25 de mayo de 2015, se señaló que su hijo tenía una pérdida de la capacidad laboral del 29,53%.

6. Señala que él y su núcleo familiar, en ejercicio del medio de control de reparación directa, promovieron demanda en contra de la Nación – Ministerio

de Defensa – Ejército Nacional, para que se repararan los daños causados con ocasión de la pérdida de la capacidad laboral del joven Luis Carlos López Castañeda.

7. Manifiesta que el conocimiento del medio de control le correspondió al Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá. Dicha autoridad judicial, mediante sentencia de 9 de noviembre de 2018, denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa, indicando que no existía prueba que corroborara que los trastornos mentales padecidos por el conscripto hubiesen sido causados con ocasión de la incorporación del ciudadano al Ejército

Nacional.

8. En razón a lo anterior, los demandantes promovieron recurso de apelación. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 19 de septiembre de 2019, confirmó la providencia de la primera instancia, con base en los siguientes argumentos: i) “los hechos traumáticos narrados por el soldado López Castañeda no fueron probados”; y ii) “la junta médica indicó que se trató de una enfermedad común,

[por lo que el] demandante debía demostrar que se desencadenó [como] consecuencia de la prestación del servicio militar obligatorio, o si bien se alegaba una indebida incorporación, le correspondía a la parte demandante demostrar dicho error”.

9. Indica que en la citada decisión judicial se incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.

Con base en los anteriores fundamentos fácticos y jurídicos, la parte actora solicitó que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales arriba enunciados y,

que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos jurídicos el proveído censurado de 19 de septiembre de 2019, dictado por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual la Corporación confirmó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, negó las pretensiones elevadas en el interior del proceso ordinario de reparación directa No. 11001-33-43-062-2016-00682-00.

III. PRETENSIONES La parte accionante formuló, en su demanda de tutela, las siguientes pretensiones: “[…] Solicito con todo respeto que se ordene revocar las sentencias proferidas en primera instancia por el Juzgado 62 Administrativo Oral de Bogotá y de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo Sección Tercera Sub Sección A, dentro del proceso de reparación directa instaurado por LUIS CARLOS LOPEZ CASTAÑEDA Y OTROS entre los cuales se involucra a mi poderdante LUIS CARLOS LÓPEZ CALVO padre del soldado, en el radicado 2016-0682, contra la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional.

Así las cosas, que se ordene al juez de segunda instancia del proceso de medio de control acción de reparación directa que profiera nuevo fallo, con base en las consideraciones expuestas relativas al cumplimiento de los requisitos de transparencia y suficiencia en la adopción del precedente aplicable a los daños sufridos por los soldados durante la prestación del servicio militar, de conformidad con las reglas establecidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional

teniendo en cuenta la aplicación del principio pro homine, así como la inversión de la carga probatoria a favor del demandante […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA Este Despacho, mediante auto de 20 de mayo de 2020, admitió la acción de tutela promovida por el ciudadano Luis Carlos López Calvo, a través de apoderado judicial, en contra de las sentencias de 9 de noviembre de 2018 y de 19 de septiembre de 2019, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. Asimismo, vinculó, como terceros con interés directo en los resultados del proceso, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y a los señores Luis Carlos

López Castañeda, Martha Cecilia Castañeda Villegas, Leidy Johana López Castañeda, Luz Adriana López Alzate, Sandra Milena López Alzate, Martha Isabel López Castañeda, Sandra Milena López López y Paola Andrea López Castañeda. Igualmente, solicitó al Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá remitir, en calidad de préstamo, el expediente contentivo del medio de control de reparación directa No. 11001-33-43-062-2016-00682-00. Las notificaciones del proveído arriba referido se efectuaron de manera electrónica los días 22 de mayo y 1º de junio de 2020, tal y como consta en el expediente de tutela.

V. INTERVENCIONES Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, se

produjeron las siguientes intervenciones: V.1. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a través de la Coordinadora del Grupo de Asuntos Constitucionales del Ministerio de Defensa y mediante escrito de 27 de mayo de 2020, solicitó que se negaran las pretensiones la acción de tutela de la referencia, en tanto que el precedente judicial que se alega como desconocido, esto es, la sentencia T – 011 de 2017, establece que “[...] no se debe exigir que sea probada la relación entre el daño y el cumplimiento de ese deber ciudadano, [cuando] los daños [son] originados durante la prestación del servicio militar y que se derivan de este directamente (...) Sin embargo, en el caso concreto solamente existió un daño respecto del cual ni siquiera se pudo establecer ningún tipo de nexo causal, nunca existió una relación con el servicio militar porque a pesar de que el diagnostico de las enfermedades mentales se dio durante la prestación del servicio militar, claramente quedó demostrado que el origen de ese daño no fue por causa y razón del servicio, sino que se derivó de una enfermedad común [...]. Por lo anterior, el representante de la cartera ministerial concluyó que: “[...] no existe ningún tipo de desconocimiento del precedente judicial ni mucho menos una violación al debido proceso, ya que ambas instancias realizaron un análisis detallado y minucioso del material probatorio obrante en el cartulario, motivo por el cual dentro del caso objeto de estudio, sí le correspondía al demandante demostrar que el daño alegado tenía relación causal directa con la prestación del servicio militar, lo cual no fue posible probar y por esto se negaron sus pretensiones [...].

V.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, a través del doctor Juan Carlos Garzón Martínez, magistrado ponente de la decisión entutelada, mediante escrito de 26 de mayo de 2020, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de amparo por no cumplir los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judiciales, atinentes a la relevancia constitucional y a la inmediatez; o que subsidiariamente se nieguen las pretensiones de la misma. Respecto del incumplimiento del requisito de relevancia constitucional e inmediatez señaló lo siguiente: “[...] la parte actora mediante la presente acción, pretende que sea una tercera instancia del proceso ordinario; y, en segundo lugar, el escrito de tutela no se fundamenta en la vulneración del derecho fundamental invocado, sino por el contrario, se orienta a controvertir los argumentos expuestos por la Sala, en la providencia mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

En ese orden de ideas: i) No se trata en el presente caso, de cuestionar la legalidad de la sentencia proferida el diecinueve (19) de septiembre de 2019; ii) lo que se está discutiendo es si la decisión judicial afecta, amenaza o viola el derecho fundamental invocado por el accionante; por consiguiente, el Despacho considera que este caso no tiene Relevancia Constitucional y, por tanto, no se cumple este requisito. (...) De conformidad con lo expuesto, se advierte que LA ACCIÓN DE

TUTELA EN EL CASO CONCRETO ES IMPROCEDENTE puesto

que: i) no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del Juez de tutela; ii) el caso carece de relevancia constitucional; iii) no se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que entre la notificación de la providencia proferida por esta Corporación y la interposición de la acción de tutela han transcurrido más de siete (7) meses; y iv) los argumentos de la parte accionante no se orientan a evidenciar la vulneración de sus derechos fundamentales, sino a que el Juez de tutela se constituya en una tercera instancia dentro del medio de control de reparación directa, fin para el cual no fue previsto el amparo constitucional [...]”. Asimsimo, el Tribunal señaló en su escrito lo siguiente: “[...] Se resaltó igualmente que en el presente asunto: (i) los hechos traumáticos (fuente de la enfermedad de origen común) expuestos por el demandante no están demostrados dentro del plenario, lo cual conllevó a la Sala a que se concluya que no existieron, (ii) el señor López Castañeda, narraba a los diferentes profesionales de la salud hechos completamente diferentes, al punto que finalmente alegó que no había testigos de lo dicho, concluyendo los galenos que era difícil precisar un diagnóstico; (iii) la Junta Médico Laboral dictaminó la enfermedad de origen común, por lo cual, le correspondía al demandante demostrar que si bien era una enfermedad común, la misma se originó en la prestación obligatorio, circunstancia que no se acreditó en el proceso; (iv) de igual forma si también se alegaba una indebida incorporación, debía haber acreditado tal circunstancia, pero

tampoco ocurrió así y finalmente, (v) respecto a la declaración de parte rendida por la hermana del señor López Castañeda (prueba que no fue solicitada por los demandantes), no se podía perder de vista qué, la declaración la rendía uno de los familiares de la parte actora, por la cual su recepción y valoración se analizó con mayor rigurosidad y de conformidad con las demás pruebas obrantes en el plenario, concluyendo que lo manifestado no tenía fundamento probatorio alguno que demostrara qu durante la prestación del servicio militar obligatorio, el accionante fue objeto de maltrato por parte de otros compañeros miembros de la fuerza pública [...]”. V.3. Los demás sujetos vinculados guardaron silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1. Competencia de la Sala Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Luis Carlos López Calvo, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, en contra de las sentencias de 9 de noviembre de 2018 y de 19 de septiembre de 2019, proferidas por el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

VI.2. Problema Jurídico De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. b) Si ello es así, determinar si las sentencias de 9 de noviembre de 2018 y de 19 de septiembre de 2019, proferidas por el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, vulneraron los derechos constitucionales fundamentales al “[…] acceso material a la administración de justicia y al debido proceso […]” del accionante, en tanto que las referidas providencias judiciales negaron las pretensiones de la demanda de reparación. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas. VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad En sentencia de 31 de julio de 20122, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para

que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales: Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial3, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución4. 2 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 3 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 4 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita

la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión5” que se encaje en dichos parámetros. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este

instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez. VIII.4. El caso concreto El ciudadano Luis Carlos López Calvo, quien actúa a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, con el fin de obtener el amparo a sus derechos constitucionales fundamentales al “[…] acceso material a la administración de justicia y al debido proceso […]”, cuya vulneración atribuye a las sentencias de 9 de noviembre de 2018 y de 19 de septiembre de 2019, proferidas por el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dentro del medio de control de reparación directa con número de radicado 1100133-43-062-2016-00682-00. El accionante considera que las decisiones judiciales proferidas por los jueces contenciosos incurren en el defecto sustantivo de desconocimiento del precedente porque incurrieron en lo que el actor denomina como “inobservancia

de los requisitos de transparencia y suficiencia en la adopción de la decisión”. En este punto la Sala estima pertinente precisar que, comoquiera que la decisión que puso fin al conflicto jurídico contenido en el proceso número 11001-33-43-0622016-00682-00, fue la sentencia de 19 de septiembre de 2019, dictada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, solo se analizará si esta última incurrió en el yerro denunciado por vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política» 5 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. el accionante. De manera que, en razón a lo anterior, la Sala no realizará análisis respecto de la sentencia de 9 de noviembre de 2018, proferida en primera instancia por el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá. VIII.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación. La Sala encuentra que tales requisitos se cumplen, en razón a que: i) Se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

1. La accionante no tiene otro medio para la defensa de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en segunda instancia, pues se agotaron todos los recursos ordinarios establecidos en el procedimiento ordinario de reparación directa. iii) La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable6, dado que la sentencia censurada data del 19 de septiembre de 2019, fue notificada el 27 de septiembre de 2019, mientras que la acción de tutela fue radicada el 9 de abril de 2020. iv) La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela. v) No se alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto. vi) La acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza y/o índole.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela Encontrándose satisfechos y cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la Sala abordará los requisitos especiales frente a la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la accionante. La Sala pone de presente que en el caso sub examine, el señor Luis Carlos López Calvo manifiesta en el escrito de tutela que la sentencia ordinaria incurrió en un desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de tutela T - 011 de 2017.

VIII.4.2.1. El desconocimiento del precedente jurisprudencial 6 Al respecto, ver sentencia de unificación por importancia jurídica proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014, consejero ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., que fijó parámetros en relación con los requisitos de inmediatez y subsidiaridad. En cuanto a la caracterización de este defecto, se tiene que la jurisprudencia7 ha entendido por precedente, la sentencia o el conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de i) patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso. Hace distinción entre el precedente horizontal y el vertical teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia, para explicar que el primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción. Un juez -individual o colegiadono puede separarse, sin una explicación suficientemente sustentada, del fijado en sus propias sentencias, ni tampoco del precedente establecido por las autoridades superiores, específicamente del

emanado de las Altas Cortes. De una forma más específica sostiene que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades a saber: i) como causal autónoma contra providencia judicial cuando se trata de precedente constitucional, y ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente, la cual se configura cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo cual conduce a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo. Así pues, la Corte Constitucional, para efectos de determinar si una sentencia constituye precedente aplicable o no, ha establecido ciertos requisitos8. La jurisprudencia constitucional también ha diferenciado los conceptos de antecedente y precedente, así9: “[…] El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho (e.g. conceptos, interpretaciones, preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. 7 Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos