CE-11001-03-15-000-2020-01758-00(AC)-2020

Radicado: 11001-03-15-000-2020-01758-00

Accionante: Norberto Chavarro Aros

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / AUSENCIA

DE DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL /

AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Acreditada / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – Razonable y sustentada en las pruebas obrantes en la investigación penal / AUSENCIA

DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[R]eviste relevancia indicar que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado tuvo en consideración el fallo penal absolutorio del 25 de noviembre 2008, dictado por el Juzgado Primero Penal el Circuito Especializado de Florencia, mediante el cual se absolvió al [Actor] del cargo por el delito de concierto para delinquir agravado. Sin embargo, también tuvo presente que la decisión de privación de la libertad obedeció a la satisfacción de los requisitos que, de conformidad con la normativa vigente para la época en que ocurrieron los hechos, debían cumplirse para la procedencia de la medida de aseguramiento y concluyó que fueron acreditados la existencia de dos indicios graves de responsabilidad, de conformidad con los artículos 356 y 357 de la Ley 600 de

2000. Así las cosas, la corporación demandada concluyó que la actuación de la Fiscalía, al decretar la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales y probatorios exigidos en el Código de Procedimiento Penal y, de esta manera, no estaba acreditado que la privación de la libertad que sufrió el [Actor] fue desproporcionada, irrazonable o arbitraria. (…) Ahora bien, debe precisarse que para dictar la medida de aseguramiento, la Ley 600 de 2000 no exigía plena prueba sobre la responsabilidad penal, lo cual es claramente razonable, sino la existencia de dos indicios, los cuales fueron acreditados, puesto que se contaban con las declaraciones de exmiembros de las autodefensas, quienes decidieron colaborar con la justicia, y el testimonio de la señora [J.A.M.O.], cuñada de uno de los integrantes de las AUC que operaba en la ciudad de Florencia. (…) Al respecto, repárese en que sólo hasta que se efectuó el estudio de las pruebas, con el fin de establecer la plena responsabilidad penal, fue que surgieron dudas que debieron ser resueltas a favor del investigado, en virtud del in dubio pro reo, lo cual no demuestra, por sí solo, que no existiera mérito para imponer la medida de aseguramiento. Lo anterior permite extraer que la posición asumida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo no contradice ni desconoce el análisis probatorio que realizó el juez penal, el cual en todo caso, se efectuó desde el punto de vista de los elementos constitutivos de la responsabilidad estatal, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, ni tampoco permite denotar

una indebida valoración probatoria por parte de la autoridad judicial precitada y, por ende, la configuración de un defecto fáctico. (…) [S]e desprende que para la corporación aquí accionada se configuró la causal de culpa exclusiva de la víctima, pues logró encontrar acreditado que la privación del [Actor] estaba justificada por el propio ordenamiento jurídico aplicable para la época, por lo cual no se presentó un daño antijurídico, el cual constituye el elemento esencial de la responsabilidad estatal, criterio que guarda relación con el definido en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, concretamente frente al deber del juez de analizar si había lugar o no a la imposición medida de aseguramiento. Así las cosas, fuerza de concluir que la inconformidad de la parte accionante está relacionada con la desatención del criterio definido en la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

Radicado: 11001-03-15-000-2020-01758-00

Accionante: Norberto Chavarro Aros Sobre el particular, lo primero que debe resaltarse es que la decisión de tutela que adoptó dicha determinación fue proferida con posterioridad a la providencia que aquí se debate. En efecto, la sentencia dictada en el proceso de reparación directa, en el que actuó como demandante el ahora accionante, se emitió el 19 de

abril de 2019, mientras que el fallo de tutela se expidió el 15 de noviembre de la misma anualidad, esto es, más de siete meses después de la primera de las mencionadas. En ese sentido, mal podría exigírsele a la corporación accionada que aplicara unas reglas que serían adoptadas con posterioridad, en una acción de tutela, lo cual no sólo resulta impensable, desde el punto de vista jurídico, sino desde la simple lógica. De otra parte, tampoco pueden pretender los peticionarios del presente amparo que, en esta sede, se concluya la existencia de una vulneración del derecho al debido proceso, con fundamento en una sentencia que todavía no existía en el mundo judicial, ni que se declare probada una causal específica de procedencia, cuando esa posición, al no encontrarse vigente, no le era exigible y que aun en el supuesto de que se hubiera proferido con anterioridad a la sentencia debatida, no le era obligatoria por tratarse de una sentencia de tutela, que, como bien lo expuso el juez constitucional de primera instancia, tiene efectos inter partes. Ahora, sobre ello debe aclararse que si bien la decisión de tutela recayó sobre una sentencia de unificación y en ella se ordenó dictar una providencia de reemplazo, sólo hasta que la Sección Tercera expida una nueva sentencia de unificación, como juez natural, en relación con la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, esta (la sentencia de reemplazo) será obligatoria para los jueces de inferior jerarquía. De hecho, es necesario indicar que admitir que la decisión dictada en sede de tutela determine la posición que se

seguirá en los procesos sobre privación injusta de la libertad, implicaría un desconocimiento del juez natural, por cuanto es dicha Sección, y no otra autoridad judicial, quien debe, en acatamiento del fallo constitucional, definir la postura que asumirá y que, ahí sí, tendrá que ser aplicado en asuntos análogos. (...) Lo aquí manifestado permite concluir que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no estaba en la obligación de aplicar la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, que dejó sin efectos la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, al dictar la sentencia controvertida en esta instancia, por lo cual no se presenta un desconocimiento del precedente judicial, sino que, por lo contrario, se evidencia que la autoridad judicial accionada basó su decisión en la posición vigente.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01758-00(AC)

Actor: NORBERTO CHAVARRO AROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 11001-03-15-000-2020-01758-00

Accionante: Norberto Chavarro Aros

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C.

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: Tutela contra providencia de reparación directa por privación injusta de la libertad. Ausencia de desconocimiento del precedente judicial y de defecto fáctico.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA ASUNTO La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela, decide la acción de la referencia. HECHOS RELEVANTES a) Medio de control de reparación directa Los señores Norberto, María Ilva, José de Jesús, Libardo, Gerardo, Luis Carlos, Maritza, Aura Helena, Nina Constanza, José Arturo Chavarro Aros, Jasson Norberto Chavarro Ramírez, Karen Fernanda Chavarro Perdomo y Sergio Andrés Chavarro Bedoya instauraron demanda de reparación directa en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por la privación de la libertad del primero de los mencionados, por el delito de concierto para delinquir. El 14 de julio de 2016 el Tribunal Administrativo del Caquetá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo cual la Fiscalía General de la Nación y la parte demandante interpusieron recurso de apelación. El 29 de abril de 2019 la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

b) Inconformidad El señor Norberto Chavarro Aros consideró que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, vulneró su derecho fundamental al debido proceso, desconoció su presunción de inocencia e incurrió en defecto fáctico, pues omitió la valoración de la sentencia penal absolutoria dictada a su favor y de los demás elementos que obraban dentro del proceso penal y determinó su responsabilidad o contribución a la privación, basado en los indicios probatorios que aportó la Fiscalía General de la Nación para sustentar la solicitud de medida de aseguramiento, los cuales no constituían una prueba en los términos de la legislación vigente, dado que eran ineficaces e inverosímiles. Agregó que incurrió en violación directa de la Constitución Política, ya que estaba demostrado que su detención fue desproporcionada, irracional y arbitraria y la falla del servicio por las falencias, errores e irregularidades probatorias del ente acusatorio. Además, alegó que la decisión adoptada por la autoridad judicial demandada carece de motivación, pues concluye la configuración de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, a partir del análisis de una conducta prepocesal, sin consideración alguna del fallo penal absolutorio. Explicó que la valoración de esas conductas compete al proceso penal y al estudiarse la responsabilidad del Estado, no es posible invadir la órbita competencial del juez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 11001-03-15-000-2020-01758-00

Accionante: Norberto Chavarro Aros natural ni desconocer una decisión penal ejecutoriada, con fuerza de cosa juzgada absoluta, en contravía del debido proceso y de la presunción de inocencia.

Precisó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, dejó sin efectos la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 y definió que era improcedente aplicar en asuntos de reparación directa por privación injusta de la libertad el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, cuando aquella se edifica en una conducta preprocesal porque se invadiría la competencia del juez penal, quien es el encargado de estudiar tales situaciones, con lo cual, además, se desconocería la existencia de una decisión judicial que absuelve de responsabilidad, tiene carácter de cosa juzgada absoluta y rompería la regla de presunción de inocencia. Y, resaltó que tales reglas fueron desconocidas en el sub examine, por ende, la acción de tutela era procedente. PRETENSIONES El accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 29 de abril de 2019 dictada por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado y se ordene a aquel que, en un plazo razonable, emita una nueva decisión en la que tenga en cuenta las consideraciones que sustentaron la acción de tutela y valore la culpa de la víctima, con especial atención a la competencia exclusiva del juez penal para estudiar las conductas preprocesales.

CONTESTACIONES Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C El magistrado ponente de la decisión controvertida, Guillermo Sánchez Luque, señaló que las consideraciones expresadas en la providencia son suficientes, para explicar la improcedencia del amparo solicitado. Fiscalía General de la Nación La coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, Sonia Milena Torres Castaño, aseguró que la acción de tutela de la referencia es improcedente, debido a que no se justificó la razón por la cual a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial idóneo no se hizo uso del mismo ni se sustentaron las causales específicas de procedencia exigidas cuando se discute una providencia judicial. Indicó que el accionante soporta la transgresión de los derechos invocados en la sentencia de tutela proferida el 15 de noviembre de 2019 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, lo cual no es posible porque esa decisión tiene efectos inter partes, mas no alcance inter comunis, por lo que no tiene la naturaleza de un precedente judicial, sumado a que fue proferida siete meses después del fallo aquí debatido. Añadió que a pesar de que la decisión adoptada por el juez constitucional exige interpretar y valorar la culpa exclusiva de la víctima de una forma particular, ello no implica que con esta nueva lógica deba declararse la responsabilidad de las entidades demandadas, sino que su aplicación fue modulada. Sumado a lo Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Radicado: 11001-03-15-000-2020-01758-00

Accionante: Norberto Chavarro Aros expuesto, adujo que la decisión de tutela aún está siendo analizada en los otros escenarios judiciales, por lo que el nuevo criterio podría variar.

Los señores María Ilva, José de Jesús, Libardo, Gerardo, Luis Carlos, Maritza, Aura Helena, Nina Constanza, José Arturo Chavarro Aros, Jasson Norberto Chavarro Ramírez, Karen Fernanda Chavarro Perdomo y Sergio Andrés Chavarro Bedoya manifestaron su intención de coadyuvar la acción de tutela, toda vez que la providencia censurada también vulneró su derecho al debido proceso. Por tanto, solicitaron se les conceda al igual que al accionante inicial, las pretensiones que invocó. CONSIDERACIONES La Subsección “A”, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el ordinal 7.º del artículo 1.º del Decreto 1983 de 20171, en cuanto estipula que «Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto». Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura

reiterada y uniforme de la Corte Constitucional2 y el Consejo de Estado3 ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005. Por su parte el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.

Veamos: Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la vía de hecho planteada. Estos son los siguientes: (i) la cuestión que se discute 1 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.

2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T010 de 2012, T1090 de 2012, T074 de 2012, T399 de 2013, T-482 de 2013, T509 de 2013, , T254 de 2014, T941 de 2014 y T-059 de 2015. 3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)

Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

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Radicado: 11001-03-15-000-2020-01758-00

Accionante: Norberto Chavarro Aros tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) cuando se argumente una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la sentencia que se impugna y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía

de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución Política. Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. Procedencia de la acción de tutela contra providencias del Consejo de Estado Resulta necesario poner de presente que en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precitada en el acápite anterior, se decidió admitir la procedencia de la acción de tutela cuando se discuten providencias judiciales de esta corporación judicial, por lo cual desde esa oportunidad este ha sido el criterio pacífico del Consejo de Estado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en pronunciamientos recientes, la Corte Constitucional5 ha venido sosteniendo que la procedencia de las acciones de tutela dirigidas para debatir sentencias judiciales dictadas por altas corporaciones debe ser más restrictiva, por lo cual, además de los requisitos generales de procedencia y los específicos de procedibilidad, debe acreditarse la existencia de una irregularidad que desconozca abiertamente mandatos constitucionales o que resulte incompatible con la jurisprudencia sentada por el máximo tribunal constitucional sobre el alcance de un derecho fundamental y, que por ende, requiera la imperiosa intervención del juez constitucional, en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales.

Lo anterior en atención a la prerrogativa asignada a las altas cortes consistente en unificar jurisprudencia y ser los órganos de cierre de su jurisdicción, con lo cual 4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras. 5 Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: SU-917 de 2010, SU-074 de 2016, SU-050 de 2017, SU-573 de 2017, SU-050 de 2018 y SU-072 de 2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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Accionante: Norberto Chavarro Aros dotan de seguridad jurídica las decisiones judiciales y brindan certeza a los usuarios que acuden a los procesos en busca de administración de justicia. Bajo este contexto, la Corte Constitucional coligió que cuando no se presente una irregularidad de la entidad antes señalada, debe admitirse las interpretaciones y valoraciones probatorias, inclusive si el juez de tutela no comparte la decisión.

Bajo este contexto, el juez de tutela debe ser especialmente cuidadoso cuando la acción se dirige a controvertir providencias judiciales del Consejo de Estado, ya que únicamente puede intervenir en la decisión adoptada cuando estén plenamente superadas las exigencias generales y exista una arbitraria vulneración a un derecho fundamental con ocasión de la incursión en una causal específica de procedencia.

Problema jurídico Antes de plantear el problema jurídico, la Subsección avizora que los argumentos de inconformidad planteados por el accionante pueden concentrarse en el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente judicial, pues si bien señaló que la decisión del 29 de abril de 2019 emitida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado carece de motivación e incurrió en una violación directa de la Constitución Política, tales razonamientos cuestionan la conclusión de la autoridad judicial demandada sobre la configuración de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima porque no se revisaron las falencias probatorias del ente acusador y menos la sentencia penal absolutoria ni el estudio de las conductas preprocesales que realizó el juez natural de la causa. Además, destaca que, en asuntos de reparación directa por privación injusta de la libertad, el juez contencioso no puede invadir la órbita competencial del juez natural ni desconocer una decisión penal ejecutoriada, con fuerza de cosa juzgada absoluta, en los términos definidos en la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, disenso relacionado con la regla jurisprudencial aplicada para resolver su caso. Así las cosas, en el caso concreto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, por tanto, la parte motiva se ocupará de las causales específicas, que para el asunto bajo examen se centra en el análisis del defecto fáctico y el desconocimiento del precedente judicial, por ser los que mejor se adecúan a los

argumentos de inconformidad expuestos por el accionante. El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas: 1. ¿La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado valoró las pruebas obrantes en el expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica? 2. ¿La Subsección precitada estaba en la obligación de aplicar el fallo de tutela del 15 de noviembre de 2019, que dejó sin efectos la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado? Para resolver el problema así planteado se abordará la siguiente temática: (I) defecto fáctico, (II) estudio de la valoración probatoria de la corporación accionada, (III) desconocimiento del precedente judicial, (IV) régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y (V) análisis de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 11001-03-15-000-2020-01758-00

Accionante: Norberto Chavarro Aros inconformidad relativa a la aplicación de la sentencia de unificación sobre

privación injusta de la libertad. Veamos: - Primer problema jurídico: ¿La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado valoró las pruebas obrantes en el expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica?

I. Defecto fáctico De conformidad con la jurisprudencia Constitucional, el defecto fáctico se

configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Dicho defecto debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto y, adicionalmente, debe tener una incidencia directa en la decisión. La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse defecto fáctico: 1). Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin justificación da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez y 2). Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la Constitución Política. A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio. Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco

es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

II. Estudio de la valoración probatoria por el Tribunal accionado El señor Norberto Chavarro Aros sostuvo que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró su derecho al debido proceso y desatendió el principio de presunción de inocencia e incurrió en un defecto fáctico, al desconocer la valoración del fallo absolutorio penal del 25 de noviembre de 2008, dictado por el Juzgado Primero Penal el Circuito Especializado de Florencia y de las pruebas que daban cuenta de la responsabilidad estatal de las demandadas.

Igualmente, señaló que la autoridad judicial demandada determinó la configuración de la eximente de culpa exclusiva de la víctima con base en los indicios que aportó la Fiscalía General de la Nación para sustentar la solicitud de medida de aseguramiento, los cuales no constituían una prueba en los términos de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 11001-03-15-000-2020-01758-00

Accionante: Norberto Chavarro Aros legislación vigente, eran ineficaces e inverosímiles, tal y como lo concluyó el juez penal. Añadió que el juez contencioso no podía analizar conductas preprocesales para excluir la responsabilidad del Estado por la privación de su libertad, pues dicho estudio compete al juez natural y quedó consignado en la sentencia judicial

que determinó su inocencia, la cual hizo tránsito a cosa juzgada. Pues bien, para resolver los anteriores reproches, es necesario, en primer lugar, determinar los argumentos en los cuales se fundamentó la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para adoptar la decisión del 29 de abril de 2019, a través de la cual revocó la sentencia proferida el 14 de julio de 2016, por el Tribunal Administrativo del Caquetá que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial accionada, en la decisión referida, textualmente, sostuvo (expediente digital, sentencia del medio de control de reparación directa): Hechos probados «[…] 7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 7.1 El 10 de octubre de 2003, la Policía capturó a Norberto Chavarro Aros, según da cuenta copia simple del acta de derechos del capturado (f. 8 c. 1). 7.2 El 31 de octubre de 2003, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra Norberto Chavarro Aros por el delito de concierto para delinquir, según da cuenta copia simple de la resolución (f. 17-63 c. pruebas). 7.3 El 7 de octubre de 2004, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió resolución de acusación contra Norberto Chavarro Aros por el delito de concierto para delinquir, según da

cuenta copia simple de la resolución (f. 65-166 c. pruebas). 7.4 El 12 de septiembre de 2005, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia declaró la nuli