CE-11001-03-15-000-2020-02081-00 (AC)(1)-2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / REAJUSTE ANUAL DE PENSIÓN DOCENTE – Conforme al incremento del IPC El tribunal al momento de resolver el problema jurídico, dejó suficientemente explicada la evolución normativa en materia de reajustes pensionales, indicando que antes se contaba con la variación del salario mínimo mensual legal vigente, hasta llegar a que la base para esa indexación es la variación del índice de precios al consumidor IPC, respetando un piso mínimo que es monto del salario mínimo legal, entendiendo que ninguna regla puede estar debajo de este parámetro. Indicó que lo establecido en la Ley 71 de 1988 obedece a un régimen general y por ende, era posible entenderlo derogado en forma expresa, orgánica o tácita por la Ley 100 de 1993, independientemente de lo que implicó la incorporación de la Ley 238 de 1995 al ordenamiento jurídico. (…) Citó la sentencia C-435 de 2017 y precisó que, el querer del legislador fue que las mesadas pensionales fueran ajustadas con base en un indicador que permitiera mantener el poder adquisitivo, siendo por excelencia el índice de precios al consumidor I.P.C., con la salvedad que el ajuste de las pensiones equivalentes al salario mínimo mensual legal vigente se ajustan con base en el incremento del mismo o en el IPC, “el que sea mayor”. (…) Es así como los argumentos que propuso el tribunal en su decisión, explican de manera suficiente las razones por las que considera que no es aplicable el artículo 1º de la Ley 71 de1988

a efectos del reajuste de la pensión en los términos que propone la parte actora, pues si bien se acepta que los docentes afiliados al fondo de prestaciones sociales del magisterio fueron excluidos de la aplicación del régimen general de pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, en virtud del artículo 1º de la Ley 238 de 1995, por la cual se adiciona el artículo 279 de la ley 100 de 1993, se extendió a los sectores allí excluidos la aplicación del artículo 14 de la Ley FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 14 / LEY 238 DE 1995 ACCIÓN DE TUTELA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – Interpretación normativa no es violatoria de los derechos fundamentales ni la Carta Política / REAJUSTE DE LA MESADA PENSIONAL – No es un derecho adquirido / REAJUSTE ANUAL DE PENSIONES CONFORME Del presunto desconocimiento del artículo 29 que desarrolla el principio constitucional al debido proceso y que, en síntesis hace consistir en la vigencia del acto de reconocimiento pensional esto es, la Resolución No. 0077 del 15 de marzo de 2002, en la que se indicó que el reajuste de su pensión sería conforme lo dispone la Ley 71 de 1988, a lo cual debía ceñirse la administración (…) Es así como el mismo accionante reconoce que el acto administrativo que concedió su pensión de jubilación como docente, no solo mencionó la Ley 71 de 1988 que insiste es la aplicable al caso, sino también la Ley 238 de 1995, en la que el legislador previó 1

incluso para los regímenes exceptuados, los beneficios contemplados, entre otros, en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. (…) Del alegado desconocimiento del artículo 53, referido al principio de favorabilidad en materia laboral, que materializa en la aplicación de una norma más favorable en caso de duda frente el régimen a aplicar, es un supuesto que no se da, pues (…) no se advierte un conflicto jurídico entre dos disposiciones, lo que habilitaría la aplicación de este principio constitucional, pues las razones tanto legales como jurisprudenciales y de interpretación del juez frente a la derogatoria de una norma, están suficientemente sustentadas en el fallo. (…) Finalmente, en relación con el artículo 48, se reitera tal como se anunció en la resolución del defecto sustantivo, que como lo indicó el tribunal, no se está en presencia de un derecho adquirido en lo que tiene que ver con el reajuste pensional, como sí lo es lo relacionado con otros aspectos de los docentes en materia pensional. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIALProvidencia presuntamente desconocida no es aplicable al caso De otra parte, verificado el argumento relacionado con la aplicación de este precedente [sentencia de unificación de la Sección Segunda 014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019] al caso del actor, se tiene que dicho precedente no le es aplicable, en la medida en que allí se abordó un tema si bien del sector docente, no de la misma identidad fáctica que se discute en esta oportunidad y que tiene que ver

concretamente con el reajuste pensional de los jubilados del magisterio. Se debe recordar que para hablar de la transgresión del precedente, se exige la existencia de una providencia que guarde identidad fáctica y jurídica con el caso que se examina. Situación que no acontece en el presente caso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ (E)

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinte (2020)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

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Radicación número: 11001-03-15-000-2020-02081-00 (AC)

Actor:MANUEL OCTAVIO OSPINA RESTREPO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Decide la Sala la acción de tutela instaurada por Manuel Octavio Ospina Restrepo, de acuerdo con el Decreto 1983 de 2017.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 21 de mayo de 2020, Manuel Octavio Ospina Restrepo, quien actúa por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y de favorabilidad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “1) Se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y favorabilidad laboral del accionante. 2) Se deje sin efectos la sentencia del 29 de noviembre de 2019, proferida por el

Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del proceso con radicado bajo el No. 66001-33-33-004-2018-00309-00 Actor: Manuel Octavio Ospina Restrepo,

Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. 3) Se le ordene al Tribunal Administrativo de Risaralda, que profiera una nueva sentencia, en la cual, se sigan las reglas estipuladas en la Sentencia de Unificación 014 -CE-S2-2019 del del veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019), y en su lugar, reconozca que el accionante se encuentra exceptuado del Sistema Integral de Seguridad Social, razón por la cual se le debe aplicar el artículo 1º de la Ley 71 de 1988. 4) Que se exhorte al Tribunal Administrativo de Risaralda para que en las próximas providencias que traten el problema jurídico objeto de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, tenga en cuenta las reglas y subreglas dispuestas en la Sentencia de Unificación 014 -CE-S2-2019 del veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019). 3 5) Exhortar a la Sala Plena de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado del Consejo de Estado, para que unifique la jurisprudencia en relación con el régimen aplicable a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio respecto de su reajuste pensional, en atención a su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El accionante nació el 3 de diciembre de 1946, se desempeñó como docente nacionalizado y adquirió el status de pensionado el 6 de diciembre de 2001. 2.2. Mediante la Resolución No. 0077 del 15 de marzo de 2002, se le reconoció pensión de jubilación en cuantía del 75% del salario devengado en el último año de servicios en que adquirió el status. 2.3. Posteriormente, por Resolución No. 0438 del 20 de junio de 2018, la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, negó la solicitud de reajuste pensional presentada por el demandante. 2.4. Por lo anterior, la parte actora en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, prendiendo la nulidad del acto administrativo que negó su petición de reajuste de la mesada pensional y en consecuencia, pidió se ajustara tal prestación de manera periódica conforme a la Ley 71 de 1988. 2.5. El Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, en audiencia inicial llevada a cabo 18 de junio de 2019, luego de agotadas las etapas previas, dictó sentencia en la que negó las pretensiones del actor1, al considerar que el artículo 1º de la Ley 71 de 1988 podía ser derogado de manera expresa o tácita por la Ley 100 de 1993, independientemente de lo que implicó la incorporación del postulado normativo

contemplado por la Ley 238 de 1995. Agregó que la Ley 238 de 1995 extendió el ajuste de las pensiones establecido para el régimen general, a las prestaciones de los regímenes exceptuados. 2.6. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante ante el Tribunal Administrativo de Risaralda, que en sentencia del 29 de noviembre de 2019, confirmó 1 Mediante auto del 18 de marzo de 2019, se dispuso la acumulación al proceso del señor Jorge Hernán Martínez (exp. 2018-0285), los casos de la señora Laura Rosa Jaramillo Franco (exp. 2020-00308) y del actor (exp. 20180309). 4 la decisión del juzgado, ya que estimó que el incremento anual que se debe aplicar al personal que es beneficiario de pensión del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es el expresado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Lo anterior porque debe entenderse que el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, no se encuentra vigente después de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones - o en el peor de los casos con la expedición de la Ley 238 de 1995 - y que no tiene la entidad de un derecho adquirido la determinación del parámetro sobre el cual se deben ajustar anualmente las pensiones de vejez.

3. Fundamentos de la acción La parte actora considera que al proferir la sentencia del 29 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas, incurrió en defecto sustantivo, por violación directa de la Constitución y por desconocimiento del recedente, por las siguientes razones:

3.1. Frente al defecto sustantivo, sostuvo que el tribunal accionado fue enfático en señalar que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se había derogado expresa o tácitamente lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, pero que, no es cierto como lo manifiesta la autoridad judicial accionada, que al sector docente le sea aplicable la Ley 100 de 1993, en atención a que están exceptuados de manera expresa por ese mismo estatuto en el artículo 279. Que la razón por la cual el régimen de pensiones del magisterio quedó exceptuado de la Ley 100 de 1993, fue que ya contaban con beneficios pensionales adicionales y que el reajuste de sus pensiones ya contaba con el poder adquisitivo que buscaba precisamente el artículo 14 de la referida Ley, pues desde el año 1988 se realizaba con base en el salario mínimo legal mensual. Dijo que, atendiendo a un Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el que se indicó que los docentes estaban excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993 por virtud del artículo 279 de esa norma y que por tanto le aplicaba la Ley 91 de 1989 y las demás que la completan o reforman, no podía aplicárseles lo reglado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 como lo analizó “de manera incorrecta el Tribunal Administrativo de Risaralda”. Que en ese orden de ideas, no es posible el reajuste de su pensión con base en eI IPC, por lo tanto, se debe dar aplicación a la norma que aún con el nacimiento a la

vida jurídica del Sistema de Seguridad Social Integral se encuentra vigente, no ha sido declarada nula y es aplicable para cierto grupo determinado de docentes, que no es otra que la Ley 71 de 1988, la cual estipula expresamente en su artículo 1º que 5 el reajuste de sus pensiones, debe realizarse conforme al porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual. Advirtió que de acuerdo con el artículo 289 de la ley 100, se derogaban entre otras, el parágrafo del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, pero que no anuncia la derogatoria del artículo 1º de dicho estatuto, de manera tal que sigue vigente y es plenamente aplicable. Consideró que cuando la Ley 238 de 1995 dice que "las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14... ", quiere significar que se le debe aplicar siempre y cuando le sea más favorable, pues la población pensionada de Colombia venía con una devaluación en su reajuste pensional como consecuencia de la Ley 4° de 1976. Que lo que se buscaba con esa norma, no era aplicar a los regímenes exceptuados el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, sino que da la posibilidad de que aquellos regímenes exceptuados cuyas pensiones resulten ajustadas de forma inferior al IPC puedan acudir a dicha norma, como sucedía con la aplicación del principio de oscilación, como es el caso de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, que contrario a los docentes, les resultaba más beneficiosa la norma general que la especial. En ese orden de ideas, planteó la posibilidad de que se aplicara el principio de

favorabilidad también a los docentes, para de esta manera aplicar el ajuste que le fuera más beneficioso como pasa con los miembros de la Policía Nacional. Enfatizó que por estar vinculado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio antes del 27 de junio de 2003, se encuentra exceptuado del sistema general de pensiones dispuesto en la Ley 100 de 1993, confirmando lo estipulado en el artículo 279 de ese estatuto, razón por la cual, a los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se les debe aplicar la Ley 71 de 1998, por ser la norma que reajustaba las pensiones de los docentes, antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, pues en otras palabras, a los docentes vinculados después del 27 de junio de 2003 se les debe reajustar su pensión conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Precisó que otro argumento para negar del Tribunal censurado es lo dispuesto en la sentencia C-435 de 2017, en donde la Corte Constitucional expuso que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 es la norma aplicable para todos los pensionados, afirmación que no se puede tomar a la ligera ya que no hace referencia específicamente a los regímenes exceptuados, ni a las distinciones que establece la Ley. 6 3.2. Respecto del defecto por violación directa de la Constitución Política, dijo que al sostener la sentencia censurada que la ley 71 de 1988 estaba derogada, se trasgredían derechos de rango constitucional: 3.2.1. El artículo 29, en la medida que el acto administrativo de

reconocimiento pensional señaló expresamente que el reajuste de la misma debía hacerse conforme a lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, de manera que de acuerdo con el artículo 91 del CPACA, los actos en firme son obligatorios mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Con esto, quiso significar que al estar en firme ese acto administrativo y no haber sido declarado nulo, le era aplicable lo allí dispuesto y que si la entidad consideraba que debía darse aplicación a la Ley 100 de 1993, debió demandar su propio acto antes de aplicarla de manera arbitraria y sin el consentimiento del demandante. Que no aplicar las disposiciones que lo cobijan, constituyen una vulneración al debido proceso, ya que se niegan sus pretensiones pasando por encima de las normas relacionadas con la firmeza de los actos administrativos, razón por la que el tribunal debió dar aplicación a lo dispuesto en el acto administrativo de reconocimiento pensional. 3.2.2. El artículo 48, porque el tribunal no le dio aplicación al acto legislativo 01 de 2005, ya que el parágrafo transitorio 1º del artículo 48 constitucional, dividió el régimen pensional de los docentes en dos grandes grupos: los que se vincularon a partir del 27 de junio de 2003 y los que se vincularon con anterioridad, último sector al que dice pertenecer el actor, lo que conlleva a la aplicación de normas anteriores como el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, por ser la norma que reajustaba las pensiones antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social.

3.2.3. Y el artículo 53, en el entendido de aplicar la norma más favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de fuentes generales del derecho. Dijo que a su juicio, la Ley 71 de 1988 no estaba derogada, pues que de lo contrario hubiera sido expresamente derogada por la Ley 100 de 1993,como sí lo hizo con uno de sus artículos. Insistió en el régimen de los docentes exceptuados de la aplicación de la Ley 100 de 1993 y que si, en un escenario hipotético quedara duda en cuanto a la aplicación de uno u otro régimen, debe aplicarse el artículo 53 de la Constitución y de esta manera dar aplicación al artículo 1º de la ley 71 de 1988. Finalmente, señaló que el juez, en caso de considerarlo, estaba autorizado para inaplicar actos administrativos con efectos interpartes, por estar en contra de la ley o de la Constitución Política. 7 3.3. En relación con el defecto por desconocimiento del precedente, anunció como desconocida la sentencia de unificación 014 -CE-52 - 2019 del 25 de abril de 2019, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que era aplicable a su caso. Indicó que era importante aclarar que en esa decisión se trató el ingreso base de liquidación en el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y que si bien el Tribunal Administrativo de Caldas se refirió a dicha sentencia de unificación, para decir que el régimen pensional aplicable a los docentes hacía parte de la obiter dicta y no a la ratio decidendi, lo cierto es que dicho argumento no hizo

parte del concepto de violación de de la demanda, de allí que no se pudieran abordar temas que no fueron planteados, y además, el tribunal no cumplió con la carga argumentativa que se requiere para apartarse del precedente señalado. Dijo que si bien el tema principal de esa sentencia fue establecer el ingreso base de liquidación de los docentes, es aplicable en la medida en que se refirió a cuáles son los docentes exceptuados del sistema general de pensiones

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 29 de mayo de 2020, se admitió la presente acción, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y como terceros con interés a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que intervino en calidad de demandado; a Laura Rosa Jaramillo Franco y Jorge Hernán Martínez, que intervinieron en calidad de demandantes; y al Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira. 4.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda, reiteró los argumentos que presentó en el fallo cuestionado, insistió en que era el IPC el modo de conservar el poder adquisitivo de las pensiones y que no era posible atender regímenes especiales como el de la fuerza pública a casos de docentes, pues que incluso las sentencias eran distintas.

Dijo que el cuestionamiento de la parte accionante se orienta a desconocer la interpretación dada por la Corporación a las normas que resultan aplicables a la 8 materia, frente a lo cual, la decisión del Tribunal hacía parte de los aspectos inherentes a la autonomía e independencia funcional de los jueces. Sostuvo que existen otros pronunciamientos que ya se han hecho en relación con

tutelas presentadas en el mismo sentido y anunció que actualmente está en trámite ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, una tutela presentada por la señora Laura Rosa Jaramillo2. 4.3. El Ministerio de Educación, manifestó que no existe una relación entre lo peticionado por el actor y alguna actuación desplegada por el ministerio, razón por la que anunció una falta de legitimación en la causa por pasiva y consideró que la presente acción resultaba improcedente. 4.4. Los señores Laura Rosa Jaramillo Franco y Jorge Hernán Martínez, no se pronunciaron.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela es procedente contra providencias judiciales. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y especiales4 que 2 Expediente No. 110010315000202001990 00. De acuerdo con la información que arroja la página de consulta

de procesos del Consejo de Estado, se encuentra al despacho de la doctora Marta Nubia Velásquez Rico para fallo. 9 deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente. El análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. En consecuencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de la acción.

3. Aspecto previo 3.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria, sino que su labor está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, jurisprudencialmente se han señalado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito, dentro de los que conviene destacar: i) que actor cumpla su carga argumentativa, presentando suficiente y claramente las razones por las que se hace necesaria la intervención del juez constitucional, y por las que su

caso, antes que ser una cuestión de mera legalidad, realmente implica la trasgresión de derechos fundamentales; y ii) que la acción de tutela no se emplee como una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada. 3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela. 4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 10 3.2. Si bien en el presente asunto la parte actora insiste en la aplicación del artículo 1º de la Ley 71 de 1988 para el reajuste anual de su mesada pensional, por ser docente afiliado al fondo de prestaciones sociales del magisterio, y por tanto, excluido de la aplicación de la Ley 100 de 1993 (artículo 279), se advierte que los

argumentos expuestos en el escrito de tutela se dirigen a evidenciar que la providencia acusada vulneró los derechos fundamentales del actor, por la presunta aplicación errada de la disposición normativa atinente al ajuste anual y periódico de la mesada pensional de los docentes; y que además soslayó disposiciones de raigambre constitucional que consagran los principios de favorabilidad en materia laboral y los derechos adquiridos en materia pensional. Asunto de evidente relevancia constitucional. 3.3. En el presente asunto, se cumplen a cabalidad los demás requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

4. Planteamiento del problema jurídico 4.1. Advierte la Sala que la decisión que se cuestiona –sentencia del 29 de noviembre de 2019–, resolvió los procesos acumulados de los docentes Jorge

Hernán Martínez (expediente principal), Laura Rosa Jaramillo Franco y Manuel Octavio Ospina Restrepo (actor). Sin embargo, debe aclarar la Sala que la decisión que se profiera en el presente asunto, solo abarcará la situación particular del actor, Manuel Octavio Ospina Restrepo. 4.2. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala verificar si al proferir la sentencia del 29 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en los defectos sustantivo, por violación directa de la Constitución Política y por desconocimiento del precedente jurisprudencial, al negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Manuel Octavio Ospina Restrepo, orientadas a

obtener el reajuste anual de su mesada pensional con base en el incremento del salario mínimo, con fundamento en el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, y no con base en el incremento del índice de precios al consumidor, como lo preceptúa el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

5. Defecto sustantivo y su configuración en el caso concreto 5.1. El defecto sustantivo es un vicio relacionado con la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.

11 La jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión5; también se materializa cuando la aplicación de la norma al caso concreto no se encuentra dentro del marco de interpretación razonable o la aplicación de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contra legem6. 5.2. Con el propósito de verificar la presunta configuración de este defecto, resulta oportuno citar las normas cuya aplicación se discute en el caso concreto: 5.2.1. El artículo 1º de la Ley 71 de 1988, cuya aplicación estima procedente el actor, es del siguiente tenor literal: Artículo 1º.- Reajuste pensional. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, incapacidad permanente parcial, compartidas y de sobrevivientes, de los sectores

público, privado y del Instituto de Seguros Sociales, se reajustarán de oficio y en forma simultánea con el salario mínimo legal, en el mismo porcentaje en que éste sea incrementado por el Gobierno Nacional. ParágrafoEl reajuste de las pensiones compartidas lo efectuarán el Instituto de Seguros Sociales y el patrono obligado, sobre el valor de la parte de la pensión que cada uno le corresponda cubrir. 5.2.2. De otra parte, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que se refiere al ajuste periódico de las pensiones, señala lo siguiente: “Artículo 14. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, 5 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002. Manuel José Cepeda Espinoza. 6 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 12 certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno. 5.2.3. Finalmente, la Ley 238 de 1995, “por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993”, preceptúa:

“Artículo 1o. Adiciónese al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente parágrafo: Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados". 5.3. El tribunal al momento de resolver el problema jurídico, dejó suficientemente explicada la evolución normativa en materia de reajustes pensionales, indicando que antes se contaba con la va