CE-11001-03-15-000-2020-02379-01(AC)-2020

1 Acción de Tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2020-02379-01

Accionantes: Martha Alicia Tapasco de Tapasco y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA IMPUTACIÓN – Respecto de la presunta omisión de la Policía Nacional como fuente del daño / DEBER DE PROTECCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL – Cumplimiento en relación con sus funciones / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES En el presente asunto, la parte accionante expuso que la providencia de segunda instancia proferida el 06 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda desconoció la línea jurisprudencial fijada por esta Sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Colegiatura, en relación con el derecho a la seguridad personal y a la consecuente obligación que reside en cabeza del Estado ante eventos de riesgo o amenazas de sus conciudadanos. (…) el tribunal realizó un estudio normativo y jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado por el incumplimiento del deber de protección de los ciudadanos, siguiendo especialmente la jurisprudencia del máximo tribunal de lo contencioso administrativo (…) concluyó que para que se configurara la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión del deber de vigilancia y cuidado, se debían demostrar los siguientes presupuestos: (i) la existencia de una obligación legal o constitucional a cargo de la entidad demandada de efectuar la acción con la que

hubiera podido evitar el daño; (ii) la omisión para poner en funcionamiento los recursos de que dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal o constitucional, atendidas las circunstancias particulares del caso; (iii) el daño antijurídico; y (iv) la relación causal entre la omisión y el daño. Bajo estas consideraciones, esta Subsección observa que la autoridad judicial accionada sí siguió la línea jurisprudencial del máximo tribunal de lo contencioso administrativo. En efecto, fue a la luz de tal marco que confrontó el material probatorio y no encontró, de manera objetiva y razonada, “acreditada la imputación respecto de la Policía Nacional en su acusada omisión como fuente de la muerte del señor [T.T.]”. Esta situación que resultó contraria a los intereses de la parte accionante, no por ello deviene en violatoria de sus derechos fundamentales AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / APPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / MEDIDAS DE PROTECCIÓN - Solo se implementan cuando se ha elaborado un estudio de riesgo por parte del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas / SOLICITUD ANTE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – Omisión / DEBER DE PROTECCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL – Cumplimiento en relación con sus funciones /

INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN

[E]s de anotar que el Tribunal Administrativo de Risaralda respaldó el análisis probatorio efectuado por el Juzgado Quinto Administrativo de Pereira, el que,

luego de analizar no solo las pruebas antes mencionadas por los tutelantes sino las demás obrantes en el proceso, “indicó que la protección debida por la Policía Nacional no alcanzaba a ponerla en situación de garante de la vida del señor [T.T.] en la medida en que la protección debida no es absoluta por parte de las autoridades, por más que se hubiera presentado la querella contravencional en la que se señalaban las amenazas de que había sido sujeto el mencionado ciudadano”. Para arribar a esa conclusión y poder denegar las súplicas de la demanda, sostuvo el a quo que, si bien a la Policía Nacional le compete la protección de todas las personas residentes en el país, las medidas de protección 2 Acción de Tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2020-02379-01

Accionantes: Martha Alicia Tapasco de Tapasco y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda solo se implementan cuando se ha elaborado un estudio de riesgo por parte del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), conforme al Decreto 4912 de 2011 De manera tal que: “En el caso de las amenazas de que fue víctima el señor [T.T.] […] la Inspección Segunda de Policía del municipio de Dosquebradas libró oficio con destino a la Policía Nacional para que esta entidad le brindara protección; sin embargo, en ningún momento se advierte que se haya iniciado trámite alguno ante la Unidad Nacional de Protección o cualquier otra autoridad, tendiente a que se realizara la evaluación del nivel del riesgo del señor [T.T.] y se ordenara la implementación de una

medida de protección. (…) Tales consideraciones llevaron luego a que la autoridad judicial accionada confirmara en su integridad la decisión del Juzgado Quinto Administrativo de Pereira, pues, entre otras, concluyó que (i) la amenaza recibida por parte del señor [T.T.] se dio en unas circunstancias que resultaban bastantes complejas para que las autoridades pudieran efectuar un estudio concreto sobre el nivel de riesgo; (ii) el atentado sicarial se dio casi cuatro meses después de la denuncia, lo cual ponía en duda si la fuente de las amenazas eran el origen del atentado definitivo; y (iii) aun cuando quedó probado que a la víctima se le tuvo como persona amenazada según los informes y minutas de los uniformados, esta desatendió las medidas de autoprotección que se le sugirieron, en especial la de disminuir desplazamientos en horas nocturnas. Así las cosas, contrario a lo soportado por el juez de tutela de primera instancia, advierte la Sala que, el juez natural en el marco de su autonomía e independencia, contó con las pruebas pertinentes para adoptar su decisión, la cual no resulta arbitraria ni caprichosa, antes bien, guarda una coherencia con los supuestos de hecho, así como con los elementos materiales probatorios aportados.

ACLARACIÓN DE VOTO / CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD –

Decreto 2591 de 1991 / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Inconstitucional / INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA – Sentencia C-543 de 1992 / DERECHO LEGISLADO – Artículo 230 Constitución Política / VIOLACIÓN DE LA COSA JUZGADA

CONSTITUCIONAL / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedente por vía jurisprudencial sentencia C-590 de 2005 / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL La Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, declaró inexequibles los artículos del Decreto 2591 de 1991 que establecían que la acción de tutela procedía contra providencia judicial. Sin embargo, en fallos posteriores de tutela y luego en la sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005 esa Corporación cambió su criterio y, en su lugar, admitió el amparo contra las decisiones de los jueces y estableció unos requisitos generales y especiales de procedibilidad. A mi juicio, (…) la sentencia C-543 de 1992 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, el criterio contenido en esa decisión era inmodificable, incluso para la misma Corte Constitucional de conformidad con el artículo 243 CN. (…) La procedibilidad de la tutela contra providencia judicial se fundamenta en un “precedente judicial”. (…) [C]onsidero que, sin desconocer la importancia de la jurisprudencia como fuente auxiliar del derecho (art. 230 CN), no es posible trasplantar figuras del [common law] a un sistema de derecho legislado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

3 Acción de Tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2020-02379-01

Accionantes: Martha Alicia Tapasco de Tapasco y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., cinco (05) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-02379-01(AC)

Actor: MARTHA ALICIA TAPASCO DE TAPASCO Y OTROS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad. Subtema 2: Requisitos específicos de procedencia – defecto sustantivo por desconocimiento del precedente y defecto fáctico.

Decisión: Se revoca el fallo de primera instancia, para negar la solicitud de amparo.

De acuerdo con el Decreto 1983 de 20171, la Sala decide la impugnación presentada por la Policía Nacional y el Tribunal Administrativo de Risaralda en contra del fallo de tutela proferido el 09 de julio de 2020 por la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que amparó los derechos fundamentales alegados. I.- ANTECEDENTES 1.1.- La solicitud de amparo constitucional El 02 de junio de 20202, los señores Martha Alicia Tapasco de Tapasco; José Gabriel, Irma María y Gloria Lisbed Tapasco Tapasco; y Esther Edilma Manzo de

Tapasco, por medio de apoderado, presentaron acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la 1 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. 2 Conforme con el correo electrónico remitido a la Secretaría General de esta Corporación el lunes 1º de junio de 2020 a las 10:10 p.m., subido a SAMAI con el certificado No. 7583254A6F1CD134

908192731F24C145 8F0F7C79ECC56B60 13A4F6AD6506C6B5.

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Accionantes: Martha Alicia Tapasco de Tapasco y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda administración de justicia, para confutar la sentencia del 06 de diciembre de 2019 del Tribunal Administrativo de Risaralda, que confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado Quinto Administrativo de Pereira negativa de las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, bajo el radicado No. 66001-3333-751-2015-00295-01. 1.2.- Hechos 1.2.1.- El 05 de febrero de 2013, el señor James Darío Tapasco Tapasco,

delegado 1 en la Junta de Acción Comunal del barrio Primavera Azul de Dosquebradas (Caldas), fue amenazado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes le ordenaron que desocupara la localidad en 24 horas. 1.2.2.- Debido a lo anterior, en la misma fecha, presentó denuncia ante la Inspección Segunda de Policía, adscrita a la Secretaría de Gobierno del referido municipio. Dicha dependencia, por oficio No. ISG050-13, solicitó al comandante de la Policía Metropolitana protección para el amenazado, advirtiéndole que se trataba de un delegado de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna 8. 1.2.3.- Al señor James Darío Tapasco Tapasco le fueron informadas medidas preventivas de seguridad por parte del CAI Valher del municipio de Dosquebradas, y también se le hicieron visitas esporádicas a su residencia. Sin embargo, sobre la medianoche del 02 de junio de 2013, cuatro meses después de la denuncia, fue asesinado en inmediaciones del barrio San Diego de la referida localidad. 1.2.4.- En consecuencia, la señora Martha Alicia Tapasco de Tapasco y su grupo familiar formularon demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por considerar que la muerte del señor James Darío Tapasco Tapasco era imputable a la entidad, al no haber adoptado verdaderas medidas de protección en su favor. 1.2.5.- Por reparto el conocimiento del proceso, identificado con el radicado No.

66001-33-33-751-2015-00295-01, le correspondió al Juzgado Quinto 5 Acción de Tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2020-02379-01

Accionantes: Martha Alicia Tapasco de Tapasco y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda Administrativo de Pereira, el que, a través de la sentencia del 30 de junio de 2017, negó las pretensiones. Advirtió que el homicidio no era imputable a un actuar omisivo de la demandada por cuanto (i) no se acreditó que a la Policía Nacional la autoridad competente le hubiera ordenado brindar medidas de protección al señor James Darío Tapasco Tapasco; y (ii) sí se evidenció que la institución desarrolló actividades, en el marco de sus competencias y conforme a sus posibilidades, para la protección de la vida del referido3. 1.2.6.- Inconforme con la decisión, los accionantes impetraron recurso de apelación. Mediante fallo del 06 de diciembre de 2019 el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó en su integridad la sentencia de primera instancia. Explicó que, efectivamente, según el material probatorio aportado y la jurisprudencia aplicable, no fue acreditada la imputación respecto de la omisión por parte de la Policía Nacional como fuente de la muerte del señor Tapasco Tapasco. 1.3.- Fundamentos de la acción de tutela La parte tutelante adujo que la entidad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir con la providencia dictada en los siguientes defectos: 1.3.1.- Violación directa de la Constitución, por cuanto desconoció la línea

jurisprudencial del Consejo de Estado, según la cual el derecho a la seguridad personal es una obligación internacional en cabeza del Estado colombiano, incorporada al ordenamiento jurídico por los artículos 93 y 94 constitucionales, conforme lo pregonado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De ahí que era deber de la Policía identificar el origen de la amenaza, evaluar el riesgo y aplicar las medidas de protección apropiadas, según la gravedad del caso. 3 Información extraída del fallo de primera instancia. Folios 84 al 105 del expediente digital del proceso ordinario, subido a SAMAI con el certificado No. 162DE24F351CCD79

8B88869103283521 13053CF0F210F33D A4AC335ED14A17E1.

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Accionantes: Martha Alicia Tapasco de Tapasco y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda Al efecto, citó las sentencias del 15 de abril de 20104, del 19 de junio de 20135, del 27 de marzo de 20146, del 18 de mayo de 20177 y del 20 de marzo de 20188, mediante las cuales la Sección Tercera de esta Colegiatura condenó al Estado por la muerte de ciudadanos, al no realizar los estudios de riesgos respectivos y no adoptar acciones realmente destinadas a evitar los desenlaces negativos de las amenazas. 1.3.2.- Fáctico por indebida valoración probatoria, pues fue demostrado el

desobedecimiento a la obligación constitucional de salvaguardar la seguridad personal del señor Tapasco Tapasco, (i) conforme a la denuncia formulada por él mismo; (ii) al requerimiento realizado por la Inspección Segunda de Policía de Dosquebradas al comandante de la Policía Metropolitana del mismo municipio; y (iii) a la certificación del Secretario de Desarrollo Social de esa localidad sobre el hecho de que el occiso hacía parte de la Junta de Acción Comunal del barrio Primavera Azul. Además, porque las medidas de protección solicitadas fueron cambiadas por medidas preventivas o de recomendación, tal como se puede advertir del informe presentado por el comandante del CAI Móvil No. 3 al comandante de la Estación de Policía de esa localidad; de las planillas de revistas o visitas a la residencia del hoy occiso, las cuales quedaron reducidas a ocho; y de los testimonios rendidos por los uniformados. 1.4.- Pretensiones de la acción de tutela La parte actora solicitó tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, para que dictara una de reemplazo. 2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia 4 Radicado 1997-06651-00, accionante: Ena Teresa Ruiz de Martínez. M.P. Myriam Guerrero de Escobar. 5 Radicado 18001-23-31-000-1998-00241-01 (27952), accionante: Blanca Lidia Zambrano. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

6 Radicado 76001-23-31-000-2003-01249-01 (29332), accionante: María Deisy Peralta Reyes. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 7 Radicado 68001-23-31-000-1994-09953-01 (36386). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 8 Radicado 05001-23-31-000-2006-03260-01 (42791), accionante: Argiro León Restrepo Londoño. 7 Acción de Tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2020-02379-01

Accionantes: Martha Alicia Tapasco de Tapasco y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda 2.1.- Mediante auto del 08 de junio de 2020 la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió la acción de tutela. Esta decisión se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Risaralda y a la Policía Nacional. 2.2.- El Tribunal Administrativo de Risaralda solicitó que el amparo fuera denegado. Afirmó que la decisión cuestionada no adolece de vicio alguno, en tanto no desconoció las normas correspondientes, aplicó la jurisprudencia del Consejo de Estado, valoró las pruebas allegadas y arribó a unas conclusiones de forma motivada y sustentada, sin que estas fueran dislates, arbitrarias o caprichosas. 2.3.- La Policía Nacional pidió negar la acción tuitiva. Indicó que (i) el homicidio ocurrió a altas horas de la noche, en una salida que realizó la víctima, por lo que

contribuyó a aumentar su riesgo y actuó en contravía de las instrucciones preventivas que en su momento le impartió; (ii) existen pruebas de las actividades operativas que desarrolló a través de sus hombres, sin que pueda exigírsele el deber de proteger a todos los ciudadanos residentes en el país, pues solo le es demandable lo posible; (iii) las circunstancias expuestas por la parte actora no son constitutivas de los defectos invocados; (iv) el tribunal concluyó razonablemente la inexistencia de una omisión suya, a partir de la valoración conjunta de las pruebas y observando los precedentes aplicables; y (v) es inviable acudir a la tutela como una tercera instancia, ajena al proceso contencioso administrativo. 3.- Fallo de tutela de primera instancia 3.1.- La Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, mediante el fallo del 09 de julio de 2020, amparó los derechos fundamentales de la parte accionante y dejó sin efectos la decisión enjuiciada. Para ello, expuso las razones que a continuación se anotan: 3.1.1.- Conforme con la jurisprudencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Colegiatura, en aquellos eventos en los que surge un riesgo o una amenaza para la vida o la integridad de un ciudadano, sea que cumpla o no funciones públicas, la administración tiene la obligación de 8 Acción de Tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2020-02379-01

Accionantes: Martha Alicia Tapasco de Tapasco y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

investigar la seriedad de aquellos, determinar las medidas necesarias para atenuarlos y, de ser posible, evitar la concreción de los daños. 3.1.2.- Bajo ese marco, si bien el Tribunal Administrativo de Risaralda consideró que no existía omisión imputable a la Policía Nacional, pues esta adoptó medidas preventivas encaminadas a atenuar el riesgo derivado de la amenaza, consistentes en indicarle al señor Tapasco Tapasco conductas de autoprotección, como no exponerse a altas horas de la noche o evitar asistir a zonas de peligro, y también efectuó visitas o revistas esporádicas a su residencia; lo cierto es que no se acreditó que aquellas fueran idóneas y necesarias para conjurar la amenaza sufrida o que hubieran sido resultado del estudio del nivel y seriedad del riesgo, cuando es a tal entidad, en colaboración con todas las autoridades competentes, a la que le correspondía realizar ese análisis y actuar con diligencia y pericia, en acatamiento de las normas y de la jurisprudencia de esta Corporación 3.2.- Frente a la referida decisión, hubo un salvamento de voto. El magistrado disidente alegó que, en su criterio, la autoridad judicial accionada valoró minuciosamente la totalidad de las pruebas obrantes en el plenario, las cuales le permitieron concluir que la Policía Nacional realizó gestiones tendientes a salvaguardar al señor Tapasco Tapasco, concretamente visitas ejecutadas por sus agentes, y recomendaciones de seguridad entre las cuales se encontraba la disminución de los desplazamientos nocturnos, horario en que el precisamente acaeció el hecho. De esta manera, aseveró que no resultaba viable pretender una

nueva valoración probatoria, cuando no había un yerro ostensible, flagrante y manifiesto que permitiera la intervención del juez de tutela. 4.- Razones de la impugnación 4.1.- En contra de la decisión antes aludida tanto la Policía Nacional, como el Tribunal Administrativo de Risaralda, presentaron escrito de impugnación. 4.1.1.- La Policía Nacional resaltó que, si bien le asiste un deber de proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, “tal mandato debe ser comprendido dentro de los límites de la normalidad y razonabilidad”9, en la medida en que no puede 9 Folio 3 del escrito de contestación, subido a SAMAI con el certificado No. D093AE5967865569

3ED08898CB7C3018 E962404EC7B5C435 BCE650480A33F93E.

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Accionantes: Martha Alicia Tapasco de Tapasco y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda exigírsele una protección absoluta e imponérsele una obligación de resultado, conforme lo señalado en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, aclaró que su reacción como institución, ante el requerimiento del señor Tapasco Tapasco, no constituyó la adopción de medidas de protección, por lo que no debía entenderse que hubiera asumido la carga de brindar seguridad individual y particularizada, en tanto esta es definida conforme al Decreto 4912 de 2011 y, en especial, escapaba de la competencia de la Inspección del municipio de

Dosquebradas. Añadió que también fueron acreditadas en debida forma todas las actuaciones administrativas de protección ejecutadas, pero que el occiso desarrolló un actuar imprudente, en el que desatendió las recomendaciones de autoprotección y seguridad que recibió. Por ello, solicitó que se revocara el fallo de primera instancia. 4.1.2.- El Tribunal Administrativo de Risaralda también pidió la revocatoria del fallo impugnado. Al respecto, indicó que su decisión encuentra respaldo en la valoración integral de las pruebas y en la jurisprudencia vigente, todo lo cual le permitió llegar a la conclusión de la inexistencia de responsabilidad del Estado. Adicionalmente, señaló que la tutela solo muestra una inconformidad con la resolución del caso, pero en momento alguno acreditó la existencia de errores groseros y manifiestos de cara al material probatorio; por lo que, en su sentir, el análisis del juez constitucional no es acorde con los principios de autonomía judicial y de respeto al juez natural. Además, sostuvo que no es válido afirmar que se actuara en contra del precedente, en tanto las decisiones citadas no guardan identidad fáctica, no son precedente sino antecedentes jurisprudenciales, ni gozan de la categoría de sentencias de unificación. Agregó que tampoco se tuvieron en cuenta otras decisiones del Alto Tribunal de lo Contencioso en las que se han negado pretensiones de las demandas porque no se prueba que el daño fuera causado por omisión de las autoridades. II.- CONSIDERACIONES 1.- Competencia Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo de tutela proferido el 09 julio de 2020 por la Subsección A de la Sección

Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, que 10 Acción de Tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2020-02379-01

Accionantes: Martha Alicia Tapasco de Tapasco y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda resolvió en primera instancia la acción de tutela interpuesta por Martha Alicia Tapasco de Tapasco y su grupo familiar para confutar la decisión del 06 de diciembre de 2019 del Tribunal Administrativo de Risaralda; de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. 2.- Problema jurídico 2.1.- Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 09 de julio de 2020 dictada por la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que accedió a las pretensiones de la tutela instaurada. 2.2.- Para resolver este problema, en primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos generales de procedibilidad en contra de providencias judiciales y, en caso afirmativo, se determinará si la autoridad acusada incurrió en los defectos aludidos. 3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales 3.1.- La Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela en contra de providencias judiciales es procedente “si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad”, dentro de los que se distinguen los

siguientes: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela. 3.2.- Ahora bien, únicamente en el caso en que se encuentren reunidos los requisitos anteriores, el juez del amparo analizará las causales específicas de procedencia de la tutela en contra de providencias, con el fin de determinar si se 11 Acción de Tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2020-02379-01

Accionantes: Martha Alicia Tapasco de Tapasco y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda vulneraron o no los derechos fundamentales de los peticionarios10. Estas, también conocidas como defectos, son: defecto orgánico11; defecto procedimental12; defecto fáctico13; defecto material o sustantivo14; defecto por error inducido15; defecto por falta de motivación16; defecto por desconocimiento del precedente17 y defecto por violación directa de la Constitución18. 4.- El cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela en el caso concreto

(i) La tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues en el presente asunto no se discute una situación de índole legal, sino de carácter ius fundamental, sobre la base de que se debe determinar si la autoridad judicial accionada desconoció los derechos fundamentales invocados por la parte tutelante al no acoger el precedente definido por esta Corporación sobre la responsabilidad del Estado ante eventos de riesgo o amenazas, y al valorar de manera errada el material probatorio que daba cuenta de la omisión del deber de protección en cabeza de la Policía Nacional. (ii) También se acredita el requisito de subsidiariedad, pues en contra de la sentencia de segunda instancia objeto de tutela no existe otro medio de impugnación. (iii) El presupuesto de inmediatez igualmente se encuentra superado. En efecto, la providencia que se reprocha fue emitida el 06 de diciembre de 2019 y el amparo 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 08 de noviembre de 2018, radicado número 11001-03-15-000-2018-02775-01. 11 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absoluta mente de competencia para ello. 12 Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 13 Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal e n el que se sustenta la decisión. 14 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o qu e presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

15 Se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo c ondujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 16 Implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido de que precisamente en esa motivación reposa la leg itimidad de su órbita funcional. 17 Se configura cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y e l juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. 18 Emerge cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto o se aplic a la ley al margen de los dictados de la Constitución. 12 Acción de Tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2020-02379-01

Accionantes: Martha Alicia Tapasco de Tapasco y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda se interpuso el 02 de junio de 2020, esto es, dentro del término razonable señalado por la jurisprudencia.

(iv) De la misma forma, el escrito de tutela está debidamente motivado por cuanto se indicaron de forma razonada los hechos vulneradores y los derechos fundamentales trasgredidos. Es de anotar que si bien la parte accionante alegó además del defecto fáctico una violación directa a la Constitución, lo cierto es que este último se soporta en el desconoc