CE-11001-03-15-000-2020-02654-00-2020

EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN 18812 DEL 21 DE ABRIL DE 2020 DE LA SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO / AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO /

PROCEDENCIA DEL CONTROL DE LEGALIDAD / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL Sin perjuicio de los análisis que corresponda realizar al momento de fallar de fondo, en esta etapa del proceso el Despacho considera que la Resolución 18812 del 21 de abril de 2020 de la Superintendencia de Industria y Comercio sí desarrolló el Decreto Legislativo 507 del 1 de abril de 2020 en la medida en que las órdenes de carácter general impartidas materializan su finalidad, que persigue que los precios promedio de los listados de productos de primera necesidad definidos por los Ministerios de Salud y Protección Social, Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura y Desarrollo Rural, no sean objeto de cobros excesivamente altos mientras perduren las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. De conformidad con lo anterior, se advierte que el control inmediato de legalidad resulta procedente únicamente en relación con las disposiciones de carácter general que contiene la Resolución 18812 del 21 de abril de 2020 de la Superintendencia de Industria y Comercio. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / COMPETENCIA DE LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO De conformidad con los artículos 111 del CPACA y 20 de la Ley 137 de 1994, a la

Sala Plena Contenciosa de esta Corporación le corresponde ejercer el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general dictados por autoridades nacionales con fundamento y durante los estados de excepción que establece la Constitución Política. Además, por virtud de lo dispuesto en los artículos 185 del CPACA y 23 del Acuerdo 080 de 2019 –compilatorio del reglamento del Consejo de Estado– que distribuyó el reparto de los distintos asuntos con base en criterios de especialización y volumen de trabajo, la sustanciación del control inmediato de legalidad le corresponde a cualquiera de los magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. En Acta No. 9 del 1º de abril de 2020 la Sala Plena de esta Corporación aprobó asignar las decisiones del control inmediato de legalidad a las Salas Especiales de Decisión.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 136 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 185 / ACUERDO 080 DE 2019 DEL CONSEJO DE ESTADO –

ARTÍCULO 23

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 25

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-02654-00

Actor: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Demandado: RESOLUCIÓN 18812 DEL 21 DE ABRIL DE 2020

Referencia: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD Procede el Despacho, en el marco del medio de control inmediato de legalidad consagrado en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, a pronunciarse sobre si avoca el conocimiento de la Resolución 18812 del 21 de abril de 2020, proferida por la Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, “Por medio del cual se imparte una orden administrativa de carácter general con el fin de evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores”.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante reparto del 17 de junio de 2020 este Despacho recibió el acto de la referencia, para que esta Corporación ejerza el control inmediato de legalidad establecido en el artículo 136 del CPACA1.

2. El contenido de la Resolución 18812 del 21 de abril de 2020 de la Superintendencia de Industria y Comercio es el siguiente (se transcribe en forma literal): “En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en el Decreto 4886 de 2011, y en las Leyes 1437 y 1480 de 2011 y.

CONSIDERANDO: “PRIMERO: Que la Constitución Política de Colombia, estable en su artículo 2°, como fin esencial del Estado, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos de los consumidores: 1 “CPACA. Artículo 136. Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código. // “Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento”. “ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (Negrilla fuera del texto original). “SEGUNDO: Que sobre el carácter constitucional de los derechos a la vida y la salud de las personas, los artículos 11 y 49 de la Constitución Política de Colombia, establecen la obligación, en cabeza del Estado, de garantizar la vida y la protección a la salud de los consumidores colombianos, en los siguientes términos:

ÁRTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. (...) ARTICULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. (Énfasis fuera de texto). “TERCERO: Que el artículo 78 de la Carta Política de 1991, otorga rango superior a los derechos de los consumidores, al señalar: ÁRTICULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la

salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos . (Énfasis fuera del texto). “CUARTO: Que así mismo, la Constitución Política de Colombia estableció como finalidades del Estado, el bienestar general de la población, indicando: ÁRTICULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. (Énfasis fuera del texto). “QUINTO: Que el artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, establece, dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor la siguiente: ÁRTÍCULO 12. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al

Consumidor:

1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el procedimiento aplicable las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la ley, así como por inobservancia de

órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia. (...)

13. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependenciá. (Negrilla y subrayado fuera del texto original). “SEXTO: Que los artículos 1° y 2° de Ley 1480 de 2011, “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”, consagran los principios orientadores de la materia y su objeto, así: ÁRTÍCULO 1. Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a:

1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. (...) ARTÍCULO 2. Objeto. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente.

Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley. Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados. (Énfasis fuera del texto) “SÉPTIMO: Que la Ley 1480 de 2011 –Estatuto del Consumidor-, en su artículo 3°, numerales 1.1, 1.2 y 1.3., define los derechos de los consumidores

a recibir productos de calidad, a la seguridad e indemnidad y a recibir información, de la siguiente manera: ÁRTÍCULO 3. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán como derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les reconozcan leyes especiales, los siguientes:

1. Derechos: 1.1. Derecho a recibir productos de calidad: Recibir el producto de conformidad con las condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del mercado. 1.2. Derecho a la seguridad e indemnidad: Derecho a que los productos no causen daño en condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores. 1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. (...). (Énfasis fuera del texto) “OCTAVO: Que en los numerales 1°, 3°, 6°, 8° y 14 del artículo 5° de la Ley 1480 – Estatuto del Consumidor –, se encuentran definidos los siguientes conceptos: Ártículo 5. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: (...)

1. Calidad: Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la información que se

suministre sobre él. (...)

3. Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario.

(...)

6. Idoneidad o eficiencia: Aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado.

(...)

8. Producto: Todo bien o servicio. (...)

14. Seguridad: Condición del producto conforme con la cual en situaciones normales de utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los términos de la presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento, no presenta riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. En caso de que el producto no cumpla con requisitos de seguridad establecidos en reglamentos técnicos o medidas sanitarias, se presumirá inseguró. “NOVENO: Del mismo modo, los numerales 12 y 13 del artículo 5° de la citada Ley definen la publicidad y publicidad engañosa como: (...) Artículo 5. DEFINICIONES.

Para los efectos de la presente ley, se entiende por: (...)

12. Publicidad: Toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo.

13. Publicidad engañosa: Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión. (...)

“DÉCIMO: Respecto a la información mínima que se debe suministrar a los consumidores, el artículo 23 del Estatuto del Consumidor, dispone: (...) Artículo 23. Información mínima y responsabilidad. Los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información mínima debe estar en castellano. (...). “DÉCIMO PRIMERO: Igualmente, y en relación con la publicidad engañosa el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011, reza: (...) Artículo 30. Prohibiciones y responsabilidad. Está prohibida la publicidad engañosa. El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio de comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave. En los casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y perjuicios causados. (...) “DÉCIMO SEGUNDO: Ahora bien, en lo referente a ventas atadas, es pertinente indicar que el Estatuto del Consumidor en el artículo 36, señala: (...) Artículo 36. Prohibición de ventas atadas Sin perjuicio de las demás normas sobre la materia, para efectos de la presente ley no se podrá condicionar la adquisición de un producto

a la adquisición de otros. Tampoco se podrá condicionar el recibo de un incentivo o premio a la aceptación de un término contractual. (...) “DÉCIMO TERCERO: Por otra parte, en el artículo 55 de la precitada norma se dispone respecto de la de la especulación y el acaparamiento, lo siguiente: Ártículo 55. Especulación, el acaparamiento y la usura. Para los fines de la presente ley se entenderá: Especulación. Se considera especulación la venta de bienes o la prestación de servicios a precios superiores a los fijados por autoridad competente. Acaparamiento. Se considera acaparamiento la sustracción del comercio de mercancías o su retención, cuando se realiza con la finalidad de desabastecer el mercado o presionar el alza de precios. (...) PARÁGRAFO: Cundo la infracción administrativa se cometa en situación de calamidad infortunio o peligro común, la autoridad competente podrá tomar de forma inmediata todas las medidas necesarias para evitar que se siga cometiendo la conducta, (...) De comprobarse que la conducta se realizó aprovechando las circunstancias enunciadas en el presente parágrafo, la sanción establecida en el artículo 61 podrá ser aumentada en la mitad. (...). “DÉCIMO CUARTO: Que en el numeral 2.3.2 de la Circular Única y la Circular Externa No. 07 del 4 de diciembre de 2017, que resolvió “Modificar el numeral 2.3 y 2.4 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la

Superintendencia de Industria y Comercio”, prevé respecto de la “Disponibilidad de vueltas correctas” lo siguiente: Én la fijación del precio al público se deberá utilizar denominaciones en moneda de curso legal. Para garantizar que el consumidor no pague más del precio anunciado, será responsabilidad del establecimiento disponer de las denominaciones necesarias para suministrar al consumidor el cambio correcto. En ningún caso el cambio podrá ser inferior al que arroje la cuenta, por tal razón, en el evento de que el establecimiento no disponga de las denominaciones necesarias para suministrar el cambio debido o vueltas correctas, el dinero que le sea reintegrado al consumidor deberá corresponder a la cifra superior más cercana a la que tenga disponibilidad el comerciante, y en ningún caso inferior a lo que se le debía devolver a título de cambió. “DÉCIMO QUINTO: Que en el numeral 2.3.2.1 de las citadas circulares se dispone respecto del “Aviso de cumplimiento” que: “El consumidor tiene derecho a recibir información permanente sobre la disponibilidad de “vueltas” correctas. Con tal propósito, los establecimientos de comercio abiertos al público deberán colocar en la zona de cajas registradoras, por lo menos un letrero por cada tres (3) registradoras o fracción, que pueda ser leído a simple vista y sin dificultad desde cualquiera de ellas, con las dimensiones, colores, tipo de letra y diseño” señalado a continuación: “DÉCIMO SEXTO: Que la inobservancia de las disposiciones legales mencionadas, trae como consecuencia las sanciones contempladas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del consumidor, así:

(...) Artículo 61. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer, previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación de remitir información con ocasión de alguno de los regímenes de control de precios:

1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción.

2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días;

3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en Internet o del medio de comercio electrónico utilizado;

4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de esta sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad;

5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y seguridad de los consumidores.

6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía.

Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han autorizado o ejecutado conductas contrarias a las normas contenidas en la presente ley, se les podrán imponer multas hasta por trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la imposición de la sanción y la prohibición de ejercer el comercio hasta por cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la sanción. (...) “DÉCIMO SÉPTIMO: CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN “17.1 Acerca de la facultad de la Superintendencia de Industria y Comercio para impartir órdenes administrativas. “Frente a las órdenes administrativas, es pertinente señalar que Jaime Orlando Santofimio Gamboa en su obra Áproximaciones a los procedimientos administrativos en la Ley 1480 de 2011. El Estatuto del Consumidor y sus relaciones con la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativó, señala que la imposición de órdenes que hacen parte de las facultades administrativas, buscan hacerefectivaslas disposiciones constitucionales y legales, para lo cual, esta Superintendencia debe dirigir sus actuaciones en el marco de las garantías legales a la protección de los consumidores, interviniendo en el ejercicio de las actividades económicas o de derechos, a través de órdenes o medidas preventivas, así como también intervenir mediante la imposición de sanciones, como se lee a continuación: 10. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 62 de la

Ley 1480 de 2011, a la Superintendencia de Industria y Comercio, como a los alcaldes, [se les otorgan] precisas facultades administrativas de ordenación, o de otrora policía administrativa, esto es de control y vigilancia con la finalidad de hacer efectiva la preceptiva constitucional de protección al consumidor. El ejercicio de estas atribuciones conlleva la expresa facultad discrecional de imponer las sanciones administrativas que correspondan a los infractores de la ley, las cuales deben imponerse previo cumplimiento de las garantías constitucionales. (...) Se entiende entonces al poder administrativo del Estado Colombiano, con las potestades y facultades necesarias, en los términos de las normas imperativas superiores (principio de legalidad), para ordenar las actividades privadas en aras de la preservación de los intereses de la comunidad. El ejercicio de la actividad ordenadora de la administración, en este sentido, tiene la particularidad de incidir en la vida social, económica, política y civil de los particulares, esto es, de todas las actividades o derechos que eventualmente afecten su vida en comunidad. (...) Bajo este marco conceptual y de ejercicio de la moderna actividad ordenadora de la administración (o si se quiere, dentro del contexto clásico del poder de policía [...]) obtiene sus bases en el Derecho colombiano, la actividad de la Superintendencia de Industria y Comercio. Frente a este conjunto de limitaciones y ordenaciones de los intereses y derechos de los particulares, a las autoridades competentes les corresponde actuar de manera previa, mantener la limitación o permitir el ejercicio de la actividad o del derecho o simplemente sancionar a los infractores.

“Así mismo, es preciso señalar que, frente al desarrollo de las facultades de inspección, vigilancia y control, el Consejo de Estado ha expuesto lo siguiente: (...) Las superintendencias, entonces, tienen a su cargo el ejercicio de una modalidad de la policía administrativa cual es la función de inspección, vigilancia y control de diversos ámbitos de actividad de las personas, en los precisos términos dispuestos por la ley o por la correspondiente delegación o desconcentración de funciones originariamente atribuidas al Presidente de la República, legalmente autorizadas (...). “Así pues, ante la posibilidad o la vulneración de interés general, el Estado puede intervenir de manera legítima en el actuar de los particulares, limitando algunos derechos de índole individual, mediante el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control, asunto frente al cual, la Corte Constitucional, ha señalado que: (...) Las funciones de inspección, vigilancia y control se caracterizan por lo siguiente: (i) la función de inspección se relaciona con la posibilidad de solicitar y/o verificar información o documentos en poder de las entidades sujetas a control, (ii) la vigilancia alude al seguimiento y evaluación de las actividades de la autoridad vigilada, y (iii) el control en estricto sentido se erige en la facultad de impartir órdenes administrativas orientadas a evitar que se produzcan daños o perjuicios a los consumidores por la violación de las normas relativas a su protección. “De igual modo, se hace necesario señalar que en el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, se encuentra la facultad con la que cuenta esta

Autoridad para ordenar medidas a fin de evitar daños a los consumidores, como un instrumento legítimo y que hace parte de la potestad sancionatoria a cargo del Estado. “Así pues, la norma en comento establece que “(...) la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera expresa a otra autoridad (...) 9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor”. “En ese orden de ideas, y en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control, esta Superintendencia como autoridad en materia de protección al consumidor, con la finalidad de proteger la vida y la integridad de los consumidores y evitar que se les cause un perjuicio, puede impartir órdenes administrativas con fundamento en el Estatuto del Consumidor en aras de garantizar la protección del interés general. “17.2 Denuncias interpuestas ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor. “Con ocasión al estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno Nacional, para atender las consecuencias derivadas de la llegada del COVID19 o “Coronavirus” a Colombia, se han desatado compras inusuales por parte de los consumidores con la finalidad de abastecerse de algunos bienes, necesarios para prevenir el contagio del virus o para cubrir sus necesidades básicas en atención a las medidas de aislamiento. Dicha situación ha desencadenado el aprovechamiento de algunos productores o comercializadores para la práctica de conductas prohibidas en las normas de

protección al consumidor, obligando el pago de sumas excesivas por parte de los consumidores para la adquisición de productos que, en la actual coyuntura que atraviesa el país, se han convertido en artículos de primera necesidad y que son adquiridos por los consumidores en tiendas cercanas a su hogares, con la finalidad de atender la cuarentena ordenada por el Gobierno. “Es así como, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, ha recibido entre el entre el 18 de febrero y el 12 de abril de 2020, un total de 2.577 denuncias, relacionadas con la emergencia actual, de las cuales, una vez efectuada la correspondiente analítica de datos se pudo establecer que en al menos 1.867 denuncias se ponen en conocimiento posibles infracciones o inconformidades originadas en las tiendas del país a nivel nacional. De las quejas contra este tipo de establecimientos, en 426 no se pudo individualizar la persona denunciada, dado que la información de la denuncia no permitió dicha identificación. “Los motivos de las 1.867 denuncias presentadas, corresponden a: Motivo % respecto al total de denuncias Incremento de precios en 92,39% productos de la canasta familiar Incremento de precios en 5,78% tapabocas, antibacteriales o alcohol Acaparamiento 0,64% Restringen acceso a personas sin 0,54% tapabocas No se evidencia abastecimiento 0,21% en los establecimientos Venta atada 0,21% Se evidencia más de 50 personas 0,11% en un solo lugar Restricción de venta de 0,05% productos por persona Ninguna restricción en 0,05%

cuarentena Tabla porcentaje de denuncias recibidas contra tenderos por motivo – Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor “Como se desprende de la información anterior, los consumidores han elevado de manera significativa su inconformidad, especialmente por conductas relacionadas con el incremento de precios en productos de la canasta familiar, y aquellos como tapabocas, geles antibacteriales y alcohol, considerados como necesarios para prevenir el contagio del virus COVID -19. Así mismo se evidencia una cantidad importante de denuncias por presunto acaparamiento y otras relacionadas con inconformidad ante la no toma de medidas adecuadas ante la emergencia sanitaria y el desabastecimiento de productos. “Igualmente, de las quejas interpuestas, se evidencia que las ciudades o municipios con más quejas son Bogotá D.C., Medellín, Cali, Soacha y Bucaramanga, Ibagué y Envigado, no obstante, en 268 quejas no se puedo establecer el municipio sede del establecimiento de comercio que originó la denuncia, por falta de indicación a la hora de su interposición: Motivo % respecto al total de denuncias Bogotá D.C. 1186 Sin establecer 268 Medellín 61 Cali 43 Soacha 18 Bucaramanga 18 Ibagué 14 Envigado 11 Tabla Nº denuncias por municipio – Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor “Ahora bien, mediante Decreto Legislativo 507 de 1 de abril de 2020, el Gobierno N