CE-11001-03-15-000-2020-02923-00(AC)-2020

Radicado: 11001-03-15-000-2020-02923-00

Accionante: Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios y otra

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / PRINCIPIO

DE LA SANA CRÍTICA - Aplicación / INEXISTENCIA DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA /

INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES La parte accionante indicó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, valoró de manera indebida el material probatorio que allegó al proceso, en el entendido que estaba acreditado el daño derivado del retardo injustificado de las autoridades judiciales a cargo del proceso penal (…) [L]a Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación judicial encontró probado el daño derivado de la pérdida de la oportunidad de la aquí accionante. Sin embargo, concluyó que aquel no era imputable a la entidad demanda porque no existían pruebas que determinaran que existió una dilación o retraso injustificado por parte de las autoridades judiciales que conocieron el proceso penal. Precisó que no fue aportado el expediente y, de esa manera, no podían comprobarse las actuaciones del proceso penal ni si existió alguna complejidad en la etapa probatoria o solicitudes procesales de las partes que intervinieron que justificaban la demora del trámite, de modo que no existían elementos de juicio suficientes

para identificar las razones del retardo en que se incurrió y, de contera, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (…) [L]a Subsección avizora que es deber de la parte demandante acreditar, a través del acervo probatorio, los elementos de la responsabilidad estatal, esto es, el daño antijurídico, la acción u omisión imputable a una autoridad y el nexo causal entre los dos. No obstante, en el asunto bajo estudio solamente se acreditó el primero de ellos, lo cual no era suficiente para declarar aquella (…) [S]e colige que la corporación accionada no estaba obligada a aplicar las sentencias referidas por la parte accionante en el escrito de tutela, dado que las mismas no constituían precedente judicial. Siendo así, se determina que la corporación judicial no incurrió en desconocimiento de precedente judicial ni en defecto fáctico, como se concluyó en precedencia, por lo cual se negará el amparo solicitado por la señora [C.R.B] y la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-02923-00(AC)

Actor: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CRÉDITO SOLIDARIOS

Y OTRA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-02923-00

Accionante: Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios y otra Temas: Tutela contra providencia que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ante la prescripción de proceso penal. Ausencia de los defectos invocados.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA ASUNTO La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela, decide la acción de la referencia. HECHOS RELEVANTES a) Medio de control de reparación directa La señora Carolina Romero Burbano, quien actúa en nombre propio y como apoderada judicial de la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios, señaló que en el año 1998 la gerente de la época de la entidad financiera presentó denuncia penal en contra de los señores Octavio Giraldo Neira, Humberto José Vidal Mayorga y Gladys Constanza Vargas Ortiz, por las irregularidades en la celebración de algunos contratos, las cuales conllevaron a la liquidación y cesación de pago de estos y a la intervención de la Superintendencia Bancaria. Explicó que el 25 de marzo de 2008 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali profirió sentencia condenatoria en contra de las personas referidas por el delito de abuso de confianza calificado y agravado y les ordenó pagar la suma de $ 601.946.590 a favor de la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios.

Dicha decisión fue apelada y en sentencia del 24 de junio de 2008, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Penal, declaró la prescripción de la acción penal. Precisó que la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios instauró demanda de reparación directa en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los perjuicios ocasionados por el retardo injustificado del proceso que finalizó con la prescripción de la acción penal y en el cual se había constituido como parte civil. El 29 de julio de 2011 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, por lo cual la Cooperativa presentó recurso de apelación. El 12 de agosto de 2019 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la decisión de primera instancia. b) Inconformidad Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 11001-03-15-000-2020-02923-00

Accionante: Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios y otra La parte accionante1 consideró que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al emitir la decisión del 12 de agosto de 2019, incurrió en un defecto fáctico, por indebida valoración de las pruebas del proceso, pues concluyó que la demandante no acreditó el retardo injustificado de las autoridades judiciales a cargo del proceso penal, cuando lo cierto es que, en los asuntos de

responsabilidad del Estado por mora en la resolución de procesos judiciales, la entidad de administración judicial es la que debe probar su diligencia y celeridad en la resolución del asunto o la existencia de una justificación objetiva, válida y suficiente de la dilación, tal y como lo ha sostenido el órgano de cierre en sus decisiones en casos similares. Igualmente, señaló que la autoridad judicial accionada también incurrió en una violación directa de los artículos 2.°, 8.° 25, 29, 228 y 229 de la Constitución Política y desatendió los artículos 2.°, 4.°, .7.°, 9.° y 153 de la Ley 270 de 1996, el ordinal 5.° del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 y desconoció el precedente jurisprudencial definido en las sentencias C301 de 1993, T-190 y T-604 de 1995, T-577 de 1998, T-1068 de 2004, T-030 de 2005 y T-283 de 2013 de la Corte Constitucional, del 12 de diciembre de 2019 expediente 50001-23-31-000-2008-00371-01(64177) del Consejo de Estado y los casos Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil de 2010, Bulacio vs. Argentina, y Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. PRETENSIONES Solicitó amparar sus derechos fundamentales al trabajo y los derechos al debido

proceso, igualdad y aquellos de índole convencional de la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios. En consecuencia, requirió dejar sin efectos la sentencia del 12 de agosto de 2019 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y ordenarle que emita una nueva decisión en la que acceda a las pretensiones de reparación.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. La magistrada María Adriana Marín expuso que la acción de tutela es improcedente ante el incumplimiento del requisito de la inmediatez, pues la sentencia cuestionada en esta instancia fue notificada por edicto desfijado el 30 de septiembre de 2019 y la solicitud de amparo se interpuso hasta el 2 de julio de

2020. Además, advirtió que, contrario a lo expuesto por la parte accionante, los términos judiciales no fueron suspendidos para las acciones constitucionales, lo cual puede corroborarse en el Acuerdo PCSJA20-11518 de 2020 y los demás

1Al respecto, se advierte que involuntariamente en la parte resolutiva del auto admisorio se omitió mencionar a la señora Carolina Romero Burbano como accionante y únicamente se hizo referencia a la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidario, por lo cual se aclara que ambas serán tenidas en cuenta como solicitantes del amparo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios y otra actos que emitió el Consejo Superior de la Judicatura en el marco del Estado de

Emergencia Económica, Social y Sanitaria. De otra parte, sostuvo que el fallo del 12 de agosto de 2019 no está incurso en un defecto fáctico, puesto que los casos en los que se reclama la indemnización por mora judicial se analizan bajo un régimen subjetivo de responsabilidad y, por tanto, el demandante es quien debe acreditar la culpa de la entidad demandada, como se expuso en la decisión cuestionada. En efecto, la carga de la prueba recae en el extremo demandante, quien debe probar el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora y, para el caso concreto, aportar el proceso penal, en el cual se alegaba el retardo, pero no lo hizo ni solicitó su decreto como prueba en el medio de control de reparación directa. Frente a lo anterior, añadió que sin el expediente de la actuación penal no pudo determinarse cuál fue el comportamiento procesal de las partes y de los jueces a cargo de la causa y, en consecuencia, que la declaratoria de prescripción de la acción penal constituyó una falla del servicio por retardo injustificado. En igual sentido, afirmó que no existió un desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues en la decisión judicial del 12 de agosto de 2019 se aplicó la tesis o criterio pacífico del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo, se contó con una carga argumentativa suficiente y se aplicó la

norma sustancial y procesal pertinente, por lo que no puede aceptarse la solicitud de amparo como una instancia adicional. Los vinculados al trámite constitucional no rindieron informe, a pesar de que el auto admisorio del 6 de julio de 2020 fue notificado en debida forma. CONSIDERACIONES Competencia La Subsección “A”, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el ordinal 7.º del artículo 1.º del Decreto 1983 de 20171, en cuanto estipula que «Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto». Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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Accionante: Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios y otra Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional2 y el Consejo de Estado3 ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de

procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005. Por su parte el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.

Veamos: Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la vía de hecho planteada. Estos son los siguientes: (i) la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) cuando se argumente una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la sentencia que se impugna y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue

dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la 2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018

de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T010 de 2012, T1090 de 2012, T074 de 2012, T399 de 2013, T-482 de 2013, T509 de 2013, , T254 de 2014, T941 de 2014 y T-059 de 2015. 3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)

Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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Accionante: Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios y otra decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de

las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. Procedencia de la acción de tutela contra providencias del Consejo de Estado Resulta necesario poner de presente que en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precitada en el acápite anterior, se decidió admitir la procedencia de la acción de tutela cuando se discuten providencias judiciales de esta corporación judicial, por lo cual desde esa oportunidad este ha sido el criterio pacífico del Consejo de Estado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en pronunciamientos recientes, la Corte Constitucional5 ha venido sosteniendo que la procedencia de las acciones de tutela dirigidas para debatir sentencias judiciales dictadas por altas corporaciones debe ser más restrictiva, por lo cual, además de los requisitos generales de procedencia y los específicos de procedibilidad, debe acreditarse la existencia de una irregularidad que desconozca abiertamente mandatos constitucionales o que resulte incompatible con la jurisprudencia sentada por el máximo tribunal constitucional sobre el alcance de un derecho fundamental y, que por ende, requiera la imperiosa intervención del juez constitucional, en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales. Lo anterior en atención a la prerrogativa asignada a las altas cortes consistente en unificar jurisprudencia y ser los órganos de cierre de su jurisdicción, con lo cual dotan de seguridad jurídica las decisiones judiciales y brindan certeza a los usuarios que acuden a los procesos en busca de administración de justicia. Bajo este contexto, la Corte Constitucional coligió que cuando no se presente una irregularidad de la entidad antes señalada, debe admitirse las interpretaciones y

valoraciones probatorias, inclusive si el juez de tutela no comparte la decisión. Bajo este contexto, el juez de tutela debe ser especialmente cuidadoso cuando la acción se dirige a controvertir providencias judiciales del Consejo de Estado, ya que únicamente puede intervenir en la decisión adoptada cuando estén plenamente superadas las exigencias generales y exista una arbitraria vulneración a un derecho fundamental con ocasión de la incursión en una causal específica de procedencia. Problema jurídico El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas: 1. ¿El presente asunto satisface el requisito de la inmediatez? 5 Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: SU-917 de 2010, SU-074 de 2016, SU-050 de 2017, SU-573 de 2017, SU-050 de 2018 y SU-072 de 2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 11001-03-15-000-2020-02923-00

Accionante: Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios y otra En caso de una respuesta afirmativa al anterior interrogante, deberá resolverse lo siguiente: 2. ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al proferir la sentencia del 12 de agosto de 2019, valoró las pruebas obrantes en el expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica? 3. ¿Las decisiones invocadas por la parte accionante constituyen un precedente judicial aplicable al caso bajo estudio?

Para resolver el problema así planteado se abordará la siguiente temática: (I)

interposición de la acción de tutela, (II) defecto fáctico, (III) análisis de la valoración probatoria efectuada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, (IV) desconocimiento del precedente y (V) estudio del desconocimiento del precedente invocado. Veamos: - Primer problema jurídico ¿El presente asunto satisface el requisito de la inmediatez?

I. Interposición de la acción de tutela Carolina Romero Burbano, quien actúa en nombre propio y como apoderada judicial de la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios, solicitó la protección de su derecho fundamental al trabajo y los derechos al debido proceso, igualdad y derechos convencionales de la asociación, los cuales consideró vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con ocasión de la expedición de la sentencia del 12 de agosto de 2019. Para soportar su petición, manifestó que la corporación judicial accionada incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria y desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte

Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, una vez revisado el expediente, se tiene que la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios, a través de la abogada Carolina Romero Cardona, quien poseía el 30 % de los derechos litigiosos, instauró demanda de reparación directa en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los perjuicios ocasionados con el retardo injustificado en el proceso penal que finalizó con la prescripción de la acción, en el cual la

asociación fungió como parte civil afectada6. De igual forma, se aprecia que el 29 de julio de 2011 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, al concluir que el daño no se había demostrado porque el dictamen contable allegado para acreditarlo no tenía valor probatorio7. Por lo anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación. 6 ff. 1-25 archivo d1100103150002020033150011recibepruebas2020821123657 del expediente digital. 7 Información consignada en la sentencia del 12 de agosto de 2019, f. 4. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 11001-03-15-000-2020-02923-00

Accionante: Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios y otra Asimismo, se denota que el 12 de agosto de 2019 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la decisión de primera instancia, con fundamento en que el daño derivado del retardo en la adopción de la decisión de segunda instancia del proceso penal no podía imputarse a la Rama Judicial, puesto que no estaba demostrada la mora injustificada. Al respecto, indicó que sólo fueron allegadas la sentencia de primera instancia, la providencia que decretó la prescripción de la acción penal y un dictamen contable, pruebas insuficientes para determinar si el Juzgado Penal incurrió en negligencia o descuido o si ello se debió o no a la complejidad del asunto, al comportamiento de las partes y a los

hechos acaecidos en la actuación que impidieron cumplir con los términos definidos en el Código de Procedimiento Penal8. Dicha providencia fue notificada por edicto fijado entre el 26 de septiembre y el 30 del mismo mes de 20199 y quedó debidamente ejecutoriada el 3 de octubre de la misma anualidad10. Ahora bien, teniendo en cuenta que la procedencia del amparo amerita el cumplimiento de los requisitos de procedencia, para el caso objeto de estudio, en relación con el término de inmediatez, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante providencia del 5 de agosto de 201411, explicó que el mencionado requisito cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, la corporación en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201412, acogió como regla general un plazo de seis meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia, según el caso. En esa medida, el término para presentar la acción de tutela en el presente asunto inició el 4 de octubre de 201913 y venció el 6 de abril de 202014. No obstante, la acción de la referencia fue interpuesta hasta el 1.° de julio de 202015, esto es, por fuera del término de los seis meses previstos jurisprudencialmente. Sin embargo, se tiene que la parte accionante, en el escrito inicial, expuso como justificante para la interposición tardía de la solicitud de amparo el hecho de que los términos judiciales se encontraban suspendidos para la formulación de

acciones de tutela que no versaban sobre asuntos relacionados con el mínimo vital o el derecho a la salud, debido a las medidas de aislamiento y confinamiento decretadas por el Gobierno Nacional por la emergencia sanitaria originada por el COVID-19. Así, advirtió que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante 8 ff. 1-22 archivo d1100103150002020029230010expedientedigital20207311824 del expediente digital. 9 f. 1 archivo d110010315000202002923008expedientedigital20207311824. 10Código General del Proceso, Artículo 302. Ejecutoria. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”. 11 C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 12 Ibidem. 13 Día siguiente a la fecha en que adquirió ejecutoria la providencia discutida. 14 En consideración a que los días 4 y 5 de abril fueron días inhábiles, sábado y domingo. 15 Constancia de recibido de correo electrónico, a través del cual la apoderada del accionante radicó la acción de tutela de la referencia, ff. 1-2 archivo d110010315000202002923001expedientedigital20207311824 del expediente digital. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Radicado: 11001-03-15-000-2020-02923-00

Accionante: Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios y otra Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA2011532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567 de 2020, suspendió los términos judiciales hasta el 30 de junio de 2020, reanudándose el conteo a partir del día siguiente al vencimiento, esto es, desde el 1.° de julio de la presente anualidad, fecha en la cual interpuso la solicitud de amparo.

Frente a ello, la Subsección encuentra que, contrario a lo que aduce la accionante, la suspensión de términos judiciales que el Consejo Superior de la Judicatura prescribió, a través de los actos administrativos enunciados en precedencia, no operó para el trámite y decisión de las acciones de tutela. No obstante, a pesar de que el entendimiento de la parte accionante partió de un supuesto erróneo, es pertinente admitirlo para justificar la interposición tardía de la solicitud constitucional, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, más si se tiene en cuenta que interpuso la demanda el día en que se reactivaron los plazos judiciales, esto es, el 1.° de julio de 2020, lo cual evidencia que ciertamente la parte accionante estaba convencida de que dicha suspensión

también cobijaba a las acciones de tutela. Así las cosas, superadas la exigencia general de la inmediatez y las demás definidas para la procedencia de la acción de tutela, la Subsección se ocupará del análisis de las causales específicas, en los términos planteados en los problemas jurídicos del sub examine. - Segundo problema jurídico ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al proferir la sentencia del 12 de agosto de 2019, valoró las pruebas obrantes en el expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica?

II. Defecto fáctico De conformidad con la jurisprudencia Constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Dicho defecto debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto y, adicionalmente, debe tener una incidencia directa en la decisión.

La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin justificación da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez y 2) Una dimensión positiva, que se presenta Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Accionante: Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios y otra generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas.

A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio. Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo referente al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

III. Análisis de la valoración probatoria efectuada por el Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección A. La parte accionante indicó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, valoró de manera indebida el material probatorio que allegó al proceso, en el entendido que estaba acreditado el daño derivado del retardo injustificado de las autoridades judiciales a cargo del proceso penal. Además, debió considerar que, en los asuntos de responsabilidad del Estado por mora en la

resolución de procesos judiciales, la entidad de administración judicial es la que debe probar su diligencia y celeridad en la resolución del asunto o la existencia de una justificación objetiva, válida y suficiente de la dilación, es decir, que en el caso bajo estudio, la Rama Judicial er