CE-11001-03-15-000-2020-03271-01(AC)-2020

1 Acción de Tutela – segunda instancia Radicación: 11001-03-15-000-2020-03271-01

Accionante: Darío de Jesús Cano Vasco Accionados: Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y otro

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL /

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / ACCIÓN DE TUTELA NO ES UNA TERCERA INSTANCIA En el sub judice, a pesar de que la acción de amparo está debidamente sustentada, se percibe como un medio dirigido a reabrir el debate jurídico que se dio en el ordinario frente al reajuste de la asignación de retiro con el incremento de la prima de actividad sobre el 40% del sueldo básico, a partir del 31 de diciembre de 2004, fecha en la que entró en vigencia el Decreto 4433 de 2004. (...) se evidencia que el accionante pretende revivir el debate sostenido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que los jueces de lo contencioso administrativo, en ejercicio de su autonomía funcional, analizaron el marco normativo y jurisprudencial aplicable, así también, el material probatorio con base en la sana crítica; para concluir que no era procedente el reajuste de su asignación de retiro con el incremento del porcentaje de la prima de actividad, equivalente al 40%, pues su situación se regía por el Decreto 609 de 1977.

FUENTE FORMAL: DECRETO 609 DE 1977 / DECRETO 4433 DE 2004

ACLARACIÓN DE VOTO / REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA CONTROVERSIA – Requisito no previsto en la norma / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA CONTROVERSIA – Requisito sometido a la discrecionalidad del juez constitucional La relevancia constitucional como requisito general de procedencia de la tutela contra providencia judicial no está previsto en norma alguna y su aplicación, a mi juicio, a más de ser otra recepción acrítica de discutibles criterios jurisprudenciales foráneos [“especial trascendencia constitucional” la denomina el Tribunal Constitucional español], plantea serios interrogantes. En efecto: ¿Si la tutela es un mecanismo subsidiario para la protección inmediata de derechos fundamentales, acaso no todas las solicitudes que reúnan los demás presupuestos tendrían -por sí solasrelevancia constitucional? ¿Si el juez en cada caso debe “evaluar” la relevancia constitucional, esa decisión no es otro evento -uno másde esa discrecionalidad que erige a los falladores en amos y señores del proceso judicial, sin referencia a precepto alguno? ¿Hemos sustituido la arbitrariedad de la Administración por la arbitrariedad del denominado “juez constitucional”, que bajo figuras elásticas -como estale entregan un poder absoluto e incontrolado para definir un tema delicado? ¿Es acorde con la Constitución y con la democracia que los jueces decidan cómoda y arbitrariamente a partir de fórmulas tan gaseosas y

extremadamente flexibles?

NOTA DE RELATORÍA: Frente a la aclaración de voto en relación con la tutela contra providencia judicial y la aplicación del precedente de la Corte Constitucional para el asunto, el aclarante remite a la aclaración de voto efectuada en la providencia de 7 de febrero de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-00022-00.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

2 Acción de Tutela – segunda instancia Radicación: 11001-03-15-000-2020-03271-01

Accionante: Darío de Jesús Cano Vasco Accionados: Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y otro

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-03271-01(AC)

Actor: DARÍO DE JESÚS CANO VASCO

Demandado: JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DE

MEDELLÍN Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA QUINTA DE DECISIÓN Asunto: Acción de tutela –segunda instancia Temas: Procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.

Sentido del fallo de tutela: Se confirma la decisión de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo por no haberse dado cumplimiento al requisito general de procedibilidad según el cual el asunto debe ser de evidente

relevancia constitucional. La Sala decide la impugnación1 interpuesta por Darío de Jesús Cano Vasco, en contra del fallo de tutela del 20 de agosto de 20202 mediante el cual la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo. I.- ANTECEDENTES 1.1.- La solicitud de amparo El 21 de julio de 2020, Darío de Jesús Cano Vasco, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela en contra del Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y de la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social, a la igualdad y al mantenimiento del poder adquisitivo de pensiones, así como del principio in dubio pro operario; que consideró vulnerados con las providencias proferidas, en su orden, el 14 de febrero y el 12 de noviembre de 2019, por las autoridades judiciales accionadas, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho rad.05001333303620180036200/01. 1.2.- Hechos 1.2.1.- Darío de Jesús Cano Vasco prestó sus servicios al Ejército Nacional durante 01 año, 10 meses y dos días y en la Policía Nacional en condición de 1 Obra impugnación en 6 folios en digital, cargada a la plataforma SAMAI. Certificado No.

C9D54FAFEFC1F122 E0BAE330F5A1BFA4 0C7370875723F621 FB5B17413A1F74C1.

2 Obra sentencia de primera instancia en 9 folios en digital, cargada a la plataforma SAMAI. Certific

ado No. F6047C018584F87E AF7FC06FF9F41D14 CC9F015C4B898359 B477FCFB05241B0F.

3 Acción de Tutela – segunda instancia Radicación: 11001-03-15-000-2020-03271-01

Accionante: Darío de Jesús Cano Vasco Accionados: Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y otro agente por un espacio de 19 años y 16 días, es decir, acumuló un tiempo total de 20 años, 10 meses y 18 días3. En razón de ello, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –CASUR–, mediante Resolución No. 5733 del 01 de octubre de 19824, ordenó el reconocimiento y pago de su asignación de retiro en cuantía equivalente al 70% del sueldo básico, efectiva a partir del 05 de junio de 1982, con la inclusión de la prima de actividad como partida computable, en un 15%. 1.2.2.- El 14 de febrero de 20185, el accionante solicitó ante CASUR la reliquidación de su asignación de retiro para que se computara “la totalidad (100%) de la prima de actividad devengada al momento de retiro del servicio6 y el porcentaje adicional no pagado (…) durante la vigencia del Decreto 2070 de 2003 y a partir de la vigencia del Decreto 4433 de 2004, como derecho derivado de los mencionados decretos”7. Esta petición le fue negada con oficio No. 20183157CASUR el 21 de febrero del mismo año8.

1.2.3.- En desacuerdo con dicha respuesta, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho9, para que en desarrollo del principio de oscilación y al tenor del contenido de las normas señaladas en los Decretos 2070 de 200310 y 4433 de 200411, se reliquidara su asignación de retiro con la inclusión del 100% del valor de la prima de actividad devengada al momento de su retiro, que 3 Fls.13 y 15 del archivo denominado “EXPEDIENTE PRESTACIONAL-DARIO CANO.pdf” que obra en digital, cargado a la plataforma SAMAI. Certificado No. 7D5CA2536CEE3B7A 4F948A982B3B47F2 5AECAB8E1FAA2781 3C965C644B0748C4. 4 Fls.15-16. Ibídem. 5 Obra petición en 2 folios del archivo denominado “DER DE PET ID 301 834.pdf” en digital, cargada a la plataforma SAMAI. Certificado No. 5825D7AC80C7A8F7 CF53507D54AB4A43

24987252052597A2 72E73B1BFA8F4A67.

6 40% del sueldo básico. Según consta en el formato No. 9ª de la hoja de servicios No. 0907 del 12 de julio de 1982. Archivo denominado “EXPEDIENTE PRESTACIONAL-DARIO CANO.pdf” que obra en digital, cargado a la plataforma SAMAI. Certificado No. 7D5CA2536CEE3B7A

4F948A982B3B47F2 5AECAB8E1FAA2781 3C965C644B0748C4.

7 Fl.1 de la petición que obra en digital. Ibídem. 8 CASUR le informó al accionante que “revisado su expediente administrativo, se constató que la Entidad le reconoció asignación mensual de retiro a partir del 05-06-1982, incluido el 15% de prima de actividad, dando aplicación a lo preceptuado en la norma vigente a la fecha del retiro con la cual se consolidó el derecho de reconocimiento de tal prestación, partida que posteriormente se fue incrementando al 20%. En cuanto a la vigencia de los Decreto 2070 de 2003 y 4433 de 2004, empezaron a regir a partir de su publicación, fechas para las cuales el titular ostentaba la calidad de retirado; por otra parte, la Corte Constitucional mediante sentencia C-432 del 06-05-2004, declaró la inexequibilidad del Decreto 2070 de 2003, no siendo aplicable la mencionada normatividad para el caso. De otra parte; le informo que revisado el expediente administrativo, se constató que la Entidad, con resolución No. 005534 del 23-11-2009, resolvió de fondo su solicitud de reajuste por concepto de IPC. (…)”. Obra contestación en 2 folios del archivo denominado “RESP ID 301834.pdf” en digital, cargada a la plataforma SAMAI. Certificado No. BEEA663A54EF29A7 05B82EF099C055BD 153D1F9BFCE01D8D 0E27ED85373993BC. 9 Según se extraen de las pretensiones transcritas en la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Fl.1 del archivo denominado

“ANEXO 1 EN 25 FOLIOS.pdf” que obra en digital, cargada a la plataforma SAMAI. Certificado No. 1CE7C85F29E80B02 DDBA28D175F5568B BF26BDE0BD6F9A15 FA9F9DF7EE5AD792. 10 “Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares”. 11 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la F uerza Pública.” Artículo 23. Partidas computables. La asignación de retiro, la pensión de invalidez, y la pensión de sobrevivencia a las que se refiere el presente decreto del personal de la Policía Nacional, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así: 23.1 Oficiales, Suboficiales y Agentes 23.1.1 Sueldo básico. 23.1 2 Prima de actividad. (…). 4 Acción de Tutela – segunda instancia Radicación: 11001-03-15-000-2020-03271-01

Accionante: Darío de Jesús Cano Vasco Accionados: Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y otro correspondía al 40% del sueldo básico. 1.2.4.- Del trámite conoció en primera instancia el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín, que en providencia del 14 de febrero de 201912 negó las súplicas de la demanda tras señalar que el Decreto 4433 de 2004 dispuso en su artículo 4513 que su vigencia comenzaba a partir de la fecha de su publicación –31 de diciembre de 2004–, y hacia el futuro, por lo que mal podría

pretenderse su aplicación retroactiva. Añadió que tampoco era dable considerar el principio de oscilación. 1.2.5.- El accionante interpuso recurso de apelación, desatado por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que mediante fallo del 12 de noviembre de 201914-15 confirmó la decisión de primera instancia. Consideró que el acto de reconocimiento de la asignación de retiro tuvo sustento en la norma que se encontraba vigente para el momento en que se accedió a aquella, es decir, en el Decreto 609 de 1977. 1.3.- Fundamentos de la solicitud de amparo El tutelante señaló que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales por cuanto incurrieron en los defectos “sustantivo – violación directa de la Constitución – desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional [y] falta de motivación”16, bajo los siguientes argumentos: Artículo 24. Asignación de retiro para el personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en actividad. Los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sean retirados después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según corresponda, y los que se retiren o sean retirados o sean separados en forma absoluta con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres

(3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro, así: 24.1 El sesenta y dos por ciento (62%) del monto de las partidas computables a que se refiere el artículo 23 del presente Decreto, por los primeros dieciocho (18) años de servicio. 24.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuatro por ciento (4%) por cada año que exceda de los dieciocho (18) hasta los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%). 24.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior se adicionará en un dos por ciento (2%) por cada año, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables. (…). 12 Obra providencia en 25 folios del archivo denominado “ANEXO 1 EN 25 FOLIOS.pdf” en digital, cargada a la plataforma SAMAI. Certificado No. 1CE7C85F29E80B02 DDBA28D175F5568B BF26BDE0BD6F9A15 FA9F9DF7EE5AD792. 13 Artículo 45. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicació n, deroga las demás disposiciones que le sean contrarias y, en especial, los artículos 193 del Decr eto-ley 1211 de 1990, 167 del Decreto-ley 1212 de 1990, 125 del Decreto 1213 de 1990, Ley 103 d e 1912, y los artículos 39 y 40 del Decreto-ley 1793 de 2000.

14 Fallo en 19 folios del archivo denominado “ANEXO 2 EN 19 FOLIOS.pdf” que obra en digital, cargado a la plataforma SAMAI. Certificado No. 9BF3D8ED86B6612A 90D94CDE9BE9F032 315B795E50D03AC8 15AF7F771CDB739C. 15 Mediante auto del 21 de febrero de 2020, el presente fallo fue corregido, en el sentido de no ordenar la condena en costas. Obra providencia en 2 folios en el archivo denominado “ANEXO 3 EN 2 FOLIOS.pdf” en digital, cargada a la plataforma SAMAI. Certificado No. 2C7CE2083B433400 EB6D3CBE006E2807 DBC2682ED10518BF CF461D894CDE2977. 16 Fl.4 del escrito de tutela que obra en digital, cargado a la plataforma SAMAI. Certificado No.

388D65CF69125446 8CCB73CE6F7D9497 1923DA20D428988C A6EF09E3A365E975.

5 Acción de Tutela – segunda instancia Radicación: 11001-03-15-000-2020-03271-01

Accionante: Darío de Jesús Cano Vasco Accionados: Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y otro 1.3.1.- Desconocieron el Decreto 4433 de 2004, el que, en su sentir, se debe aplicar al personal retirado y que gozaba de asignación de retiro antes de su expedición, en lo referente al reajuste de esta prestación económica en favor de los miembros de la Fuerza Pública17. 1.3.2.- Inobservaron la jurisprudencia del Consejo de Estado18 que declaró la

nulidad del artículo 24 y de los parágrafos del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, que establecían condiciones para acceder a la asignación de retiro; las cuales no se fijan en el artículo 23 de la misma disposición normativa, que regula las bases de liquidación de las prestaciones periódicas sin hacer la distinción o restricción exclusiva para quienes se retiren bajo su vigencia19. 1.3.3.- Transgredieron el derecho a la igualdad, pues olvidaron que el personal retirado con anterioridad a la vigencia de la Ley 923 de 2003, cumplió con las mismas funciones y tuvo el mismo riesgo que quienes entraron al servicio activo después de aquella. Así, en su sentir, no es procedente el trato diferenciado que se da a los retirados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, fecha en la que entró en vigencia el Decreto 4433 de 2004, por la discordancia temporal de la causación del derecho20. 1.3.4.- Omitieron dar las razones que justificaban “porqué para él a pesar de todas las similitudes [con el personal retirado con posterioridad a la vigencia de la Ley 923 de 2003], esa diferencia [discordancia temporal de la causación del derecho] es más relevante y pesa más que las similitudes, y como (sic) esa diferencia justifica un trato desigual a dos sujetos con un derecho idéntico que se disfruta por ambos de forma actual y en idénticas circunstancias modales”21. 1.4.- Pretensiones Solicitó: “1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital,

vida en condiciones dignas, seguridad social, mantenimiento del poder adquisitivo de mi pensión, in dubio pro operario, igualdad, y cualquier otro derecho que considere la Corporación violado.

2. Que se dejen sin valor ni efecto los fallos proferidos por el JUZGADO 36

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN el 14 de febrero de 2019 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA QUINTA DE DECISIÓN el 12 de noviembre de 2019 en el proceso con Rad. 05001333303620180036200.

3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el poder adquisitivo de mi asignación de retiro y el mantenimiento de las condiciones logradas con mi trabajo-vida digna ligados con la seguridad social, y la aplicación del entendimiento más favorable de las normas laborales”22. 17 Obran argumentos en este sentido a fls.4-5, 16, 20-22 y 35 del escrito de tutela. Ibídem. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencias del 12 de abril de 2012. Rad. 2006-00016-00; del 28 de febrero de 2013. Rad. 2007-00016-00; y del 23 de octubre de 2014. Rad. 2007-00077-01. 19 Obran argumentos a fls.20-21 del escrito de tutela en digital, cargado a la plataforma SAMAI.

Certificado No. 388D65CF69125446 8CCB73CE6F7D9497 1923DA20D428988C

A6EF09E3A365E975.

20 Obran argumentos a fls.28-32 del escrito de tutela. Ibídem. 21 Obran argumentos a fl.32 del escrito de tutela. Ibídem. 22 Fl.2 del escrito de tutela. Ibídem. 6 Acción de Tutela – segunda instancia Radicación: 11001-03-15-000-2020-03271-01

Accionante: Darío de Jesús Cano Vasco Accionados: Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y otro 1.5.- Trámite procesal del amparo y fundamentos de la oposición 1.5.1.- Mediante auto del 28 de julio de 2020 el Despacho ponente admitió la tutela23 y ordenó la vinculación de CASUR en su calidad de demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento en cuestión24. 1.5.2.- Como fundamento de su oposición, CASUR25 solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo, como quiera que el Tribunal accionado adoptó la decisión reprochada con fundamento en las disposiciones normativas vigentes y aplicables al caso. Además, refirió que: “Para el caso que nos ocupa, el Decreto 286326 de 2007 en su artículo 4º versa “En virtud del principio de oscilación de la asignación de retiro y pensión dispuesto en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con asignación de retiro o pensión de invalidez o a sus beneficiarios y a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional

obtenida antes del 1º de julio de 2007, tendrán derecho a que se les ajuste en el mismo porcentaje en que se haya ajustado el del activo correspondiente, por razón del incremento de que trata el artículo 2º del presente decreto que modifica el artículo 32 del Decreto 1515 de 2007”. Prima de actividad antes del 1 de julio de 2007 20% Incremento por aplicar 50% de la prima de actividad 10% Prima de Actividad (sic) después del 1 de julio de 2007 30% (Decreto 2863 de 2007) En razón a este Decreto y en cumplimiento al mismo expedido por el Gobierno Nacional, oficiosamente se reliquidó el porcentaje de prima de actividad a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, asimismo para efectos de pago al porcentaje de la misma, se tuvo el porcentaje devengado y se le aplicó el 50% adicional, tal como lo ordena el artículo 2º del Decreto 2863 de 2007 del 27 de julio de 2007: “incrementar en un cincuenta por ciento (50%) a partir del 1º de julio de 2006, el porcentaje de la prima de actividad de que tratan los artículos 84 del Decreto-ley 1211 de 1990, 68 del Decreto-ley 1212 de 1990 y 38 del Decreto-ley 1214 de 1990”27. (Subrayado y negrilla propio del texto). 23 Obra auto en 2 folios en el expediente de tutela digital, cargado a la plataforma SAMAI. Certificado No. BAAF6C7C4649A05B D64773912B57B1E6 F09E6D92A6DA58F6

EF8AFFB9376D41F0. 24 Obran notificaciones en 14 folios en el expediente de tutela digital, cargado a la plataforma SAMAI. Certificado No. FA3DC0472F01B022 127530727C7AE778 042CA32343EF8E6B F6B72E58946DB663. 25 Obra contestación en 9 folios en el expediente de tutela digital, cargado a la plataforma SAMAI. Certificado No. 8DEE630EDF749C1E C350288B2756267A A40BB7497FEBA846 C6F397D461C55D24. 26 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1515 de 2007 y se dictan otras disposiciones”. 27 Fls.5-6 de la contestación de la acción de tutela. Ibídem. 7 Acción de Tutela – segunda instancia Radicación: 11001-03-15-000-2020-03271-01

Accionante: Darío de Jesús Cano Vasco Accionados: Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y otro 1.5.3.- El Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín28, afirmó que la providencia de primera instancia objeto de tutela estuvo debidamente sustentada tanto normativa como jurisprudencialmente. 1.5.4.- La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio. 1.6.- Fallo de tutela de primera instancia La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 20 de agosto de 202029 declaró improcedente la solicitud de amparo, por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional,

pues encontró demostrado que lo pretendido por el accionante era constituirla en una instancia adicional al proceso ordinario. Señaló lo que sigue: “En el sub examine, el señor Darío de Jesús Cano Vasco reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia que considera vulnerados con la providencia del 12 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Aunque la parte actora aparentemente aludió a los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que en el escrito de tutela se limitó a reiterar los argumentos expuestos en el recurso de apelación de la sentencia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en primera instancia, luego con la presente solicitud de amparo lo que pretende es provocar un nuevo pronunciamiento por parte del juez de tutela. (…) A juicio de la Sala, el hecho de que la parte actora no esté de acuerdo con lo decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia. (…)”30. 1.7.- Razones de la impugnación El accionante impugnó31 la decisión que antecede. Refirió que pese a que en el escrito de tutela reitera los argumentos dados en el proceso ordinario, lo cierto es que su solicitud tiene una marcada relevancia constitucional, pues: “[E]s evidente que lo que se discute es la violación de [sus] derechos

fundamentales, porque se concentra en [su] asignación de retiro, que tiene que ver con el derecho a la seguridad social, al mínimo vital, al mantenimiento del poder adquisitivo de [su] asignación de retiro, el debido proceso, pues se alega la transgresión del principio pro operario y de favorabilidad, el desconocimiento del 28 Obra contestación en 4 folios en digital, cargada a la plataforma SAMAI. Certificado No. F08D9AF7303B84F6 0312695E51F90F6A EE7564DE776BA84B CA3314B6370C8910. 29 Obra sentencia de primera instancia de tutela en 9 folios en digital, cargada a la plataforma SAMAI. Certificado No. F6047C018584F87E AF7FC06FF9F41D14 CC9F015C4B898359 B477FC FB05241B0F. 30 Fls.5 y 8 de la sentencia de tutela de primera instancia. Ibídem. 31 Obra escrito de impugnación en 6 folios en digital, cargado a la plataforma SAMAI. Certificado

No. C9D54FAFEFC1F122 E0BAE330F5A1BFA4 0C7370875723F621 FB5B17413A1F74C1.

8 Acción de Tutela – segunda instancia Radicación: 11001-03-15-000-2020-03271-01

Accionante: Darío de Jesús Cano Vasco Accionados: Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y otro principio de favorabilidad, de a igual esfuerzo igual remuneración, el derecho a la igualdad y la protección especial de las pesonas de la tercera edad”32. 1.8.- Trámite de segunda instancia

El 07 de septiembre de 202033 el Despacho ponente de primera instancia concedió la impugnación presentada en contra de la sentencia del 20 de agosto de los corrientes. II.- CONSIDERACIONES 2.1.- Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 del 12 de marzo de 2019, por el cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”; esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo de tutela proferido el 20 de agosto de 2020 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que, a su vez, resolvió en primera instancia la solicitud de amparo presentada por Darío de Jesús Cano Vasco en contra del Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y de la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. 2.2.- Problema jurídico 2.2.1.- Le corresponde a la Sala determinar si es procedente confirmar o revocar la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 20 de agosto de 2020, que declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional. 2.2.2.- Para resolver el problema jurídico así planteado, se verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad en contra de providencias judiciales, específicamente el de relevancia constitucional.

2.3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales La Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos 32 Fl.4 del escrito de impugnación. Ibídem. 33 Obra auto que concede impugnación en 1 folio en digital, cargado a la plataforma SAMAI. Certificado No. 01DE5CA38B835A3F 1485F68413805300 4DBACD31C6051F0C

B34F15433C7C5DB6.

9 Acción de Tutela – segunda instancia Radicación: 11001-03-15-000-2020-03271-01

Accionante: Darío de Jesús Cano Vasco Accionados: Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y otro requisitos de procedibilidad34 y de procedencia35, con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior. 2.4.- Verificación del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional en el caso concreto 2.4.1.- Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”36.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos, a saber37: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por

vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos; y (ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. 2.4.2.- En el sub judice, a pesar de que la acción de amparo está debidamente sustentada, se apercibe como un medio dirigido a reabrir el debate jurídico que se dio en el ordinario frente al reajuste de la asignación de retiro con el incremento de la prima de actividad sobre el 40% del sueldo básico, a partir del 31 de diciembre de 2004, fecha en la que entró en vigencia el Decreto 4433 de 2004. Al respecto, la Sala observa que mediante Resolución No. 5733 del 01 de octubre de 198238, al señor Darío de Jesús Cano Vasco le fue reconocida una asignación de retiro en cuya liquidación CASUR computó un 15% de la asignación básica como prima de actividad, en aplicación del Decreto 609 de 1977. Luego, solicitó39 el reajuste de su asignación de retiro, consistente en un incremento del porcentaje de la prima de actividad, equivalente al 40% de su asignación básica, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4433 de 2004, 34 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los

recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser