CE-11001-03-15-000-2020-03782-00(AC)-2020

Radicado: 11001-03-15-000-2020-03782-00

Accionante: Praxedis Salazar Quintero

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA

VALORACIÓN PROBATORIA / PROCESO DE HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN SALARIAL DE CARGOS DEL SECTOR EDUCATIVO – Duración del trámite se encuentra justificado / RETROACTIVO POR HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN SALARIAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS – No genera intereses moratorios / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES La Sección Segunda del Consejo de Estado en las providencias del 18 y 19 de julio de 2019 en las que trató el tema del reconocimiento de intereses moratorios por la tardanza en el pago retroactivo de la homologación salarial al personal de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, describió las etapas que se surtieron en el referido proceso para demostrar que la extensa duración de este se encontraba justificada (…) la Sección Segunda del Consejo de Estado en los pronunciamientos citados ha concluido, a partir del análisis de los hechos, que “en modo alguno el Ministerio de Educación o el Departamento de Risaralda incurrió en alguna dilación del pago, puesto que […] se surtieron las diversas etapas necesarias para efectuar la cancelación de la suma reconocida a la demandante, procedimiento que requirió de varios ajustes y modificaciones, en atención precisamente a las reclamaciones que se efectuaron por parte de los funcionarios

del personal administrativo destinatarios de la nivelación y homologación salarial”. En el caso concreto, [P.S.Q.] alegó que la autoridad accionada en su decisión de declarar que no hubo mora en el pago retroactivo de la homologación y nivelación salarial (i) realizó una valoración “defectuosa” del recaudo de pruebas allegado al expediente; (ii) omitió la valoración de los “actos administrativos que reconocieron la homologación y nivelación salarial; resoluciones que reconocieron el pago del retroactivo generado; certificado de los valores generados anualmente y fecha de pago; oficios de certificación de la deuda entre otros” y (iii) desconoció que la Ley 60 de 1993 prescribió que el traslado y la incorporación del personal debía surtirse en 4 años a partir de su entrada en vigencia. La Sala, por su parte, encuentra que el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la sentencia del 21 de febrero de 2020 hizo un recuento de la normativa desarrollada a través de los años para regular el proceso de homologación y nivelación salarial; citó al Consejo de Estado en sentencias en las que exponía la tesis que se resumió en el apartado 4.1.; y, a partir de dicho marco, adelantó la valoración de los documentos que dieron cuenta del pago retroactivo adeudado a la señora [P.S.Q.], teniendo en cuenta los periodos respecto de los que debía reconocerse y la fecha pago (…) Por lo tanto, se impone concluir que el Tribunal Administrativo de Risaralda sí hizo un análisis sobre las normas procesales y las pruebas allegadas al trámite ordinario que, si

bien no se ajusta a la tesis que presenta la tutelante, es razonable y estuvo determinado por el tratamiento que le ha dado la Sección Segunda del Consejo de Estado a la mora en casos análogos. En atención a lo anterior, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Risaralda no incurrió en los defectos fáctico y sustantivo aducidos por la accionante. Aunado a esto, es pertinente acotar que los reproches elevados por [P.S.Q.] no desvirtúan la decisión de la autoridad accionada, pues se dirigen a demostrar la existencia del retardo en el pago, que ya había sido reconocido en la sentencia, en vez de atacar los motivos por los que el Tribunal Administrativo de Risaralda consideró justificada la duración del trámite de homologación y nivelación salarial.

ACLARACIÓN DE VOTO / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / ACCIÓN DE TUTELA NO ES

UNA TERCERA INSTANCIA / AFECTACIÓN DEL DERECHO AL JUEZ

NATURAL

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-03782-00

Accionante: Praxedis Salazar Quintero Como la acción de tutela contra providencia judicial es excepcional y no constituye una instancia adicional del proceso ordinario, a mi juicio, no era necesario extenderse a aspectos sustanciales de la controversia, definidos por el juez natural del asunto.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con la tutela contra providencia judicial y la

aplicación del precedente de la Corte Constitucional, el Consejero Guillermo Sánchez Luque se remitió a la aclaración de voto que efectuó en providencia de 19 de febrero de 2019, radicación número 11001-03-15-000-2019-00022-00

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-03782-00(AC)

Actor: PRAXEDIS SALAZAR QUINTERO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela presentada por Praxedis Salazar Quintero en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela Praxedis Salazar Quintero solicitó el amparo1 de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad y al mínimo vital, además de la garantía del principio de favorabilidad laboral, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Risaralda, con ocasión de la sentencia del 21 de febrero de 2020 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 66001-33-33-003-2016-00184-02, adelantado en contra del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación del

Departamento de Risaralda. 1 Páginas 2 a 36 del archivo electrónico con certificado 52008719D5E6454A F0E8EA9780ACC378 14CC46114C33C43A

3EA1CD5736CB6BFB en el expediente digital. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-03782-00

Accionante: Praxedis Salazar Quintero

2. Hechos 2.1. La señora Salazar Quintero presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y del Ministerio de Educación Nacional, con la pretensión de que: (i) se declarara la nulidad del oficio 22783 del 7 de diciembre de 2015 en el que el ente territorial le negó el reconocimiento de intereses moratorios en relación con el pago retroactivo resultante del proceso de homologación y nivelación salarial de los funcionarios administrativos; y (ii) a título de restablecimiento del derecho, se condenara a las autoridades demandadas a pagar tales intereses. 2.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, en sentencia del 15 de marzo de 20193, negó las pretensiones de la demanda aduciendo que acogía el análisis efectuado, respectivamente, por el Consejo de Estado y por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en las sentencias del 28 de septiembre de 20174 y del 20 de septiembre del mismo año5, en las que llegaron a la conclusión de que no había existido dilación injustificada en el proceso de homologación y nivelación salarial de los funcionarios administrativos de la Secretaría de Educación de

Risaralda. Esta decisión fue apelada por la señora Salazar Quintero6. 2.3. El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia del 21 de febrero de 20207, confirmó parcialmente la providencia recurrida y sustentó su decisión en los siguientes argumentos: 2.3.1. La jurisprudencia del Consejo de Estado8 ha considerado que, en atención a la magnitud de los trámites económicos y administrativos necesarios para culminar el proceso de homologación y nivelación salarial, y de las apropiaciones presupuestales que debieron realizarse para soportar los consiguientes desembolsos, el periodo comprendido entre 1996 y 2009 constituyó un lapso razonable para su ejecución, que no acarrea una sanción para las entidades públicas encargadas de este. 2.3.2. La indexación y los intereses moratorios son incompatibles pues ambos buscan compensar la devaluación del dinero. En ese orden, en la medida en que el pago reconocido a Praxedis Salazar Quintero ya fue debidamente indexado no corresponde reconocer tales intereses. Esta tesis la fundamentó con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia9 y con el 2 Páginas 38 a 52 ibídem. 3 Páginas 78 a 87 ibídem. 4 Identificada con número de radicación 73001-23-33-000-2014-00244-01. 5 Identificada con número de radicación 66001-23-33-000-2016-00317. 6 Páginas 89 a 110 del archivo electrónico con certificado 52008719D5E6454A F0E8EA9780ACC378 14CC46114C33C43A

3EA1CD5736CB6BFB en el expediente digital. 7 Páginas 127 a 149 ibídem. 8 Sentencia del 28 de septiembre de 2017 identificada con número de radicación 73001-23-33-000-2014-00244-01 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. 9 Sentencias: del 29 de junio de 2016 con número de radicación 46984; del 6 de septiembre de 2012 con número de radicación 39140, del 6 de diciembre de 2011 con número de radicación 41392, del 1 de diciembre de 2009 con número de radicación 37279, del 28 de agosto de 2012 con número de radicación 39130 y del 18 de marzo de 2015 con número de radicación 53406. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-03782-00

Accionante: Praxedis Salazar Quintero concepto del 9 de agosto de 2012 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado10. 2.3.3. No son aplicables al caso ni la sentencia C-367 de 1995 de la Corte Constitucional, ni el artículo 177 del Decreto 1 de 1984, invocados por la accionante, pues se refieren a los intereses moratorios en supuestos que no guardan identidad fáctica con el sub lite.

3. Pretensiones de tutela Praxedis Salazar Quintero, el 19 de agosto de 202011, presentó solicitud de amparo con la pretensión de que: i) se tutelen sus derechos al trabajo, al debido

proceso, al mínimo vital y a la igualdad; y ii) se deje sin efectos la sentencia del 21 de febrero de 2020, proferida por la autoridad accionada, “para que en su lugar sean reconocidos los intereses moratorios causados con el pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial”12.

4. Argumentos de la solicitud de tutela La parte actora, como sustento de sus pretensiones, afirmó que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en los siguientes defectos: 4.1. Fáctico en su dimensión negativa debido a que: (i) realizó una valoración “defectuosa” del recaudo de pruebas allegado al expediente y en consecuencia concluyó de manera injustificada que no existió mora en el pago de las referidas acreencias laborales; y (ii) omitió la valoración de las siguientes pruebas documentales: “actos administrativos que reconocieron la homologación y nivelación salarial; resoluciones que reconocieron el pago del retroactivo generado; certificado de los valores generados anualmente y fecha de pago; oficios de certificación de la deuda entre otros”13. Lo anterior condujo, en su criterio, a “una visión distorsionada de la realidad”14 y a la denegación del derecho reclamado. 4.2. Fáctico en su dimensión positiva porque: (i) tuvo como probado, sin el sustento necesario, que el Estado no incurrió en mora en el pago de las acreencias laborales; (ii) afirmó, sin ser cierto, que no existía norma que facultara el pago de intereses moratorios en casos de homologación

salarial; y (iii) omitió analizar que el trámite de nivelación salarial debía surtirse antes de la incorporación de los funcionarios a la planta de personal de la entidad territorial. 4.3. Sustantivo en la medida en que profirió una decisión arbitraria que no tiene soporte normativo y que desborda el poder discrecional de 10 Concepto identificado con el número de radicación 2012-00048-00. 11 Archivo electrónico con certificado 8336671F2518583D 38BE1A539E759EB0 9D7A9B5FAC6AAB3C 67CC5520BD19BCC3 en el expediente digital. 12 Página 35 del archivo electrónico con certificado 52008719D5E6454A F0E8EA9780ACC378 14CC46114C33C43A 3EA1CD5736CB6BFB en el expediente digital. 13 Página 7 ibídem. 14 Ibídem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-03782-00

Accionante: Praxedis Salazar Quintero interpretación que la Constitución le ha otorgado al juzgador. Lo anterior porque: (i) no tuvo en cuenta que la Ley 60 de 1993 estableció que el trámite de homologación salarial debía surtirse en 4 años; (ii) sostuvo que no existía norma que facultara el pago de intereses moratorios en casos de homologación salarial, sin tener en cuenta que el ordenamiento jurídico colombiano prevé la existencia de una sanción para todos aquellos casos

en que se incumpla una obligación15; (iii) arguyó que el pago se realizó de forma oportuna en el mes siguiente a la expedición de la resolución que lo ordenó, desconociendo que el proceso debió comenzar en 1996; y (iv) estimó equivocadamente que la indexación y los intereses moratorios eran incompatibles porque ambos buscaban aliviar la devaluación del dinero, presupuesto que es contrario a la definición de estos conceptos y a lo establecido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en las sentencias del 14 de abril de 201016 y del 10 de mayo de 200117. Finalmente, sin atribuirle ningún defecto, la señora Salazar Quintero también acusó a la autoridad accionada de haber vulnerado el principio de favorabilidad laboral por considerar que no optó por la interpretación más beneficiosa para el trabajador ante la duda sobre la aplicación de las normas de descentralización de la educación y los deberes legales que de esta se desprenden.

5. Trámite de tutela e intervenciones El Despacho admitió la acción por auto del 26 de agosto de 202018. Notificadas las partes y vinculados como terceros interesados quienes participaron en el proceso ordinario atacado, recibió respuesta del Tribunal Administrativo de Risaralda19.

La autoridad judicial accionada manifestó que su decisión se basó en el material probatorio allegado al expediente y en la interpretación de la normativa aplicable de acuerdo a los criterios jurisprudenciales establecidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Reiteró los argumentos que fundaron la providencia del 21 de febrero de 2020 y por último, solicitó que se declarara la improcedencia, o

en su defecto la negativa, de la solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia 15 Para sustentar esta afirmación la accionante citó el artículo 90 de la Constitución, el artículo 33 de la Ley 734 de 2002, los artículos 1608 y 1613-1617 del Código Civil, el artículo 8 de la Ley 153 de 1987, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 177 y 16 de la Ley 446 de 1998 y las sentencias T-418 de 1996 y C-188 de 1999 proferidas por la Corte Constitucional. 16 Identificada con número de radicación 25000-23-26-000-1997-03663-01.

17 Identificada con el número de radicación 25000-23-26-000-1992-8344-01. 18 Archivo electrónico con certificado 622D75CAABC33BD3 C4FBAC9AC1977C71 A79039B28A3C9682 89C7CB37A5629E30 en el expediente digital. 19 Archivo electrónico con certificado 66D7E413FA68CE11 595EA80D74E51293 A4E6D1B2DBEC0750 452F4FBADEEE2413 en el expediente digital. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-03782-00

Accionante: Praxedis Salazar Quintero La Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y en el artículo 37 del Decreto

2591 de 1991.

2. Procedibilidad de la acción En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional20 ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general21 de la acción; pues, solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el accionante plantea en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales22.

De conformidad con lo anterior, en el presente apartado se efectuará el examen correspondiente a los requisitos generales de procedibilidad de la presente acción. 2.1. Praxedis Salazar Quintero está legitimada en la causa por activa por cuanto fungió como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia que ataca, y por tanto es titular del derecho al debido proceso que alega como vulnerado. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Risaralda lo está por pasiva, pues fue la autoridad que profirió la providencia judicial cuestionada. 2.2. La solicitud cumplió el requisito de subsidiariedad, en tanto la tutelante agotó todos los mecanismos judiciales que tenía a su disposición para presentar estos reproches que, a su juicio, persistieron en la sentencia de segunda instancia, contra la que no procede ningún recurso ordinario y tampoco se advierte la configuración de alguna causal de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión.

20 Cfr. Corte Constitucional C-590 de 2005. 21 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general, (vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela. 22 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se

decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-03782-00

Accionante: Praxedis Salazar Quintero 2.3. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho toda vez que la decisión reprochada se notificó el 21 de febrero de 202023 y el escrito de solicitud de amparo se radicó el 19 de agosto del mismo año24, es decir, dentro del término razonable que la jurisprudencia constitucional ha previsto25 y que esta Corporación

ha establecido de manera general en seis meses26. 2.4. La señora Salazar Quintero expresó de manera clara y suficiente los hechos y argumentos por los cuales consideró que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales. Así: 2.4.1. En relación con la afirmación del Tribunal Administrativo de Risaralda, relativa a que la Secretaría de Educación del Departamento y el Ministerio de Educación Nacional no habían incurrido en mora en el trámite de homologación y nivelación salarial de los funcionarios administrativos del ente territorial, la accionante estimó configurados los siguientes defectos: (i) fáctico positivo por haber llegado a una conclusión que no se desprendía del material probatorio que obraba en el expediente; (ii) fáctico negativo por haber omitido valorar gran parte de los medios de convicción; y (iii) sustantivo por haber ignorado que la Ley 60 de 1993 prescribió que el traslado y la incorporación del personal debía surtirse en 4 años a partir de su entrada en vigencia. 2.4.2. Sobre el aparte de la motivación atinente a la incompatibilidad entre la indexación y los intereses moratorios, la tutelante consideró que la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo habida cuenta de que, en su criterio las sentencias del 14 de abril de 201027 y del 10 de mayo de 200128 proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado establecieron que tales emolumentos pueden reconocerse de forma concurrente. 2.4.3. También adujo que la autoridad accionada limitó el problema jurídico al tiempo transcurrido entre la expedición de la resolución que ordenó el

pago y el momento en que este se efectuó, desconociendo los hechos de la demanda que protestaban la demora desde el inicio del proceso de homologación y nivelación salarial. Aspecto que encaja en un defecto procedimental por incongruencia29 en la medida en que, a su juicio, no se resolvió sobre lo alegado. 2.4.4. Aunado a esto, sostuvo que la sentencia reprochada incorporó la afirmación de que no existía norma que facultara el pago de intereses 23 Información obtenida del sistema de gestión judicial “Justicia Siglo XXI”. 24 Archivo electrónico con certificado 8336671F2518583D 38BE1A539E759EB0 9D7A9B5FAC6AAB3C 67CC5520BD19BCC3 en el expediente digital. 25 Corte Constitucional, SU-961de 1999 y T-031 de 2016 del 8 de febrero de 2016. 26 Sentencia proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto del 2014. 27 Identificada con el número de radicación 25000-23-26-000-1997-03663-01(17214). 28 Identificada con el número de radicación 25000-23-26-000-1992-8344-01. 29 De acuerdo con la sentencia SU-585 de 2017 de la Corte Constitucional la tutela contra providencia exige que “[e]l accionante cumpla con unas cargas argumentativas y explicativas mínimas, al identificar los derechos fundamentales afectados y precisar los hechos que generan la vulneración” sin embargo ello no implica “convertir la acción de tutela, de por sí informal, en un mecanismo ritualista” por tal motivo la Sala se permite hacer la aclaración de la nominación del

defecto. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-03782-00

Accionante: Praxedis Salazar Quintero moratorios en casos de homologación y nivelación salarial, y por lo tanto, incurrió: (i) en un defecto fáctico positivo por realizar una aseveración que no se desprende de las pruebas que obran en el expediente; y (ii) en un defecto sustantivo por haber desconocido las disposiciones en las que el ordenamiento jurídico colombiano prevé la existencia de una sanción por el incumplimiento de cualquier obligación. 2.4.5. Por último, acusó una violación directa de la Constitución, que expuso de manera sustancial, aun cuando no la denominó así30, por haber conculcado el principio de favorabilidad al no acoger la interpretación más beneficiosa para el trabajador en relación con las disposiciones que regularon el proceso de descentralización de la educación. 2.5. En las solicitudes de tutela contra providencias judiciales el requisito de relevancia constitucional exige que la alegación se refiera a una posible amenaza o vulneración de un derecho fundamental y esté dirigida a exponer una valoración en sentido negativo de la actuación jurisdiccional, en clave de mostrar la configuración en el caso, de alguno de los diversos defectos que, conforme a la jurisprudencia, hacen excepcionalmente procedente dicho amparo.

Para esos efectos, son improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta o que no tengan como punto

de partida las actuaciones u omisiones de la autoridad judicial que profirió la providencia controvertida en el trámite constitucional. 2.5.1. En el sub lite los motivos por los que la autoridad accionada denegó las pretensiones de la demanda fueron: (i) que no encontró que la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y el Ministerio de Educación Nacional hubiesen dilatado el proceso administrativo injustificadamente; y (ii) que el pago ya había sido indexado y en ese orden ya se había compensado la devaluación del dinero y no procedía el cobro de intereses moratorios. La accionante reprocha que además de esto el Tribunal Administrativo de Risaralda violó su derecho al debido proceso por: (i) modificar el objeto de la controversia al afirmar que el pago se efectuó un mes después de la expedición de la resolución que lo ordenó; y (ii) aseverar que no existía norma que facultara el pago de intereses moratorios en casos de homologación y nivelación salarial. Revisada la sentencia del 21 de febrero de 2020, la Sala observa que tales argumentos aparecen referidos dentro de una cita textual que la autoridad accionada utilizó, no para sostener esas premisas, sino para sustentar que el lapso transcurrido entre 1996 y 2009 se encontraba justificado y que los valores pagados fueron debidamente indexados. Por tanto, estos cargos no comportan una valoración en sentido negativo de la actuación jurisdiccional, pues, no atacan la verdadera motivación de la decisión expuesta por el Tribunal Administrativo de Risaralda, y en ese sentido, no superan el requisito de relevancia constitucional.

30 Ibídem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2020-03782-00

Accionante: Praxedis Salazar Quintero 2.5.2. Respecto de los demás cargos, a saber, los defectos fácticos, sustantivos y de violación directa de la Constitución en los que, a juicio de la señora Salazar Quintero, incurrió la autoridad accionada por: (i) declarar que la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y el Ministerio de Educación Nacional no habían incurrido en mora en el trámite de homologación y nivelación salarial de los funcionarios administrativos del ente territorial; (ii) afirmar que la indexación es incompatible con los intereses moratorios; y (iii) no acoger la interpretación más beneficiosa para el trabajador en relación con las disposiciones que regularon el proceso de descentralización de la educación, sí se supera el requisito de relevancia constitucional.

Lo anterior, en razón a que tales reproches constituyen censura por desaprobación de una actuación deficiente de la autoridad judicial que profirió la providencia cuestionada en tutela y pueden tener una repercusión directa en el derecho al debido proceso de Praxedis Salazar Quintero. Ello, en tanto la defectuosa valoración probatoria y el desconocimiento de las normas legales, la jurisprudencia y los principios constitucionales aplicables, son cuestiones que, en el caso, definen el marco jurídico y fáctico que soporta la decisión adoptada.

2.6. Así las cosas, como la señora Salazar Quintero no alegó la existencia de alguna irregularidad procesal, y la providencia atacada no es una sentencia de tutela, es pertinente avanzar al análisis de los requisitos específicos de procedencia de la solicitud de amparo que se funda en los cargos que cumplieron a cabalidad con la totalidad de los presupuestos generales de procedibilidad.

3. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Risaralda

incurrió en los siguientes defectos: (i) Fáctico y sustantivo por declarar que la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y el Ministerio de Educación Nacional no incurrieron en un retardo injustificado en el pago retroactivo de la homologación y nivelación salarial de los funcionarios administrativos del ente territorial, realizando una valoración “defectuosa” del recaudo de pruebas allegado al expediente, omitiendo algunas de ellas y desconociendo que la Ley 60 de 1993 dispuso que el traslado y la incorporación del personal debía surtirse en 4 años a partir de su entrada en vigencia. (ii) Sustantivo por desconocimiento del precedente e inaplicación de las disposiciones legales por sostener que la indexación y los intereses moratorios son incompatibles, contrariando lo establecido por el Consejo de Estado en las sentencias del 14 de abril de 201031 y del 10 de mayo de 2001. (iii) Violación directa de la Constitución por desconocer el principio de favorabilidad con la interpretación que realizó de las disposiciones que regularon el proceso de descentralización de la educación y los de