CE-11001-03-15-000-2020-04027-01(AC)

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ En el caso concreto, la Sala considera que la tutela no cumple requisito de inmediatez, toda vez que transcurrieron más de seis meses entre la notificación de la providencia que decidió la solicitud de adición que se presentó contra el laudo arbitral y la interposición de la demanda de tutela. (…) El término de inmediatez debe contarse a partir de la decisión que resolvió la solicitud de adición, toda vez que, desde ese momento, quedó en firme la decisión cuestionada (laudo del 11 de julio de 2019) y la parte actora quedó habilitada para interponer la demanda de tutela. Como se sabe, de conformidad con el artículo 302 del Código General del Proceso, las providencias objeto de solicitud de aclaración o complementación (adición) sólo quedan ejecutoriadas una vez resuelta la respectiva solicitud. La inmediatez no puede contarse a partir de la notificación de la sentencia del 19 de marzo de 2020, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, habida cuenta de que esa no es la decisión que aquí se cuestiona. (…) Ahora, la providencia cuestionada quedó en firme con ocasión de la notificación de la decisión de denegar la adición, esto es, el 23 de julio de 2019. La demanda de tutela, por su parte, fue radicada el 9 de septiembre de 2020. Por consiguiente, es claro que la parte actora dejó transcurrir 1 año y 17 días para pedir la protección

de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados por el laudo del 11 de julio de 2019, término que supera ampliamente el término de 6 meses fijados por la Sala Plena de esta Corporación. (…) Lo anterior es suficiente para que la Sala tenga por no cumplido el requisito de inmediatez y, por consiguiente, sí resulta procedente confirmar la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, pero por no estar cumplido el requisito de inmediatez.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04027-01(AC)

Actor: CONSORCIO RIBERA ESTE

Demandado: TRIBUNAL DE ARBITRAJE CONFORMADO PARA DIRIMIR LAS

DIFERENCIAS SURGIDAS ENTRE EL CONSORCIO RIBERA ESTA Y EL

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 617 DE 2013

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 22 de febrero de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la tutela.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones 1.1. El 9 de septiembre de 2020, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado judicial, el Consorcio Ribera Este (en adelante el Consorcio) pidió la

protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por el ordinal 11 del laudo arbitral del 11 de julio de 2019, proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. En consecuencia, propuso las siguientes pretensiones: 2.1.- Conceder la tutela instaurada por el Consorcio Ribera Este. 2.2.- Ampararle al Consorcio Ribera Este, sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, el de sus derechos adquiridos y el de acceso a la justicia. 2.3.- Dejar sin efecto, el ordinal Décimo Primero de la parte resolutiva del Laudo Arbitral del 11 de julio de 2019, proferido por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 2.4.- Ordenarle, al Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que adopte la decisión conducente y necesaria para adelantar el trámite de un incidente, con la finalidad de establecer la cuantía del pago que reconoció en el laudo el Departamento del Magdalena le debe hacer al Consorcio Ribera Este por las mayores cantidades de obra, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la respectiva liquidación. 2.5.- Adoptar otra medida distinta, que considere necesaria implementar, según lo contemplado en los artículos 25 del Decreto 2591 de 1991, 193 de la Ley 1437 de 2011 y 283 del Código General del Proceso, con la que se le garantice al Consorcio Ribera Este el

goce efectivo de sus derechos fundamentales.

2. Hechos Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes: 2.1. El departamento del Magdalena y el Consorcio Ribera suscribieron el Contrato de Obra Pública 617 de 2013, cuyo objeto era el mejoramiento de la vía Palermo – Sitionuevo – Remolino – Guáimaro, correspondiente a la jurisdicción del mencionado departamento. 2.2. El Consorcio convocó a tribunal de arbitramento, de conformidad con la cláusula compromisoria pactada en el contrato 617 de 2013. En síntesis, el Consorcio alegó que el departamento del Magdalena vulneró el principio de planeación contractual y pidió que se ordenara el pago del «material de terraplén seleccionado que se adicionó para compensar los efectos de la consolidación, sobre la corona del terraplén, y que son necesarios para poder colocar la estructura de pavimento» y el pago derivado de unas mayores distancias de transporte fluvial de material. 2.3. Mediante laudo arbitral del 11 de julio de 2019, el Tribunal de Arbitramento de

la Cámara de Comercio de Bogotá1 accedió parcialmente a las pretensiones propuestas por el Consorcio. En lo que interesa, el tribunal demandado resolvió lo siguiente: PRIMERO: ACCEDER a la pretensión primera declarativa de la demanda en su versión reformada y, en tal virtud, declarar que el DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, violó el principio de planeación, en lo relacionado con los estudios previos definitivos del Contrato de Obra No. 617 de 2013, de conformidad con las consideraciones incorporadas en la parte

motiva de este Laudo y en los precisos términos allí expuesto. […] SEXTO: ACCEDER PARCIALMENTE a la pretensión novena declarativa, y en consecuencia, declarar el incumplimiento del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA relativo al pago a favor del CONSORCIO RIBERA ESTE por el material de terraplén seleccionado que se adicionó para compensar los efectos de la consolidación, sobre la corona de terraplén, y que fueron necesarios para poder colocar la estructura de pavimento. Respecto de las demás súplicas que componen esta pretensión que no fueron desistidas, el Tribunal las niega. […] DÉCIMO PRIMERO: DENEGAR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del Laudo Arbitral, la pretensión primera de condena y su subsidiaria, de la demanda arbitral reformada. […] DUODÉCIMO: ACCEDER PARCIALMENTE a la pretensión segunda de condena y, en consecuencia, CONDENAR al DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA a pagar a favor del CONSORCIO RIBERA ESTE la suma de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($3.740.717.208,30), por concepto de indemnización de perjuicios causados por el incumplimiento parcial del Contrato de obra pública 617 de 2013. “Esta suma deberá ser descontada de lo pagado en exceso al CONSORCIO RIBERA ESTE, por concepto de transporte terrestre de material, de acuerdo a lo expuesto en la parte

considerativa de este Laudo, esto es, deberá descontarse de la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVENCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS (4.793.739.925,05)”. 2.3.1. En síntesis, el tribunal demandado consideró lo siguiente: (i) que fue demostrada la vulneración del principio de planeación en la elaboración de los estudios previos definitivos del contrato; (ii) que, por consiguiente, hubo un incumplimiento de pago a favor del contratista, concepto de «material de terraplén 1 Conformado por José Pablo Durán Gómez, Luis Enrique Berrocal Guerrero y Ramiro Saavedra Becerra. seleccionado que se adicionó para compensar los efectos de la consolidación, sobre la corona del terraplén, para poder colocar la estructura de pavimento» y de transporte fluvial de material; (iii) que, no obstante, no era procedente condenar al pago del material, puesto que no había prueba del monto causado por dicho concepto, y (iv) que del pago por transporte fluvial de material debe descontarse de lo pagado en exceso por concepto de transporte terrestre de material. 2.4. El consorcio solicitó la aclaración y complementación del laudo y el tribunal demandado la denegó, mediante providencia del 23 de julio de 2019. 2.5. El Consorcio interpuso recurso extraordinario de anulación contra el laudo del 11 de julio de 2019, sustentado en las causales previstas en los numerales 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 20122.

2.6. Por sentencia del 19 de marzo de 2020, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, resolvió lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso de anulación propuesto por el Consorcio Ribera Este contra el laudo arbitral proferido el 11 de julio de 2019 por el tribunal de arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas con ocasión del contrato 617 de 2013, suscrito entre ese consorcio y el departamento de Magdalena, en lo que concierne a la causal 9, por haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, según lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia y según lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, ANULAR la parte segunda del numeral duodécimo de la parte resolutiva del laudo arbitral proferido el 11 de julio de 2019 por el tribunal de arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas con ocasión del contrato 617 de 2013, celebrado entre el Consorcio Ribera Este y el departamento de Magdalena, en cuanto ordenó: “Esta suma deberá ser descontada de lo pagado en exceso al CONSORCIO RIBERA ESTE, por concepto de transporte terrestre de material, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de este Laudo, esto es, deberá descontarse de la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVA MIL

NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS (4.793.739.925,05)”.

TERCERO: DECLARAR INFUNDADO en lo demás el recurso de anulación propuesto por el

Consorcio Ribera Este contra el laudo arbitral proferido el 11 de julio de 2019 por el tribunal de arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas con ocasión del contrato 617 de 2013, celebrado entre ese consorcio y el Departamento de Magdalena. 2.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, consideró lo siguiente: (i) que, en lo relacionado al descuento de lo causado por concepto de transporte fluvial (causal novena), el laudo fue extra petita, «pues, en los términos en los que el mismo tribunal de arbitramento fijó el alcance y objeto de las 2 Artículo 40. Recurso Extraordinario de Anulación. Contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, que deberá interponerse debidamente sustentado, ante el tribunal arbitral, con indicación de las causales invocadas, dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición. […]

7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.

[…]

9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. pretensiones de incumplimiento por la falta de pago de transporte de material y de la consecuencial de condena, ese aspecto no quedó comprendido en ellas y, valga decir, tampoco fue pedido por la convocada», y (ii) que, frente al pago del material

(causal séptima), concluyó que no es cierto que hubiera sido una decisión tomada en conciencia o en equidad, puesto que el laudo dio cuenta del análisis probatorio que derivó en que no se demostró la magnitud del daño, esto es, el importe dinerario correspondiente al exceso de material.

3. Argumentos de la demanda de tutela 3.1. Preliminarmente, la parte actora adujo que la tutela procede contra laudos arbitrales, por cuanto se trata de decisiones judiciales y así lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia SU-033 de 2018. Que, además, están cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Que el asunto tiene relevancia constitucional, por estar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Que fueron agotados los recursos disponibles, por cuanto la parte actora interpuso recurso extraordinario de anulación. Que está cumplido el requisito de inmediatez, puesto que la providencia que decidió el recurso extraordinario de anulación fue notificada el 8 de mayo de 2020. Que la irregularidad procesal es relevante, puesto que es claro el desconocimiento del artículo 193 de la Ley 1437 de 2011. 3.2. En cuanto al fondo del asunto, la parte actora adujo que el laudo del 11 de julio de 2019, dictado por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, incurrió en defecto procedimental, por desconocimiento de los artículos 193 de la Ley 1437 de 2011 y 283 del Código General del Proceso, que

prevén la posibilidad de condena en abstracto cuando no existe certeza sobre el monto del perjuicio. Que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha aceptado que el incidente de regulación de perjuicios resulta procedente cuando las pruebas del respectivo proceso no son suficientes para estimar la magnitud del perjuicio. 3.2.1. Que la falta de pronunciamiento sobre el monto de los perjuicios también es contraria a lo previsto en los artículos 29, 58 y 229 de la Constitución Política, 9 de la Ley 270 de 1996, 16 de la Ley 446 de 1998 y 5 de la Ley 80 de 1993. Que si hubo una declaratoria de incumplimiento, lo procedente era que el tribunal de arbitramento demandado reconociera la indemnización de perjuicios a favor del contratista. Que cualquier duda sobre el monto de la indemnización debía resolverse mediante el incidente de liquidación de perjuicios.

4. Intervenciones 4.1 Los árbitros que constituyeron el Tribunal de Arbitramento alegaron que la tutela es improcedente, por lo siguiente: 4.1.1. Que la tutela no cumple el requisito de inmediatez, por cuanto fue interpuesta un año después de la expedición del laudo del 11 de julio de 2019. 4.1.2. Que tampoco está cumplido el requisito de subsidiariedad, porque se pretende una típica complementación de la decisión y para ello las partes debieron solicitar la adición de esta dentro de los cinco días siguientes a su expedición o plantearla dentro del recurso extraordinario de anulación. 4.1.3. Que el asunto carece de relevancia constitucional, habida cuenta de que la

parte actora se limita a cuestionar una decisión debidamente justificada y no da cuenta de la existencia de un perjuicio con el carácter de irremediable. 4.1.4. Que, en todo caso, en gracia de discusión, es pertinente señalar que en los procesos arbitrales están prohibidos los trámites incidentales, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1563 de 2020. Que, además, los árbitros no podían asumir oficiosamente una actuación probatoria que correspondía a la parte demandante. 4.2. El departamento del Magdalena pidió que la tutela fuera declarara improcedente, por los motivos que se resumen enseguida: 4.2.1. Que el asunto no tiene relevancia constitucional, puesto que la parte actora pretende reabrir una discusión debidamente agotada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con la sentencia del 19 de marzo de 2020. Que la parte actora simplemente ajusta sus inconformidades a un defecto procedimental absoluto. Que la tutela está sustentada en una percepción sobre la presunta procedencia del incidente de liquidación de perjuicios en los procesos arbitrales. 4.2.2. Que la autoridad demandada no es responsable por el no reconocimiento del perjuicio derivado del incumplimiento contractual, pues, en todo caso, la prueba de ese perjuicio corresponde exclusivamente a la parte interesada. Que la parte actora quiere reabrir el debate sobre la prueba de los perjuicios, con el simple propósito de corregir las omisiones que cometió en el trámite arbitral. Que,

en todo caso, no existe defecto procedimental, por cuanto la Ley 1563 de 2012 prohibió los trámites incidentales.

5. Sentencia impugnada 5.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 22 de febrero de 2021, declaró improcedente la tutela, por lo siguiente: 5.1.1. Que la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que la parte actora pudo alegar la supuesta irregularidad procesal con ocasión del recurso de anulación. 5.1.2. Que el recurso de anulación estuvo sustentado en las causales 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Que, en sentencia del 19 de marzo de 2020, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, desestimó la primera causal

(referida a la mayor cantidad de material) y encontró probada la segunda (relacionada con el mayor costo de transporte fluvial). 5.1.3. Que lo cierto es que los argumentos que sustentan la demanda de tutela no fueron expuestos en el recurso de anulación y, por ende, queda en evidencia que la parte actora no usó adecuadamente el recurso procedente. Que «es evidente que los cargos que hoy fundamentan la acción constitucional, relativos a la omisión de adelantar un trámite incidental para definir la cuantía del daño en lo atinente al terraplén, no fueron incluidos dentro de ese mecanismo extraordinario y limitado de revisión del laudo arbitral. De esta manera, se le negó la oportunidad al juez de la anulación de pronunciarse al respecto, de modo que no puede el juez

constitucional entrar a suplir aquellas omisiones del peticionario». 5.1.4. Que la parte actora tampoco hizo uso adecuado de la solicitud de adición del laudo arbitral del 11 de julio de 2019, por cuanto no expuso los argumentos que ahora propone en la demanda de tutela, relacionados con la supuesta omisión del incidente de liquidación de perjuicios. Que «en lo relativo a que se adicionara el laudo, solamente se refirió a aspectos relacionados con ordenar (i) al departamento la expedición de un acto administrativo en el que se reconozca la nulidad de la multa declarada por el Tribunal; (ii) al ente territorial que informe al SECOP y al RUES de la declaratoria de nulidad de la multa; y (iii) la fijación de un plazo para que la convocada proceda a la devolución del importe de la multa».

6. Impugnación 6.1. La parte actora impugnó la providencia del 22 de febrero de 2021, por lo siguiente: 6.1.1. Que la adición no resultaba procedente para alegar lo relacionado con la omisión de incidente de liquidación de perjuicios, por cuanto lo cierto es que todos los aspectos expuestos en la demanda formulada en sede arbitral fueron resueltos. Que «cada uno de los problemas jurídicos planteados en la demanda por el contratista, fue objeto de análisis y de decisión, indistintamente de si estas fueron razonables o compartidas o no por los sujetos procesales, por tanto, en este contexto la decisión se muestra congruente con los presupuestos del debate planteado, razón por la cual, resultaba improcedente haber propuesto una adición

de la sentencia ante tales circunstancias». 6.1.2. Que resulta contradictorio decir que debe pedirse adición para que se realice un incidente de liquidación de perjuicios, pues lo cierto es que supuestamente el artículo 21 de la Ley 1563 de 2020 prohíbe incidentes en los procesos arbitrales. Que «yerra abiertamente la autoridad accionada, al sugerir que de manera general en el proceso arbitral se encuentra prohibido el trámite de incidentes, cuando, paradójicamente, los artículos 16 y 17 de la Ley 1563 de 2012 se refieren a los impedimentos y recusaciones en contra de los árbitros y del secretario de los tribunales de arbitramento, y de su trámite, por lo tanto, si estas figuras son propias del saneamiento de los procesos, no existe forma distinta de resolverlos sino a través de un incidente procesal, en consecuencia, su tesis que consiste en que en el proceso arbitral está prohibido el trámite de incidentes, colapsa en lo absoluto». 6.1.3. Que el recurso de anulación fue debidamente agotado, toda vez que se alegó una causal sustentada en la omisión de reconocimiento de indemnización por los perjuicios derivados de la mayor cantidad de material utilizada en el cumplimiento del contrato de obra. CONSIDERACIONES En orden a resolver la impugnación presentada por el Consorcio Ribera Este, la Sala se referirá, en primer lugar, a la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales. Seguidamente, en los términos de la impugnación propuesta, formulará el problema jurídico a resolver y adoptará la decisión que corresponda.

1. De la justicia arbitral y de la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales 1.1. El artículo 116 de la Constitución Política permite que los particulares sean investidos transitoriamente de la función pública de administrar justicia, en condición de árbitros habilitados por las partes para que decidan, en derecho o en equidad, conflictos que involucren derechos transigibles. 1.2. En términos generales, el arbitramento es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que permite a las partes sustraerse voluntaria y libremente de la función pública de justicia que presta el Estado para que, en cambio, un particular decida el conflicto mediante un laudo que tiene efectos definitivos y vinculantes. El arbitramento representa un fenómeno de descentralización de una función pública que se transfiere en ciertas condiciones a los particulares. 1.3. Ahora, la jurisprudencia y la doctrina han aceptado que las decisiones que producen los árbitros son auténticas providencias judiciales, por cuanto se dictan en un procedimiento de estirpe judicial reglado y por particulares que ejercen transitoriamente la función de administrar justicia. Como proceso judicial especial que es, está sujeto a las normas y principios que, de ordinario, rigen en el derecho procesal: verbigracia, las oportunidades para presentar pruebas y ejercer los derechos de contradicción y defensa, los poderes y deberes del juez, entre otros. 1.4. Justamente por tratarse de providencias judiciales, la regla general es que la acción de tutela es improcedente, salvo que se cumplan los requisitos generales y específicos que ha fijado la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela

contra ese tipo de decisiones. Adicionalmente, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales deben tenerse en cuenta las siguientes reglas3: 1.4.1. La tutela también procede como mecanismo principal cuando las inconformidades de las partes no encajen en ninguna de las causales previstas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Sobra decir que, en ese caso, la tutela está restringida por las llamadas causales de procedibilidad que ha trazado la Corte Constitucional. Asimismo, la tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, a pesar de que existe otro medio de defensa: los recursos de anulación y el extraordinario de revisión. En ambos casos, el 3 Al respecto, esta Sala se pronunció en la sentencia del 25 de enero de 2018, Consejero Ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez, radicación: 11001-03-15-000-2017-02524-00. interesado debe demostrar que el laudo está viciado por algún defecto: sustantivo, orgánico, fáctico o procedimental. 1.4.2. Por la naturaleza especial del arbitramento, la verificación de los requisitos generales y específicos para la procedencia y prosperidad de la tutela contra las providencias judiciales debe ser más exigente, más rigurosa, pues, de lo contrario, el juez de tutela se convertiría en el permanente revisor de la actividad judicial de los árbitros, circunstancia que no solo no se compadece con el carácter especial del arbitramento, como función pública judicial al fin y al cabo, sino que desconocería el carácter excepcional de la acción de tutela y pondría en riesgo la

seguridad jurídica, valor fundante de todo sistema judicial, incluido el que desempeña el arbitramento. 1.4.3. El juez de tutela no puede suplantar a los árbitros en su función de administrar justicia, como si fuera el superior funcional. La tutela, se insiste, no prospera por el simple hecho de que se invoque alguno de los defectos que la Corte Constitucional ha establecido y que la Sala comparte. Las causales específicas para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales no pueden abrir la puerta para que los jueces revisen de fondo las decisiones arbitrales, como no ocurre tampoco en relación con las sentencias de los jueces. 1.4.4. Debe exigirse, entonces, que el interesado explique razonada y suficientemente los hechos en que funda el defecto en que incurrieron los árbitros. La acción de tutela no puede, por ende, convertirse en una instancia adicional para controvertir la interpretación normativa ni la valoración probatoria que realizan los árbitros habilitados transitoriamente para administrar justicia. Al igual que la tutela contra las providencias de los jueces de la república, la tutela solo procede cuando el ejercicio hermenéutico o de valoración de pruebas sea contraevidente, contrario a la razón, y ponga en grave riesgo o amenace derechos fundamentales. 1.5. Las demás discusiones frente a las decisiones de los árbitros deben resolverse por medio de los cauces ordinarios, mas no por medio de la tutela.

2. Planteamiento del problema jurídico 2.1. En los términos de la impugnación, en primer lugar, la Sala debe decidir si el a

quo acertó al declarar improcedente la acción de tutela, por no estar cumplido el requisito de subsidiariedad. Adicionalmente, se estudiará si la tutela cumple el requisito de inmediatez. De encontrarse cumplidos esos requisitos, será planteado y decidido el problema jurídico de fondo, en los términos propuestos en la demanda de tutela.

3. Del requisito de subsidiariedad en el caso concreto 3.1. Como se vio en los antecedentes, la parte actora cuestiona el laudo arbitral del 11 de julio de 20194, dictado por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, por cuanto, en su criterio, incurrió en defecto procedimental, por desconocimiento del trámite incidental previsto en los artículos 193 de la Ley

4 El laudo arbitral obra a folios 120-318 ibidem. 1437 de 2011 y 283 del Código General del Proceso, para las condenas en abstracto cuando no existe certeza sobre el monto del perjuicio. 3.2. El a quo desestimó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, por dos razones fundamentales, a saber: (i) porque la parte actora no alegó el desconocimiento del trámite incidental en el recurso de anulación propuesto contra el laudo del 11 de julio de 2019, y (ii) porque el tema del incidente de liquidación de perjuicios tampoco fue expuesto en la solicitud de adición del aludido laudo. 3.3. Para decidir, resulta relevante evaluar la idoneidad del recurso de anulación para efecto de alegar la supuesta irregularidad derivada del desconocimiento del incidente de regulación de perjuicios. Al respecto, debe decirse que, de

conformidad con el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, las causales de anulación de laudos arbitrales son las siguientes:

1. La inexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral.

2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia.

3. No haberse constituido el tribunal en forma legal.

4. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad.

5. Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión.

6. Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral.

7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.

8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral.

9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.

Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los motivos

constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia. La causal 6 no podrá ser alegada en anulación por la parte que no la hizo valer oportunamente ante el tribunal de arbitramento, una vez expirado el término. 3.3.1. A juicio de la Sala, el recurso de anulación no resulta idóneo ni eficaz, pues, de conformidad con las causales de procedibilidad legalmente previstas, no existe una que pueda asociarse al supuesto desconocimiento del trámite de incidente de liquidación de perjuicios, que es el supuesto de la demanda de tutela. Al respecto, en sentencia del 18 de enero de 2019, el propio Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, hizo la siguiente descripción de características del recurso de anulación de laudos arbitrales: En reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha precisado la naturaleza y alcance del recurso de anulación, aspectos sobre los cuales ha destacado lo siguiente: a) El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraord