CE-11001-03-15-000-2020-04115-00(AC)-2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / PROCESO

EJECUTIVO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE

ORDENA SEGUIR CON LA EJECUCIÓN / EXTEMPORENEIDAD EN LA

PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO En el presente caso la parte accionante manifiesta que la providencia por medio de la cual se declaró desierto por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución y el auto que resolvió la queja en el sentido de declarar bien denegado el citado recurso, incurrieron en los defectos sustantivo y procedimental. Sobre el primero, afirma que las providencias censuradas se adoptaron con fundamento en el artículo 322 del Código General del Proceso, a pesar de que las disposiciones aplicables eran los artículos 243 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normas que señalan el término en el que debe sustentarse el recurso de apelación formulado en contra de sentencias. En relación con el segundo defecto, estima que se desconoció que las normas del CGP dentro del trámite del proceso ejecutivo sólo son aplicables cuando el CPACA no regule la materia, lo que, en su criterio, no ocurre en el presente caso, toda vez que ésta última normatividad sí señala el término para sustentar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. La Sala contraerá su examen a la providencia del Tribunal, por ser la decisión definitiva en relación

con la cuestión objeto de censura. (…) [L]a Sala advierte que el Tribunal accionado realizó un análisis razonable de la oportunidad para presentar el recurso de apelación contra la sentencia que negó las excepciones propuestas por la parte demandada y ordenó seguir adelante con la ejecución. En efecto, señaló que el artículo 243 del CPACA establece únicamente la procedencia del recurso de apelación, esto es, indica contra qué providencias es posible interponer el citado recurso; sin embargo, no prevé el trámite y la oportunidad para la interposición del medio de impugnación, por lo que se debe acudir al artículo 306 del CPACA, disposición que señala que en aquellos casos en los que no exista norma especial se debe remitir al CGP. En ese orden de ideas, afirmó que para analizar el trámite y la oportunidad para interponer el recurso de apelación se debe acudir al artículo 322 del C.G.P. Así las cosas, la Sala evidencia que no le asiste razón a la parte accionante al afirmar que la providencia censurada del Tribunal Administrativo de Santander incurrió en los defectos alegados, pues, tal como se observa en los argumentos esgrimidos, dicha Corporación, después de efectuar un análisis en conjunto de las disposiciones que regulan la materia, consideró razonablemente que, por no existir norma especial en la Ley 1437 de 2011 en materia de apelación de la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, la disposición aplicable era la prevista en el estatuto general del proceso; conclusión que ha sido acogida por esta misma Sala en anterior oportunidad, al señalar que

los procesos ejecutivos adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa se rigen por el procedimiento establecido en el Código General del Proceso.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243 / CÓDIGO GENERAL

DEL PROCESO - ARTÍCULO 322

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / PROCESO

EJECUTIVO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE

ORDENA SEGUIR CON LA EJECUCIÓN / EXTEMPORENEIDAD EN LA

PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración En el asunto sub examine, la parte accionante manifiesta que el Tribunal Administrativo de Santander, al declarar bien denegado el recurso de apelación en contra de la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, con fundamento en las normas previstas en el CGP, desconoció el criterio fijado por esa misma Corporación y por el Consejo de Estado, según el cual el recurso de apelación en los procesos ejecutivos procede en los términos establecidos por el CPACA. Para el efecto citó las siguientes providencias: i) auto del expediente 2014-00158 y auto del 18 de noviembre de 2015 (exp. 2014-00161), dictados por el Tribunal Administrativo de Santander; y ii) Sentencias de 6 de abril de 2017 (exp. 2017-00397) y de 3 de mayo de 2018 (exp. 2017-02643), proferidas por el Consejo de Estado. Respecto de la providencia judicial proferida por el Tribunal

Administrativo de Santander en el expediente 2014-00158, es preciso indicar que la misma no fue aportada con el escrito de tutela, así como tampoco fue identificada plenamente, razón por la que no fue posible obtener su ubicación y, en consecuencia, acceder a su texto, razón por la cual no hay lugar a examinar el supuesto desconocimiento de la providencia citada. Con relación al auto de 18 de noviembre de 2015 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander (exp. 2014-00161), que se invoca como precedente, es preciso señalar que el mismo no tiene ese alcance, como quiera que para que sea vinculante el precedente horizontal, éste debe ser proferido por el mismo operador judicial. (…) De otro lado, frente a las sentencias de 6 de abril de 2017 (exp. 2017-00397) y de 3 de mayo de 2018 (exp. 2017-02643), proferidas por el Consejo de Estado, es preciso señalar que, como las anteriores providencias no fueron proferidas por esta Corporación actuando como órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el escenario de un proceso ejecutivo, las mismas no constituyen precedente para este asunto. (…) En este contexto, no se configuran para la Sala los defectos invocados y, en consecuencia, se negará la acción de tutela interpuesta.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04115-00(AC)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

Demandado: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP en contra de las providencias de 13 de noviembre de 2018 y 25 de agosto de 2020, proferidas por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso ejecutivo bajo radicado número 68 001 33 33 007 2017 00114 00.

I. SÍNTESIS DEL CASO La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por medio de apoderada judicial, solicitó la tutela de sus derechos fundamentales al debido proceso, contradicción, doble instancia, acceso a la administración de justicia, igualdad, “confianza legítima”, “legalidad”, “buena fe” y “seguridad jurídica”, que estima vulnerados con ocasión de las providencias de 13 de noviembre de 2018 y 25 de agosto de 2020, proferidas por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente, dentro

del proceso ejecutivo bajo radicado número 68 001 33 33 007 2017 00114 00, promovido por la señora María Marggy Rueda Rojas en contra de la entidad actora, por medio de las cuales, en su orden, se declaró desierto por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de 4 de octubre de 2018 que ordenó seguir adelante con la ejecución, y se resolvió la queja interpuesta en contra de dicha decisión, en el sentido de declarar bien denegado el recurso. En criterio de la parte actora, las providencias censuradas incurrieron en defecto sustantivo, en razón a que omitieron aplicar los artículos 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011, disposiciones que establecen que, incluso en los trámites que se rijan por el Código General del Proceso - CGP, el recurso de apelación sólo procede de conformidad con lo regulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. Afirma que, aunque el CPACA carece de regulación sobre el proceso ejecutivo y para algunos aspectos deba remitirse a las normas de procedimiento generales, lo cierto es que dicha normativa sí establece el término para interponer el recurso de apelación contra la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución, el cual está previsto en el artículo 247 del CPACA que señala que “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10)

días siguientes a su notificación […]”, norma que es aplicable de conformidad con el artículo 243 ibídem, el cual prevé que “[…] La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil […]”. De igual forma, estima que se configura el defecto procedimental al aplicar las normas del CGP dentro del trámite del proceso ejecutivo, en tanto que, a su juicio, únicamente se debe acudir a dicha normatividad cuando no exista disposición especial que regule la materia, lo que no ocurre en el presente caso, toda vez que la Ley 1437 de 2011 señala el término para el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Finalmente, considera que se incurre en desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado por el Tribunal Administrativo de Santander y por el Consejo de Estado, según el cual el recurso de apelación en los procesos ejecutivos procede en los términos establecidos por el CPACA. Para el efecto citó las siguientes providencias: i) auto del expediente 2014-00158 y auto del 18 de noviembre de 2015 (exp. 2014-00161), dictados por el Tribunal Administrativo de Santander; y ii) Sentencias de 6 de abril de 2017 (exp. 2017-00397) y de 3 de mayo de 2018 (exp. 2017-02643), proferidas por el Consejo de Estado. Por lo anterior, solicita que se admita el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución y trasladar el expediente al Tribunal Administrativo de Santander para que decida sobre el

mismo. De igual forma, requiere que se le otorgue efectos “inter comunis” a la sentencia que se expida dentro del presente trámite constitucional y, en consecuencia, se declare “[…] para todos los procesos ejecutivos donde se presente apelación del auto que ordena seguir adelante la ejecución (presentado con el lleno de los requisitos legales), su procedencia en atención a lo establecido por el artículo (sic) 243 y 247 del CPACA […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN 2.1. El 6 de octubre de 2020 el Despacho admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Santander y al Juez Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, y comunicar a la señora María Marggy Rueda Rojas, esta última en atención al interés que les asiste en las resultas de este proceso, por cuanto podría verse afectada con la decisión que aquí se adopte, y al representante Legal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 612 del C.G.P. En esta misma providencia, se negó la medida cautelar solicitada por la parte actora. 2.2. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga allegó escrito1 en el cual afirma que “no se tienen consideraciones adicionales, más allá de lo plasmado en las providencias objeto de la presente acción de tutela”. Así mismo, remitió en medio digital copia de las piezas procesales requeridas en el auto admisorio del 6 de octubre de 2020 y que obran en el

expediente bajo radicado número 68 001 33 33 007 2017 00114 01. 2.3. El Tribunal Administrativo de Santander allegó copia del expediente digital2 bajo el radicado 68 001 3333 007 2017 00114 01; no obstante, guardó silencio frente a las pretensiones del escrito de tutela. 2.4. La señora María Marggy Rueda Rojas y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio frente a las pretensiones de la acción de tutela.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA 3.1. COMPETENCIA De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 3.2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA La Sala encuentra que la presente acción cumple con los requisitos generales 1 Remitido mediante correo electrónico de 13 de octubre de 2020. 2 Remitido mediante correo electrónico de fecha 16 de octubre de 2020. para su examen, en razón a que: i) la decisión de negar el recurso de apelación

contra la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución podría afectar el derecho de acceso a la administración de justicia, que constituye uno de los elementos del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso3; ii) la parte actora agotó todos los medios de defensa judicial de que disponía, toda vez que contra la providencia que declaró desierto por extemporáneo el recurso de apelación se interpusieron los recursos procedentes; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable4, ya que se radicó el 15 de septiembre de 2020, es decir, menos de un (1) mes después de notificada la providencia que se ataca; iv) la irregularidad que se le endilga a las providencias, esto es, el defecto sustantivo, el defecto procedimental y el desconocimiento de precedente afectan la decisión de fondo por cuanto, de encontrarse configurados, tendrían un efecto decisivo y determinante en ella; v) la situación que generó la vulneración del derecho fundamental fue puntualizada en el escrito de tutela así como fue alegada en el curso del proceso, y vi) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela. En consecuencia, la Sala procederá a su estudio. 3.3. HECHOS 3.3.1. La señora María Marggy Rueda Rojas presentó demanda ejecutiva en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP con el fin de obtener el pago de la condena impuesta contra dicha entidad mediante la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga el 29 de abril de

2011. El anterior proceso se tramita bajo el radicado número

68001333300720170011400. 3.3.2. El 22 de septiembre de 2017 el Juzgado profirió mandamiento de pago a favor de la señora María Marggy Rueda Rojas y a cargo de la UGPP por la suma de $32.472.254 y por el valor correspondiente a los intereses de mora que se sigan causando, los cuales serán liquidados en la etapa procesal correspondiente. 3 El actor invoca igualmente como desconocidos los principios a “la confianza legítima”, “legalidad”, “buena fe” y “seguridad jurídica”; sin embargo, es preciso señalar que éstos no ostentan la naturaleza de derechos fundamentales. 4 Sentencia del cinco (5) de agosto de 2014, Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. 3.3.3. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia del 4 de octubre de 2018, proferida en audiencia inicial de que trata el artículo 372 del G.G.P., negó las excepciones propuestas por la parte demandada, ordenó seguir adelante con la ejecución y dispuso la liquidación del crédito, decisión contra la cual la parte demandada interpuso en audiencia recurso de apelación. 3.3.4. El 11 de octubre de 2018 la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP presentó escrito de sustentación del recurso de apelación. 3.3.5. El 13 de noviembre de 2018 el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del

Circuito de Bucaramanga declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la UGPP, al considerar que su fundamentación se presentó de forma extemporánea, esto es, después de los 3 días siguientes a la realización de la audiencia, incumpliendo el término para sustentar el recurso de apelación contra las sentencias en los procesos ejecutivos previsto en el inciso 2° del numeral 3° del artículo 322 del CGP. En efecto, se indicó: “[…] De conformidad con los señalado en el artículo 306 de la ley 1437 de 2011, en los aspectos no contemplados en dicha normatividad se debe acudir a los lineamientos del C.P.C., remisión que en el caso que nos ocupa debe entenderse a la Ley 1564 de 2012, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 29 de marzo de 2017 (fl. 59 y 60), es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma procesal. […] En el caso que nos ocupa, se negaron las excepciones propuestas por la parte ejecutada y se ordenó seguir adelante con la ejecución, por lo que el recurso de apelación interpuesto, resulta procedente. En este sentido, se tiene que el recurso de apelación contra la sentencia dentro del proceso ejecutivo cuando la misma se profiera en forma verbal, debe sujetarse a lo previsto en el inciso 1° del numeral 1 e incisos 2°, 3° y 4° del numeral 3 del artículo 322; […] Conforme a lo anterior, el Despacho observa que la apoderada de la UGPP manifestó en la audiencia de fecha 04 de octubre de 2018 su intención de interponer Recurso de apelación contra la sentencia allí dictada, señalando: “el cual será

sustentado dentro de los términos legales” según lo manifestó al minuto: 34:50. De conformidad con lo anterior, se tiene que la sentencia ejecutiva se notificó en estrados el día 4 de octubre de 2018 y el escrito de sustentación del recurso fue radicado el 11 de octubre de la misma anualidad; esto es, por fuera del término de tres (3) días posteriores a la realización de la audiencia, tal como lo prevé el artículo 322.3 inciso 2 del CGP. En consecuencia, se impone declarar desierto el recurso de apelación conforme el inciso 4 de la misma norma […]” 3.3.6. Contra la anterior decisión, la UGPP presentó recurso de reposición y en subsidio solicitó que se expidieran copias para surtirse un eventual recurso de queja, al estimar que el término para interponer y sustentar la apelación es dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que fue proferida la sentencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 247 del CPACA, y no de 3 días como lo prevén las normas procesales generales. 3.3.7. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, mediante auto de 29 de enero de 2019, resolvió no reponer el auto de 13 de noviembre de 2018 y concedió el recurso de queja, el cual fue decidido por el Tribunal Administrativo de Santander mediante providencia del 25 de agosto de 2020, en el sentido de declarar bien denegado el recurso de apelación contra la sentencia del 4 de octubre de 2018.

3.4. ANALISIS DE LA SALA

3.4.1. Defectos sustantivo y procedimental 3.4.1.1. Caracterización El defecto sustantivo alude al aspecto normativo que sustenta las decisiones judiciales y se erige como causal de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias en consideración a que, si bien la competencia asignada a los jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas se encuentra amparada por los principios de autonomía e independencia, ésta no es absoluta, pues al ser una atribución que emana de la función pública de administrar justicia está limitada por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho5. Los criterios señalados suponen que la irregularidad que se invoca debe ser de tal importancia y gravedad que haya dado lugar a una decisión violatoria de derechos fundamentales, pues la configuración del defecto sustantivo no puede darse a partir de cualquier diferencia con la interpretación en que se funda una decisión judicial; ello, ya que el derecho es dinámico y constituye una ciencia cultural en la que bien pueden debatirse vías jurídicas distintas para resolver un mismo caso, y todas ellas resultar razonables y compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los sujetos procesales, pues son distintas las escuelas de 5 Corte Constitucional, Sentencia T-757 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. pensamiento jurídico y variados los métodos de interpretación que se utilizan para resolver un problema. Precisamente de ello deriva la autonomía de los jueces en su labor de administración de justicia y la necesidad de establecer órganos de cierre. Ahora bien, resulta pertinente precisar que en la jurisprudencia constitucional se

han identificado varias situaciones que ponen de presente la existencia de un defecto material en una providencia judicial6. En atención a los presupuestos que las configuran, dichos eventos pueden agruparse en i) el defecto sustantivo que plantea un conflicto en relación con la fuente formal de la providencia que se ataca y, ii) el defecto sustantivo en torno al método de interpretación de la norma jurídica que fundamenta la decisión, a saber:  Defecto sustantivo respecto de la fuente: Tiene lugar cuando la sentencia se fundamenta en una norma que indiscutiblemente no es aplicable al caso bajo examen por cuanto, a) es inexistente, b) ha sido declarada contraria a la Constitución, o c) está derogada y por tanto perdió vigencia. Asimismo, tiene lugar este defecto cuando de forma manifiestamente arbitraria y grosera se aplica una norma legal que no se adecúa a la situación fáctica del caso, lo cual debe ser debidamente alegado y probado ante el juez constitucional, a riesgo de desconocerse la autonomía del funcionario judicial que dictó la providencia.  Defecto sustantivo en torno al método: Se configura cuando la fuente formal de la sentencia radica en una norma aplicable al asunto bajo examen, por lo que hay acuerdo al respecto, pero la hermenéutica que de ella se hace no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable y aceptable, o “[…] la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las

partes […]”7, o cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática. 6 Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera, en la cual se reitera lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-400 de 2012 M.P. (e): Adriana María Guillén Arango, SU-416 de 2015 M.P.: Alberto Rojas Ríos y SU-050 de 2017 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. 7 Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera. Desde esta óptica, quien alegue que una providencia ha incurrido en defecto sustantivo o material susceptible de tutela no puede limitarse a expresar su parecer sobre la norma que debe ser aplicada, o sobre el significado y el sentido que a ella deba dársele, pues tiene la carga de demostrar la arbitrariedad en que ha incurrido la sentencia que ataca. Ya sea indicando de manera contundente la razón por la cual tal providencia se funda en norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto; o poniendo de presente la sentencia con efecto erga omnes que definió el alcance de la norma aplicable de manera distinta a como lo hace la sentencia cuestionada; o detallando las disposiciones que fueron desatendidas y que eran necesarias para efectuar una interpretación sistemática; o exponiendo de manera inobjetable las razones por las cuales la norma indiscutiblemente pertinente fue inobservada y por ende inaplicada, o finalmente, los efectos que el

legislador expresamente ha dado a la norma y que son distintos a la situación fáctica planteada. Por su parte, la Corte Constitucional, al referirse sobre el defecto procedimental, ha precisado que este defecto se presenta en eventos en los que la autoridad judicial se aparta de manera evidente de las normas procesales aplicables, o cuando se presenta un exceso de ritualismos, en el cual el operador judicial resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por motivos excesivamente formales8. El fundamento normativo del denominado defecto procedimental se encuentra en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, normas que consagran los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de defectos procedimentales: el denominado defecto procedimental absoluto y el llamado defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Se ha señalado que el defecto procedimental absoluto se configura cuando “[…] el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, u ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso […]”9. 8 Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto 9 Sentencia T-327 de 2011. De otra parte, se ha afirmado que el defecto procedimental por exceso ritual

manifiesto tiene lugar cuando el funcionario, por el apego excesivo e irrestricto a las formas, termina generando un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones se convierten en una clara denegación de justicia10. Se incurre en esta modalidad cuando, entre varias interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que no favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el acceso efectivo a la administración de justicia. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, con relación al defecto procedimental absoluto, la Corte Constitucional ha señalado que, “[…] para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción de tutela será necesario, […] que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso. […]”11. Con todo, la jurisprudencia constitucional12 ha precisado que, para que sea procedente la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto procedimental, deberán concurrir los siguientes elementos: “(i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales13; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso

ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico14, y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales”15. Asimismo, la Corte ha aclarado que en ningún caso el desconocimiento del procedimiento que se alega puede ser una deficiencia atribuible al afectado16. 3.4.1.2. Caso concreto 10 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. 11 Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto. 12 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. 13 Ibídem 14 Op. Cit., Sentencia C-590 de 2005. 15 Ver las Sentencias SU-159 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007. 16 Al respecto, ver las Sentencias T-781 de 2011 y T-1049 de 2012, entre otras. (i) En el presente caso la parte accionante manifiesta que la providencia por medio de la cual se declaró desierto por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución y el auto que resolvió la queja en el sentido de declarar bien denegado el citado recurso, incurrieron en los defectos sustantivo y procedimental. Sobre el primero, afirma que las providencias censuradas se adoptaron con fundamento en el artículo 322 del Código General del Proceso, a pesar de que las disposiciones aplicables eran los artículos 243 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, normas que señalan el término en el que debe sustentarse el recurso de apelación formulado en contra de sentencias. En relación con el segundo defecto, estima que se desconoció que las normas del CGP dentro del trámite del proceso ejecutivo sólo son aplicables cuando el CPACA no regule la materia, lo que, en su criterio, no ocurre en el presente caso, toda vez que ésta última normatividad sí señala el término para sustentar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. La Sala contraerá su examen a la providencia del Tribunal, por ser la decisión definitiva en relación con la cuestión objeto de censura. La Sala analizará de forma conjunta los defectos sustantivo y procedimental,