CE-11001-03-15-000-2020-04513-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN GRACIA - No se acreditan los requisitos

/ AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DOCENTE TERRITORIAL O

NACIONALIZADO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración / La Sala advierte que el tribunal negó las pretensiones de la [accionante], en atención a que no se había acreditado el presupuesto de 20 años de servicios como docente territorial o nacionalizado, pues, si bien la demandante había prestado sus servicios antes de 1980 como Directora Seccional de la Escuela Urbana “La Milagrosa”, no demostró la naturaleza de la plaza ocupada. De igual manera, la autoridad judicial accionada señaló que, a pesar de que la actora se vinculó a la educación pública con la Secretaría de Educación de Bogotá del 5 de mayo de 1990 al 1 de julio de 2018, ese tiempo no podía contabilizarse, puesto que se encontraba probado que la plaza era de carácter nacional. De esa manera, para la Sala resulta claro que, en sede administrativa ni en sede judicial, o mucho menos con la presente acción de tutela, la demandante allegó elementos probatorios diferentes con los cuales pudiera acreditar, más allá de toda duda, que efectivamente su vinculación fue como docente territorial o nacionalizada.De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que la decisión del tribunal observó cada uno de los requisitos contenidos en la Ley 114 de 1913 y demás normas concordantes, interpretación normativa que fue coherente con la realidad procesal

evidenciada dentro del curso del mismo, especialmente con el carácter de docente nacional en su vinculación con la Secretaría de Educación de Bogotá.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá, D.C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04513-01(AC)

Actor: LIGIA MARÍA ACEVEDO SAAVEDRA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia de primera instancia del 16 de diciembre del 2020, proferida por la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.

SÍNTESIS DEL CASO

1. La señora Ligia María Acevedo Saavedra consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, con ocasión del fallo proferido el 6 de mayo de 2020, que revocó la sentencia de primera instancia y negó el reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto, a su juicio, en dicha providencia se incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

I. ANTECEDENTES a.- Solicitud de amparo

2. Mediante escrito del 22 de octubre de 2020, la señora Ligia María Acevedo

Saavedra, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra de la mencionada autoridad judicial, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales antes referidos. En consecuencia, solicitó: PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 06 de mayo de 2020 proferida por el HONORABLE TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN

SEGUNDA – SUBSECCIÓN “C” – Magistrado Ponente DR. SAMUEL JOSE RAMIREZ POVEDA que REVOCÓ la sentencia del 19 de enero de 2018, proferida por el JUZGADO 52 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA la cual ACCEDIÓ a las pretensiones de la demanda, SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable Consejo de Estado proferir una nueva sentencia que REVOQUE la sentencia del 06 de mayo de 2020, proferida por el HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “C” ordenando a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAGISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) RECONOCER y PAGAR la pensión de jubilación GRACIA a la señora LIGIA MARIA ACEVEDO SAAVEDRA identificado con la C.C. No. 36.665.065, desde el

08 de marzo de 2010 (fecha del estatus pensional). b.- Hechos y fundamentos de la vulneración

3. La accionante nació el 6 de febrero de 1953 y se vinculó como docente al servicio del Estado con el departamento del Magdalena durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 16 de julio de 1976 y, posteriormente, con el Distrito de Bogotá entre el 8 de mayo de 1990 y el 8 de marzo de 2010.

4. Al respecto, mencionó que, al estar vinculada sin solución de continuidad, se entiende que su vinculación como docente fue de carácter nacionalizado en todos los periodos laborados y aclaró que los recursos con los cuales le fueron cancelados los salarios y prestaciones sociales provenían del anterior situado fiscal.

5. Expuso que el 8 de marzo de 2010 cumplió con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de gracia, pues para dicha fecha contaba con más de 50 años y cumplió 20 años como docente oficial de orden nacionalizado.

6. En consecuencia, el 10 de mayo de 2010, solicitó ante la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. en liquidación – CAJANAL, hoy UGPP-, el reconocimiento y pago de dicha prestación social, petición que fue negada mediante Resolución PAP 011013 del 30 de agosto de 2010, al considerar que su vinculación a la docencia fue de carácter nacional y no nacionalizado.

7. En consideración a lo anterior, la accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad de la Resolución n.º PAP 011013 de 20 de agosto de 2010 y, en consecuencia, se ordenara a la UGPP

el reconocimiento y pago de la pensión gracia a su favor, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 114 de 1913.

8. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 52 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, mediante sentencia del 19 de enero de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la parte actora, al considerar que la señora Acevedo Saavedra cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913 para ser beneficiaria de la pensión gracia, no obstante, no reconoció a su favor intereses moratorios y declaró probada la excepción de prescripción trienal que propuso la UGPP.

9. Inconforme con la decisión, la UGPP presentó recurso de apelación, desatado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en sentencia del 6 de mayo de 2020, en la que revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, por cuanto no se acreditó el presupuesto de 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado, según las Leyes 114 de 1993, artículos 1, 2, 3 y 4; 37 de 1933, artículo 3º; y 91 de 1989, artículo 15, numeral 2º.

10. La demandante consideró que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales con ocasión de dicha decisión, por cuanto, a su juicio,

incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

11. En cuanto al defecto sustantivo, indicó que el tribunal hizo una inapropiada aplicación de la Ley 114 de 1913 y las demás normas concordantes, pues la accionante sí cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de gracia.

12. Por su parte, frente al desconocimiento del precedente judicial, advirtió que el tribunal omitió aplicar dos sentencias de vital importancia para resolver el caso concreto, tales como: i) la sentencia del 4 de mayo de 2017, Radicado No. 2007000621 (1736-15)1, en la que se indicó que “existe el derecho a gozar de la pensión gracia a todos los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 sin importar si hubieren tenido o no solución de continuidad” y ii) la sentencia de unificación de fecha 21 de junio de 2018, Radicado No. 1 M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 250002342000201304683012, que se refiere a los docentes con situado fiscal y en la que se determinó que, si bien los recursos percibidos por los entes territoriales para pagar los salarios y prestaciones a los docentes tienen su origen en la Nación, una vez concedidos al territorio e incorporados a sus presupuestos, pasaban a ser considerados como propiedad exclusiva de la localidad destinataria e inexorablemente su naturaleza jurídica cambiaba de nacional a territorial. c.- Trámite procesal

13. Mediante auto del 29 de octubre de 2020, la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación admitió la acción de tutela y ordenó la notificación, en calidad

de demandado, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y, como tercero con interés, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión pensión y Contribuciones parafiscales de la protección Social -UGGP. d.- Sentencia de primera instancia

14. El 16 de diciembre de 2020, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A dictó sentencia en la que declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, con sustento en lo siguiente:

15. Sostuvo que la discusión tiene como fin reabrir el debate surtido ante el juez administrativo, pues al revisar el contenido de la sentencia es posible advertir que el tribunal sí tuvo en cuenta y aplicó adecuadamente la normatividad y la jurisprudencia y fue con base en ellas que determinó que la accionante no debía ser beneficiaria de la pensión gracia, por cuanto su vinculación desde el año 1990 fue de carácter nacional, no nacionalizado.

16. Manifestó que en la sentencia tutelada el tribunal citó la sentencia de 21 de junio de 20183, proferida por el Consejo de Estado, que alegó la accionante en la tutela, en la que se concedió la pensión gracia a una docente que prestó sus servicios en interinidad con antelación al año 1980 y en la que se estableció, respecto de la prueba idónea para demostrar la calidad de docente territorial, que el origen de los recursos no define el tipo de vínculo del educador, sino que se deben tener en cuenta los actos administrativos de nombramiento o la certificación

de la autoridad nominadora que de forma inequívoca dé cuenta del tipo de vínculo del docente. 2 M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 3 Consejo de Estado, Sentencia del 21 de julio de 2018. Rad. No. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-14)

CE-SUJ2-011-18.

17. En cuanto al presunto desconocimiento de la sentencia de 4 de mayo de 2017 proferida por el Consejo de Estado4, sostuvo que el tribunal puso de presente que dicho precedente no era aplicable al caso, pues los asuntos versaban sobre circunstancias de hecho y problemas jurídicos disímiles.

18. En esa medida, consideró que la sentencia tutelada no adolecía de defecto sustantivo o desconocimiento del precedente alguno, pues a la luz de las pruebas aportadas al proceso, el tribunal demandado determinó que la accionante no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913 para ser beneficiaria de la pensión gracia, interpretación ajustada a derecho, por lo que había lugar a declarar improcedente el amparo solicitado, por falta del requisito de relevancia constitucional.

f. Impugnación

19. La parte accionante presentó impugnación, la cual fundamentó en lo siguiente:

20. Solicitó tener en cuenta que los recursos mediante los cuales se cancelaban sus salarios provenían del situado fiscal, los cuales ingresaban como patrimonio y rentas a los entes territoriales y no eran de carácter nacional.

21. De igual manera, reiteró que su vinculación se dio sin solución de continuidad entre el departamento del Magdalena y el distrito de Bogotá, por lo que su

vinculación era de carácter nacionalizado.

22. Afirmó que la sentencia tutelada no tuvo en cuenta, en su integridad, la Ley 114 de 1913, norma que indica los requisitos que se deben observar para el reconocimiento de la pensión gracia; así como tampoco el artículo 53 de la Constitución Política, ni la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018.

II. CONSIDERACIONES a.- Competencia

23. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 1983 de 2017, así como lo previsto en el Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. b.- Problema jurídico

24. La Sala deberá determinar, en primer lugar, si se cumplen los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de relevancia constitucional.

25. Superado el estudio anterior y, de conformidad con los argumentos de la impugnación, en segundo lugar, deberá definir si se revoca, modifica o confirma el 4 Consejo de Estado, Subsección B, Sección Segunda. Sentencia del 4 de mayo 2017 M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Rad. No. 08001-23-31-000-2007-00062-01(1736-15) fallo de tutela de primera instancia del 16 de diciembre de 2020, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A para lo cual determinará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial alegados por la parte accionante.

c.- De la acción de tutela contra providencias judiciales

26. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede solo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

27. Desde el año 20125, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, se dispuso que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, este mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.

28. Para tal efecto, se ha instituido que el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela. Además, debe examinar si el demandante identificó y sustentó la causal específica de procedibilidad y expuso las razones que sustentan la violación o amenaza de los derechos fundamentales.

29. Siempre que se advierta que la acción de amparo superó el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, una vez advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

30. Las aludidas causales específicas se instauraron con el objeto de que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran el debate jurídico procesal que es propio de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o desidia, dejaron de plantear ante el juez natural de la causa.

31. Así, para esta Sala es claro que este mecanismo de protección no puede convertirse en una instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

32. En esos términos, la acción de la referencia en tanto mecanismo excepcional 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, exp. 11001-03-15-000-200901328-01, sentencia del 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González. 6 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.

debe sujetarse al cumplimiento de tales requisitos cuando se propone contra una providencia judicial. d.- Análisis del caso concreto

33. El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un defecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela.

34. En cuanto a la relevancia constitucional, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado en la decisión de primera instancia, dicho presupuesto se encuentra superado, en tanto la discusión se centra en determinar si la autoridad judicial accionada observó los requisitos establecidos en la ley y la jurisprudencia para el reconocimiento de la pensión gracia. Además, se alegaron defectos específicos de tutela contra providencia judicial y no se advierte que los argumentos del tutelante sean una réplica de los alegados en las instancias ordinarias o que, en suma, pretenda emplear la tutela como una tercera instancia, en consideración a que, entre otras razones, quien apeló la sentencia favorable dentro del proceso

ordinario fue la entidad demandada y no la parte demandante.

35. En consecuencia, la Sala procederá a analizar el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente invocados por la parte accionante.

Defecto sustantivo

36. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura cuando una providencia judicial se sustenta en fundamentos jurídicos a todas luces inaplicables al caso objeto de la litis, es decir, cuando se decide con base en “una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”7. Luego, el defecto material o sustantivo se configura “cuando, en ejercicio de su autonomía e independencia, la autoridad judicial desborda con su interpretación la Constitución o la ley”8.

37. El demandante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, por cuanto hizo una inapropiada aplicación de la Ley 114 de 1913 y las demás normas concordantes, pues la accionante sí cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de gracia.

38. En esa medida, con el fin de establecer si el tribunal vulneró los derechos invocados por la accionante, la Sala entrará a determinar si en el fallo tutelado se efectuó una interpretación normativa coherente del régimen legal de la pensión gracia.

39. La pensión gracia fue creada y regulada con la expedición de la Ley 114 de 1913, y es considerada una pensión con carácter especial, a la cual se hacen

7 Sentencia T-073 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. 8 Sentencia T-065 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.

acreedores, conforme al artículo 1º de esa norma, los “maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años”.

40. El artículo 3º de la Ley 114 de 1913, consagró que el tiempo referido de 20 años, podía contarse al computar servicios prestados en diversas épocas y con aquellos que se hubieren prestado con anterioridad a su entrada en vigencia.

41. Por su parte, el artículo 4º9 de la citada norma señaló como requisitos para que el docente sea beneficiario de la pensión gracia los siguientes:  Que en los empleos desempeñados se haya conducido con honradez y consagración.  Que no haya recibido ni reciba actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, sin perjuicio de los derechos adquiridos a favor de los docentes, según los cuales pueden percibir la pensión ordinaria que les corresponde por el mismo tiempo de servicio y disfrutar de las excepciones legales del artículo 19 de la ley 4ª de 1992, dejados a salvo en la Ley 91 de 1989.  Que haya observado buena conducta.  Que haya cumplido cincuenta (50) años, o que se encuentre en incapacidad por enfermedad y otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.

42. Mediante la Ley 116 de 192810, ese beneficio fue extendido a los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública, a quienes, para el cómputo de los años de servicio, les fue permitido sumar los períodos laborados en diversas épocas en escuelas primarias y escuelas

normales, con la posibilidad de incluir en aquella, la enseñanza que implica inspección. 43.

44. La Ley 37 de 193311, permitió a los maestros de escuela, que hubieren completado los años de servicio señalados por la ley, en establecimiento de enseñanza secundaria, acceder a la pensión estudiada. Ello, sin perder de vista lo 9 “Art. 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe: 1.- Que en los empleos en que se ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.

2. Derogado ley 45 de 1913.

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación y por un Departamento.

4. Que observa buena conducta. 5.- Derogado ley 45 de 1913.

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad y otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento”. 10 Artículo 6º.- Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de las normalista, pudiéndose contar en aquélla la que implica la inspección. ...". (Subraya fuera de

texto). 11 "Artículo 3º.- Las pensiones de jubilación de los maestros de escuelas rebajadas por decreto de carácter legislativo quedarán nuevamente en la cuantía señalada por las leyes. Hacénse extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria". contemplado en la Ley 114 de 1913, cuando, de igual manera, hace referencia a "los años de servicios señalados por la Ley".

45. El artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, cuentan con el derecho a su reconocimiento, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.

Dicha pensión se reconocía por la Caja Nacional de Previsión Social, conforme al Decreto 081 de 1976, y es compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar a cargo total o parcial de la Nación.

46. La exigencia legal contenida en el numeral 2º literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, consistente en que se reconocerá pensión gracia a los docentes territoriales vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, no supone que para esa fecha debían tener un vínculo laboral vigente; por el contrario, se refiere a que con anterioridad haya estado vinculado al servicio docente territorial, máxime si se tiene

en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 113 de 1914, para el cómputo del tiempo de servicio, dicho tiempo puede ser prestado en distintas épocas, esto es, en forma continua o discontinua, pues lo que exige la norma es que el docente haya prestado sus servicios a entidades territoriales con vinculación de la misma índole, por 20 años y haya ingresado al servicio antes del 31 de diciembre de 1980.

47. La jurisprudencia de esta Corporación12, reiterada en sentencia de unificación de la Sección Segunda de 21 de junio de 201813, dispuso que la pensión gracia prevista en la ley, en los términos descritos, solo es aplicable a los docentes departamentales, distritales y municipales, llamados territoriales, y no así a los nacionales, en acatamiento a las disposiciones antes analizadas.

48. La calidad de docente territorial no se adquiere por la prestación del servicio en entidades territoriales desde una óptica eminentemente geográfica, sino por el tipo de vinculación a establecimientos del orden territorial.

49. Lo anterior, por cuanto todos los docentes vinculados como nacionales al servicio de establecimientos educativos del orden nacional prestan sus servicios en el ámbito territorial de un municipio, distrito o departamento, pero tal hecho no altera en manera alguna su tipo de vinculación con la Nación – Ministerio de Educación Nacionalen un establecimiento de ese orden.

50. En suma, los docentes territoriales protegidos por la norma, a quienes les asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, previa 12 Sobre el particular se pueden consultar las siguientes providencias: - Sentencia de noviembre veintidós (22) de dos mil doce (2012), de la SALA DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCION “A” del CONSEJO DE ESTADO. Expediente No. 250002325000201100321-01. Referencia: 1141-2012. “También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de estar vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia…”. - Sentencia proferida el 24 de febrero de 2011 por el H. Consejo de Estado, con ponencia de la Dra. Bertha Lucia Ramírez De Páez, dentro del proceso con radicado No. 41001-23-31-000-2007-00271-01(160510). 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de Unificación SUJ-SII-11-2018 del 21 de junio de 2018. Expediente nº. 25000234200020130468301.

Magistrado Ponente: Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Demandante: Gladys Amanda Hernández Triana acreditación de los requisitos legales, son aquellos que no dependen de la Nación –no obstante que hoy se llamen docentes nacionalizados a causa de la nacionalización decretada en la Ley 43 de 1975-.

51. Así entonces, los requisitos para acudir a la pensión especial de gracia consisten, a la luz de los artículos 1º14 y 4º de la Ley 114 de 1913, en que los maestros, -en principio únicamente aquellos de escuelas primarias oficialeshayan

prestado sus servicios al magisterio, por un término no menor de 20 años y cuenten con una edad de 50 años.

52. Lo que consagraron las normas posteriores fue una ampliación de la aplicación de la Ley 114 de 1913 al hacer extensivo su alcance a quienes laboraban en otros establecimientos, fuera de las escuelas primarias y las escuelas normales oficiales, a quienes la ley quiso proteger su trabajo en esta categoría, siempre que se trataran de docentes no nacionales.

53. En el sub examine, la Sala observa que los fundamentos con los que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la

demanda, fueron los siguientes: [P]or otra parte, teniendo en cuenta que la demandante, para acreditar su vinculación como docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, allegó el Decreto 223 del 24 de mayo de 1976 mediante el cual el Gobernador del departamento del Magdalena, efectuó su nombramiento como Directora Seccional de la Escuela Urbana “La Milagrosa”, resulta indispensable precisar que el Presidente de la República, en uso de las facultades pro tempore, con el fin de mantener el personal docente vinculado a las instituciones educativas, expidió el Decreto Ley 224 de 1972, mediante el cual, dispuso unos beneficios o estímulos, y concretamente en el artículo 6º, reguló lo atinente a la situación que se presenta cuando un maestro es nombrado para ocupar cargos administrativos, así: (…) De la anterior disposición, se debe concluir, que el escenario que

plantea la norma, consiste en mantener los beneficios y la condición de maestro para efectos del ascenso en el escalafón, así como para la pensión de jubilación, respecto de aquellas docentes que fueran nombrados en cargos administrativos relacionados con la enseñanza elemental, secundaria o media, capacitación, supervisión e investigación científica, es decir, que lo restringe a los perfiles de la educación, y no a los empleados administrativos que desempeñen funciones distintas a las ligadas directamente con la enseñanza, dicho de otra manera, se conservan estas prerrogativas para los que ejerzan la función educadora, bien sea como maestro, o para quien ocupe un cargo administrativo con función docente cómo sería el cargo de directora que corresponde al que ejercía la demandante. 14 Artículo 1o.- Los Maestros de Escuelas Primarias oficiales que hayan servido al Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de l