CE-11001-03-15-000-2020-04695-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL

PROBATORIO / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL – Sentencia SU – 072 DE 2018 / ABSOLUCIÓN DEL ACUSADO – En aplicación del principio in dubio pro reo / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – La absolución de la persona privada de la libertad no implica per se la responsabilidad extracontractual del Estado / CRITERIOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – El régimen de responsabilidad en el proceso penal y en el contencioso administrativo es distinto / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Ajustada a derecho / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto fáctico, como quiera que valoró de manera conjunta y razonada las pruebas aportadas al proceso de reparación directa. En efecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, desestimó el daño antijurídico, luego de valorar los elementos fácticos que alegó el actor como desconocidos, ya que tuvo en cuenta las circunstancias en las que se llevó a cabo su captura, las incongruencias entre los testimonios aportados por la defensa y por la Fiscalía General de la Nación y la motivación del Juez Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de

Conocimiento de Cúcuta para dictar sentencia absolutoria. Además, el análisis probatorio realizado por la autoridad judicial demandada estuvo sustentado en el precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, que, como se vio, definieron el contenido y alcance de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y desestimaron la procedencia automática de la responsabilidad objetiva en esos casos.Así mismo, aun cuando la decisión del juez penal hubiese sido absolutoria en aplicación del principio in dubio pro reo, ello no implica que la medida de privación de la libertad resultara ilegal, irrazonable o desproporcionada en el momento en que se dictó. Sobre este particular, cabe resaltar que esta Sala ha reiterado que las valoraciones que se efectúan en el proceso penal son distintas a aquellas que se hacen en el contencioso administrativo, pues en el primero van encaminadas a determinar si la conducta es típica, antijurídica y culpable. En cambio, en el contencioso, en los casos de privación de la libertad se realiza un análisis con elementos de juicio propios del dolo y la culpa civil, al punto que el hecho de que no se declare la responsabilidad penal, no establece per se la responsabilidad del Estado. (…) Para esta Sala, la parte demandante no puede suponer que la absolución de responsabilidad penal del investigado “constituya per se un veredicto automático de responsabilidad extracontractual del Estado, y que, en sede contencioso administrativa, se deba declarar que existió un daño atribuible a la administración, por la privación de su libertad. Al decidir esta clase de asuntos,

el juez administrativo no puede prescindir del análisis de los hechos que rodearon la decisión de la privación de la libertad, se insiste, sin incidir en su ya declarada ausencia de responsabilidad penal”. En suma, el estudio efectuado por la Sección Tercera, Subsección “A” de esta Corporación no desconoció los elementos fácticos que llevaron al juez penal a absolver al señor [A.R.R.] de los cargos que le fueron imputados, sino que, por el contrario, realizó un estudio de las circunstancias de la captura, los argumentos y las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación para solicitar la medida de aseguramiento, así como el cumplimiento de los requisitos objetivos necesarios para dictarla de conformidad con lo establecido en los artículos 287, 306 y 308 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). Por lo demás, en relación con la sentencia de 10 de junio de 2020, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en un asunto que para el actor tiene similares contornos fácticos, se advierte que no es un precedente judicial aplicable, en tanto se trata de una decisión proferida con posterioridad al fallo objeto de tutela.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad se sugiere consultar las sentencias C037 de 1996 y SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04695-00(AC)

Demandante: AURELIANO RAMÍREZ RAMÍREZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: Tutela contra providencia judicial proferida por Alta Corporación.

Reparación directa. Privación injusta de la libertad. Defecto fáctico. Niega las pretensiones de la acción SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida por el señor Aureliano Ramírez Ramírez contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que considera vulnerados con el fallo de 8 de mayo de 2020, que revocó la sentencia del 19 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Sala de Descongestión y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos El actor señaló que el 12 de diciembre de 2009, la Policía Nacional en búsqueda de un sujeto, irrumpió en la finca del señor Jesús Argenis Vera Sanabria, ubicada

en la vereda La Uchema, en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) y allí capturaron a un grupo de personas entre las que se encontraba el señor Aureliano Ramírez Ramírez, sindicándolo de “una serie de delitos, de poseer una serie de armas y utensilios de guerra”1. El 14 de diciembre de 2009, el Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cúcuta declaró legal la captura y ordenó su detención preventiva en la cárcel Modelo de Cúcuta. Aseguró que la calificación jurídica de la conducta por parte de la Fiscalía General de la Nación fue la de coautor de los delitos de concierto para delinquir, en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas o municiones, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y utilización ilegal de uniformes e insignias. Sin embargo, sostuvo que durante la audiencia de formulación de acusación la Fiscalía adicionó e imputó el delito de utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, que no había sido considerado con anterioridad y sin correr el traslado respectivo. Afirmó que como consecuencia de su captura y al estar “sindicado de pertenecer a un grupo de paramilitares ‘LOS RASTROJOS’2, el 26 de enero de 2010 asesinaron a su hijo Luis Enrique Ramírez Escamilla, como retaliación en su contra de otro grupo al margen de la ley. El 31 de agosto de 2010, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cúcuta dictó sentencia absolutoria a favor del

señor Ramírez Ramírez. Por esta razón, los señores Aureliano Ramírez Ramírez, Rosalba Escamilla Maldonado, actuando en propio nombre y en representación de su hijo menor Joan Sebastián Ramírez Escamilla y los señores Juan Evangelista Ramírez Ramírez, Luz Adriana, Ángela María, Jenny Carolina y Jhon Jairo Ramírez Escamilla, iniciaron el medio de control de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, al considerar que la privación de la libertad que aquel debió soportar fue injusta y les generó graves perjuicios, los cuales debían indemnizarse por las entidades demandadas (rad. Nº 54001-23-31-000-2011-00422-00). El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Sala de Descongestión, que mediante sentencia de 19 de septiembre de 20143, declaró administrativamente responsable a la Nación, Rama Judicial, por los daños y perjuicios ocasionados a los actores con ocasión de la privación injusta del señor Aureliano Ramírez Ramírez. En consecuencia, condenó a dicha entidad al pago de perjuicios morales y materiales a favor de los demandantes. Respecto de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, negó las pretensiones de la demanda. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, formuló recurso de apelación, que fue resuelto por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado4, en sentencia 8 de mayo de 2020, en el sentido de revocar el

fallo de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

2. Fundamentos de la acción El demandante indicó que la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, al 1 Folio 1 del escrito de tutela. 2 Folio 6 del cuaderno 1.

3 M.P. Robiel Amed Vargas González. 4 C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E). proferir la sentencia de 8 de mayo de 2020, en la que revocó la decisión proferida por Tribunal Administrativo de Norte de Santander de 19 de septiembre de 2014, que había accedido a las pretensiones de la demanda de reparación directa iniciada por los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad de la que fue objeto. En primer lugar, aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad, en tanto (i) goza de relevancia constitucional ya que lo que se discute es la vulneración de los derechos fundamentales antes invocados; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial; (iii) cumple el requisito de inmediatez; (iv) se identificaron razonadamente los hechos que vulneran los derechos fundamentales y, por último, (v) no se dirige contra un fallo de tutela. Sostuvo que la autoridad judicial demandada “no tuvo en cuenta las circunstancias reales en las que se llevó a cabo mi captura, ni la serie de inconsistencias que presentó la autoridad judicial para endilgar una falsa responsabilidad en mi contra, el ocultamiento de información, incongruencias en sus propios testimonios, en el

mal procedimiento ejecutado por ellos, eventos que permiten evidenciar que si hubo arbitrariedad, la privación injusta de mi libertad no fue apropiada, ni razonada y menos aún ajustada a derecho”, elementos que se constatan en la sentencia absolutoria del juez penal. Aseguró que aun cuando se encontraba en el lugar de los hechos el 12 de diciembre de 2009, su captura fue irregular, ya que no se encontraba cometiendo ningún delito, sino que, por el contrario, estaba descansando con algunos familiares en ese lugar. De este modo, afirmó que la privación de la libertad obedeció a un capricho de los agentes que efectuaron el operativo, a la actuación de la Fiscalía General de la Nación por imputarle delitos que no cometió y al Juez de Control de Garantías por decretar la medida de aseguramiento en centro carcelario, sin haber valorado cada una de las circunstancias presentadas a su favor dentro del expediente del proceso penal. Aseveró que si bien existían algunas afirmaciones o posibles señalamientos en su contra por encontrarse en esa finca, lo cierto es que el ente investigador pudo adelantar las actuaciones pertinentes sin privarlo de la libertad, máxime cuando no contaba con ninguna otra prueba que permitiera, por lo menos considerar su vinculación con algún grupo ilegal o estar inmerso en algún ilícito. Insistió en que fueron precisamente la falta de material probatorio, las inconsistencias en el proceso de captura y la falta de credibilidad de quienes pretendieron involucrarlo en la supuesta comisión de los delitos, los aspectos fácticos que determinaron el sentido de la decisión absolutoria, siendo estos relevantes para el juicio de responsabilidad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que las circunstancias antes señaladas demuestran la arbitrariedad de la que fue víctima, “i) por parte de los agentes de la Policía, ii) por parte de La Fiscalía General de la Nación y iii) por parte del Juzgado de Control de Garantías, pues los primeros irrumpieron en una propiedad privada a través de un mal procedimiento, el cual manifestaron ser en flagrancia y sumado a esto mintieron en la forma como ingresaron a la finca, en la cantidad real de personas que se encontraban en el lugar, que había niños, mujeres – incluso una embarazada-, con el fin de esconder sus malas acciones, pues bien sabían que habían personas inocentes en dicho lugar pero aun así las capturaron y omitieron información, igualmente lo hizo la segunda como ente acusador pues no habían razones de peso para endilgarme responsabilidad alguna y el Tercero por no valorar cada circunstancia de los hechos y acceder a lo pretendido por la Fiscalía dentro del marco del proceso penal”. Manifestó que debe endilgarse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación que impone la necesidad de efectuar un juicio de reproche sobre su actuación, al no agotar las actividades de investigación necesarias para esclarecer si efectivamente se encontraba realizando actividades ilícitas o era perteneciente o prestaba colaboración a grupos al margen de la ley. Además de formular los argumentos antes mencionados, hizo referencia a la sentencia de 10 de junio de 20205, proferida por la autoridad judicial demandada, en la que se declaró la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, al encontrar que la privación injusta de la libertad del demandante fue

injusta, toda vez que “las providencias a través de las cuales la Fiscalía definió su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva y lo convocó a juicio no se ciñeron a la ley y no contaron con respaldo probatorio alguno”.

3. Pretensiones El accionante formuló las siguientes: “1) CONCEDER, la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad a mí AURELIANO RAMÍREZ RAMÍREZ. 2) En consecuencia, dejar sin efectos la Sentencia de Segunda instancia proferida por el Honorable Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A – el día 08 de mayo de 2020, dentro del proceso bajo radicado No. 54-001-23-31-000-2011-00422-01 (54.059), por la cual se revocó la Sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y negó las pretensiones de la demanda de reparación directa, interpuesta por el suscrito AURELIANO RAMÍREZ RAMÍREZ, contra la NACIÓN

COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL

DE COLOMBIA; NACIÓN COLOMBIANA – FISCALIA GENERAL DE LA NACION - RAMA JUDICIAL. 3) Ordenar que el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del fallo de tutela, proteja mis derechos como parte actora, y profiera una nueva sentencia en la cual tenga en cuenta todo el material probatorio que obra dentro del proceso y así mismo el precedente jurisprudencial del H. Consejo

de Estado y la H Corte Constitucional en punto de Privación injusta de la libertad de la acción Reparación Directa de la referencia”.

4. Pruebas relevantes Mediante correo electrónico de 30 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander allegó copia digital del expediente que contiene el medio de control de reparación directa radicado bajo el Nº 54001-2331-000-2011-00422-00.

5. Trámite procesal 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, exp. Nº 25000-23-36-000-2014-0013201(54359), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).

Por auto de 13 de noviembre de 2020, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como a la autoridad judicial que asumió el conocimiento de los procesos del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Sala de Descongestión, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, a la Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a los señores Rosalba Escamilla Maldonado, Joan Sebastián Ramírez Escamilla, Juan Evangelista Ramírez Ramírez, Luz Adriana Ramírez Escamilla, Ángela María Ramírez Escamilla, Jenny Carolina Ramírez Escamilla y Jhon Jairo Ramírez Escamilla, como terceros interesados en el resultado del proceso, a quienes se les remitió copia de la solicitud de amparo. Además, se ofició al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” y a la autoridad judicial que asumió el conocimiento de los procesos del Tribunal

Administrativo de Norte de Santander, Sala de Descongestión, en el evento de que el expediente haya sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso Nº 54001-23-31-000-2011-00422-01, demandante: Aureliano Ramírez Ramírez y otros. La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 85319 a 85329 de 17 de noviembre de 2020, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión6. Encontrándose el proceso para proferir fallo de primera instancia, el despacho adviertió que en el expediente no obraba notificación surtida por parte de la Secretaría General del auto admisorio de 13 de noviembre de 2020, a los señores Rosalba Escamilla Maldonado, Joan Sebastián Ramírez Escamilla, Juan Evangelista Ramírez Ramírez, Luz Adriana Ramírez Escamilla, Ángela María Ramírez Escamilla, Jenny Carolina Ramírez Escamilla y Jhon Jairo Ramírez Escamilla, terceros con interés en el resultado del proceso de la referencia. Por esta razón, a través de auto de 29 de enero de 2021, con el fin de garantizar el derecho de defensa, ordenó a la Secretaría General que efectuaran la notificación correspondiente. La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 7084 a 7112 de 1 de febrero de 2021, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión. Los terceros con interés antes mencionados fueron notificados al correo electrónico suministrado por el actor en memorial de 30 de noviembre de 2020, deilor1516@hotmail.com. El expediente ingresó al despacho para fallo el 5 de febrero de 2021.

6. Oposición 6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Mediante memorial allegado por correo electrónico el 19 de noviembre de 2020, el Consejero a cargo del despacho judicial que regentó la ponente de la época en que se dictó la providencia demandada, solicitó que se nieguen las pretensiones 6 El accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: sanabrias51@hotmail.com;

notiftutelas3@consejoestado.ramajudicial.gov.co; notifmarin@consejoestado.ramajudicial.gov.co; notifczambrano@consejoestado.ramajudicial.gov.co; notifmvelasquez@consejoestado.ramajudicial.gov.co; procesosnacionales@defensajuridica.gov.co; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; Notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co; notificacion.tutelas@policia.gov.co; deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co; prouj05admocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminnstd@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminnstd@notificacionesrj.gov.co. de la acción de tutela, al considerar que “de la lectura del fallo cuestionado se evidencia que se profirió con estricto apego a la jurisprudencia aplicable al caso y con fundamento en el ordenamiento jurídico por el que debía regularse y decidirse, cuyos fundamentos quedaron consignados, de manera clara y precisa, en su parte motiva”.

Refirió que la sentencia cuestionada se halla fundada en los lineamientos jurisprudenciales aplicables al caso y se dictó sin desconocer las garantías que informan el debido proceso. Indicó que el fallo objeto de tutela revocó la sentencia de 19 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por cuanto encontró que la privación de la libertad del señor Aureliano Ramírez Ramírez no fue injusta, toda vez que las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y del juez de control de garantías, en el marco del proceso penal que se adelantó en su contra por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, se ajustaron a la Ley 906 de 2004, de tal suerte que le impuso medida de aseguramiento, por cuanto en ese momento se podía inferir razonablemente la probable participación del señor Ramírez Ramírez en la comisión de esas conductas punibles. Sostuvo que la decisión proferida aplicó el régimen de responsabilidad de la falla del servicio establecido en la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de lo expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, a partir de las cuales se concluyó de manera válida y razonada, que la privación de la libertad a la que fue sometido el demandante en ese proceso no fue ilegal, irrazonable o desproporcionada como lo afirma en la solicitud de amparo. Manifestó que aun cuando el señor Aureliano Ramírez Ramírez fue absuelto del

proceso penal, lo cierto es que, en primer lugar, ello ocurrió en aplicación del principio in dubio pro reo, circunstancia que, por sí misma, no conlleva la responsabilidad patrimonial del Estado, pues no se probó que existiera alguna conducta reprochable de las demandadas en el proceso penal que se adelantó en contra del actor. Aseguró que no es de recibo la afirmación efectuada por el actor, en el sentido de que la Fiscalía General de la Nación podía continuar las investigaciones sin privarlo de la libertad, dado que el juez con funciones de control de garantías encontró satisfechos los requisitos del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, por lo que procedió a imponer medida de restricción de la libertad en establecimiento carcelario. Por último, indicó que la providencia demandada estimó que las decisiones proferidas en el proceso penal se ajustaron a las circunstancias y a los elementos con los que contaba el funcionario judicial al momento de emitirlas, lo que permitió concluir que las medidas no desbordaron los criterios de proporcionalidad ni de razonabilidad, por existir indicios de responsabilidad suficientes. 6.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional Mediante memorial de 20 de noviembre de 2020, el Jefe Área Jurídica de la Secretaría General solicitó que se desvincule a la institución, al considerar que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que en la sentencia objeto de reproche constitucional nunca se examinó la responsabilidad de la Policía Nacional por la privación de la libertad del señor Aureliano Ramírez Ramírez, ya que la institución fue desvinculada desde el fallo de primera instancia.

Señaló que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, al revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander no efectuó análisis alguno de la actuación de la Policía Nacional por la captura en flagrancia del señor Ramírez Ramírez, a lo que agregó que en el escrito constitucional tampoco se alude responsabilidad por parte de esa entidad. 6.3. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación En escrito remitido el 19 de noviembre de 2020, a través de correo electrónico, la Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos pidió que se declare improcedente la acción de tutela, al considerar que (i) el accionante no da cuenta de por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción, como es el recurso extraordinario de revisión, no hizo uso del mismo; (ii) no sustentó las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente y (iii) pretende retrotraer actuaciones procesales finalizadas. Señaló que teniendo en cuenta que a través del medio de control de reparación directa el actor persiguió la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, en el escrito de tutela debió verificarse la materialización de un perjuicio que vulnere de manera flagrante sus derechos fundamentales. Sostuvo que la acción de tutela se elevó como una instancia adicional, ante la negativa recibida en la jurisdicción contencioso administrativa. Indicó que los argumentos del demandante están relacionados con la carencia probatoria dentro del proceso y no por haberse apartado de las normas procesales

aplicables. Enseguida, aseguró que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa mínima para habilitar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, pues no identificó el tipo de error en el que presuntamente incurrió la providencia controvertida, razón por la cual, el juez constitucional no puede entrar a estudiar la totalidad de la sentencia para identificar dichos defectos. En cualquier caso, precisó que la providencia demandada señaló que para iniciar la investigación penal, la Fiscalía General de la Nación tuvo en cuenta que “el señor Ramírez Ramírez fue capturado por la Policía Nacional en una finca en la que minutos antes, ingresó un sujeto que había disparado en 4 ocasiones contra las autoridades, gritando a quienes se encontraban allí: “NOS CAYERON LOS TOMBOS, CORRAN, CORRAN” y que en esa finca fueron sorprendidas otras 8 personas, con armas de fuego, cartuchos, granadas, radio de comunicación, chalecos, arnés de lona color verde de uso privativo de las fuerzas militares, motocicletas sin placas, teléfonos celulares y elementos de primeros auxilios”. Agregó que el Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, en la audiencia de formulación de la imputación, encontró satisfechos los requisitos del artículo 308 de la Ley 906 de 2004 y, por tanto, como los delitos por los que se investigaba al señor Ramírez Ramírez eran competencia de los jueces penales del circuito especializados e investigables de oficio, por tener contemplada una pena mínima de prisión superior a 4 años, procedió a imponerle

medida de restricción de la libertad en establecimiento carcelario, en cumplimiento del artículo 313 del mismo marco normativo procesal. Finalmente, sostuvo que la absolución del procesado no implica que la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de imponer medida de aseguramiento y la decisión del juez de control de garantías de acceder a ella, fueran contrarias a derecho ni comportaran arbitrariedad o capricho y, en consecuencia, no puede predicarse falla alguna del servicio por parte de las autoridades demandadas. 6.4. Los señores Rosalba Escamilla Maldonado, Joan Sebastián Ramírez Escamilla, Juan Evangelista Ramírez Ramírez, Luz Adriana Ramírez Escamilla, Ángela María Ramírez Escamilla, Jenny Carolina Ramírez Escamilla y Jhon Jairo Ramírez Escamilla, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico 2.1. Aun cuando la parte accionante no alegó la configuración de un defecto en específico, en aras de garantizar su derecho de acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, la Sala observa que los argumentos expuestos en el escrito de tutela se orientan a proponer una inconformidad en relación con la falta de valoración de la sentencia absolutoria proferida el 31 de agosto de 2010,

por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, lo cual se encuadra en un supuesto defecto fáctico. 2.2. Así las cosas, la Sala debe determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, desconoció los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad al emitir la providencia de 8 de mayo de 2020, en la que determinó que no se configuró un daño antijurídico por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Aureliano Ramírez Ramírez, y si incurrió en defecto fáctico por no tener cuenta la sentencia absolutoria del juez penal, en concreto, la manera en que se llevó a cabo su captura, las incongruencias de los testigos y, en general, la falta de material probatorio, que llevaron a que fuera absuelto por aplicación del principio in dubio pro reo.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos7 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos8, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta). 7 Aprobada Por Medio de la Ley 16 de 1972.

8 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20129, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pu