CE-11001-03-15-000-2020-04852-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / ANTECEDENTE Y PRECEDENTE – Diferencias / ANTECEDENTE – Criterio interpretativo en casos similares / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / HISTORIA CLÍNICA – De su valoración no se extrae que los procedimientos médicos fueran contrarios al deber ser en la ciencia médica / MODIFICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DAÑO ANTIJURÍDICO - No fue generado por la mala praxis sino por la pérdida de oportunidad / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – Por la tardanza injustificada en el traslado a centro asistencial de mayor nivel / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES En ese orden, sostuvieron que la autoridad judicial accionada incurrió en defectos fáctico en su dimensión negativa y en desconocimiento del precedente judicial. Sobre el particular, señalaron que el Tribunal Administrativo de Huila desconoció lo dispuesto en las siguientes providencias: (i) sentencia de 1º de marzo de 2018 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A (C.P. Marta Nubia Velásquez Rico) ; (ii) sentencia de 13 de noviembre de 2014 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B (C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero) y (iii) sentencia de 14 de mayo de 2014 expedida por el Consejo

de Estado, Sección Tercera – Subsección C (C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz). Pues bien, revisadas las providencias referidas, la Sala encuentra que no son pronunciamientos de unificación, que obliguen al operador jurídico a su aplicación, sino son únicamente antecedentes, que pueden ser utilizados como criterios interpretativos en casos similares. (…) Sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra que revisados los antecedentes traídos por los actores, estos se circunscriben a determinar la validez de la historia clínica para acreditar falla médica; sin embargo, en forma alguna corresponden a una directriz de aplicación irrestricta, en el sentido de indicar al juez del asunto, que ese es el título de imputación que debe aplicarse en todos los casos. En ese orden, corresponde al juez natural del asunto valorar el documento, en aplicación de principios de sana crítica y con base en la autonomía judicial, en aras de determinar la existencia o no de responsabilidad estatal y en tal caso, de los perjuicios que está llamada a resarcir. De igual manera, la Sala advierte, que contrario a lo expuesto en el escrito de tutela, de la lectura de sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Huila, se avizora el estudio de la historia clínica, de cuyo contenido no se pudo extraer que el tratamiento del cual fue objeto del señor [P.L.] hubiese sido los causante directos de su fallecimiento y, de forma contraria, se reprochó la tardanza injustificada en el traslado a otro centro asistencial; situación esta, que en tal caso se advierte, no podía ser entendida como determinante en cuanto a la sobrevivencia del causante. (…) El contenido de la providencia en cita permite

evidenciar que las consideraciones realizadas por el Tribunal Administrativo de Huila, no comportan una afectación negativa de los derechos procesales y sustanciales de los actores, pues realiza una verificación de los procedimientos a los que fue sometido el señor [P.L.] desde el punto de vista de la lex artis y además, corrobora la negligencia de las actuaciones administrativas desplegadas por las demandadas, hecho del cual devino la condena. En ese orden, la Sala observa que la autoridad judicial accionada efectuó una interpretación normativa y fáctica coherente, que se compadece con la situación del proceso, la cual no hacía posible atender a sus intereses en el proceso en los términos por ellos esperados. (…) Así las cosas, aun cuando de la historia clínica se puede hacer un juicio de legalidad, en relación a las actuaciones administrativas desplegadas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva, que redundó en la remisión tardía del señor [P.L.] a una entidad de mayor nivel; de su lectura no se puede extraer per se que los cuidados médicos suministrados fueran contrarios al deber ser en la ciencia médica. (…) Igualmente, se observa que la autoridad judicial cuestionada interpretó razonadamente las pruebas oportunamente allegadas al proceso, que lo llevaron a la convicción de disminuir la disminución de la indemnización otorgada, debido a que la fuente del daño no fue el deceso del señor [P.L.]; sino la tardanza injustificada en la remisión a un hospital de mayor nivel, que supuso la pérdida de oportunidad de ser valorado en ese centro asistencial.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04852-00(AC) Actor: DELFI GASCA VEGA, QUIEN ACTÚA EN NOMBRE PROPIO Y EN

REPRESENTACIÓN DE LOS. MENORES YOLANDA GASCA VEGA Y RAMIRO

GASCA VEGA Y OTROS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE HUILA Acción de tutela – Fallo de primera instancia La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por los señores María Delfi Gasca Vega, quien actúa en nombre propio y en representación de los menores Yolanda Gasca Vega y Ramiro Gasca Vega, Yesica Paola Gasca Vega, María Luisa Gasca Vega, Angie Estefanía Gasca, Cristian Camilo Pérez Ruiz, Wendy Vanesa Pérez Ruiz, Angie Paola Ruiz Rodríguez, Yolanda Losada de Pérez, Ramiro Pérez, Yaneicy Pérez Lozada y Arsenio Pérez Lozada, quien actúa a través de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Huila.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones Los señores María Delfi Gasca Vega, quien actúa en nombre propio y en representación de los menores Yolanda Gasca Vega y Ramiro Gasca Vega, Yesica Paola Gasca Vega, María Luisa Gasca Vega, Angie Estefanía Gasca, Cristian Camilo Pérez Ruiz, Wendy Vanesa Pérez Ruiz, Angie Paola Ruiz Rodríguez, Yolanda Losada de Pérez, Ramiro Pérez, Yaneicy Pérez Lozada y

Arsenio Pérez Lozada, quienes actúan a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitan la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales estima lesionados por el Tribunal Administrativo de Huila, como consecuencia de los presuntos errores sustantivo y fáctico, en que incurrió al momento de dictar la sentencia de 22 de mayo de 2020, dentro del trámite del proceso de reparación directa que dio origen a la presente acción constitucional. En amparo de los derechos invocados, solicitaron: “Es por todo lo anterior que muy respetuosamente ruego del honorable Presidente del Consejo de Estado y demás Honorables Magistrados, se dignen tutelar el derecho fundamental al debido proceso y demás derechos fundamentales concordantes, que le han sido vulnerados a mis representados María Delfi Gasca Vega, Yesica Paola Gasca Vega, María Luisa Gasca Vega, Angie Estefanía Gasca Vega, Yolanda Gasca Vega, Ramiro Gasca Vega, Cristian Camilo Pérez Ruiz, Wendy Vanesa Pérez Ruiz, Angie Paola Ruiz Rodríguez, Yolanda Lozada de Pérez, Ramiro Pérez, Yaneicy Pérez Losada y Arsenio Pérez Losada, al igual que al suscrito como su apoderado judicial, por las vías de hecho en que incurrió el honorable Tribunal Administrativo del Huila, con ocasión de la decisión tomada mediante sentencia de fecha (sic) 22 de mayo de 2020, pero notificada el 21 de agosto de 2020, dentro del proceso radicado bajo el No. (sic) 410013331705-2012-000040-03, seguido por la

señora María Delfi Gasca Vega y otros, contra la ESE – Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva y otros. Como consecuencia de esta declaración, se sirva amparar el derecho vulnerado a mis representados, ordenando la nulidad de la decisión judicial atacada y de las actuaciones judiciales posteriores a la misma, y que le ordene al H. (sic) Tribunal Administrativo del Huila que dentro de un plazo máximo de 48 horas subsiguientes a la sentencia, profiera decisión judicial en la que se atempere lo dispuesto por el derecho positivo Colombiano, específicamente por lo dispuesto en los artículos 1, 2, 6, 13, 29, 88, 89, 93, 93, 95-7, 228 y 230 de la Constitución Política, al igual que los artículos 1, 2 y 3 del C.P.A.C.A., para que se profiera sentencia de fondo atendiendo al caudal probatorio allegado al plenario y los lineamientos constitucionales y legales del derecho positivo, conforme han sido definidos en casos similares por el precedente judicial del H. Consejo de Estado”.

2. Hechos La anterior solicitud se sustentó en los hechos y consideraciones que se resumen a continuación: La señora María Delfi Gasca Vega y su grupo familiar, en ejercicio del medio de control de reparación directa, interpusieron demanda contra la ESE Hernando Moncaleano Perdomo, la ESE Carmen Emilia Ospina y la Caja de Compensación Familiar de Huila – COMFAMILIAR Huila, en la que solicitaron que las declararan extracontractualmente a título de falla del servicio y en consecuencia ordenaran la

reparación del daño causado por el fallecimiento del señor Ramiro Pérez Losada, debido a una presunta negligencia médica. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Cuarto (4º) Administrativo del Circuito de Neiva que mediante sentencia de 30 de enero de 2018, denegó las pretensiones de la demanda, al no advertir irregularidades en los procedimientos médicos de los cuales fue objeto el señor Pérez Losada. Inconforme con la decisión, los demandantes interpusieron recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Huila, mediante providencia de 22 de mayo de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda; sin embargo aclaró que no existía un nexo de causalidad claro entre el tratamiento médico brindado al señor Ramiro Pérez Losada y su deceso; no obstante reprochó que este no fue remitido oportunamente a un centro asistencial de mayor nivel para tratar sus patologías. Asimismo, sentenció que no existía prueba científica idónea, en aras de demostrar que de continuar con el tratamiento, no se hubiese producido el deceso del señor Pérez Losada. Por lo demás, arguyó que la historia clínica no fue aportada en forma idónea, motivo por el que no se explicaba la razón de la excesiva tardanza de la remisión del causante al Hospital Hernando Moncaleano Perdomo. En ese orden, dispuso que la ESE Carmen Emilia Ospina, la Caja de Compensación Familiar de Huila y la Fiduciaria la Previsora S.A. (entidad llamada en garantía), deberían indemnizar al núcleo familiar del causante con suma

equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a titulo de pérdida de la oportunidad, por haber perdido el chance de que su ser querido fuese tratado en un centro de salud idóneo. Los accionantes alegaron que el Tribunal Administrativo de Huila incurrió en defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial. En ese entendido repusieron que la autoridad judicial accionada no valoró adecuadamente la historia clínica aportada, documento en el que se evidenciaba que el deceso del señor Pérez Losada se produjo como producto de una mala praxis médica y no únicamente por el retraso de su remisión a un centro médico de mayor nivel asistencial. De otra parte adujeron que la decisión censurada desconoció injustificadamente el precedente trazado por la Sección Tercera de esta Corporación, en la que en casos similares corresponde el pago de una indemnización con base en los máximos permitidos por la jurisprudencia. En ese sentido, aseguró que el Tribunal Administrativo de Huila desconoció lo dispuesto en las siguientes providencias: (i) sentencia de 1º de marzo de 2018 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A (C.P. Marta Nubia Velásquez Rico)1; (ii) sentencia de 13 de noviembre de 2014 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B (C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero)2 y (iii) sentencia de 14 de mayo de 2014 expedida por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C (C.P. Olga Mélida Valle de De la

Hoz)3.

3. Trámite Mediante auto de 25 de noviembre de 2020 se admitió la tutela y se ordenó notificar a la autoridad accionada, para los efectos previstos en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Asimismo, se vinculó al Juzgado Cuarto (4º) Administrativo del Circuito de Neiva, a la E.S.E. Hernando Moncaleano Perdomo, a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y a la Fiduciaria la Previsora – FIDUPREVISORA S.A.., por tener interés directo en las resultas del proceso.

4. Intervenciones El Tribunal Administrativo de Huila se opuso a las pretensiones de la acción de tutela. 1 Radicado: 05001-23-31-000-2006-02696-01 (43269); Demandante: César Antonio Ramírez Rico; Demandado: Metrosalud EPS. 2 Radicado: 05001-23-31-000-1999-03218-01; Demandante: Carlos Andrés Rojas Londoño; Demandado: Instituto de Seguros Sociales – ISS. 3 Radicado: 41001-23-31-000-2003-01165-02 (30724); Demandante: Jesús Méndez Martínez; Demandado:

Instituto de Seguros Sociales – ISS. Señaló que la providencia acusada se profirió con arreglo a las pruebas allegadas al plenario y de conformidad a la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso. Adujo que los precedentes traídos a colación no son aplicables al caso en concreto, en la medida que difieren de lo probado. En ese contexto, aseveró que las referidas providencias refieren a responsabilidad

por mala praxis médica; mientras lo probado en el asunto de la referencia es que no existió una demostración clara de la impertinencia del tratamiento del cual fue objeto el causante; contrario a ello, lo llamado a indemnizar fue la perdida de la oportunidad, derivada de la remisión tardía de este al Hospital Hernando Moncaleano de Neiva. Concluyó que el quantum por la indemnización a pagar, si bien tiene algunas referencias jurisprudenciales, está mayormente reservada al arbitrio judicial. El Juzgado Cuarto (4º) Administrativo del Circuito de Neiva pidió que la declaratoria de improcedencia del amparo de la referencia. Adujo que la sentencia cuestionada se dictó con observancia de las normas sustanciales y procesales del recurso extraordinario de revisión. Aseguró que la providencia proferida en el trámite del proceso de reparación directa interpuesto por el actor respetaba las normas jurídicas y procesales. La Caja de Compensación Familiar de Huila – Comfamiliar Huila manifestó que la tutela devenía improcedente. En tal virtud, resaltó que los accionantes pretenden utilizar la tutela para obtener una revisión de instancia por parte del juez constitucional, evento que resulta contradictorio con la institución del amparo. La E.S.E. Hernando Moncaleano Perdomo se opuso al amparo solicitado. Refirió que la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Huila se profirió conforme a Derecho, por lo que no es pasible de causar los daños alegados. A ese efecto, expuso que la indemnización otorgada a los actores se compadece con la pérdida de la oportunidad sufrida, la cual fue el daño a indemnizar y no por

el deceso del causante. La E.S.E. Carmen Emilia Ospina pidió negar el amparo solicitado. Argumentó que los elementos de la responsabilidad estatal fueron debatidos en curso del proceso ordinario y sobre ellos, se dictó la sentencia ahora cuestionada. Informó que la providencia cuestionada satisface los requerimientos de reparación de la parte actora. La Fiduciaria la Previsora – FIDUPREVISORA S.A. solicitó declarar la improcedencia de la acción, toda vez que no satisface el requisito de subsidiariedad, pues los actores cuentan con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, como herramienta idónea para lograr lo pretendido en el amparo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20174.

2. Problema jurídico La Sala debe resolver si el Tribunal Administrativo de Huila, incurrió en defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial, y en consecuencia, vulneró los derechos invocados por los actores, y si es del caso amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, o por el contrario negar las pretensiones.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 4 Decreto 1983 de 2017 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela°, “[…] 5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada. […]”. Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional5 y el Consejo de Estado6 ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos). Al respecto, la Corte Constitucional partió de la existencia de una vía de hecho a través de las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, posición que fue redefinida en la sentencia T-949 de 2003, y luego en la sentencia C-590 de 2005, en la que se fijaron las reglas de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, como se conocen actualmente. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia del doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, así: Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de

la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes7: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, 5 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de

2009, T-889 de 2011, T010 de 2012, T1090 de 2012, T-074 de 2012, T399 de 2013, T-482 de 2013, T509 de 2013, , T254 de 2014, T941 de 2014 y T-059 de 2015. 6 Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 7 Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial, y h) violación directa de la Constitución Política. Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de

las causales específicas podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.

4. Los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución como causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales Conforme con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico, en una dimensión negativa, se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria ejercida por el juez se presenta la omisión de la “[…] valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez […]”8. En esta situación se incurre “[…] cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente[…]”9.

En una dimensión positiva, el defecto fáctico ocurre cuando el juez, por ejemplo, “[…] aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas […]”10, de conformidad con el artículo 29 de la Carta Política. En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela por vía de hecho cuando ostensiblemente aparece arbitraria la valoración probatoria realizada por el Juez. Por tanto, el error en el juicio valorativo de la prueba: “[…] [D]ebe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede 8 Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell). 9 Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo

Beltrán Sierra). 10 Sentencia T-538 de 1994. convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia. […]” 11. En lo que respecta al supuesto fáctico por indebida valoración probatoria, ha dicho la Corte que este se configura, entre otros, en los siguientes casos: “[…] (i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso y (vi) cuando no valore pruebas debidamente aportadas en el proceso. […] 12. Como se observa, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria no solo se ocupa del examen que realiza el juez sobre el material probatorio aportado con el

proceso, sino que además abarca toda la actividad probatoria que aquél despliega para intentar acreditar o desacreditar los hechos de la demanda. Sin embargo, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo probatorio dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio. Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una evaluación de la actividad de valoración realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto13. Respecto al defecto sustantivo, se ha considerado que se incurre en él cuando: (i) la decisión impugnada se funda en una disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce la sentencia con efectos erga 11 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra). 12 Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 7 de marzo de 2013. MP. Alexei Julio Estrada. 13 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. omnes que ha definido su alcance; (iii) la decisión impugnada se funda en una

disposición que indiscutiblemente no es aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática14. La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006, precisó, a propósito del defecto sustantivo, la limitación que es inherente al principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, así: “[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]”15. Y también, en las sentencias T092 de 2008 y T-686 de 2007 el Tribunal Constitucional, consideró: “[…] una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los

siguientes eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada) […]”. (Destacado de la Sala). Conforme a la jurisprudencia constitucional, la violación directa de la Constitución Política, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, procede cuando la decisión cuestionada supera el concepto de vía de hecho, es decir, en aquellos eventos en que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. Sobre esta causal la Corte Constitucional en la sentencia T-689 de 2013, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, indicó lo siguiente: 14 Sobre el particular puede apreciarse la sentencia T-474 de 2008 de la Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández 15 Sentencia T-284 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. “[…] Es importante referir que todas las causas específicas que originan la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales entrañan en sí mismas un quebrantamiento de la Carta Fundamental. No obstante, se estableció específicamente una causal denominada: violación directa de la Constitución que puede originarse por una interpretación legal inconstitucional o bien, porque la autoridad competente deja de aplicar la denominada excepción de

inconstitucionalidad. Esto porque: “La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza úna interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y también cuando él juez se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales….” El fundamento de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad tiene su cimiento en el mandato contenido en el artículo 4° superior, el cual jerarquiza la Constitución Política en el primer lugar dentro del sistema de fuentes jurídico colombiano. Es decir