CE-11001-03-15-000-2020-04906-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA – No acreditado / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA – Por parte del

accionante / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / AUSENCIA DE

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[S]ea lo primero a anotar, que no observa esta Sala de Subsección algún error flagrante, ostensible y manifiesto, en la argumentación esgrimida por la autoridad judicial accionada. Por el contrario, emerge diáfano que el razonamiento desarrollado guarda plena coherencia lógica y jurídica con las circunstancias fácticas y probatorias del caso sub examine. Ahora bien, conforme alega el actor, no se puede desconocer que en la sentencia del 05 de mayo de 2020 no se hizo una alusión expresa, ni un análisis particular sobre los avalúos que soportaron la expedición de los actos administrativos enjuiciados y realizados por la Lonja de Profesionales Avaluadores en octubre de 2006 y por la Lonja de Avaluadores Profesionales e Inmobiliarios de Boyacá en abril de 2007, más allá de la cita relacionada en párrafos anteriores. No obstante, tal situación no se traduce, per se, en que estos no se hayan verificado por parte de la autoridad judicial demandada, ni tampoco tiene la entidad para cambiar el sentido de la sentencia, por cuanto fueron los dictámenes periciales pedidos y realizados en el curso del

proceso contencioso administrativo, los medios dirigidos a controvertir, precisamente, los valores fijados en aquellos para respaldar el actuar de la administración municipal. (…) En tal medida, tal reproche tampoco es de recibo para esta Sala, en tanto no demuestra amenaza o vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados, sino que, a contrario sensu, hace evidente el deseo de perpetuar una discusión que ya fue definida por el juez natural del asunto. Finalmente, el cargo relacionado con que el fallador accionado debía, en aras de adoptar una decisión justa y en derecho, decretar de oficio otro peritaje que acreditara el precio real del bien expropiado o, en su defecto, que permitiera demostrar eso en un trámite incidental, debe ser rechazado y, sobre el particular, se acompaña al a quo cuando señaló que “el accionante no puede pretender, en esta instancia, trasladar a la autoridad judicial […] la carga probatoria que le correspondía alegando la incursión de un defecto, lo cual va en contra de las obligaciones procesales que le [competían]”. Ciertamente, el juez constitucional no puede entrar a desconocer el onus probandi de los sujetos procesales y, por medio de esto, favorecer o aligerar la carga de uno de ellos. Al efecto, debe recordarse que compete a las partes asumir un rol activo en la búsqueda de sus intereses y no refugiarse en la oficiosidad del juez ni en la incuria o mala fortuna de su contraparte, pues, “[e]l proceso no premia la estrategia sino la solución del conflicto con la participación de las partes”. Por consiguiente, resulta palmario que

la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto alegado, toda vez que valoró el material probatorio, de conformidad con las reglas de la sana crítica y, con base en ellas, adoptó la decisión que consideró ajustada al ordenamiento jurídico. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA - La providencia acusada no es arbitraria ni caprichosa / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA – Del procedimiento establecido para la valoración de las pruebas / FACULTADES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA - Estudiar y revocar válidamente la decisión del juez de primera

instancia / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / AUSENCIA

DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[P]ara el tutelante el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se configuró en tanto la autoridad judicial accionada (i) contravino el trámite establecido en la ley para la valoración de las pruebas, en tanto, después de 05 años, en el grado jurisdiccional de consulta, vino a desacreditar las periciales recaudadas en el proceso por parte de auxiliares de la justicia, con fundamento en supuestos errores que no fueron advertidos por el a quo ni por la contraparte, decisión que considera sorpresiva y excesiva; y (ii) no emitió una condena en abstracto, debiendo hacerlo, para que, en el trámite incidental, se fijara la cuantía de la indemnización respectiva. En cuanto a lo primero, no encuentra la Sala

acertada la apreciación del peticionario. Esto obedece, en primera medida, a que, como se vio, el estudio probatorio realizado por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Colegiatura no se avista arbitrario ni caprichoso, sino que encuentra asidero en el ordenamiento jurídico, especialmente en la Resolución No. 620 de 2008, en aras de no encontrar ajustados a derecho los dictámenes realizados en el curso del proceso ordinario, y en el artículo 184 del C.C.A., para efectos de resolver los temas sometidos a consulta. Así, debe reiterarse, tal como el hizo el juzgador de primera instancia que, para desatarse el grado jurisdiccional, el superior puede evaluar y resolver, sin restricciones, el caso objeto de estudio. Ello es así, en la medida que por ministerio de la Ley, al involucrarse derechos e intereses superiores que ameritan una protección especial, le compete al juez de segunda instancia examinar la decisión del inferior, para “corregir o enmendar los errores jurídicos que adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y la realización de la justicia en la aplicación del derecho”. En tal virtud, no advierte esta Subsección que por el solo hecho de realizarse ese estudio y revocarse la decisión del tribunal, se haya sorprendido al demandante ni se le haya impuesto una carga excesiva o, incluso, se haya incurrido en un exceso ritual manifiesto frente a la valoración de la prueba, que conlleve una amenaza o transgresión de los postulados fundamentales alegados. Ahora, en relación con la supuesta omisión de dictar un fallo en abstracto, la Sala concuerda plenamente con el a quo

en que esa facultad que se le confiere a los jueces “está reservada a los casos en que en el proceso judicial no ha sido posible determinar el monto de la reparación, mas no para revivir la oportunidad de probar […] la ocurrencia de una lesión sobre bienes y derechos de la parte demandante”. En especial, si se tiene en cuenta que no le corresponde al juez solventar la desidia con que el actor haya actuado en el curso del proceso ordinario, lo contrario, ya se dijo, “implicaría aceptar la posibilidad de subsanar las falencias probatorias en que pudo incurrir en el proceso contencioso, lo cual no resulta acertado”. Por consiguiente, resulta evidente que la autoridad judicial accionada tampoco incurrió en el defecto procedimental alegado.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 184 / RESOLUCIÓN 620 DE 2008

ACLARACIÓN DE VOTO / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / ACCIÓN DE TUTELA NO ES

UNA TERCERA INSTANCIA / AFECTACIÓN DEL DERECHO AL JUEZ NATURAL Como la acción de tutela contra providencia judicial es excepcional y no constituye una instancia adicional del proceso ordinario, a mi juicio, no era necesario extenderse a aspectos sustanciales de la controversia, definidos por el juez natural del asunto.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con la tutela contra providencia judicial y la aplicación del precedente de la Corte Constitucional, el Consejero Guillermo Sánchez Luque se remitió a la aclaración de voto que efectuó en providencia de 19 de febrero de 2019, radicación número 11001-03-15-000-2019-00022-00.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04906-01(AC)

Actor: RAÚL ENRIQUE MARTÍNEZ SANABRIA

Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. Subtema 2: Requisitos específicos de procedencia – defecto fáctico y procedimental. Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia que denegó el amparo.

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela proferido el 18 de marzo de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. I.- ANTECEDENTES 1.- La solicitud de amparo constitucional El 20 de noviembre de 2020, el señor Raúl Enrique Martínez Sanabria, por medio de apoderado, presentó acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales “al debido proceso, a la igualdad y a no ser expropiado sin el pago comercial justo de su predio”1. El peticionario estima vulneradas sus garantías con la sentencia del 05 de mayo

de 2020 emitida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual, en grado jurisdiccional de consulta, revocó el fallo del 30 de noviembre de 2015 del Tribunal Administrativo de Boyacá y, en su lugar, denegó las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en contra del municipio de Tunja, al interior del radicado No. 15001-2331-000-2007-00546-022. 1 Folio 1 del archivo electrónico con certificado 1AF1F5CA856A8407 43C6EB3A220B9B5D 8D09419A0C21C431 2AB2DFDC09544551, en el expediente digital de tutela. 2 Proceso acumulado con el radicado No. 15000-23-31-002-2008-00077-00. 1.1.- Hechos 1.1.1.- El accionante relata que en el mes de julio de 2007 promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3 en contra del municipio de Tunja, con el objetivo de que se anulara el Decreto 091 de 2007, por medio del cual se ordenó la expropiación administrativa de 13.503 metros cuadrados del predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-86523, de su propiedad en proporción a una quinta parte, al pagarse un precio muy por debajo de su valor comercial para el año 20064. 1.1.2.- Luego, señala que en el mes de febrero de 2008 presentó otra demanda de nulidad y restablecimiento del derecho5 en contra del mismo ente territorial, en aras de que se dejara sin efecto la Resolución No. 1701 de 2007 que ordenó otra

expropiación de 12.839,69 metros cuadrados del citado bien, así como de la Resolución No. 1804 de ese mismo año, que resolvió negativamente el recurso de reposición impetrado, por cuanto también estableció un precio que no correspondía con el valor real del predio6. 1.1.3.- Indicó que en el curso de ambos procesos se practicaron avalúos comerciales a los terrenos expropiados, por lo que en el primero se determinó que el valor del metro cuadrado correspondía a $74.293, mientras que en el segundó se estipuló que era de $132.000. 1.1.4.- Agrega que, mediante auto del 30 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo de Boyacá acumuló ambos procesos dentro del radicado No. 15001-23-31-000-2007-00546-00, y, posteriormente, por fallo del 30 de diciembre de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda. 1.1.5.- Refiere que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 05 de mayo de 2020, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, rechazó las pretensiones, al concluir que el demandante no cumplió con la carga de desvirtuar la legalidad de las valoraciones contenidas en los actos demandados, las cuales estuvieron fundadas en los avalúos practicados dentro de los procedimientos administrativos de expropiación7. 1.2.- Fundamentos de la acción de tutela El tutelante aduce que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos

fundamentales al incurrir en los defectos: 3 El proceso se identificó con el radicado No. 15001-23-31-000-2007-00546-00. 4 El valor del metro cuadrado para el terreno fue de $9.000 pesos, según el avalúo de la Lonja de Profesionales Avaluadores realizado en octubre de 2006, por lo que la indemnización de la expropiación ordenada correspondió a la suma de $121.527.000. 5 El proceso se identificó con el radicado No. 15000-23-32-002-2008-00077-00. 6 El valor del metro cuadrado para el terreno fue de $12.988,94 pesos, conforme al avalúo de la Lonja de Avaluadores Profesionales e Inmobiliarios de Boyacá efectuado en abril de 2007, de modo que la indemnización pagada fue la suma de $170.173.940. 7 Se señaló que: “[…] con el propósito de controvertir el precio indemnizatorio reconocido, correspondía al accionante acreditar que los avalúos realizados dentro de los trámites administrativos de expropiación eran incorrectos y, a su vez, ofrecer las pruebas tendientes a demostrar el valor real del inmueble que fue expropiado. A pesar de que dentro de los procesos judiciales acumulados se practicaron dictámenes periciales con tal fin, la Sala advierte que sus fundamentos no atienden lo establecido en la Resolución 620 de 2008 por medio de la cual se definieron los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 e 1997, de manera que no serán tenidos en cuenta”. Folio 20 del del archivo electrónico con certificado 1AF1F5CA856A8407 43C6EB3A220B9B5D 8D09419A0C21C431 2AB2DFDC09544551, en el

expediente digital de tutela. 1.2.1.- Fáctico, por desconocer el acervo probatorio, específicamente los avalúos realizados como parte de los antecedentes administrativos, los cuales se respaldaron técnicamente e hicieron parte de los actos emitidos por la alcaldía municipal para fijar el monto de las indemnizaciones y en los que se observan las diferencias abismales de precios. También, que se omitieron unas situaciones probadas en el decurso del trámite procesal. Al efecto, señaló que en el Decreto 091 de 2007 (i) se fijó el valor del metro cuadrado por debajo del 90% del precio real, pues pese a que la investigación técnica definió unos límites de precios que oscilaban entre los $100.000 a $ 150.000, para su bien declaró, de manera incomprensible e injustificada, un valor de $9.000; y (ii) se determinó que el monto del metro cuadrado de su predio era inferior y diferente al de los inmuebles circundantes8, sin razón alguna. De otro lado, refirió que el avalúo de la entidad territorial para fijar la indemnización reconocida en las Resoluciones 1701 y 1804 de 2007 contiene una duplicidad equivocada en los valores del metro cuadrado, yerros que indujeron a error al municipio, al momento de fijar el precio del predio. Por último, añadió que la autoridad judicial accionada debió decretar de manera oficiosa la práctica de otro peritaje, con el propósito de determinar el valor real del inmueble expropiado y reconfirmar los errores probados con los dictámenes periciales practicados en el proceso, o permitir que se hiciera a través de trámite

incidental, en virtud de las amplias competencias del juez en el grado jurisdiccional de consulta. 1.2.2.- Procedimental, por incurrir en un exceso ritual manifiesto al contravenir el trámite establecido en la ley para valoración de las pruebas, en tanto desacreditó las periciales recaudadas en el proceso por parte de auxiliares de la justicia, quienes eran idóneos y conocían las normas, con fundamento en supuestos errores que no fueron advertidos por el a quo ni por la contraparte en la actuación judicial, decisión que es sorpresiva e impone una carga excesiva a la parte demandante. Igualmente, sostuvo que si el medio de convicción no era suficiente, lo justo era que se condenara en abstracto, para que, en el trámite incidental, se fijara la cuantía de la indemnización correspondiente. 1.3.- Pretensiones de la acción de tutela El accionante solicitó (i) declarar que la sentencia del 05 de mayo de 2020 transgredió sus derechos fundamentales; (ii) conceder el amparo y dejar sin efecto la providencia enjuiciada; y (iii) ordenar a la accionada que emita una decisión de reemplazo. 2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia 2.1.- Mediante auto del 30 de noviembre de 2020 la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción tuitiva, ordenó vincular al municipio de Tunja, reconoció personería al apoderado de la parte actora, requirió el envío del expediente del proceso ordinario, y dispuso su notificación.

2.1.1.- El municipio de Tunja alegó que la acción tuitiva no logró determinar los supuestos errores en que incurrió el juzgador demandado y tampoco cumplió el 8 Aludió que las tres propiedades compartían una descripción general, en cuanto a la localización, vías de acc eso y normativa. requisito de inmediatez, pues se presentó siete meses después de proferida la decisión. Además, precisó que el Consejo de Estado conoció del proceso en virtud del grado jurisdiccional de consulta, conforme al artículo 184 del C.C.A.9, en tanto la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá10 en primera instancia impuso una condena que excedió los 300 s.m.m.l.v. a cargo del municipio de Tunja y esta no fue apelada. Por ello, añadió que se encontraba habilitado para revisar y examinar, automática y oficiosamente, la decisión, así como para corregir o enmendar los errores que pudieran existir. Agregó que la corporación accionada tuvo que ahondar en el análisis del acervo probatorio, lo que le permitió negar las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que tal situación implique la transgresión de los derechos fundamentales invocados. Adicionalmente, advirtió que existe otra acción de tutela11 que cursa en la Sección Cuarta de esta Colegiatura y versa sobre los mismos hechos, de modo que habría ya un agotamiento de la jurisdicción. Por lo anterior, solicitó declarar improcedente el amparo y desvincularlo del presente trámite, pues no ha vulnerado o amenazado los derechos del actor.

2.1.2.- La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo que acataría estrictamente las disposiciones del fallo de tutela. 2.2.- Por auto del 18 de febrero calendario, el a quo ordenó notificar a los señores Olga Marina, Luisa Merlinda y Omar Iván Rojas Sarmiento y Olga Soraya Rojas de Sandoval, del auto admisorio de la presente acción. 3.- Fallo de tutela de primera instancia 3.1.- La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante fallo del 18 de marzo de 2021, negó el amparo solicitado, luego de concluir lo siguiente: 3.1.1.- En primer lugar, sostuvo que no se configuró la cosa juzgada en el caso bajo estudio, por falta de identidad en las partes y en la causa petendi, con la acción instaurada por la señora Rojas de Sandoval. 3.1.2.- Después, en cuanto al defecto fáctico, realizó un recuento de los argumentos que llevaron a la autoridad judicial accionada a considerar que los dictámenes practicados no podían considerarse como prueba idónea para conocer el precio del bien y, en consecuencia, advirtió que sí se apreciaron los avalúos, solo que en sentido contrario a lo esperado por el demandante. Adicionalmente, sostuvo que los reproches relacionados con el procedimiento administrativo de expropiación y la fijación del precio indemnizatorio reconocido, eran asuntos propios del proceso ordinario, donde le correspondía al interesado “probar que las estimaciones económicas contenidas en los documentos mencionados eran incorrectas y que el valor tasado por el municipio de Tunja,

como indemnización, no se ajustaba al valor real del inmueble, situación que no aconteció”12. 9 Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 10 Advirtió que, según el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, el juez competente para conocer de la acción especial destinada a controvertir el precio indemnizatorio reconocido dentro del trámite de la expropiación administrativa es el tribunal administrativo en cuya jurisdicción se encuentre el inmueble expropiado. 11 Radicado No. 11001031500020200427200. Accionante: Olga Soraya Rojas de Sandoval. De igual forma, aseveró que no podía pretender el actor que, en razón a las facultades oficiosas del juez, se le trasladara a este la carga probatoria de aquél, por cuanto ello va en contravía de las obligaciones procesales que le correspondían. Por lo anterior, concluyó que no se incurrió en este defecto, en tanto se valoraron las pruebas obrantes en el expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica. 3.1.3.- Finalmente, frente al defecto procedimental destacó que la Subsección B de la Sección Tercera de esta Colegiatura, “podía pronunciarse acerca de la prueba pericial recaudada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues aquella constituyó el fundamento del Tribunal Administrativo de Boyacá, para adoptar la decisión revisada”13 y, además, debía estudiar todos los aspectos fácticos y probatorios, los cuales le permitieron concluir que esas documentales no eran suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, sin que ello constituya un exceso ritual

manifiesto o vulneración a garantías constitucionales. Agregó que tampoco procedía dictar una condena en abstracto, por cuanto esa facultad está reservada para los casos en que en el proceso judicial no ha sido posible determinar el monto de la reparación, mas no para revivir oportunidades probatorias. En ese sentido, coligió que tampoco se incurrió en tal yerro. 4.- Razones de la impugnación En contra de la decisión antes aludida el tutelante presentó escrito de impugnación en el que reiteró los argumentos del libelo introductorio y solicitó despachar de manera positivas las pretensiones del amparo. II.- CONSIDERACIONES 1.- Competencia Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo de tutela proferido el 18 de marzo de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, que resolvió en primera instancia el amparo interpuesto por el señor Raúl Enrique Martínez Sanabria, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. 2.- Problema jurídico 2.1.- Corresponde a la Sala determinar si la Subsección B de la Sección Tercera de esta Colegiatura, con la sentencia del 05 de mayo de 2020, que revocó la decisión emitida el 30 de diciembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor al incurrir en los defectos fáctico y procedimental. 12 Folio 12 del archivo electrónico con certificado 2DB001255B201C8D 47D828AAADD58623

E7758125D98BEB5B 65458FF83768C2BD, en el expediente digital de tutela. 13 Folio 15 ibidem. 2.2.- Para resolver lo anterior, en primer lugar, se verificará si el recurso de amparo constitucional cumple con los requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se examinará si la autoridad acusada incurrió en los defectos alegados. 3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad14 y de procedencia15, con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior. 4.- El cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela en el caso concreto (i) La tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues en el presente asunto no se discute una situación de índole legal, sino de carácter ius fundamental, sobre la base de que se debe determinar si la autoridad judicial accionada transgredió los derechos fundamentales invocados por el tutelante, al incurrir en los defectos fáctico y procedimental. (ii) También se acredita el requisito de subsidiariedad, en tanto en contra de la sentencia objeto de tutela, emitida en el grado jurisdiccional de consulta conforme al artículo 184 del C.C.A.16, no existe otro medio de impugnación. (iii) El presupuesto de inmediatez igualmente se encuentra superado. En efecto, la providencia que se reprocha fue proferida el 05 de mayo de 2020 y notificada por

edicto electrónico desfijado el 18 de junio del mismo año17. Por su parte, el amparo 14 De acuerdo con la Sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela. 15 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución. 16 “ARTICULO 184. CONSULTA. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> <Subrogado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300)

salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas. Las sentencias que impongan condena en abstracto s[o]lo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior. En los asuntos contenciosos de carácter laboral, solamente se consultarán las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo de la entidad pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses. La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem. El agente del Ministerio Público, antes del vencimiento del término aquí previsto podrá solicitar traslado especial que se concederá, sin necesidad de auto que así lo disponga, por el término de cinco (5) días, contados a partir de la entrega del expediente que se efectuará una vez concluido el traslado común. La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado”. 17 Se anota que en el referido edicto se dejó constancia que los términos de ejecutoria se encontraban suspendidos y se reanudarían hasta cuando el Consejo Superior de la Judicatura así lo dispusiera, en atención a las circunstancias administrativas causadas por la pandemia generada por el Covid-19. Ver folio 498 del cuaderno número 6 del proceso ordinario, dentro del archivo electrónico con certificado 71B5C3AD12BE4BCA 2933DDEDBABF4543 4970749913F372D2 BD9086BDCD0392EE, en el expediente digital de tutela.

digital de tutela. se interpuso el 20 de noviembre de la misma anualidad, esto es, dentro del término razonable de seis meses, señalado por la jurisprudencia18. (iv) De la misma forma, el escrito de tutela está debidamente motivado, por cuanto se indicaron de forma razonada los hechos vulneradores y los derechos fundamentales trasgredidos. (v) La solicitud de tutela trae un cargo relacionado con una irregularidad procesal, la que, en principio, tendría efectos decisivos en la decisión que se ataca. (vi) Por último, no se confuta una decisión de tutela, sino la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Colegiatura en ejercicio del grado jurisdiccional de consulta, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 15001-23-31-000-2007-00546-02. (vii) Así las cosas, verificado el cumplimiento de los requisitos que garantizan la viabilidad de la tutela en contra de una providencia judicial, la Sala analizará si en el caso de autos se encuentran configurados los defectos fáctico y procedimental. 5.- Análisis de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto 5.1.- Defecto fáctico 5.1.1.- La Corte Constitucional ha considerado que el defecto fáctico se configura cuando el juez carece del apoyo probatorio que le permite la aplicación del supuesto legal en el que fundó su decisión19. Este, además, debe ser flagrante, ostensible, manifiesto y con incidencia directa en el sentido de la sentencia, de

manera que para su existencia es necesario que de los medios de convicción que obren en el expediente no sea posible, de manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llegó en su providencia o que el apoyo probatorio en que se basó resulte absolutamente inadecuado para el caso. 5.1.2.- Así, la parte accionante soportó este defecto en (I) una omisión valorativa de (i) los avalúos realizados como parte de los antecedentes administrativos; y (ii) de las situaciones probadas en el trámite procesal sobre los precios infundados e incomprensibles que se pagaron por la expropiación del predio. También, (II) por no ordenarse oficiosamente otro peritaje que, ante la incertidumbre de los valores, determinara el precio real del inmueble, ni permitirse el trámite incidental para esto. 5.1.3.- Entonces, con la finalidad de establecer si con la decisión cuestionada se incurrió en el defecto invocado, es menester verificar el examen realizado por la auto