CE-11001-03-15-000-2020-05100-00 (AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / INCIDENTE DE DESACATO EN ACCIÓN DE TUTELA - Auto que niega solicitud de inaplicar sanción impuesta / PRECEDENTE FIJADO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL – Hace referencia a la revocatoria de la sanción en el trámite del desacato / REVOCATORIA DE SANCIÓN POR CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA - No se acreditó el cumplimiento de las ordenes impartidas / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Las providencias invocadas tienen efectos interpartes La señora [J.A.C.L.] presentó acción de tutela contra SALUDVIDA EPS y el Departamento del Tolima con el fin de que le fuera amparado el derecho a la vida de su hija [H.C.P.C.], proceso que correspondió conocer al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, que en sentencia de 10 de febrero de 2012 dispuso “ordénesele al Departamento del Tolima y a la EPS-S Saludvida, para que no incurran en conductas como las analizadas en el presente proceso, y en caso que la demandante lo requiera, se le preste un servicio de salud integral (…) Por presunto incumplimiento (…) la señora [J.A.C.L.], en representación de su hija [H.C.P.C.] solicitó la apertura del incidente de desacato en contra de Saludvida EPS, que conoció el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué (…) La señora [C.H.D.] y el señor [D.L.M.] liquidador de Saludvida EPS, solicitaron la inaplicación de las sanciones impuestas el 12 de agosto de 2016 y 3 de mayo de

2017, y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué en autos de 26 de mayo de 2017, 22 de septiembre de 2017, 27 de abril de 2018 y 10 de abril de 2019, precisó que la señora [D.L.] no ha dado cumplimiento a la orden de tutela proferida el 10 de febrero de 2012, en la medida en que no acreditó los trámites adelantados para la expedición de autorización y suministro de medicamentos ordenados a la menor (…) [P]or lo tanto resolvió “ESTARSE A LO RESUELTO en la providencia de 12 de agosto de 2016, confirmada y adicionada el 31 de agosto de la misma anualidad por el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué” por medio de la cual se sancionó con multa a la señora Díaz Lozano, en calidad de gerente regional de Saludvida EPS. [L]a señora [C.H.D.], mediante memoriales de 18 de febrero de 2019, 22 de enero de 2020, 29 de mayo de 2020, enviados al Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué solicitó la inaplicación de la referida sanción, aduciendo en síntesis, que no se incurrió en desacato en el entendido que se configuró una imposibilidad material y jurídica de cumplimiento al entrar en proceso de liquidación, y adicionalmente la señora [H.C.P.], fue trasladada a la EPS SALUD TOTAL quien es ahora el encargado de prestar el servicio de salud de manera integral, razones que no la obligan a cumplir el fallo de 10 de febrero de 2012, que amparó los derechos a la salud y a la vida digna de la menor

[H.C.P.]. [E]l 2 de diciembre de 2020 el Juzgado Octavo Oral del Circuito de Ibagué resolvió las solicitudes de levantamiento de la sanción (…) [L]a autoridad judicial accionada al examinar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, constató que la tutelante no logró probar su cumplimiento a la orden de tutela antes de la revocatoria de operación de Saludvida EPS, de manera que las mismas se encuentran amparadas bajo el principio de legalidad, por tal motivo no accedió a las pretensiones de inaplicación de las sanciones impuestas. (…) Con respecto a las providencias de tutela de 19 de octubre de 2020 y dentro del radicado 2020-00387-00, del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta, de 6 de agosto de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, y del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla de 26 de junio de 2020, se advierte que no constituyen precedente jurisprudencial, porque fueron proferidas dentro de acciones de tutela con efectos inter partes; y sobre la sentencia SU 034 de 2018 lo cierto es que desarrolló la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato, sin embargo en el presente caso lo que se discute es la inaplicación de una sanción, por lo que no versan sobre el mismo objeto. (…) [D]e acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política, los Jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad, lo que constituye a su vez

un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas. (…) La jurisprudencia Constitucional ha señalado que el precedente es toda decisión previa adoptada principalmente por los Órganos de Cierre de las diferentes Jurisdicciones que por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el Juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad; por lo que resulta de obligatorio cumplimiento para las autoridades judiciales de inferior jerarquía, salvo que existan razones fácticas y jurídicas para modificarlo; sin embargo en el presente caso las providencias citadas por la tutelante fueron expedidas por los Tribunales, en virtud de su autonomía judicial, sin que constituye precedente obligatorio y, por ende, para el caso concreto resulten ser vinculantes. (…) [L]a Sala considera que el Juzgado Octavo Oral Administrativo de Ibagué al proferir el auto de 2 de diciembre de 2020 no incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial o defecto fáctico, pues la decisión estarse a lo resuelto en las providencias que sancionaron a la hoy tutelante, estuvo soportada en la normativa, procedimientos y jurisprudencia aplicables al caso. [L]a Sala advierte que el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué en ejercicio de los principios de autonomía funcional y sana crítica dio un alcance probatorio coherente y válido

según lo acreditado en el proceso y la normativa del caso que, pese a no resultar satisfactoria en su integridad a la parte demandante, hoy tutelante, no se puede colegir que su actuación fuere contraria a Derecho. (…) [S]e concluye que la providencia del Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué, no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado, o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de un orden constitucional y legal, que constituyan una vía de hecho por defecto sustantivo poro desconocimiento del precedente o defecto fáctico, que amerite la intervención del juez de tutela.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-05100-00 (AC)

Actor: CLAUDIA HELENA DÍAZ LOZANOSALUD VIDA E.P.S.

Demandado: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ Y OTRO ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la señora Claudia Helena Díaz Lozano en calidad de gerente regional del Tolima de SALUDVIDA E.P.S.- En liquidación, contra el Juzgado Octavo Oral Administrativo de Ibagué y el Juzgado

Octavo Administrativo de Ibagué.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones La señora Claudia Helena Díaz Lozano en calidad de gerente regional del Tolima de SALUDVIDA E.P.S.- En liquidación, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la autonomía, al debido proceso, al buen nombre y al patrimonio individual, que estimó lesionados por el Juzgado Octavo Oral Administrativo de Ibagué al proferir las providencias de 12 de agosto de 2016 y 3 de mayo de 2017, que declararon que la señora Claudia Helena Díaz Lozano había incurrido en desacato por incumplimiento de la orden judicial impartida el 10 de febrero de 2012 y la sancionaron con multa de 1

SMLMV. En el escrito de tutela, la parte actora solicita: “PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales a la autonomía, igualdad, debido proceso, derecho al buen nombre, y al patrimonio individual.

SEGUNDO: DECRETAR la MEDIDA PROVISIONAL DE SUSPENSIÓN de las sanciones impuestas en mi contra mediante auto del 12 de agosto de 2016 y 3 de mayo de 2017 proferido por el JUZGADO OCTAVO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, TOLIMA Y JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ, hasta que se resuelva de manera motivada y de fondo las solicitudes de INAPLICACIÓN radicadas.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO OCTAVO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE IBAGUÉ, TOLIMA Y JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ, INAPLICAR

todas las sanciones impuestas mediante auto del 12 de agosto de 2016 y 3 de mayo de 2017.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO OCTAVO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, TOLIMA Y JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ, INAPLICAR todas las sanciones impuestas incluyendo la impuesta mediante auto de fecha 12 de agosto de 2016 y 3 de mayo de 2017, atendiendo a los antecedes jurisprudenciales, ante la imposibilidad en la que se encuentra la EPS y la no configuración de elementos mínimos para mantenerla. (…)”

2. Los hechos y las consideraciones De la solicitud de amparo y los documentos obrantes en el expediente de tutela, se extraen los hechos que se resumen a continuación: Señaló que la señora Johanna Andrea Camacho León, en representación de su hija Heidy Carolains Pomar Camacho interpuso acción de tutela contra SALUDVIDA EPS en liquidación cuyo radicado era 2012-00017, que conoció el Juzgado Octavo Oral Administrativo de Ibagué, que por sentencia de 10 de febrero de 2012, ordenó la prestación del servicio de salud integral, así: “(…)SEGUNDO: Ordénesele al DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y a la EPS-SALUDVIDA, para que no incurra en conductas como las analizadas en el presente proceso, y en caso que la demandante lo requiera, se le preste un servicio de salud integral, esto es, ordenando la práctica de exámenes generales o especializados, citas y atención

post-operatoria, y las demás a que hubiere lugar como consecuencia actual estado de salud que presenta la accionante y según lo disponga el médico tratante.” (Sic) Indicó que el 27 de junio de 2016, se dio apertura al incidente de desacato en contra de SALUDVIDA EPS al considerar que no dio cumplimiento al fallo de tutela de 10 de febrero de 2012, por lo tanto, el 12 de agosto de 2016, el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué impuso sanción en contra de la hoy tutelante y ordenó: “SANCIONAR a la Gerente Regional Tolima de SALUDVIDA EPS, con multa de un (1) salario mínimo mensual vigente, por incumplimiento a una Orden Judicial dada a través del Fallo de tutela proferido por este Juzgado el 10 de febrero de 2012, conforme a las razones expuestas en el mencionado proveído, que deberá consignar dentro del término de cinco (5) días una vez es firme esta determinación. En la cuenta del Banco Agrario de Colombia No. 3-082-00-00640-08 Rama JudicialMultas y rendimientos. Cuenta única Nacional, quedando siempre con la obligación de cumplir el pluricitado fallo de tutela”. Manifestó que el 3 de mayo de 2017 se impuso una nueva sanción contra la actora por parte del Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué: “(…) SEGUNDO: SANCIONAR a la señora CLAUDIA HELENA DÍAZ LOZANO; en su condición de Gerente Regional Tolima de SALUDVIDA EPS, ordenándole el pago de multa equivalente a un (1) salario mínimo

legal mensual vigente, que deberá consignar dentro del término de cinco (5) ,días Una vez en firme esta determinación, en la Cuenta del Banco Agrario de Colombia No.3082-00-00640-08 Rama Judicial Multas y Rendimientos — Cuenta 'Única Nacional; quedando siempre con la obligación de cumplir el pluricitado fallo de tutela” Las dos providencias mencionadas fueron confirmadas en sede de consulta, mediante autos de 31 de agosto de 2016 y 22 de septiembre de 2017, respectivamente. Indicó que mediante Oficio de 19 de febrero de 2018 se solicitó la inaplicación de la sanción, informando al despacho que SALUDVIDA EPS desplegó las acciones necesarias para el cumplimiento de la orden constitucional, pero señaló que hay situaciones que se salen de la esfera de control de la entidad; sin embargo, se hizo hincapié en que la entidad procedió a autorizar y materializar la entrega de todos los insumos con el fin de superar el escenario de infracción al derecho invocado. Dicha solicitud fue negada por parte del Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué. Informó que mediante escrito de 22 de enero de 2020 se comunicó al despacho que el 31 de diciembre de 2019, el Ministerio de Salud y de la Protección Social expidió la Circular Externa 0000045 de 2019, y notificó la asignación de afiliados de SALUDVIDA EPS – en liquidación a otras EPS, de conformidad con lo señalado en los Decretos Ley 4107 de 2011, 780 de 2016 y Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, de allí que a partir del 1° de

enero de 2020, los afiliados quedaron asignados a otras EPS legalmente habilitadas para la prestación del servicio de salud. Advirtió que hizo saber que SALUDVIDA EPS se encontraba en imposibilidad jurídica y material para ordenar el suministro o prestación que requiere la accionante, ya que se encuentra afiliada a la EPS SALUDTOTAL (información que puede ser verificada en: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/ConsultaAfiliados.aspx ; adicionalmente mediante Resolución 008896 de 10 de octubre de 2019 proferido por la Superintendencia Nacional de Salud se “ordenó la toma de posesión de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar SALUDVIDA EPS”. 2.1 Consideraciones de la accionante Para la parte actora la autoridad accionada vulneró su derecho al debido proceso en tanto que no tuvo en cuenta los hechos que imposibilitaron el cumplimiento frente a la prestación de servicios de salud, no valoró los elementos objetivos y subjetivos para mantener una sanción, adicionalmente incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria y sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Lo anterior en el entendido de que el incidente de desacato busca conminar al cumplimiento de una providencia judicial, de allí que el cumplimiento, así sea extemporáneo deja sin sustento el desacato, lo cual en el presente caso, se configuró con el traslado de la EPS de la demandante en el proceso inicial, en virtud de lo señalado expresó que se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que la afiliada ya no pertenece a SALUDVIDA EPS,

sino que pertenece a SALUD TOTAL, quien es la competente para garantizar la prestación del servicio de salud. Manifestó que quedó demostrado en el proceso que la actora incurrió en acciones positivas tendientes a garantizar lo ordenado en el trámite incidental, en tanto que se logró el traslado de los afiliados a otras EPS mediante Circular Externa 0000045 de 31 de diciembre de 2019, y en particular de la demandante la señora Heidy Carolains Pomar Camacho, que se encuentra afiliada a SALUD TOTAL desde el 1° de enero de 2020, tal como se puede corroborar en la página web www.minsalud.gov.co(Paginas/Consulta-Afiliados.aspx : Adujo que se desconoció el precedente jurisprudencial tendiente a inaplicar los incidentes de desacato cuando se “acrediten problemas estructurales de las EPS”, como lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia T-315 de 2020 “(…) el problema estructural se manifiesta en la incapacidad de Coomeva EPS para atender de manera oportuna los requerimientos en salud que le presentan sus usuarios, situación que ha derivado en la interposición masiva de acciones de tutela (…) inaplicación del incidente de desacato en los casos individuales cuando existe un problema estructural. Lo que se estableció en el caso Cajanal (…)En dicha oportunidad, a pesar de que este Tribunal declaró la improcedencia del amparo deprecado en los casos concretos estudiados, amparó los derechos fundamentales al buen nombre y al debido proceso del accionante al constatar que las sucesivas sanciones por desacato que se le habían impuesto, tanto en los casos acumulados en ese expediente como en otros que presentaban los mismos

elementos fácticos, constituían “una afectación de sus derechos al buen nombre, en la medida en que, efectivamente, dan lugar a que se proyecte su imagen como la de alguien que negligente o deliberadamente se abstiene de cumplir las órdenes que se imparten por los jueces para la protección de los derechos fundamentales de los afiliados a la Caja, y al debido proceso, debido a que, por las circunstancias que afronta Cajanal, el Director se encuentra en la imposibilidad de ejercer la defensa efectiva en los diversos incidentes de desacato” Señaló que se desconoció el precedente en los siguientes casos, al mantener la sanción en contra de la tutelante, sin tener en cuenta el estado financiero de la

EPS que estaba en liquidación:  Tribunal Superior Judicial de CúcutaSala Civil, MP Manuel Flechas Rodríguez, sentencia de tutela 540012213000-2020-00206-00 de 19 de octubre de 2020  Corte Constitucional, sentencia SU 034-2018  Corte Suprema de JusticiaSala Civil, sentencia de tutela 1100102030002020-01503-00 de 6 de agosto de 2020  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, MP Luis Giovanni Sánchez Córdoba, sentencia de tutela 540012204000-2020-00387-00  Tribunal Superior de Distrito Judicial de BarranquillaSala Tercera de Decisión, sentencia de tutela 00242-2020 de 26 de junio de 2020

3. Trámite procesal Mediante auto de 15 de diciembre de 2020, se admitió la demanda, se ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Juzgado Octavo Oral

Administrativo de Ibagué y el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué, y se puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso, esto es, a la señora Heidy Carolains Pomar Camacho, al Consejo Superior de la JudicaturaOficina de Cobro Coactivo de la DESAJ, a la NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud, al representante legal de la EPS Salud Total, al liquidador de SALUDVIDA EPSEn liquidación y a la Fiscalía General de la Nación, para que hicieran las manifestaciones pertinentes; y se negó la medida provisional solicitada.

4. Intervenciones 4.1 El Juzgado Octavo Oral Administrativo de Ibagué y el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué1, envió el link del expediente digital con radicado N° 7300133-33-008-2012-00017-00.

Señaló que ese Despacho ha tramitado varias solicitudes de inaplicación de la sanción sin haber encontrado mérito para acceder favorablemente, aduciendo que la incidentada debía estarse a lo dispuesto en las providencias sancionatorias, debido a que quedó acreditado que la funcionaria incurrió en desacato de la orden tutelar en desmedro de los derechos fundamentales de la menor Heidy Carolains Pomar Camacho. Indicó que la liquidación de la entidad no puede tener efectos retroactivos sobre las actuaciones que estudiaron la imposición de la sanción; ciertamente, la liquidación de la entidad accionada impide que la menor Heidy Carolains Pomar invoque el cumplimiento de la sentencia de tutela; sin embargo, las decisiones que

se tomaron antes de la revocatoria de operación de SALUDVIDA EPS se encuentran amparadas de legalidad, debido a que la responsable en la época de los hechos no acreditó que hubiera cumplido la orden judicial de amparo cuando aún era competente para asumirla. Precisó que la parte actora no puede pretender que se “inapliquen” las sanciones impuestas por la “desaparición del supuesto fáctico que dio lugar a la acción de tutela”, ya que los incidentes de desacato que se abrieron en su contra obedecieron a que la madre de la menor Heidy Carolains no encontraba medio diferente para materializar las órdenes del médico tratante, y la competente en ese momento era la hoy tutelante, al fungir como representante legal. Con todo lo anterior, concluyó que las decisiones tomadas por dicho despacho son acordes con la normativa aplicable y no se vulneró ningún derecho fundamental. 4.2 La Superintendencia Nacional de Salud, por intermedio de la Asesora del Despacho del Superintendente Nacional de Salud, solicitó la desvinculación de la entidad, por configurarse una falta de legitimidad por pasiva, ya que lo que se pretende no tiene relación con una acción u omisión por parte de la Superintendencia. 1 Enviado mediante correo electrónico adm08ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co 4.3 El Consejo Superior de la JudicaturaOficina de Cobro Coactivo de la DESAJ2, mediante la Abogada Ejecutora de Cobro Coactivo, adscrita a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, señaló lo siguiente:

Indicó que se evidencia en la base de datos la apertura de un proceso de cobro coactivo contra la actora en tutela con radicado N° 2018-01177; y que de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la Ley 6 de 1992 la DEAJ, está facultada para ejercer el cobro coactivo, razón por la cual no tiene competencia para dirimir el cumplimiento de las acciones de tutela, ni tampoco intervenir en la aplicación o inaplicación de las sanciones. 4.4 La NaciónMinisterio de DefensaPolicía NacionalPolicía Metropolitana de Ibagué3, solicitó su desvinculación por falta de legitimación por pasiva con base en lo siguiente: Adujo que no se están vulnerando derechos fundamentales a la parte tuelante, ya que revisado el sistema oficial “SIJIN METIBGrupo de Registro y Certificación Judicial” se encontró que a la fecha no figura orden de arresto vigente a nombre de la señora Claudia Helena Díaz Lozano dentro del proceso 2012-00017 adelantado por el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué, y que no se ha incurrido en acción omisiva, operativa o de extralimitación que haya generado una afectación de los derechos de la actora. 4.5 La NaciónMinisterio de DefensaPolicía NacionalDirección de Investigación Criminal e Interpol4, señaló que ingresó los datos de la tutelante en el sistema de información y la señora Claudia Helena Díaz Lozano “No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”. Indicó que si la pretensión de la actora es el retiro del registro de las órdenes de arresto que se encuentran sistematizadas en la base de datos de la Policía

NacionalDirección de Investigación Criminal e Interpol, con el fin de cumplir las decisiones de tutela, lo cierto es, que el trámite que debe adelantar es recurrir directamente a las instancias judiciales competentes para solicitar la inaplicación de las órdenes y su retiro para actualizar el sistema de información, y aclaró que esa dependencia no es la competente para retirar e inaplicar dichas órdenes. 2 Enviado mediante correo electrónico cobcoaiba@cendoj.ramajudicial.gov.co 3 Enviado mediante correo electrónico metib.asjur-adm@policia.gov.co 4 Enviado mediante correo electrónico dijin.araij-asj@policia.gov.co Precisó que si bien la tutelante no tiene en el sistema SIOPER antecedentes penales o requerimientos judiciales de orden delictivo, si hay 17 registros en su contra, cuyo asunto es: “Orden de arresto, estado del proceso: vigente; motivo de arresto: Desacato de tutela (…)” por lo que se hace necesario el pronunciamiento de los jueces de conocimiento de cada uno de esos procesos para el cumplimiento o cancelación de las órdenes de arresto, empero, frente a la orden de arresto 2012-00017 no se encuentra registro, motivo por el cual solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. 4.6 NaciónFiscalía General de la NaciónPolicía JudicialBogotá5, señaló que en cumplimiento de lo ordenado en el auto admisorio de la demanda de tutela, la Sección de Policía Judicial de Bogotá mantendrá la ejecución de las actividades que le competen dentro de sus funciones hasta tanto se decida de fondo.

4.7 El Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué, la señora Heidy Carolains Pomar Camacho, el representante legal de la EPS Salud Total y el liquidador de SALUDVIDA EPSEn liquidación, no se pronunciaron sobre los hechos o pretensiones de la demanda de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

2. Cuestión previa La Sala observa que si bien la parte actora en sus pretensiones solicitó la inaplicación de las sanciones a ella impuestas en autos de 12 de agosto de 2016 y 3 de mayo de 2017 por el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué, lo cierto es que la última decisión proferida por dicho despacho en el proceso con radicado N° 2012-00017-00 fue en auto de 2 de diciembre de 2020 en el cual resolvió la 5 Enviado mediante correo electrónico subdir.poljudicialbog@fiscalia.gov.co solicitud de inaplicación de las sanciones, de manera que se realizará el estudio con base en lo decidido en dicho auto.

3. Problema Jurídico La Sala debe decidir si el Juzgado Octavo Oral Administrativo de Ibagué, al proferir el auto de 2 de diciembre de 2020, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la autonomía, al debido proceso, al derecho al buen nombre y al patrimonio individual, al confirmar la sanción impuesta a la señora Claudia Helena

Díaz por haber incurrido en desacato de una orden de tutela.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional6 y el Consejo de Estado7 ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Dr. Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, así: Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se 6 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852

de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T010 de 2012, T1090 de 2012, T-074 de 2012, T399 de 2013, T-482 de 2013, T509 de 2013, , T254 de 2014, T941 de 2014 y T-059 de 2015. 7 Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de

2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron

de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) La providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes8: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que, si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional. 4.1 El defecto fáctico Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico, en una dimensión negativa, se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria ejercida por

el juez se presenta la omisión de la “(…) valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez (…)”9. En esta situación se incurre “(…) cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cu