CE-11001-03-15-000-2021-00033-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE

CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO /

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONA JURDÍCA DE

DERECHO PRIVADO / EXTEMPORANEIDAD EN LA LIQUIDACIÓN DE

SANCIÓN POR CORRECCIÓN - No configuración / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO En el caso bajo estudio la accionante considera que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en el defecto sustantivo al aplicar de manera equívoca los fundamentos normativos que regulan las situaciones excepcionales que eximen de la sanción por extemporaneidad en la presentación de la declaración de renta. (…) [A]advierte la Sala que la Sección Cuarta de esta Corporación, en la sentencia de segunda instancia proferida en el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho, tuvo en cuenta las normas pertinentes para determinar que no debía aplicarse la mencionada sanción por extemporaneidad a Frisby S.A., toda vez que surgieron inconvenientes técnicos que conllevaron a que no hubiese disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos de la [entidad accionante] concluyendo de manera acertada que la nulidad de esta debía confirmarse. En este orden de ideas, se evidencia que la autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto sustantivo, dado que se aplicó en estricto sentido lo dispuesto en el artículo 579-2 del Estatuto Tributario, el cual consagra que en los casos en que se presenten inconvenientes técnicos que impidan presentar las declaraciones dentro del

término establecido, el contribuyente podrá cumplir con su obligación de declarar a más tardar al día hábil siguiente al restablecimiento de los servicios, sin que haya lugar a la sanción por radicar la obligación tributaria de renta fuera del término oportuno. De igual manera, es de precisar que el defecto fáctico anunciado por la parte actora no se configuró, toda vez que la decisión objeto de reproche se fundamentó en las pruebas obrantes en el proceso, especialmente en la solicitud presentada por la sociedad contribuyente y la respuesta suministrada por la [parte actora], las cuales condujeron a la autoridad judicial accionada a concluir que se demostraron los inconvenientes técnicos en la plataforma de la precitada entidad y la presentación de la declaración al día hábil siguiente, concluyendo que no se estructuró la sanción por extemporaneidad. Así las cosas, es claro que la autoridad judicial demandada realizó una adecuada valoración probatoria, contrario a lo afirmado por la entidad accionante en el escrito de tutela. La Sala concluye entonces, que los defectos sustantivo y fáctico invocados por la parte accionante, no se abren paso en el caso bajo estudio.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 579 - NUMERAL 2 /

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00033-01(AC)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES -DIAN Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte accionante contra el fallo de 25 de febrero de 2021, proferido por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

I. ANTECEDENTES

1. La tutela La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesDIAN, a través de apoderado judicial, el día 18 de diciembre de 20201, promovió acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en defensa de su derecho fundamental al debido proceso.

La accionante consideró vulnerada su garantía fundamental por la autoridad judicial citada, con ocasión del fallo de 26 de febrero de 2020, a través del cual se revocó parcialmente la decisión proferida el 11 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Segunda de Decisión, al interior del trámite de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Frisby S.A. frente a la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN, proceso identificado con radicado No. 66001-23-33-000-201600409-012. 1.1. Hechos de la acción La solicitud de amparo encuentra asidero en los fundamentos fácticos planteados en el escrito de tutela y de la revisión de las piezas procesales correspondientes al

expediente No. 66001-23-33-000-2016-00409-01, los cuales admiten el siguiente compendio: 1.1.1. El 14 de abril de 2014, Frisby S.A. presentó declaración de renta para el año gravable 2013. 1.1.2. La anterior declaración fue corregida voluntariamente por la contribuyente el 31 de marzo de 2015, con el fin de reportar el anticipo para el año gravable 2014. En esta nueva declaración no se liquidó la sanción por corrección. 1.1.3. La DIAN formuló pliego de cargos No. 162382015000038 de fecha 20 de abril de 2015, contra Frisby S.A. En esta actuación se propuso liquidar sanción por extemporaneidad, dado que la sociedad debió presentar la declaración de renta a 1 El escrito de tutela fue presentado por correo electrónico. 2 En lo sucesivo exp. ord. más tardar el 11 de abril de 2014, sin embargo, lo hizo el 14 del mismo mes y año sin liquidar la sanción correspondiente. Así mismo, al corregir la declaración omitió nuevamente realizar el procedimiento de liquidación de la sanción. 1.1.4. Mediante Resolución Sanción No. 162412015000095 de 5 de noviembre de 2015, la DIAN sancionó a Frisby S.A. por $141.614.000 que corresponde a la extemporaneidad de $108.394.000 y al incremento del 30% consagrado en el artículo 701 del Estatuto Tributario que, para el caso concreto es $32.680.000. 1.1.5. Contra la anterior decisión se presentó recurso de reconsideración el cual

fue resuelto negativamente mediante Resolución No. 900001 del 23 de febrero de 2016, decisión que fue notificada personalmente el 26 del mismo mes y año. 1.1.6. El 9 de junio de 2016 la sociedad contribuyente presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Unidad Administrativa EspecialDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad de los precitados actos administrativos. A título de restablecimiento se solicitó que fuera aprobada la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente al período gravable del año 2013. 1.1.7. El medio de control fue conocido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, autoridad judicial que en sentencia de 11 de mayo de 2018, accedió a las pretensiones de Frisby S.A. y en consecuencia, señaló que la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente al período gravable del año 2013, se encontraba en firme. 1.1.8. La aquí accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, medio de impugnación que fue resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que en providencia del 26 de febrero de 2020 modificó la sentencia apelada y dispuso “se declara en firme la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente al período gravable del año 2013, corregida el día 31 de marzo de 2015, identificada con el No. del formulario No. 1104605874509”. La Corporación expresó que si bien la declaración de renta se presentó de manera

extemporánea, ello obedeció a un error en el aplicativo de la DIAN que no permitió la radicación de la información fiscal oportunamente y que la administración conoció la existencia del error, por lo cual indicó los procedimientos a seguir para presentar el impuesto de renta y la DIAN informó a Frisby S.A. de la posible ocurrencia de otros errores en su plataforma, específicamente al momento de firmar la declaración. La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó que los inconvenientes técnicos para allegar la declaración de renta fueron puestos en conocimiento de la administración tributaria y al día hábil siguiente se presentó la declaración, por lo que concluyó que la nulidad de la sanción debía confirmarse, toda vez que no había lugar a aplicar la sanción por extemporaneidad prevista en el artículo 6413 del Estatuto Tributario a la luz de lo dispuesto en el artículo 579-2 ibídem4. 1.1.9. La anterior decisión se notificó a la accionante el día 12 de junio de 2020. 1.2. Fundamentos de la tutela 1.2.1. Defecto fáctico. La parte actora señaló que la autoridad judicial incurrió en tal defecto, por la indebida valoración probatoria realizada en la sentencia objeto de reproche, por cuanto de las pruebas recaudadas se tiene que el problema tecnológico presentado el 11 de abril de 2014 no era atribuible a la DIAN. Reiteró que, la accionada valoró de manera equívoca las pruebas al aceptar que se presentaron inconvenientes con la plataforma de la DIAN para el 11 de abril de 2014, situación que condujo a la autoridad demandada a determinar que la

conducta de Frisby S.A. se encuadró en los casos señalados por el artículo 579-2 ET, para concluir que no había lugar a la imposición de la sanción por extemporaneidad. 3 Artículo 641. Extemporaneidad en la presentación. Las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente retenedor. Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 uvt cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción por cada mes o fracción de mes será del uno por ciento (1%) del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar

el diez por ciento (10%) al mismo, o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor (…). 4 Artículo 579-2. Presentación electrónica de declaraciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 579 de este Estatuto, el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución, señalará los contribuyentes, responsables o agentes retenedores obligados a cumplir con la presentación de las declaraciones y pagos tributarios a través de medios electrónicos, en las condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento. Las declaraciones tributarias, presentadas por un medio diferente, por parte del obligado a utilizar el sistema electrónico, se tendrán como no presentadas. Cuando por inconvenientes técnicos no haya disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos o se presenten situaciones de fuerza mayor que le impidan al contribuyente cumplir dentro del vencimiento del plazo fijado para declarar con la presentación de la declaración en forma virtual, no se aplicará la sanción de extemporaneidad establecida en el artículo 641 de este Estatuto, siempre y cuando la declaración virtual se presente a más tardar al día siguiente a aquel en que los servicios informáticos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se hayan restablecido o la situación de fuerza mayor se haya superado. En este último evento, el declarante deberá remitir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales prueba de los hechos constitutivos de la fuerza mayor. Cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento de la obligación de declarar no requerirá para su validez de la firma autógrafa del documento. (…). Anotó que obran dentro del plenario pruebas que demuestran que las fallas

técnicas alegadas por la sociedad Frisby S. A., no son atribuibles a la DIAN, en tal sentido, citó los siguientes medios de convicción: - La sociedad Frisby S.A., reportó la siguiente situación “cuando el envío del formato 1732 se genera exitoso, pero al cargar la declaración de renta aparece en ceros”. - Para este momento ya la sociedad Frisby SA., había descargado el prevalidador publicado por la DIAN el 11 de abril de 2014, tal como lo señaló en la PQRS 14509000407035 de 11 de abril de 2014 a las 14:36:58 horas. - Frente al inconveniente reportado, la administración tributaria dio las siguientes indicaciones “se debe realizar la eliminación de temporales del navegador, descargar la versión del prevalidador 1.2 (publicada el día de hoy 11 de abril de 2014) y continuar con el proceso. Si se presenta error 1069 al momento de firmar, desautorizar firmas, volver a autorizar y firmar”. - De la declaración rendida por la señora Natalia Andrea Huertas Cardona, es claro que las indicaciones dadas por la entidad desde el 11 de abril de 2014 le permitieron realizar la presentación de la declaración el día 14 de abril de 2014 sin ningún inconveniente, al señalar “(…) ya pude evidenciar que a las 6 de la tarde nos habían dado respuesta, un horario en el que ya la DIAN acá en Pereira también había cumplido su horario y nosotros también (…) el día lunes hicimos todo lo que nos estaban argumentando en la respuesta que nos dieron y el día lunes se presentó en debida forma y se hicieron los pagos pertinentes a la declaración (…)”.

• Se acreditó que otros grandes contribuyentes cuyo NIT termina en 4 presentaron la declaración de renta y complementarios - año gravable 2013, el 11 de abril de 2014 sin ningún inconveniente, así: C Y P DEL RSA hora de presentación declaración 04:21:43 PM y NISSI SAS hora de presentación declaración 09:34:38

AM. - Obra certificación expedida por la Subdirección de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones del Nivel Central de la DIAN, donde señala que el 11 de abril de 2014 se presentó contingencia solo para las declaraciones de importación, la cual empezó el 4 de abril de 2014 y finalizó el día 11 de abril de 2014 a las 9:30 am. Adujo que teniendo en cuenta las anteriores pruebas, la Corporación accionada concluyó de manera equivocada que se presentó un error atribuible a la DIAN, el cual impidió que la declaración de renta de la sociedad Frisby S. A. sea presentada de manera oportuna. 1.2.2. Defecto sustantivo. Expresó que este defecto se configuró al encuadrar la conducta de Frisby S.A. como sociedad contribuyente en las excepciones consagradas por el artículo 5792 del Estatuto Tributario, para señalar que no procedía la sanción por extemporaneidad, toda vez que de las pruebas recaudadas es evidente que el 11 de abril de 2014 hubo total disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos para que la sociedad contribuyente hubiese presentado la declaración en forma virtual, aunado a lo cual, no se encuentra demostrada ninguna circunstancia de fuerza mayor que le haya impedido cumplir con sus obligaciones dentro del

término establecido por el decreto de plazos. Afirmó que la situación presentada en el caso materia de estudio, no es un hecho imprevisible tratándose de temas informáticos, es decir, el contribuyente tenía el deber de prever de manera razonable que se pudiera presentar una falla informática por la misma naturaleza de la actividad, pues no hubo ninguna fuerza mayor que le impidiera a la contribuyente cumplir con sus obligaciones tributarias dentro del término establecido para tal fin. Agregó que es evidente que aunque el artículo 579-2 del Estatuto Tributario, se encontraba vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, no es aplicable al presente caso por no configurarse las situaciones excepcionales que eximen de la sanción por extemporaneidad establecidas en el artículo 641 ibídem, lo que evidencia la configuración del defecto sustantivo toda vez que la conducta de la sociedad contribuyente no encuadraba dentro de los exonerantes de la multa por presentar la declaración fuera del término concedido para tal efecto. 1.3. Petición de amparo constitucional Con base en lo anterior, la parte accionante, en su escrito de tutela planteó a título de pretensiones las siguientes: “- Se amparen los derechos vulnerados a mi representada y en consecuencia se deje sin efecto la sentencia proferida el 26 de febrero de 2020 dentro del expediente 66001-23-33-000-2016-00409-01 (23959), Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. - Que, en su lugar, se ordene a la Sección Cuarta del Consejo de Estado modificar la sentencia proferida el 26 de febrero de 2020, declarando que, si había lugar a la

sanción por extemporaneidad determinada en los actos objeto de control de legalidad, toda vez que el contribuyente no presentó dentro de la oportunidad legal su declaración de renta año gravable 2013”.

2. Trámite de instancia Mediante auto de 25 de enero de 2021, se admitió el trámite constitucional y se ordenó la notificación de los magistrados que integran la Sección Cuarta del

Consejo de Estado. En la misma providencia, se vinculó al Tribunal Administrativo de Risaralda y a Frisby S.A., en calidad de terceros con interés. Asimismo, se requirió en calidad de préstamo el expediente ordinario. 2.1. Intervenciones Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes intervenciones: 2.2. Consejo de Estado - Sección Cuarta La Magistrada Ponente de la decisión acusada, luego de hacer un breve recuento de lo sucedido en el proceso, expresó que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, toda vez que la DIAN trata de convertir la tutela en una instancia adicional al proceso ordinario. Señaló que los argumentos que respaldan la acción de amparo, fueron resueltos en la sentencia objeto de reproche, toda vez que tal como se señaló en el expediente ordinario, no se configuró la extemporaneidad alegada por la DIAN. Anotó que en esas condiciones, la demanda constitucional de la referencia es improcedente, pues lo pretendido es utilizarla como una instancia adicional para discutir la decisión del juez ordinario. En consecuencia, solicitó que se declare improcedente este mecanismo o, en su

defecto, se nieguen las pretensiones constitucionales. 2.3. Frisby S.A. La sociedad vinculada expresó su oposición a la prosperidad de las pretensiones, toda vez que la entidad accionante cuenta con otros recursos judiciales ordinarios y extraordinarios a través de los cuales puede solicitar la revisión de las decisiones que considera lesivas a sus intereses. Agregó que la DIAN pretende utilizar el mecanismo de amparo como una instancia adicional para reabrir un debate probatorio que ya fue analizado por el juez natural de la causa. Por tal razón, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, ya que no es viable que el juzgador constitucional evalúe el alcance de los fundamentos jurídicos aplicados al resolver la controversia. 2.4. El Tribunal Administrativo de Risaralda, pese a que fue notificado en debida forma guardó silencio.

3. Sentencia de primera instancia El 25 de febrero de 2021, la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado clausuró la primera instancia con sentencia que declaró improcedente el amparo solicitado, al considerar que la acción de tutela no superó el requisito de la inmediatez.

Se explicó que la providencia objeto de censura fue proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 26 de febrero de 2020 y notificada por estado del 12 de junio de 2020 y cobró ejecutoria el día 18 del mismo mes y año, mientras que la acción de amparo se radicó ante la oficina de reparto del Consejo de Estado el 13 de enero de 2021, es decir, que excedió el tiempo razonable para intentar el mecanismo excepcional de protección.

Se agregó que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, una vez analizadas las circunstancias y los hechos en los que se sustenta la solicitud tutelar, así como las razones que llevaron a la accionante a acudir a la vía constitucional, no se encontró un factor relevante que soporte o justifique su inactividad para solicitar la defensa de los derechos fundamentales invocados. La anterior decisión fue notificada a las partes e intervinientes el 23 de marzo de 2021.

4. Impugnación Mediante escrito radicado el día 25 de marzo de 2021, remitido por correo electrónico al buzón secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co, la parte accionante presentó escrito de impugnación contra el fallo de primera instancia.

En su alzada, expresó que contrario a lo afirmado en primera instancia, en el caso bajo estudio sí se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la acción de tutela se radicó el 18 de diciembre de 2020. A fin de soportar tal afirmación, aportó el acuse de recibido de la radicación de la impugnación a través de correo electrónico. Indicó que con lo anterior, se demuestra que la acción de tutela efectivamente fue radicada de manera oportuna. Afirmó en tal sentido, que la notificación del fallo proferido el 26 de febrero de 2020 se realizó al buzón de notificaciones de la DIAN el 12 de junio de 2020, por lo que los términos empezaron a correr a partir del día siguiente al de la notificación, es decir, a partir del 18 de junio del mismo año.

Agregó que, la acción de amparo fue interpuesta dentro de la debida oportunidad, atendiendo el término de inmediatez establecido por la jurisprudencia, pues los seis meses iban del 18 de junio al 18 de diciembre de 2020, fecha en la cual se envió el escrito tutelar al correo electrónico de la Secretaria General del Consejo de Estado. Finalmente, solicitó que se revoque la decisión proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado el 25 de febrero de 2021, toda vez que la demanda de tutela fue presentada dentro del término prudencial establecido por la jurisprudencia para el efecto y en consecuencia, se acceda a las pretensiones constitucionales.

II.CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de la impugnación al fallo de tutela de la referencia, según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el Acuerdo 080 de 2019 de la

Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema Jurídico De conformidad con los antecedentes expuestos y la solicitud de amparo constitucional, a la Sala le compete resolver los siguientes interrogantes: i) se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales; y, en caso de superarse los mismos, ii) si los defectos endilgados por la parte accionante se configuraron.

Para abordar los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto, se analizarán los siguientes aspectos: i) criterio de la Sección sobre la procedencia

excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; y ii) estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad; iii) en el evento de superar el anterior estudio, generalidades de los cargos formulados; y iv) caso concreto, con fundamento en la solicitud de amparo constitucional. 2.1. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de 20125, mediante el cual se unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6, conforme al cual, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, que la acción de tutela contra providencias judiciales, es procedente.7Para ello es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación. 5Consejo de Estado. Sala Plena. Sección Primera. Expediente 2009-01328-01. Acción de TutelaImportancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González. 6El recuento de esos criterios se encuentra de las páginas 13 a 50 del fallo antes reseñado. 7Expresa la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”. Así, es importante precisar bajo qué parámetro se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…». Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo adoptó los criterios referidos, en forma amplia, por la Corte Constitucional9 para determinar la procedencia de acción constitucional contra providencia judicial, identificando unos requisitos generales y otros específicos sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva). A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones judiciales, incluidas las de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación. En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de amparo cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no

se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez y iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos supuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad sustantiva, es decir, adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados. Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. En tal sentido, la acción de tutela será procedente cuando se hayan verificado: i) la concurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia contra providencias 8Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios.

M. P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ.

9Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la Corte Constitucional. judiciales; ii) la configuración de alguno de estos requisitos específicos

mencionados -siempre y cuando hayan sido alegados por el interesado en el proceso ordinario-; y que iii) el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales10. 2.2. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva 2.2.1. Inmediatez Teniendo en cuenta que el a quo constitucional declaró la improcedencia de la acción de tutela al no encontrar superado el requisito de inmediatez, la Sala considera pertinente estudiar en primer lugar la referida exigencia. En principio, cabe destacar que el pleno de esta Corporación, mediante sentencia del 5 de agosto de 201411, acogió el lapso de seis meses como plazo razonable para solicitar la protección de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con las providencias judiciales. En tal sentido, frente al requisito de inmediatez se advierte que la parte actora consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso con ocasión de la providencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 26 de febrero de 2020, la cual fue notificada el 12 de junio del mismo año, alcanzando ejecutoria el 18 de junio de 2020. Luego del referido término, la entidad accionante contaba con un plazo de seis meses a partir del día hábil siguiente a la ejecutoria de la decisión objeto de reproche, es decir, desde el 19 de junio de 2020 hasta el 19 de diciembre del mismo año. Ahora bien, la parte actora envío la acción de tutela el 18 de diciembre de 2020 al correo electrónico secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co, tal como se

comprobó en el expediente digital que se encuentra en el índice 2 del aplicativo SAMAI, es decir, antes de los seis meses. En consecuencia, se tiene como presentada dentro de un término razonable, contrario a lo afirmado por el juez constitucional de primera instancia, razón por la cual, en el caso bajo estudio esta exigencia se encuentra superada. Tal como se advierte a continuación: 10Corte Constitucional, Sentencia SU-337/2017, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo 11 Expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01. M.P: Jorge Oct