CE-11001-03-15-000-2021-00085-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSO DE MÉRITOS / CONVOCATORIA RAMA

JUDICIAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

FUNDAMENTALES POR MODIFICACIONES EN LA CONVOCATORIA / INEXISTENCIA DE LISTA DE ELEGIBLES – Consolidación del derecho de acceso a los cargos públicos [E]s evidente para la Sala que la decisión prevista en la Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, concerniente a corregir el procedimiento administrativo del mencionado concurso desde la convocatoria de las mencionadas pruebas, de ninguna manera puede tener la connotación de vulnerar el derecho fundamental de acceso a cargos públicos del accionante, pues, se insiste, como aún no se ha conformado la lista de elegibles, el [tutelante] no ha consolidado ningún derecho de acceso a la administración pública. (…) [En relación con] la vulneración del derecho al debido proceso (…) [d]e la lectura de los considerandos de la Resolución CJR 20-00202 del 27 de octubre de 2020, se evidencia que, si bien existían unas reglas definidas previamente y las mismas fueron modificadas, las razones que llevaron a las entidades demandadas a corregir la actuación administrativa tuvieron como fundamento factores ajenos al desarrollo normal del concurso que hicieron imposible su correcto funcionamiento, esto es, la magnitud de las falencias halladas en las pruebas practicadas. En ese orden, la variación del cronograma del Concurso para proveer los cargos de jueces y magistrados se encuentra justificada en la necesidad de dar al citado concurso un trámite ajustado

a derecho, máxime cuando las anomalías encontradas en las aludidas pruebas impedían continuar con las demás fases de éste. Igualmente, se advierte que dicho cambio fue comunicado a los aspirantes, por lo que aquéllos conocieron oportunamente de las nuevas reglas del mismo y por ende sí fue garantizado su derecho al debido proceso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00085-00(AC)

Actor: JUAN FERNANDO GÓMEZ ZAPATA

Demandado: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Referencia: Cumple el requisito de subsidiariedad, y por contera, procede la acción de tutela impetrada en contra del acto mediante el cual las entidades demandadas corrigieron la etapa del concurso de méritos de la Rama Judicial relacionada con la realización de las pruebas de aptitudes y conocimientos. No vulnera los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y al debido proceso, el acto mediante el cual las entidades demandadas corrigieron la etapa del concurso de méritos de la Rama Judicial relacionada con la realizaciòn de las pruebas de aptitudes y conocimientos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Juan Fernando Gómez

Zapata en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia.

I. SÍNTESIS DEL CASO I.1. El señor Juan Fernando Gómez Zapata, actuando a nombre propio, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos, presentando las siguientes pretensiones: “4. PRETENSIONES: En fin, Honorables Consejeros de Estado, son todas las anteriores razones las que me permiten afirmar la vulneración de los derechos de rango fundamental invocados; por consiguiente, en su protección, solicito que a través de la

presente acción de tutela, se ordene a la Unidad de Carrera del Consejo Superior reajustar su actuación a la legalidad, dejar sin efecto alguno la Resolución No. CJR20-0202 y, en consecuencia, proseguir con las actuaciones subsiguientes del concurso de méritos conforme al cronograma establecido. Reitero mi solicitud en el sentido de ser compulsadas copias, si bien lo considera la Corporación, con destino a la Fiscalía General de la Nación para investigar la presunta comisión de conductas punibles en el presente asunto”1 1.3. Como sustento de la demanda, argumentó que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA18-11007 de 2017, convocó a concurso público para conformar los registros de elegibles a cargos de funcionarios del sistema de carrera judicial. Alegó que, una vez agotada la etapa de inscripciones, se llevaron a cabo las pruebas de aptitudes y conocimientos y fueron publicados los resultados de las mismas. No obstante, resaltó que estos fueron controvertidos judicialmente en

acciones de tutela por los aspirantes al advertir que existían inconsistencias estructurales en algunas preguntas del examen. 1.4. Expresó que el día 27 de octubre de 2020, de manera inexplicable, luego de transcurridos más de dos (2) años desde el inicio de la convocatoria, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, 1 Visible a folios 6 y 7 del archivo digital denominado “2_ED_2. ESCRITO DE TUTELA.pdf” visible en índice número 2 del Sistema de Gestión SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mediante Resolución No. CJR20-0202 de 2020, dispuso dejar sin efectos las pruebas realizadas y, por ende, los resultados obtenidos por los concursantes. 1.5. Adujo que la última decisión en comento vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos, toda vez que las gestiones adelantadas por la mencionada Unidad han sido contrarias a lo dispuesto en los artículos 125 de la Carta Política, 130 y 160 de la Ley 270 de 1996, dado que, en su opinión, de “manera facilista, el “borrón y cuenta nueva” de la convocatoria bajo una argumentación totalmente carente de fundamento jurídico, pues en la Resolución en cita si bien se indica que fueron detectadas irregularidades no advertidas anteriormente, no enfatizó en indicar de qué manera ello afectaba, de manera sustancial, los resultados obtenidos, menos aún si esas inconsistencias adicionales fueron de la entidad suficiente para poner en

entredicho las competencias de quienes aprobamos la prueba de conocimiento.”2 1.6. Agregó que, pese a que las pruebas tuvieron varias revisiones, no fue sino cuando dicha etapa ya había sido superada que las entidades demandas expresaron que existían irregularidades que comprometían la seriedad y rectitud en su práctica. Alegó que dicha situación también demuestra que existió una clara arbitrariedad por parte del Consejo Superior de la Judicatura. 1.7. Sostuvo que la expedición de la Resolución No. CJR20-0202 de 2020 puede acarrear un detrimento patrimonial para el Estado representado en los costos que se ocasionarían el retrotraer las pruebas realizadas con sus exhibiciones, entre otros. En esa medida, pidió se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación a efectos de que se investigue si dicha conducta puede enmarcarse en el delito previsto en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, esto es, prevaricato por acción. 1.8. Indicó que la presente acción de tutela era procedente, dado que, pese a que el Acuerdo PCSJA18-11007 de 2017 era un acto de trámite, lo cierto es que la Corte Constitucional permitió la posibilidad de promover acciones de tutela en contra de esa clase de actos emitidos en el transcurso de concursos de méritos cuando: (i) la actuación administrativa de la que haga parte el mismo no hubiere concluido, (ii) se defina una situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final y (iii) se ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho constitucional fundamental. 2 Visibles a folios 4 y 5 ibídem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concluyó que, al examinar los motivos consignados en redes sociales por el Consejo Superior de la Judicatura para justificar la expedición de la Resolución No. CJR20-0202 de 2020, a su juicio, aquellos no tuvieron como soporte razones asociadas al mérito, sino que, por el contrario, estuvieron ligados intereses particulares de quienes expresaron su inconformidad con los resultados de los exámenes, pese a que a los mismos tuvieron la opción de controvertirlos a través de los recursos correspondientes.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA 2.1. La demanda fue admitida por medio de auto calendado el 18 de enero de

2021, en el cual se ordenó notificar a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia. 2.2. La Universidad Nacional de Colombia dio respuesta a la petición de amparo de la referencia, bajo los argumentos que pasan a sintetizarse3: 2.2.1. Luego de hacer referencia a los antecedentes del concurso de funcionarios de la Rama Judicial, indicó que en el presente asunto no fueron cumplidos los requisitos previstos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela en contra de actos de trámite en un concurso de méritos, puesto que, a su juicio, la Resolución No. CJR20-0202 de 2020 no tiene la potencialidad de definir una situación concreta del demandante ni le impide continuar en el concurso.

Agregó que, por el contrario, el accionante se limitó a esgrimir hechos hipotéticos para sustentar la violación de los derechos invocados, tales como que dicha Resolución tuviera como por objeto beneficiar a las personas que no obtuvieron el puntaje mínimo requerido en las mencionadas pruebas. 2.2.2. Advirtió que, en caso de accederse a las peticiones de la demanda, se generaría una grave lesión en los derechos de los demás participantes del concurso, pues se mantendría una prueba a pesar de las graves inconsistencias que fueron señaladas en la citada Resolución. 3 Visible en el índice número 7 del Sistema de Gestión SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2.3. Aseguró que tampoco se probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable dado que no se cumplió ninguno de los elementos previstos para esos efectos en las sentencias T-107 de 2010, T-816 de 2006 y T-1309 de 2005. 2.2.4. Igualmente, expresó que no se acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, como quiera que el accionante cuenta con otros mecanismos judiciales para desvirtuar la presunción de legalidad de lo consignado en la Resolución No. CJR20-0202 de 2020. 2.2.5. Indicó que no es posible acceder a lo pretendido en el libelo introductorio, esto es, que se continúe con las etapas subsiguientes de la prueba determinada

en la Convocatoria 27, manteniendo el puntaje anterior que fue asignado en la Resolución CJR19-0679 de 2019, en la medida que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), se ordenó corregir la actuación administrativa del concurso a partir de la citación de las pruebas de aptitudes y conocimientos generales, para en su lugar, dar paso a una nueva construcción y aplicación de ese tipo de evaluaciones en una misma jornada. 2.2.6. Por otro lado, afirmó que no vulneró el derecho fundamental al debido proceso del demandante, puesto que, como la lista de elegibles es el único acto definitivo en un concurso, los demás que sean expedidos son de trámite o de impulso; por ende, no tienen la connotación requerida para generar derechos adquiridos, por lo que pueden ser modificados sin necesidad de contar con el consentimiento de los aspirantes. 2.2.7. Ahora bien, frente a las inconsistencias presentadas en las pruebas de aptitudes y conocimientos, manifestó que, luego de hacer una evaluación de los reparos que fueron formulados por los aspirantes, encontró que debía hacerse la revisión de doscientas veintiséis (226) preguntas, las cuales contenían errores en su construcción. Así las cosas, al denotar dichas fallas en el servicio que fue contratado a su cargo, optó por repetir las mismas, asumiendo el costo generado por ello. 2.2.8. Indicó que la corrección de un acto administrativo tampoco implica la vulneración al derecho al debido proceso, señalando que, en sentencia del 2 de julio de 2020, la Sección Quinta de esta Corporación, dentro de un proceso de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tutela identificado con número de radicación 11001 03 15 000 2019 04731 00, en el que se controvirtió una corrección sobre una resolución que estableció un puntaje, afirmó que dicho acto no causaba una vulneración a ese derecho dado que los concursantes apenas contaban con una mera expectativa. 2.2.9. En relación con el derecho de acceso a cargos públicos, resaltó que tampoco había sido vulnerado, toda vez que los actos enjuiciados solamente generaban unas meras expectativas de continuidad en el concurso y, por ende, los participantes no habían garantizado pertenecer a la lista de elegibles, como quiera que aún debían superar las demás etapas previstas para esos efectos. 2.3. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura solicitó se niegue la acción de tutela de referencia bajo los argumentos que pasan a sintetizarse4: 2.3.1. Señaló que no fue probada la ocurrencia de un perjuicio irremediable para la procedencia del presente asunto, máxime cuando la Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020 no tuvo otro objeto que corregir la actuación administrativa para garantizar la prevalencia del mérito . 2.3.2. Arguyó que tampoco se acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto el demandante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para debatir la legalidad de la citada resolución, teniendo la posibilidad de

pedir la suspensión provisional de los efectos de dicho acto. 2.3.3. Resaltó que no vulneró los derechos fundamentales del accionante, puesto que todos los actos proferidos a lo largo de un concurso de méritos, a excepción del que conforma la lista de elegibles, son de mero trámite; por ende, el señor Gómez Zapata solo tenía una mera expectativa de acceso al servicio público. 2.3.4. Expresó que tampoco existió negligencia de esa entidad en los hechos que dieron lugar a la radicación de la presente acción constitucional, dado que la Resolución CJR20-0202, tuvo como finalidad corregir las inconsistencias técnicas acaecidas en la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos, las cuales no han permitido el desarrollo normal del concurso de méritos.

III. CONSIDERACIONES 4 Visible en el índice número 8 del Sistema de Gestión SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.1. Competencia De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es

competente para conocer del presente asunto. III.2. Hechos III.2.1.El Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA18-11007 de 2018, convocó a concurso público para conformar las listas de elegible a cargos del sistema de carrera judicial. III.2.2.Una vez agotada la etapa de inscripciones, se llevaron a cabo las pruebas de conocimientos y aptitudes, cuyos resultados fueron publicados a través de la Resolución CRJ8-559 de 2018. En contra de dicha decisión se interpusieron diversos recursos, algunos con solicitud de exhibición y otros no. Aquellos que no tenían solicitud de exhibición fueron desatados a través de la Resolución CJR19-632 del 29 de marzo de 2019, mientras que los demás fueron resueltos en Resolución CJR19-679 del 7 de junio de 2019. Frente a este último acto se impetraron algunos recursos de reposición, que fueron desatados a través de la Resolución CJR19-0877 de 2019. III.2.3.Posteriormente, las entidades aquí demandadas encontraron falencias en la construcción, práctica y evaluación de las aludidas pruebas, lo que implicó que la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, resolviera: “Artículo 1.° CORREGIR la actuación administrativa contenida en las resoluciones CJR19-0679 y CJR19-0877 de 2019; CJR20-0185, CJR20-0187, CJR20-0188, CJR200189 y CJR20-0200 de 2020, junto con los demás actos

administrativos expedidos durante el procedimiento que se corrige, desde la citación a las pruebas de conocimientos generales y específicos, de aptitudes Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y psicotécnicas, para ajustar todo el trámite a derecho, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de esta resolución, y en consecuencia, CONTINUAR el trámite de la convocatoria, para lo cual, oportunamente se publicarán las citaciones y se aplicarán las pruebas. ARTÍCULO 2º. Esta resolución rige a partir de su publicación. ARTÍCULO 3.º PUBLICAR la presente resolución a través de la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co . III.2.4.Inconforme con dicha actuación, el señor Juan Fernando Gómez Zapata impetró la demanda de la referencia arguyendo que fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos. III.3. De los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. III.3.1. El artículo 86 de la Carta Política dispone los siguientes requisitos generales de procedencia de las peticiones de amparo: Articulo 86 . Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se

solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.” (Subrayas de la Sala). Dicho artículo constitucional ha sido interpretado por la Corte Constitucional, quien en su jurisprudencia ha señalado que los requisitos generales son: (i) legitimación en la causa, (ii) que la demanda se interponga en un plazo razonable – inmediatez y (iii) que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediablesubsidiariedad. Sobre el particular, en sentencia T-091 de 2018, se señaló: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

30. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona

puede ejercer la acción de tutela “mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre”, para la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. La acción de tutela resulta procedente cuando el accionante no disponga de otro medio de defensa judicial eficaz para la protección de sus derechos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la consolidación de un perjuicio irremediable.

31. En esta medida, antes de pronunciarse de fondo sobre el caso concreto, es deber del juez constitucional verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, a saber: (i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva , (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad .”

(Subrayas de la Sala). III.3.1.1. Siendo ello así, en lo que hace al primer requisito, se evidencia que se probó la legitimación en la causa por activa del accionante, en la medida que aquel refiere que es participante del concurso para proveer cargos de la Rama Judicial que es llevado a cabo dentro de la Convocatoria No. 27 por el Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, en el libelo introductorio se controvierte que la decisión contenida en la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, relativa a corregir la actuación administrativa desde de las citaciones de las pruebas de aptitudes y conocimientos, como quiera que, como el demandante aprobó inicialmente dichas evaluaciones, a su juicio, fueron vulnerados sus

derechos de acceso a cargos públicos y al debido proceso. III.3.1.2. En lo que hace a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala evidencia que también se encuentra acreditada, dado que la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura es el ente rector de la Convocatoria No. 27, en cuyo trámite fue proferida la citada Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020. Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia fue el organismo encargado de realizar las pruebas de aptitudes y conocimientos, las cuales dieron lugar a la expedición del mencionada Resolución debido a las falencias que fueron evidencias en su práctica. III.3.1.3. Asimismo, se cumplió el requisito de inmediatez en cuanto la Resolución No. CJR20-0202 fue expedida el 27 de octubre de 2020, mientras que Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la acción de tutela de la referencia fue impetrada el día 14 de enero de los corrientes, esto es, pasados dos (2) meses y dieciocho (18) días desde la emisión de tal acto, término que se estima razonable para su interposición. Finalmente, en atención a que existe controversia frente al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, se deberá determinar si procede la acción de tutela impetrada en contra del acto mediante el cual las entidades demandadas corrigieron la etapa del concurso de méritos de la Rama Judicial relacionada con la realización de las pruebas de aptitudes y conocimientos.

III.3.1.3.1. Sea lo primero señalar que la Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de actos expedidos en el trámite de un concurso de méritos cuando: (i) el aspirante no cuente con un mecanismo judicial efectivo para impugnar los actos administrativos que vulneran sus derechos fundamentales, o (ii) si existen circunstancias excepcionales en el asunto bajo examen, respecto de las cuales, pueda existir un perjuicio irremediable en caso no existir el amparo de los derechos conculcados. Sobre el particular en sentencia T-090 de 2013 fue señalado: “3.1. En múltiples oportunidades esta Corporación ha precisado que la acción de tutela es improcedente, como mecanismo principal y definitivo, para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, ya que para controvertir la legalidad de ellos el ordenamiento jurídico prevé las acciones contenciosoadministrativas, en las cuales se puede solicitar desde la demanda como medida cautelar la suspensión del acto5. Dicha improcedencia responde a los factores característicos de residualidad y subsidiariedad que rigen esta acción de origen constitucional. 3.2. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha trazado dos subreglas excepcionales en las cuales el carácter subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización a pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. Esas subreglas se sintetizan en que procede excepcionalmente la tutela contra actos administrativos que regulan o ejecutan

un proceso de concurso de méritos (i) cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable 6 , el cual debe cumplir con los requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de ser impostergable 7 ; y, (ii) cuando el medio de defensa existe, 5 Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-368 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-244 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-800A de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). 6 Esta subregla de procedencia excepcional de la acción de tutela la contempla el artículo 86 de la Constitución Política. 7 En sentencia T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), se explicaron los elementos que ha de tener el perjuicio irremediable: “ A)… inminente: ‘que amenaza o está por suceder prontamente’. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. (...) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no ser garantizado, se traduce en un claro perjuicio para el actor.”8 (Subrayas de la Sala). III.3.1.3.2. De lo expuesto se observa que, para resolver el interrogante

anotado, es preciso que se definan cuáles actos expedidos durante el desarrollo de un concurso de méritos son pasibles de control judicial, ello a efectos de dilucidar si el demandante contaba o no con otro mecanismo para la protección de los derechos aquí invocados. En ese orden, advierte la Sala que la Sección Segunda de esta Corporación ha aceptado la posibilidad de que el acto que convoca al concurso pueda ser controvertido a través del medio de control de nulidad, bajo el argumento de que el mismo constituye la norma reguladora al reglamentar aspectos generales tales como los cargos ofertados, los requisitos para acceder a los mismos, la clase de exámenes que se desarrollaran y en general todos los aspectos que evaluarán a los aspirantes. Los siguientes pronunciamientos fueron expedidos a propósito de demandas impetradas contra este tipo de decisiones de la Administración; veamos: “El acto de convocatoria a concurso de méritos constituye un acto administrativo de carácter general, que como tal, le son predicables los requisitos de existencia, validez y eficacia o oponibilidad, entendiendo por los primeros los referentes al órgano y su contenido; los de validez, que son relativos a la voluntad y las formalidades o el procedimiento, y la eficacia u “B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud

del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. (...) “C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente. “D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. (...) “De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como

mecanismo transitorio”. 8 Corte Constitucional, Sentencia T-090 del 26 de febrero de 2013, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co oponibilidad, en relación con las ritualidades necesarias para que sea eficaz y capaz de producir efectos jurídicos y sobre los cuales ya se pronunció la Sección Segunda, en sentencia de 31 de enero de 2019, con ponencia del consejero dr César Palomino Cortés, radicado interno 4574-2016.”9 (Subrayas de la Sala). A su vez en providencia del 10 de octubre de 2019 se dijo: “La Convocatoria, es el primer paso del pro