CE-11001-03-15-000-2021-00099-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Niega / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – A partir del conocimiento del daño / LESIÓN SUFRIDA POR

SOLDADO CONSCRIPTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR

OBLIGATORIO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO /

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO La Sala advierte que el auto del 30 de octubre de 2020 siguió los parámetros generales fijados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, por cuanto, en efecto, para determinar la configuración de la caducidad el Tribunal accionado recurrió a los hechos probados y a la naturaleza de los daños cuya reparación se persiguió, para concluir que “[…] el término de caducidad en casos como el ahora estudiado no puede contarse a partir de la certificación expedida por la Junta Médica Laboral, sino desde el momento que tuvo conocimiento del daño (…) Por lo anterior, no se configura el defecto por desconocimiento del precedente. (…) En relación con el defecto sustantivo (…) el cargo no prospera porque, como bien lo advirtió el Tribunal Administrativo del Caquetá, de las consideraciones que expuso sobre la materia la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 29 de noviembre de 2018 se entiende con absoluta claridad que: (…) el criterio jurisprudencial que hoy impera en la Sección Tercera de la Corporación

sobre la materia objeto de análisis es sólido, reiterado, impide que la aplicación de los principios que permiten flexibilizar el término de caducidad se convierta en la bandera para alterar el contenido del literal i) del numeral 2.º del artículo 164 del CPACA y ordena que en cada caso el juez determine tal punto de derecho atendiendo los hechos probados jurídicamente relevantes. Lo anterior resulta suficiente para desestimar el argumento propuesto por la parte actora. Respecto del defecto fáctico. (…) En el presente caso no se observa que la apreciación probatoria realizada represente un ejercicio arbitrario de la función judicial encomendada a la autoridad accionada, la Sala concluye que no se configura el defecto fáctico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00099-01(AC)

Actor: JAIME ALEXIS ANGARITA RAMÍREZ Y OTRO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y OTRO La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia de 5 de marzo de 2021, proferida por la Subsección “A” de la

Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO Jaime Alexis y José Esneider Angarita Ramírez, por intermedio de apoderada judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al

acceso a la administración de justicia y a la igualdad, los cuales estimaron vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá, con ocasión de las providencias del 5 de agosto y el 30 de octubre de 2020, adoptadas en audiencia inicial y mediante auto interlocutorio, respectivamente, por medio de las cuales se declaró probada la excepción de caducidad y se confirmó tal decisión, en el proceso de reparación directa que iniciaron en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios causados a Jaime Alexis Angarita Ramírez durante la prestación del servicio militar obligatorio. La parte actora señaló que las autoridades judiciales cuestionadas incurrieron en desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, porque no advirtieron la existencia de la sentencia T-659 de 2015, referida a la aplicación de los principios pro-actione y pro-damato. Dijo que debía tenerse en cuenta que, en la sentencia T-347 de 2020, la Corte Constitucional reiteró la postura según la cual se tiene conocimiento del daño cuando se recibe la valoración del dictamen de pérdida de capacidad laboral por parte de la Junta Médica Militar, por ser el momento en el que se conoce de la incapacidad del afectado. Como fundamento de la configuración del desconocimiento del precedente, citó la sentencia de 12 de mayo de 2010 (expediente 31.582), de la Sección Tercera del Consejo de Estado y los fallos de tutela del 8 de febrero de 2018 (2017-03123),

proferido por la Sección Segunda de la Corporación, y del 8 de noviembre de 2018 (2018-02743) de la Sección Quinta. Además, sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico, porque motivaron la declaratoria de caducidad en una sola prueba, la que surgió de la consulta médica realizada a Jaime Alexis Angarita Ramírez el 16 de julio de 2016, cuando se le realizó el estudio de audiología. Explicó que dicho documento solo evidencia la existencia de una lesión pero no refleja una incapacidad, discapacidad, la permanencia o su magnitud y, en ese sentido, afirmó que el término de caducidad no podía contabilizarse desde el referido estudio. Finalmente, planteó la configuración de un defecto sustantivo porque no se aplicaron los principios constitucionales que permiten la flexibilización del término de caducidad, sino que se aplicó exegéticamente la norma contenida en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN 2.1. El Tribunal Administrativo del Caquetá afirmó que no se cumplía con el requisito de la relevancia constitucional, dado que la inconformidad de la parte actora era de orden netamente legal.

Agregó que en la demanda de tutela no se demostró cómo la providencia reprochada habría trasgredido los derechos fundamentales y que “[…] ni siquiera alude de manera específica a las irregularidades o defectos en los que eventualmente se incurrieron […]”. Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que la decisión adoptada se fundó en la normativa vigente y en la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera

del Consejo de Estado y, además, se motivó de manera suficiente y congruente con las pruebas allegadas al expediente ordinario. Añadió que la providencia que confirmó la declaratoria de caducidad de la acción se dictó en desarrollo de los principios de autonomía e independencia reconocidos en la Constitución Política y en la Ley 270 de 1996. Por lo anterior, solicitó que se declarara improcedente o, en su defecto, se negara el amparo solicitado. 2.2. El Juzgado Primero Administrativo de Florencia solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, dado que “[…] no cumple con los requisitos de procedencia contra decisiones judiciales, de conformidad con lo establecido de manera reiterativa por la Corte Constitucional, además de cumplir con los fundamentos legales y constitucionales en la resolución del asunto, tal y como se acredita con las piezas procesales que obran dentro del expediente […]”. 2.3. Los demás vinculados guardaron silencio.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia de 5 de marzo de 2021, declaró improcedente el amparo constitucional solicitado tras concluir que no se cumplía el requisito de relevancia constitucional.

Como fundamento de la decisión, señaló que la parte actora acudió a la acción de tutela con el propósito de que se estudiara nuevamente si, como se estableció en primera y segunda instancia, operó el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa promovida por los señores Jaime Alexis y José Esneider Angarita

Ramírez en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, cuando el mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una tercera instancia del proceso ordinario. Agregó que “[…] la decisión de declarar la caducidad del medio de control de reparación directa […] fue razonablemente decidida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en la medida en que estableció que debía acogerse la postura adoptada en la sentencia de reiteración de jurisprudencia del 29 de noviembre de 2018, radicación número 4001-23-31-000-2003-01282-02(47308) […]”.

IV. IMPUGNACIÓN Inconforme con la decisión adoptada, la apoderada judicial de la parte actora impugnó el fallo de primera instancia y solicitó revocarlo, con fundamento en las siguientes razones: Afirmó que “[…] a todas luces el presente caso es de relevancia constitucional puesto que estamos frente a la concreción de los derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la salud, a la reparación integral de una persona sometida obligatoriamente a la prestación del servicio militar, traducido esto en una carga impuesta por el Estado y al regresarlo a la vida civil presenta afectaciones sobre las cuales aún no se determina la magnitud del daño […]”.

Insistió en que el asunto es de relevancia constitucional comoquiera que: (i) trasciende de la esfera de lo netamente legal a la aplicación de principios y garantías constitucionales; (ii) guarda estricta relación con afectación y materialización de derechos fundamentales, humanos y convencionales, en tanto que se transgredió el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el

formal y los principios pro homine, pro actione y pro damato; y (iii) no pretende convertirse en un recurso adicional. Reiteró en extenso los argumentos que presentó de forma inicial en la solicitud de amparo, para alegar la configuración del desconocimiento del precedente, de la violación directa de la Constitución y de los defectos fáctico y sustantivo, con consideraciones de las sentencias SU 659-15, T 334-18, T 258-19, SU 573-19 y T 347-20 de la Corte Constitucional.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. COMPETENCIA De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 5.2. HECHOS 5.2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa la parte actora demandó a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios causados a Jaime Alexis Angarita Ramírez durante la prestación del servicio militar obligatorio. 5.2.2. Mediante auto del 9 de octubre de 2018 el Juzgado Primero Administrativo de Florencia admitió la demanda. Posteriormente, en audiencia inicial celebrada el 5 de

agosto de 2020, declaró probada la excepción de caducidad, tras considerar que, cuando se trata de demandas por lesiones, el término de caducidad debe contabilizarse desde el momento en que se conoce del daño y, en ese sentido, “[…] la caducidad debe contabilizarse desde el 16 de julio 2016, fecha en la que el señor Jaime Alexis Angarita Ramírez tuvo conocimiento de su enfermedad -hipoacusia conductiva bilateral grado levepor lo que el término de caducidad empezó a contar a partir del 17 de julio de 2016 […]”. 5.2.3. Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo del Caquetá, por medio de proveído del 30 de octubre de 2020, confirmó la providencia recurrida bajo los siguientes argumentos: “[…] A este respecto, tenemos que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por providencia del 29 de noviembre de 2018, radicación 54001-23-31-000-2003-01282-02(47308) con ponencia de la Dra. Marta Nubia Velásquez Rico, reiteró la jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad, en reparación directa por lesiones corporales. Explicó la sentencia en cita que en relación con el cómputo del término de caducidad cuando se trata de demandas de reparación directa formuladas como consecuencia de lesiones personales, las Subsecciones de esa Sala habían sostenido inicialmente que el mismo empezaba a correr a partir del conocimiento de la magnitud del daño, esto es, cuando se notificaba al afectado directo el dictamen practicado por parte de la

correspondiente Junta Médica Laboral respecto de la calificación de la pérdida de capacidad, pues es en ese momento en el que se conocían las secuelas y la gravedad del daño. No obstante, la anterior postura varió y fue adoptada por la mayoría de las Subsecciones con el fin de establecer que, en aquellos eventos en los cuales la manifestación o el conocimiento de la lesión no coincidía con el acaecimiento del hecho que la generó, en virtud de los principios pro actione y pro damato, el conteo del término de caducidad iniciaba a correr a partir del momento en que el afectado directo tenía conocimiento de la existencia de dicha lesión, por cuanto era a partir de allí que tenía un interés legítimo para acudir a la jurisdicción. […] Colofón de lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, reiteró su jurisprudencia, en el sentido de señalar que ‘el cómputo de la caducidad en los casos de lesiones lo determina el conocimiento del daño, pero este puede variar cuando, por ejemplo, el mismo día del suceso no existe certeza del mismo, no se sabe en qué consiste la lesión o esta se manifiesta o se determina después del accidente sufrido por el afectado. En todo caso, la parte deberá acreditar los motivos por los cuales le fue imposible conocer el daño en la fecha de su ocurrencia’. En estas condiciones, -se aseguró- que la fecha de conocimiento sobre la magnitud del daño, a través de la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez no puede constituirse, en ningún caso, como parámetro para contabilizar el

término de caducidad, por cuanto (i) el dictamen proferido por una junta de calificación de invalidez no comporta un diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida por una persona, pues la junta se limita a calificar una situación preexistente, (ii) su función es la de establecer la magnitud de una lesión respecto de la cual el afectado directo tiene conocimiento previo, en función de la capacidad laboral de la víctima, por tanto, no constituye criterio que determine el conocimiento del daño (iii) al depender el cómputo del término de caducidad de la notificación del dictamen practicado por la junta de calificación de invalidez, se dejaría en manos de la víctima directa del daño la facultad de decidir el momento a partir del cual inicia el conteo, pues podría diferir en el tiempo su notificación o, incluso, no realizar el trámite para la calificación de la pérdida de capacidad laboral, lo que dejaría en el limbo la fecha de inicio del conteo y (iv) adicionalmente, la calificación de invalidez no constituye un requisito de procedibilidad para demandar y, por ello, el afectado puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en sede de reparación directa, aunque no se le hubiere valorado la magnitud de la lesión, por cuanto la exigencia de tal requisito para el cómputo de la caducidad implicaría la creación de un requerimiento que la ley no contempla. En este tema no existe tarifa probatoria y el demandante bien puede aportar o solicitar las pruebas periciales que estime pertinentes para probar el grado de afectación en el transcurso del proceso. Finalmente, la Sala advirtió que no es posible, so pretexto de aplicar

un enfoque constitucional y los principios pro homine y pro actione, desatender la aplicación de normas de orden público que materializan el derecho fundamental constitucional del debido proceso, afectando de paso la seguridad jurídica, cuando lo que resulta procedente es la valoración de cada caso con sus particularidades concretas. Bajo el anterior margen argumentativo y descendiendo al caso que contrae la atención de la Sala, se evidencia que la decisión adoptada por la Juez Primera Administrativa del Circuito Judicial de Florencia-Caquetá- deberá confirmarse, porque, contrario a lo señalado tanto por la parte actora en su recurso de apelación y como por el Ministerio Público en su intervención, el término de caducidad en casos como el ahora estudiado no puede contarse a partir de la certificación expedida por la Junta Médica Laboral, sino desde el momento que tuvo conocimiento del daño, pudiendo variar solo si, el mismo día del suceso no existe certeza del mismo, o no se sabe en qué consiste la lesión o esta se manifiesta o también se determina después del accidente sufrido por el afectado. A ese respecto, tenemos que conforme al material probatorio allegado al expediente el 20 de marzo de 2015, el señor Jaime Alexis Angarita Ramírez, -quien para esa fecha prestaba su servicio militar obligatorio-, presentó un fuerte dolor de oído de lado izquierdo, por lo que debió ser remitido al área de urgencia de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, donde se le diagnosticó ‘perforación de membrana timpánica izquierda’. De manera posterior y según constancia de estudio audiológico, el señor

ANGARITA RAMÍREZ, presentaba como antecedentes ‘sensación de disminución en la agudeza auditiva bilateral, especialmente por oído izquierdo, otalgia constante, episodios repetitivos de vértigo, dificultad para entender cuando le hablan e hipersensibilidad ante los ruidos fuertes’. En razón de ello ‘en consulta del 16 de julio de 2016 se le realizó Estudio Audiológico, donde se encontró: OTOSCOPIA: Normal bilateral.LA AUDIOMETRÍA TONAL reporta: HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL GRADO LEVE. En la prueba de LOGOAUDIOMETRÍA se observa: Curas levemente desplazadas hacia la derecha, registrándose fallas leve en la discriminación del lenguaje, afectando la comunicación encontrándose en O.D: El 100% - 40dB Y EL O.I: 100% -50 dB En la prueba audiológica de INMITANCIA ACÚSTICA, se encontró: TÍMPANOGRAMAS ALTERADOS Curvas Tipo AsRIGIDOS-, binauralmente. LOS REFLEJOS ESTAPEDIALES IPSILATERAL Y LOS CONTRALATERAL Se desencadenaron de manera irregular binauralmente’. Siendo así las cosas y para la Sala, emerge con meridiana claridad que con la consulta médica que recibió la víctima directa el 16 de julio de 2016, este tuvo certeza de la lesión que padecía, consistente en una hipoacusia conductiva bilateral grado leve, la cual, se venía manifestando desde el 20 de marzo de 2015, cuando debió ser atendido por urgencias y en ese orden de ideas, es a partir de esa fecha que debe contabilizarse el

término de caducidad de la acción, tal como lo efectuó la juez de instancia, frente a lo cual, esta Sala no cuenta con ningún reproche, lo que genera inevitablemente que deba ser confirmada en su integridad la decisión apelada […]”. (Énfasis fuera del texto original). 5.3. ANÁLISIS DE LA SALA 5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales Contrario a lo sostenido por el juez constitucional de primera instancia, la Sala encuentra que el presente asunto sí satisface el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que las providencias del 5 de agosto y el 30 de octubre de 2020, adoptadas en audiencia inicial y mediante auto interlocutorio, por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá, respectivamente, tienen la potencialidad de afectar derechos de carácter constitucional, en particular el derecho de acceso a la administración de justicia, el cual constituye una de las garantías mínimas que integran el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso1. En efecto, las providencias judiciales 1 Conforme lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, el núcleo fundamental al debido proceso está integrado por las siguientes garantías: i) el principio de legalidad; ii) el principio del juez natural; iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio; iv) el principio de favorabilidad; v) el derecho a la presunción de inocencia; vi) el derecho a la defensa; vii) derecho a la publicidad de las actuaciones procesales y la no dilatación injustificada de las mismas; viii) el

derecho a presentar y controvertir pruebas; ix) el derecho a impugnar las providencias; x) el principio de non reformatio in pejus; xi) el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes; xii) el principio de independencia judicial; xiii) el derecho de acceso a la administración de justicia. (Corte Constitucional. Sentencia T-248 de censuradas impiden a los accionantes acceder al aparato judicial con el fin de hacer efectiva la pretensión de reparación del daño que estiman han sufrido con ocasión los perjuicios causados a Jaime Alexis Angarita Ramírez durante la prestación del servicio militar obligatorio. En consecuencia, por los efectos que se derivan de las decisiones judiciales cuestionadas, es claro que el asunto satisface el requisito de procedibilidad mencionado. Con relación al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala advierte lo siguiente: La parte actora: i) no tiene otro mecanismo ordinario o extraordinario de defensa judicial, pues agotó todos los recursos que resultaban procedentes; ii) presentó la acción dentro de un término razonable2, habida cuenta que la última providencia cuestionada fue proferida el 30 de octubre de 2020, se notificó el 4 de noviembre de 2020, y el escrito de tutela fue radicado el 17 de enero de 2021, esto es, con menos de tres (3) meses de diferencia; iii) manifestó irregularidades que conciernen a los defectos que invocó; iv) puntualizó en debida forma la

vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad; y v) no atacó una providencia contentiva de una sentencia de tutela. En consecuencia, la Sala procederá al estudio de la solicitud de amparo. 5.3.2. Respecto del desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución La Corte Constitucional3, al referirse al desconocimiento del precedente, ha precisado que: “El precedente es el conjunto de sentencias anteriores al caso estudiado por el juez, que debido a su pertinencia para resolver el problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por el juez o la autoridad a quien le competa”, y que la manera para determinar cuándo el precedente resulta 2018. 2 Consejo de EstadoSala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera, donde se dijo que acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo en seis (6) meses después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez. 3 Sentencia T-1033 de 2012. necesario para la solución del caso es si: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que

se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”. De esta forma -concluye- “[…] el precedente utilizado debe guardar similitud entre los hechos, el problema jurídico planteado y en la normatividad utilizada para resolver los casos […]”. Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados, e iguales fundamentos en derecho. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho. Visto desde esta perspectiva, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada se identifica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha pretensión y los fundamentos normativos de la misma. No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada

difiere en cualquiera de los aspectos indicados. Tampoco podrá invocarse el desconocimiento del precedente si la sentencia que difiere del mismo fundamenta su decisión en contra de manera razonable y suficiente, justificando tal posición. Pues ello está dentro de la autonomía funcional del juez. En el asunto bajo examen, la parte actora alegó que las providencias del 5 de agosto y el 30 de octubre de 2020, adoptadas en audiencia inicial y mediante auto interlocutorio proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá, respectivamente, desconocieron el precedente contenido en las sentencias: i) SU 659-15, T 334-18, T 258-19, SU 573-19 y T 347-20 de la Corte Constitucional; ii) de tutela del 8 de febrero de 2018 (2017-03123) y del 8 de noviembre de 2018 (2018-02743) proferidas por las Secciones Segunda y Quinta de la Corporación; y iii) de 12 de mayo de 2010 (expediente 31.582), proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Fundamentó su acusación en que en su caso particular para contabilizar el término de caducidad del medio de control de reparación directa que instauró debieron aplicarse los principios pro-homine, pro-actione y pro-damato, bajo los cuales puede entenderse, según la jurisprudencia traída a colación, que se tiene conocimiento del daño cuando se recibe la valoración del dictamen de pérdida de capacidad laboral por parte de la Junta Médica Militar, por ser el momento en el

que se conoce de la incapacidad del afectado. Al respecto, la Sala advierte que, para predicar la existencia de un precedente judicial, es necesario, como se explicó previamente, que exista identidad fáctica y jurídica entre el asunto decidido en la sentencia citada como tal y el caso objeto de análisis, lo cual no es viable cuando se trata de comparar una acción de tutela con el medio de control de reparación directa, ya que uno y otro tienen propósitos bien diferentes y, como consecuencia de ello, abordan problemas jurídicos distintos. En efecto, el objeto de las primeras consistió en la protección de derechos fundamentales, mientras que, en la segunda, radicó en la imputación de responsabilidad administrativa del Estado. Por lo anterior, no se configura el defecto por desconocimiento del precedente respecto de las sentencias de tutela proferidas por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional; en consecuencia, no es predicable la vulneración alegada al derecho fundamental de igualdad. Ahora bien, en relación con el desconocimiento del precedente contenido en la sentencia del 12 de mayo de 2010 (expediente 31.582), proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, es del caso identificar el problema jurídico planteado en el caso objeto de debate, así como el formulado en la providencia referida como precedente, con el propósito de identificar si hay similitud fáctica y jurídica entre los respectivos asuntos; no obstante, la Sala advierte que, si bien existió una postura que avalaba la posibilidad de contabilizar el término de la caducidad a partir de la notificación del acta de la junta médica laboral, como lo

propone la parte actora, dicha posición fue rectificada en decisiones posteriores por la Sección Tercera de esta Corporación, en las que se concluyó que, por regla general, el término de caducidad de la acción de reparación directa en casos en los que se reclame el resarcimiento de perjuicios causados por lesiones sufridas por uniformados en servicio se contabiliza a partir de la ocurrencia del daño, por ser evidente el momento en que se tiene conocimiento de la afectación, independientemente de que, después de ello, se expida el acta de la junta de calificación de invalidez. Tal es el caso de la sentencia de 5 de diciembre de 2016 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso con numero único de radicación 41616, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, en la que se resolvió el siguiente problema jurídico: ¿está caducada la demanda de reparación directa presentada en contra de la Nación - Ministerio de Defensa NacionalEjército Nacional, con el propósito de que se le declare patrimonialmente responsable por los daños sufridos por el actor durante una operación de desactivación de campos minados mientras prestaba el servicio militar, cuando la demanda se presenta después de los dos años de ocurrido el accidente, pero dentro pero dentro del bienio siguiente a la notificación del acta de la junta médico laboral que calificó las lesiones? En ese asunto la Sección Tercera de esta Corporación concluyó que la demanda formulada en los señalados términos (después de los dos años de ocurrido el hecho dañoso aun cuando del dentro bienio siguiente a la calificación de las

lesiones) era extemporánea y precisó que: “[…] La Sala difiere de la apreciación de la parte actora sobre la concreción del daño en el momento en que conoció el porcentaje de pérdida de capacidad laboral pues, si bien en específicos casos la jurisprudencia del Consejo de Estado ha flexibilizado el cómputo del término de caducidad, debi