CE-11001-03-15-000-2021-00184-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE

CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / FALLA EN EL SERVICIO POR

LESIONES SUFRIDAS CON OCASIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOLDADO CONSCRIPTO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA DEMANDA - A partir del conocimiento del hecho dañoso / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración ¿El Tribunal Administrativo de Norte de Santander vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la señora [L.D.D.F.], al proferir la providencia del 30 de julio de 2020, mediante la cual se confirma la decisión de declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa que impetrara contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, bajo radicado 2018-00172, incurriendo, presuntamente, en desconocimiento del precedente al pasar por alto que tal término debe contarse a partir del conocimiento del daño lo cual ocurrió con la expedición del acta de la Junta Médica Laboral correspondiente? (…) [Para la Sala,] es claro que las lesiones padecidas por el señor [R.L.H.D.] (q.e.p.d.) fueron conocidas desde años atrás a la realización de la Junta Médico Laboral N°100903 del 24 de abril de 2018, y que allí, ratificaron los conceptos médicos especializados practicados al actor con anterioridad, calificando el tipo de lesiones preexistentes, sin modificar u objetar resultado alguno. Visto lo anterior, resulta lógico y ajustado a derecho que

el Tribunal accionado contara el término de caducidad de dos (2) años a partir del día siguiente de la fecha en que se adelantaron los procedimientos médicos y quirúrgicos al señor [H.D.] (q.e.p.d.) que dieron cuenta de su lesión definitiva (14 de noviembre de 2015); por lo que contaba hasta el 14 de noviembre de 2017, para impetrar el medio de control de reparación directa; sin embargo, solo se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial el 7 de mayo de 2018 y radicación de la demanda el 27 de julio siguiente, es decir, cuando ya había finiquitado el término legal para ello en ambos eventos. (…) Ahora, en cuanto al argumento de la accionante relacionado con que el término de caducidad debía computarse desde la fecha del acta de la junta médica laboral, se recuerda que este documento no fue el que le permitió al señor [R.L.H.D.] (q.e.p.d.) tener conocimiento del daño en su salud, sino el que calificó la magnitud y el origen de la lesión. (…) Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial accionada no incurrió en el desconocimiento del precedente alegado al proferir la providencia acusada, debido a que la misma fue conforme a las normas reguladoras de su función judicial y aquella se apoyó en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar una interpretación ajustada a las disposiciones del literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, que señala que los dos años para interponer la acción de reparación directa se contaran a partir “del día siguiente de la ocurrencia del hecho o […] de cuando el demandante

tuvo o debió tener conocimiento del daño [si fue en fecha posterior a la ocurrencia del mismo]”. Disposición normativa que resulta ajustada a la ya citada sentencia del 29 de noviembre de 2018 , proferida por la sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado, sobre la materia, que señala que el término de caducidad se contará desde el momento en que el afectado tenga conocimiento del daño, lo cual en ningún momento significa que deba coincidir con la notificación del acta de la junta médica laboral cuando de lesiones se trata; pues si bien es cierto ello pudiera ocurrir, tal circunstancia debe ser revisada y valorada por el Juez natural en cada asunto en particular.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00184-01(AC)

Actor: LUZ DARY DIAZ FLOREZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Y OTRO La Sala procede a decidir la impugnación1 interpuesta por la señora Luz Dary Diaz Florez contra la sentencia del 25 de febrero de 2021, proferida por la subsección A de la sección segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo en la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES.

1.1. ESCRITO DE TUTELA.

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante: La señora Luz Dary Diaz Florez y otros, en ejercicio del medio de control de reparación directa, impetró demanda contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con ocasión de las lesiones padecidas por su hijo Royer Leonardo Hernández Diaz (q.e.p.d.), en hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2014, mientras prestaba su servicio militar; cuyo conocimiento, con radicado 201800172, fue asignado al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Pamplona que, en audiencia inicial celebrada el 16 de octubre de 2019, declaró la probada la excepción de caducidad. Decisión confirmada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante providencia del 30 de julio de 2020. 1 El proceso de la referencia paso al Despacho con informe electrónico de la Secretaría General de la Corporación del 4 de mayo de 2021. Al respecto, considera la parte actora que las decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas desconocen sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, al encontrarse incursas en desconocimiento del precedente que determina que la caducidad de la acción debe computarse desde el conocimiento del daño, que en este caso es el día en que se le realizó al señor Hernández Díaz (q.e.p.d.) la Junta Médico Laboral N°100903 del 24 de abril de 2018. 1.1.1. Pretensión. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, la parte actora eleva como tales:

«[…] 1) CONCEDER, la protección de los derechos fundamentales a que tengo derecho como el debido proceso y la igualdad. 2) En consecuencia, dejar sin efectos la Audiencia Inicial de fecha 16 de Octubre 2019, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona, que confirmó el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 30 de Julio de 2020, la cual fue notificada por estado el día 27 de Agosto de 2020;mediante la cual declaró la caducidad de la demanda de reparación directa interpuesta por ROYER LEONARDO HERNANDEZ DIAZ Y OTROS, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL. 3) Ordenar que el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del fallo de tutela, que proteja los derechos de la parte actora, continuando con la audiencia inicial, en la cual tenga en cuenta el precedente jurisprudencial del H. Consejo de Estado y la H Corte Constitucional, en punto de caducidad de la acción de reparación directa, la cual fue expuesta en este escrito de tutela. […]».

1.2. ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA.

Mediante auto del 25 de enero de 2021, la subsección A de la sección segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia, y ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Pamplona, en calidad de accionados; asimismo, a los señores Royer Leonardo Hernández Díaz, Yury Andrea Hernández Rojas, Ewin Javier Hernández Díaz, Julio César

Díaz, Martha Flórez de Díaz y Rafael Antonio Hernández Ortega y, al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, como terceros interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

1.3. INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO.

Las autoridades judiciales accionadas y los terceros con interés guardaron silencio.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La subsección A de la sección segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 25 de marzo de 2021, negó la solicitud de amparo al considerar que la decisión acusada no incurrió en desconocimiento del precedente, toda vez que la sentencia T-334 de 2018 proferida por la Corte Constitucional no constituye, por sí sola, precedente judicial, debido a que sus efectos son inter partes. Y sin perjuicio de ello, la situación fáctica allí desatada tampoco se asimila al asunto en controversia. Respecto a la situación del señor Royer Leonardo Díaz Hernández (q.e.p.d.), explicó: «[…] Analizado lo expuesto, la Subsección estima especialmente relevante precisar que si bien la accionante, en el escrito de tutela, manifestó que las lesiones del señor Royer Leonardo Díaz Hernández solamente pudieron conocerse con la elaboración de la Junta Médico Laboral y no con el hecho dañoso, como lo sostuvo la corporación accionada, puesto que no era posible que su hijo, con apenas unos grados de escolaridad, pudiese saber la dimensión del daño causado, lo cierto es

que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la decisión que hoy pretende controvertirse, consistente en confirmar la decisión de declarar probada la excepción de caducidad, concluyó que el cómputo de caducidad debía iniciarse el 16 de noviembre de 2015, en razón a que desde el día anterior a esa fecha el señor Hernández Díaz tuvo conocimiento del daño causado cuando fue intervenido y dado de alta porque a partir de allí le indicaron con claridad la lesión que padecía como consecuencia de la caída que sufrió mientras prestaba el servicio en el Ejército Nacional. Así las cosas, se advierte que, contrario al aserto de la solicitante del amparo, la corporación judicial accionada no desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado, sino que la analizó y la aplicó en el caso en concreto, de ahí que consideró que el plazo de caducidad no podía calcularse desde la realización de la Junta Médico Laboral, como lo pretendía la accionante, puesto que con ese dictamen no podía determinarse el conocimiento del daño, máxime cuando para su elaboración se acudió al material probatorio que daba cuenta que desde noviembre de 2015 el señor Hernández Díaz conocía la existencia de la lesión derivada de los hechos ocurridos en el 2014. […]».

1.5. ESCRITO DE IMPUGNACIÓN.

La accionante presentó escrito en el que señaló que impugna la decisión del a quo, sin consideración alguna.

II. CONSIDERACIONES Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que

obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) la competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; iv) determinación del problema jurídico y, v) solución del caso concreto.

2.1. COMPETENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y, los artículos 322 del Decreto ley 2591 de 19913 y 254 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20195, la Sala es competente para conocer la presente impugnación contra el fallo de tutela proferido por la subsección A de la sección segunda del Consejo de Estado.

2.2. CUESTIÓN PREVIA.

Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestión las decisiones proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Pamplona y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, se observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra. Por lo anterior y en atención a que la decisión del 16 de octubre de 2019, proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander desató el recurso a través de providencia del 30 de julio de 2020, confirmando lo resuelto por el a quo, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto, de emitirse una decisión de 2 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]». 3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

4 «[…] Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». 5 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.. amparo en lo que a esta se refiere se garantizarían los ius fundamentales invocados.

2.3. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES

JUDICIALES.

Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional6 como esta Corporación7, inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales. Posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable8, y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia9. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 200510 la Corte Constitucional11 reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma12 y de procedencia material13 fijados14 por la misma Corte15. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de 6 En sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11, 12,

25 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Corte sostuvo, que atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores supremos como la seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, la tutela no era procedente cuando tuviera por objeto cuestionar providencias judiciales. 7 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión de 29 de enero de 1992 (AC-009) con ponencia de la Consejera Dolly Pedraza de Arenas, consideró que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala Plena mediante sentencias de 3 de febrero de 1992 con ponencia del Consejero Luis Eduardo Jaramillo Mejía (AC-015), 14 de octubre de 1993 con ponencia del Consejero Libardo Rodríguez (AC-1247) y 29 de junio de 2004 con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda (AC-10203). 8 Ver sobre el particular las sentencias T-483 de 1997, T-204 de 1998, T-766 de 1998 y SU-563 de 1999. 9 Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Exp. No. 2004-00308; y, Sección Segunda – Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Exp. No. 2010-00559. 10 Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004.

11 Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004. 12 También denominados requisitos generales de procedencia, y que son: i. Que el asunto tenga relevancia constitucional; ii. Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; iii. Que se cumpla con el requisito de inmediatez; iv. Que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; v. Que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, vi. Que no se trate de sentencias de tutela. 13 También llamados requisitos generales de procedibilidad y que hacen referencia a la configuración de uno o varios de los siguientes defectos: i. Sustantivo o material; ii. Fáctico; iii. Orgánico; iv. Procedimental; vi. Desconocimiento del precedente; vii. Error inducido; viii. Ausencia de motivación; o, ix. Violación directa de la Constitución. 14 Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013. 15 Al respecto ver lo sostenido en las Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de

2012. También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido [Sentencia T-462

de 2003]. julio de 2012, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González16, finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, “cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales”. Requisitos de procedencia general. En el presente asunto, concretamente de las pruebas allegadas al expediente, se evidencia que: a) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, b) Se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial existentes,17 c) La tutela se interpuso dentro de un término razonable,18 y d) Dentro del escrito de tutela se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que llevan a la parte actora a atacar por esta vía la providencia judicial, proferida dentro de una demanda de reparación directa. Por lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado. Vicios de fondo. Adicionalmente si la tutela contra la providencia judicial puesta en conocimiento del Juez Constitucional, supera las causales anteriores, éste, para poder revocarla, deberá establecer la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo 19 : a) Defecto orgánico, b) Defecto procedimental absoluto, c) 16 Emitida en el expediente 110010315000200901328 01. 17 Contra la decisión judicial cuestionada no procedía ningún otro recurso ordinario, dado que el de apelación ya había sido agotado, y es precisamente la providencia que lo resuelve es la hoy acusada.

18 La acción de tutela se instauró (24 de enero de 2021) dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de la decisión acusada del 30 de julio de 2020, fue notificada el 27 de agosto siguiente. 19 a) Defecto orgánico: Que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia. b) Defecto procedimental absoluto: Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c) Defecto fáctico: Que surge cuando el Juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d) Defecto material o sustantivo: Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e) Error inducido: Se presenta cuando el Juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f) Decisión sin motivación: Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. g) Desconocimiento del precedente: Según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h) Violación directa de la Constitución: Cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si

se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. Defecto fáctico, d) Defecto material o sustantivo, e) Error inducido, f) Decisión sin motivación, g) Desconocimiento del precedente, h) Violación directa de la Constitución.

2.4. PROBLEMA JURÍDICO.

En el presente asunto el problema jurídico consiste en determinar si: ¿El Tribunal Administrativo de Norte de Santander vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la señora Luz Dary Diaz Florez, al proferir la providencia del 30 de julio de 2020, mediante la cual se confirma la decisión de declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa que impetrara contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, bajo radicado 2018-00172, incurriendo, presuntamente, en desconocimiento del precedente al pasar por alto que tal término debe contarse a partir del conocimiento del daño lo cual ocurrió con la expedición del acta de la Junta Médica Laboral correspondiente?

2.5. SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO.

Previo a decidir, es necesario precisar las actuaciones que se surtieron en el proceso ordinario cuestionado en sede de tutela para analizar los cargos formulados por la parte actora frente a la decisión judicial atacada que cobró efecto de cosa juzgada, así: - La señora Luz Dary Diaz Florez y otros, incoaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se les declare administrativa y patrimonialmente responsables por las lesiones padecidas por su hijo Royer

Leonardo Hernández Diaz (q.e.p.d.), en hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2014, mientras prestaba su servicio militar. - El conocimiento del asunto, con radicado 2018-00172, correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Pamplona que, en audiencia inicial celebrada el 16 de octubre de 2019, declaró la probada la excepción de caducidad. Decisión contra la cual la parte demandante interpuso recurso de apelación. - La alzada fue desatada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, a través de providencia del 30 de julio de 2020, confirmó la decisión del a quo al considerar: «[…] En estas condiciones, la fecha de conocimiento sobre la magnitud del daño, a través de la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez no puede constituirse, en ningún caso, como parámetro para contabilizar el término de caducidad, por cuanto: El dictamen proferido por una junta de calificación de invalidez no comporta un diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida por una persona, pues la junta se limita a calificar una situación preexistente con base en las pruebas aportadas, entre las cuales se destaca la historia clínica del interesado; además, la junta puede ordenar la práctica de exámenes complementarios para determinar aspectos necesarios que inciden en la valoración de cada caso concreto20. Su función es la de calificar la pérdida de la capacidad laboral, el estado de Invalidez y determinar su origen, es decir, establecer la magnitud de una lesión respecto de la cual el afectado directo tiene conocimiento previo, en función de la

capacidad laboral de la víctima, por tanto, no constituye criterio que determine el conocimiento del daño, elemento que importa para el cómputo del término de caducidad, pues se resalta que debe diferenciarse el daño de su magnitud, porque la caducidad tiene relación y punto de partida con el conocimiento del primero. Al depender el cómputo del término de caducidad de la notificación del dictamen practicado por la junta de calificación de invalidez se dejaría en manos de la víctima directa del daño la facultad de decidir el momento a partir del cual inicia el conteo, pues podría diferir en el tiempo su notificación o, incluso, no realizar el trámite para la calificación de la pérdida de capacidad laboral, lo que dejaría en el limbo la fecha de inicio del conteo. […] Para el efecto, en primer orden ha de reconocerse que para el tiempo en que acaeciera el accidente (17 de diciembre de 2014) en servicio activo del Ejército, resultaba imposible reconocer la gravedad de la lesión y menos sus consecuencias, tal y como así se reconociera por la juez de primera instancia, no obstante cierto resulta que tras el incidente del que se depreca la reclamación de los demandantes, el señor Royer Leonardo Hernández Díaz fue objeto de servicios médicos tal y conforme da cuenta la historia clínica que se aporta, y de la que resulta preciso reconocer entre otros:

1. Que le fuera practicado el día 14 de junio de 2015 una resonancia magnética [...] en [la] que se concluyera acerca de dicho estudio [que] presentaba una discopatía L4-L5 y L5-S1. En L4-L5 hernia de disco posterior asimétrica derecha migrada en

sentido caudal que ocupa parcialmente el receso lateral y produce compresión del saco dural y la raíz derecha adyacente. 20 www.fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/publicaciones/manuales/VP%20MANUAL%2oDE %20PROCEDIMIENTOS%20ADMINISTRATIVOS%20JCI.pdf consultado el 1 de noviembre de 2018 a las 3:36 pm. En L5 hay una protrusión discal posterior asimétrica derecha que contacta el saco dural. 2. [...] servicios médicos que le fueran prestados al demandante Royer Leonardo Hernández Díaz, para la fecha del 6 de noviembre de 2015 en la que se reconoce como antecedente discopatía lumbar por hernia disca L4-L5 por parte de sanidad militar, requiriendo quirúrgico de Hemilaminectomía lumbar y microdisectomía L4-L5 derecha, que le fue practicado el 14 de noviembre y dado de alta al día siguiente. Pone de presente el anterior material probatorio, el hecho de que desde cuando se describieron en los exámenes y procedimiento practicados para el mes de noviembre de 2015 al señor Royer Leonardo Hernández Díaz, pudo tenerse la claridad y conocimiento de la lesión que el mismo padece y que se irroga a la caída y golpe sufrido el 17 de diciembre de 2014 cuando estaba al servicio del [E]jército [N]acional, y puntualmente desde entonces conforme y se ha precisado por la jurisprudencia se ha de contabilizar el término de los dos años para ejercitar el medio de control propuesto con miras a exigir responsabilidad sobre lo[…] sucedido.

No cabe duda que la decisión objeto del recurso debe confirmarse, puesto que los demandantes tardíamente acudieron ante la jurisdicción para el juzgamiento de sus pretensiones al haber presentado la demanda para el día 27 de julio de 2018 y audiencia de conciliación ante la [P]rocuraduría el 7 de mayo del citado año, ya que se contaba conforme a lo indicado hasta el día 16 de noviembre de 2017 para ello, habida cuenta que precisamente desde cuando fuera intervenido y dado de alta, se pudo constatar por los médicos y a través de los mismos reseñar el estado real de salud del demandante Royer Leonardo Hernández Díaz. Mal puede pretenderse contabilizar el término de caducidad a partir del día siguiente de que le fuera realizada la junta médica a Royer Leonardo Hernández Díaz, puesto que como puede advertirse, quienes en el citado acto suscribieron se valieron precisamente de los exámenes y estudios realizados al mismo, y concluyendo en determinar de ellos la pérdida de la capacidad laboral en un 10% (sic) imputándose al hecho acaecido el 17 de diciembre de 2014, amén que huérfano resulta de toda carga probatoria por parte del demandante la imposibilidad de conocer para antes de lo señalado por el mismo de la real situación del señor Hernández Díaz, puesto que no le basta con sólo afirmarlo. [...]». Una vez precisadas las actuaciones surtidas al interior del proceso de reparación directa cuestionado en sede de tutela por la señora Luz Dary Diaz Florez, es necesario recordar que las inconformidades por ella planteadas en el escrito inicial se dirigen a cuestionar el decreto de la caducidad de la acción, cuyo fundamento

fueron las pruebas obrantes en el expediente, lo cual asegura, desconoce su derecho al debido proceso e igualdad. - Del derecho al acceso a la administración de justicia. En concordancia con el reclamo constitucional formulado por el tutelante y en la medida en que aquel está encaminado a buscar la protección del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, debe reseñarse que, de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, este último es una función pública, relacionada directamente con los fines del Estado consagrados en el artículo 2º ibídem, pues sólo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus conflictos se puede pretender la consecución de una República Democrática y respetuosa de la dignidad humana. Atendiendo a dicho enfoque, la administración de justicia no se quedó como un mero servicio a cargo del Estado sino que goza de otra dimensión, de naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza de todos los habitantes del país. Al respecto, el artículo 229 de la Carta Fundamental, dispone: «[…] Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. […]». A su turno, debe afirmarse que la protección previamente citada también encuentra sustento en instrumentos internacionales, en los cuales se ha consagrado el derecho a un recurso judicial efectivo (art. 25 CADH – Pacto de San José). Ahora bien, el derecho al acceso a la administración de justicia no es una mera máxima dentro de nuestra Constitución, sino que encuentra contenido y significado concreto en aspectos tales como la obligación del juez de evitar

pronunciamientos inhibitorios y de perseguir, dentro del marco de sus competencias, la justicia material. Al respecto, en la Sentencia C-177 de 17 de noviembre de 2005, M.P. Doctor Jaime Córdoba Triviño, se sostuvo: «[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera r