CE-11001-03-15-000-2021-00207-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL PROFERIDA EN EL

MARCO DE UN PROCESO ARBITRAL / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

DE LA TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS PROFERIDAS EN LOS PROCESOS

ARBITRALES / OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA REFORMA A LA

DEMANDA / FINALIDAD DE LA REFORMA / DEFECTO PROCEDIMENTAL –

Configuración / DEFECTO SUSTANTIVO – Configuración / VULNERACIÓN

DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[S]í es posible reformar previo a la admisión de la demanda, pues el Estatuto de Arbitraje de ningún modo prohíbe hacerlo con anterioridad a la admisión, toda vez que lo que regula esa disposición es que la reforma solo puede hacerse por única vez cuando la demanda ha sido admitida y siempre que el escrito se presente con anterioridad a la audiencia de conciliación. (…) [S]i la intención del legislador hubiera sido proscribir la posibilidad de reformar la demanda previo a su admisión no hay dudas que así lo hubiera dicho de manera expresa; empero, para la Sala resulta claro que en este caso se incurrió en un defecto procedimental y, de contera, en un defecto sustantivo, pues se le otorgó a la norma una consecuencia que no dispone.(…) Para la Sala, se reitera, en este punto no existe antinomia o mucho menos un vacío normativo como lo sugirió el tribunal, pues ambas normas son concordantes entre sí en que la reforma se puede presentar antes de la admisión de la demanda y posterior a esa etapa solo procede hasta la primera audiencia. (…) En consecuencia, si lo que pretendía el tribunal arbitral era que la

parte actora subsanara y en efecto aquella subsanó, más allá de que lo haya hecho a través de la figura de la reforma, no hay lugar a inferir que dicho acto fue extemporáneo y no podía producir efectos jurídicos por no haberse admitido la demanda, pues dicha interpretación no encuentra sustento en las normas del Estatuto de Arbitraje o del Código General del Proceso, por las razones hasta aquí expuestas. (…) En ese sentido, no existían razones válidas para inferir que la reforma de la demanda fue extemporánea, como erróneamente concluyó la autoridad accionada, por lo que se encuentran configurados los defectos sustantivo y procedimental analizados y, de contera, se advierte que se vulneraron los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte actora. (…) Así las cosas, en la medida que las consideraciones hasta aquí expuestas resultan suficientes para acceder al amparo pretendido

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00207-00(AC) Actor: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO -ITMDemandado: TRIBUNAL ARBITRAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ La Sala procede a resolver la acción de tutela presentada por el Instituto Técnico Metropolitano de Medellín contra el Tribunal Arbitral compuesto por los árbitros

Juan Carlos Galindo Vacha, José Fernando Ramírez Gómez y Juan Pablo Estrada Sánchez, el cual se convocó para dirimir las controversias suscitadas entre el Instituto Tecnológico Metropolitano y las compañías aseguradoras Allianz Seguros

S. A. y Previsora S.A. Compañía de Seguros1.

SÍNTESIS DEL CASO

1. La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión de las providencias del 13 y 28 de julio de 2020, mediante las cuales el panel arbitral rechazó la demanda y la reforma a la misma, así como contra el auto del 12 de agosto de la misma anualidad, mediante el cual se rechazó un recurso de reposición, respectivamente, decisiones dictadas por el Tribunal Arbitral en el marco del trámite convocado para resolver un conflicto derivado de la reclamación de las Pólizas de Seguro Nos. 1001077 y 1001078 .

ANTECEDENTES

a. Solicitud de amparo

2. Mediante escrito del 15 de enero de 2021, la parte actora presentó acción de tutela en contra del aludido tribunal arbitral por la presunta vulneración de los derechos fundamentales antes referidos. En consecuencia, solicitó:

1. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso, acceso a la administración de justicia; derecho acción y el derecho humano a gozar de garantías judiciales.

En caso de encontrarse que son otros los derechos fundamentales a amparar y, de conformidad con el principio de fallo extra y ultra petita que rige en sede de tutela, solicito se amparen los derechos que se

encuentren vulnerados por parte de la accionada.

2. Consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto las providencias del Tribunal de Arbitramento mediante las cuales se decidió rechazar la demanda inicial y la reforma de la demanda. b.- Hechos y fundamentos de la vulneración Los hechos en que se fundamentó la solicitud de amparo se pueden sintetizar así:

3. Mediante Decreto No. 378 de 2002, el municipio de Medellín adscribió el Planetario “Jesús Emilio Ramírez” al Instituto Técnico Metropolitano de Medellínen adelante ITM-, acto en el cual le otorgó su dirección y administración, al tiempo que se dispuso la entrega de los bienes en comodato. 1 Inicialmente el conocimiento de este asunto le correspondió por reparto al despacho del Dr.

Alberto Montaña Planta, a quien le fue derrotada la ponencia que presentó, por lo cual el expediente pasó al despacho del suscrito mediante informe del 17 de marzo de 2021.

4. Posteriormente, a través del Convenio Interadministrativo No SH-0338 de 2006, se incluyeron los intereses asegurables del ITM en la asesoría integral en administración de riesgos y el manejo de pólizas que contratase el municipio de

Medellín.

5. A su vez, en el año 2006 se adelantó el proceso licitatorio No. 70001967, con el fin de seleccionar a un contratista para realizar un contrato de seguros todo riesgo para cubrir los posibles daños que se le causaran a diferentes bienes, entre ellos el aludido planetario.

6. Por ende, el ITM suscribió las pólizas de seguro contra todo riesgo para daños

materiales Nos. 1001077 y 1001078, con las compañías aseguradoras La Previsora S.A. y Allianz Seguros S.A.

7. En el pliego de condiciones de dicha licitación se fijó una cláusula según la cual el valor asegurado correspondería a la “máxima responsabilidad de la compañía en cada siniestro que afecte los bienes cuyo valor se ha establecido en el 100% de la suma asegurable, sin aplicación de infraseguro y sin suministros de avalúos”.

8. El 24 de enero de 2008, el planetario sufrió un incendio que afectó las instalaciones físicas y los bienes muebles del lugar.

9. En consecuencia, ante la ocurrencia del siniestro el ITM presentó reclamación, determinó el daño y el posible costo de la reparación, previo peritaje, en una suma que ascendió a los $1.000.000.000. Asimismo, la entidad adelantó las obras de reparación cuyo costo ascendieron a un valor de $849.678.796.

10. Sin perjuicio de lo expuesto, las compañías de seguro realizaron un ofrecimiento por el valor de $254.559.217, pues consideraron que en este caso operó un infraseguro; sin embargo, la suma propuesta no fue aceptada por el ITM, quien, en consecuencia, solicitó la reliquidación de las mismas al 100%, conforme a las condiciones del contrato de seguros establecidas en los pliegos de condiciones.

11. Las compañías aseguradoras, a través de escrito del 8 de mayo de 2008, ratificaron el infraseguro y el valor propuesto inicialmente, por lo que el 26 de febrero de 2010 el ITM presentó demanda de controversias contractuales cuyo

conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, quien declaró probada la excepción de falta de jurisdicción ante la existencia de una cláusula compromisoria y ordenó la remisión del expediente al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

12. En audiencia celebrada el 10 de julio de 2017, el tribunal arbitral ordenó la corrección de los requisitos formales de la demanda y el 19 de julio de 2017, el ITM remitió los documentos solicitados para subsanarla.

13. Sin embargo, mediante auto del 18 de agosto de 2017, el panel arbitral rechazó la demanda tras considerar que no fue subsanada oportunamente, decisión confirmada mediante auto del 6 de septiembre de 2017.

14. Por consiguiente, el 10 de octubre de 2017, el ITM presentó nuevamente demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín.

15. Luego de admitida la demanda y en el curso de la audiencia inicial, el Juzgado 17 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín declaró no demostrada la excepción de existencia de cláusula compromisoria, decisión que fue apelada por las aseguradoras y revocada mediante auto del 6 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, quien además ordenó enviar el expediente al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

16. En lo que interesa puntualmente al trámite arbitral, se tiene que el 30 de junio de 2020 se declaró instalado el Tribunal de Arbitraje y en esa misma audiencia se inadmitió la demanda por carecer de juramento estimatorio y

estimación razonada de la cuantía.

17. Mediante escrito de subsanación la parte actora incluyó el juramento estimatorio y la estimación razonada de la cuantía con base en el valor de la indemnización que reclamaba.

18. A través de auto del 13 de julio de 2020, el tribunal arbitral rechazó la demanda previa consideración que no se estimaron los intereses moratorios solicitados en las pretensiones.

19. Dentro del término de ejecutoria de esa providencia, esto es, el 16 de julio de 2008, el ITM presentó escrito de reforma de la demanda en el que corrigió los yerros mencionados y, de manera subsidiaria, recurrió en reposición el auto referido.

20. No obstante, mediante proveído del 28 de julio de 2020, el panel resolvió en primer lugar el recurso de reposición en el sentido de negarlo, y luego rechazó por inoportuna la reforma de la demanda, pues, en su criterio, de conformidad con el Estatuto de Arbitraje esta solo procede una vez la demanda ha sido admitida, situación que no había ocurrido.

21. Contra esa decisión se presentó recurso de reposición, en el que se alegó que la oportunidad para reformar la demanda, según el reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Estatuto de Arbitraje, va hasta la audiencia de conciliación, por lo cual nada impedía hacerlo previo a la admisión de la demanda.

22. Sin embargo, mediante auto del 12 de agosto de 2020, el tribunal confirmó la decisión en su totalidad.

23. A juicio de la tutelante, esas providencias proferidas por el Panel Arbitral

incurrieron en los defectos procedimental, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, con lo que de paso vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

24. Lo anterior, comoquiera que, por una parte, la decisión de rechazar la demanda incurrió en un defecto procedimental, toda vez que: i) exigió requisitos de la demanda inaplicables (estimación razonada de la cuantía y juramento estimatorio respecto de la suma pretendida a título de intereses moratorios), ii) ordenó el rechazo de la demanda pese a que fue subsanada en debida forma, iii) a pesar de que se consideró que solamente unas pretensiones no fueron subsanadas en debida forma, rechazó la totalidad del libelo, cuando lo correspondiente debió ser admitir las pretensiones subsanadas y iv) omitió inadmitir nuevamente respecto del no cumplimiento de los requisitos de forma que se echaron de menos.

25. Alegó que también se desconoció el precedente del Consejo de Estado contenido en las sentencias con radicados Nos. 25000-23-42-000-2012-00877-01 (2604-13); 23000-23-33-000-2016-00389-01 (0277-17) y 25000-23-42-000-201200816-01 (2654-13), en las que se estableció que se configura un exceso ritual manifiesto cuando se rechaza una demanda por no compartir la estimación razonada de la cuantía realizada por el demandante.

26. Asimismo, indicó que se violó directamente la Constitución, pues se vulneraron sus derechos al acceso a la administración de justicia y debido

proceso, ante la falta de una resolución de fondo de su asunto.

27. De otra parte, frente a la decisión que rechazó la reforma de la demanda contenida en los autos Nos. 5 y 6 del 28 de julio de 2020 y su confirmatorio, alegó que se incurrió en un defecto procedimental absoluto, pues, el tribunal arbitral se apartó de lo dispuesto en los artículos 2.39 del Reglamento Interno del Centro de Arbitraje y 22 de la Ley 1563 de 2012 -Estatuto de Arbitrajey, además, desconoció la finalidad de la reforma de la demanda, la cual justamente se previó para corregir yerros como los que se exigieron.

28. Finalmente, indicó que con esa decisión también se violó directamente la Constitución, dado que se vulneraron sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia con la interpretación adoptada por el panel, la cual consideró en extremo ritualista y contraria a los principios pro homine y pro actione. c.- Trámite procesal

29. Mediante auto del 25 de enero de 2021, el despacho al que le fue asignado el proceso inicialmente: i) admitió la acción de tutela de la referencia, ii) tuvo como demandado al Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, y iii) ordenó vincular, en calidad de terceros, a La Previsora y a Allianz Seguros. d.- Intervenciones

30. El Tribunal de arbitraje presentó informe en el que aseguró que las providencias enjuiciadas se fundamentaron razonablemente en las disposiciones legales aplicables.

31. La Previsora Compañía de Seguros consideró que la acción era

improcedente por falta de relevancia constitucional, ya que no contenía carga argumentativa suficiente y el interés de la parte actora era ventilar la controversia ante una instancia adicional.

32. Por último, señaló que, en todo caso, el término para demandar ya había terminado pues operó la caducidad.

33. Allianz Seguro S.A., si bien remitió un correo en el que manifestó responder a la acción de tutela, no envió ningún documento adjunto.

II. CONSIDERACIONES a.- Competencia

34. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 1983 de 2017, así como lo previsto en el Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. b.- Cuestión previa De la procedencia de las acciones de tutela contra las decisiones proferidas por los tribunales de arbitramento

35. El inciso 3 del artículo 116 de la Constitución Política establece que los particulares pueden ser transitoriamente investidos de la función de administrar justicia para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Esta habilitación constituye el fundamento constitucional para que los particulares administren justicia a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos como el arbitramento, cuya naturaleza jurídica comporta un acto jurisdiccional cuyas actuaciones tienen el alcance de surtir efectos de cosa juzgada.

36. Justamente en virtud del carácter jurisdiccional y los efectos que la jurisprudencia le ha otorgado al proceso arbitral -o juicio arbitral, como también ha

sido llamadose ha entendido que los laudos arbitrales se asimilan a las sentencias judiciales para efectos de la procedencia de acción de tutela contra providencias.

37. Frente a este punto en específico, en la sentencia T-244 de 2007, la Corte Constitucional se pronunció en relación con la equiparación entre los laudos arbitrales y las providencias judiciales, para efectos de la procedencia de la acción de tutela2.

38. Puntualmente en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias dictadas en el marco de los procesos arbitrales, distintas a los laudos, esta 2 “[l]a atribución transitoria de funciones públicas en cabeza de particulares no les otorga un poder extrao supraconstitucional, así sus decisiones (…) persigan la resolución de conflictos económicos (…) La sujeción de la conducta de las autoridades públicas al Estado de derecho, lleva implícito el respeto y sometimiento al debido proceso en todas sus actuaciones, esto como garantía del ciudadano frente al poder. El desobedecimiento flagrante del debido proceso constituye una vía de hecho frente a la cual la persona no puede quedar inerme. Por ello, la importancia de que exista un procedimiento constitucional para impedir la vulneración y solicitar la protección de los derechos fundamentales”.

Corporación3 se ha referido a la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional que, mediante la Sentencia T-790 de 2010, consideró la posibilidad de que la tutela pudiera dirigirse contra decisiones adoptadas en tales procesos.

39. En esa oportunidad se previó que, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política y la Ley 446 de 1998, el arbitraje es un mecanismo

alternativo de solución de controversias mediante el cual las partes involucradas resuelven voluntaria y libremente sustraer de la justicia estatal la solución de un conflicto con el fin de que un tercero particular, revestido temporalmente de función jurisdiccional, adopte una decisión de carácter definitivo y vinculante para las partes, sujeta a las reglas básicas de todo proceso y al acatamiento de las normas de orden público que reglamentan las actuaciones de los árbitros y de las partes.

40. Bajo esa concepción y en virtud del carácter jurisdiccional de las decisiones proferidas por los tribunales de arbitramento, la Corte ha extendido la doctrina de los requisitos de procedencia y procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales a las solicitudes de amparo que se adelanten contra este tipo de decisiones, respetando, en todo caso, las características propias del proceso arbitral4.

41. Por consiguiente, en este caso la acción de tutela es procedente, pues fue presentada contra unas providencias proferidas por un tribunal de arbitraje en ejercicio de la función jurisdiccional y, además, como se explicará en el acápite pertinente, se cumplieron los requisitos de procedibilidad que la jurisprudencia constitucional ha sistematizado en la sentencia C-590 de 2005 respecto a las providencias judiciales. c.- Cuestión previa -identificación de los defectos alegados-.

42. Si bien en la acción de tutela se alegaron los defectos procedimental, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, lo cierto es que, de la lectura integral del escrito de tutela, se tiene que todos los reparos efectuados

tienen relación directa con el presunto indebido procedimiento que se impartió en el proceso arbitral para efectos de la admisión, subsanación y reforma de la demanda que, a juicio del actor, constituyeron un exceso ritual manifiesto. 3 Reiteración jurisprudencial. Ver Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Rad. 11001-03-15-000-2018-01610-00, del 21 de noviembre de 2018. 4 Corte Constitucional, sentencia T-244 del 30 de marzo de 2007.

43. Por consiguiente, se procederá a realizar el análisis únicamente frente al defecto procedimental y, de oficio, en aplicación del principio iura novit curia, se estudiará la existencia de un defecto sustantivo, pues los argumentos para fundamentar los defectos restantes se resumen en la configuración de una indebida interpretación de las normas que regulan el trámite del procedimiento arbitral. d.- Procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales

44. Como se explicó en precedencia, tratándose de providencias proferidas en el marco de un proceso arbitral, la Corte Constitucional ha señalado que deben cumplirse los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales establecidos en la sentencia C-590 de 2005.

45. En esos términos, la acción de la referencia en tanto mecanismo excepcional debe sujetarse al cumplimiento de tales requisitos comoquiera que se propone contra una providencia judicial.

46. El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) la cuestión que se discute

resulta de relevancia constitucional, en tanto lo que se debate es el supuesto desconocimiento de las garantías y principios procesales en virtud de la decisión de rechazo de la demanda, así como de su reforma, en el trámite de un proceso arbitral, de ahí que la controversia deba abordarse de fondo pues podrían verse comprometidos derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Además, en todo caso la acción no corresponde a una discusión de mera legalidad ni pretende emplearse la tutela como una tercera instancia; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente otro recurso; (iii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación del auto atacado5; (iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y, finalmente, (v) no se atacó una sentencia de tutela. d.- Problema jurídico

47. De conformidad con los argumentos del escrito de tutela, la Sala deberá determinar si en este caso el tribunal arbitral accionado vulneró los derechos 5 El último auto data del 12 de agosto de 2020 y la tutela se presentó el 15 de enero de 2021, es decir, dentro los 6 meses que la jurisprudencia constitucional ha considerado como plazo razonable. fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del Instituto Técnico Metropolitano de Medellín, con ocasión de las decisiones por

medio de las cuales rechazó la demanda, así como la reforma a la misma. Para ello, deberá establecerse si el panel incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al desconocer que la parte convocante reformó en término la demanda, de conformidad con las normas que regulan dicho trámite. e.- Caso concreto

48. Para el caso concreto, se tiene que la demanda que conoció el Tribunal de Arbitraje fue rechazada, pues, a juicio de esa autoridad, si bien se inadmitió ante la falta de estimación razonada de la cuantía y del juramento estimatorio, la parte convocante no subsanó de manera completa los yerros que se le señalaron “con claridad y precisión”.

49. Específicamente, el tribunal advirtió que la convocante “en el juramento estimatorio presentado al subsanar la demanda no incluyó rubro alguno que corresponda a los intereses de mora solicitados en la pretensión tercera de la demanda”.

50. Por consiguiente, si bien la parte actora incluyó en el escrito de subsanación un capítulo correspondiente a la estimación razonada de la cuantía y al juramento estimatorio, para el tribunal de arbitramento ello no fue suficiente pues solamente se estimaron las pretensiones relacionadas con la indemnización pretendida, esto es, el valor del seguro reclamado, pero no se hizo lo mismo frente a los intereses moratorios que deprecó en el libelo.

51. En término6, el ITM presentó escrito de reforma de la demanda y, de manera subsidiaria, recurrió en reposición el auto del 13 de julio de 2020.

52. En su escrito de reforma, la parte convocante corrigió los defectos señalados, en el sentido de incluir el juramento estimatorio y la estimación razonada de la cuantía en los términos exigidos por el tribunal arbitral, esto es, no solo estimó el monto de la indemnización, sino también el de los intereses moratorios, así: JURAMENTO ESTIMATORIO Teniendo en cuenta el artículo 206 del CGP, especialmente lo referente al inciso primero establece que “Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá 6 Según dan cuenta las propias providencias del tribunal arbitral la reforma de la demanda y el recurso de reposición se presentaron el 16 de julio de 2020, es decir, cuando el auto de rechazo no estaba ejecutoriado ni en firme. estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos” (negrillas propias). Además, en atención a que el inciso quinto del mismo artículo 206 dispone que el juramento estimatorio sólo comprenderá los perjuicios causados hasta el momento de la presentación de la demanda. Se presenta juramento estimatorio en los siguientes términos Bajo la gravedad del juramente le manifiesto que la suma cuyo reconocimiento y pago se pretende a título de cumplimiento forzado de la obligación o subsidiariamente indemnización por incumplimiento contractual de conformidad con las pretensiones formuladas asciende a

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($293.375.216), concepto que corresponde con el valor del siniestro y no

excede el monto cubierto por el contrato de seguros, valor que corresponde a una indemnización de carácter patrimonial. En cuanto a los intereses, se tiene que la mora de la obligación se regula de conformidad con el artículo 1080 del Código de Comercio, el cual establece que acreditado el siniestro la aseguradora tendrá un mes para el pago, acreditación que se realizó el 27 de agosto de 2009, por tanto, el interés de mora empezó a causarse desde el 27 de septiembre de 2009 y debe estimarse hasta la fecha de presentación de la demanda que fue el 26 de febrero de 2019, la tasa interés es el bancario corriente debidamente certificado por la Súper Financiera, dicha tasa también es establecida por el mismo artículo 1080 del C. Co., así las cosas se tiene que se han causado $543.058.461 (quinientos cuarenta y tres millones cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y un pesos). Bajo la gravedad del juramente le manifiesto que, sumados los dos conceptos ya explicados, el monto total pretendido es de $836.433.677. Tasa de interés bancario corriente

DÍAS DE 3438

MORA

LIQUIDACIÓN 26/02/2019

A TOTAL $ 293.375.216

CAPITAL TOTAL $ 496.503.520

INTERESES GRAN TOTAL $ 789.878.736

EN CUANTO A LA ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA Dado que el Tribunal considera que para la estimación razonada de la cuantía se deben observar los artículos 157 y 162 del CPACA, así

como el artículo 2° de la Ley 1563 de 2012, además, en el entendido que dicha estimación debe guardar coherencia con la pretensión formulada en la demanda y el juramento estimatorio, se tiene que en el presente caso la estimación razonada de la cuantía se realiza por el mismo valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($836.433.677), ya que, dicho monto corresponde a una indemnización de carácter patrimonial por valor del siniestro más los intereses de mora causados hasta la fecha de presentación de la demanda, suma que sobrepasa los 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual, acaba siendo mayor cuantía en los términos de la Ley 1563 de 2012, haciendo la salvedad que la cláusula compromisoria expresamente determinó que los conflictos se decidirían mediante Tribunal conformado por tres árbitros. Para esta estimación se tuvo en cuenta el inciso cuarto del artículo 157 del CPACA, según el cual, la estimación razonada de la cuantía no comprenderá los intereses causados con posterioridad a la presentación de la demanda.

53. De manera subsidiaria, la parte convocante presentó un recurso de reposición en el que alegó que: i) el juramento estimatorio y la estimación razonada de la cuantía no son requisitos exigibles en este tipo de procesos, pues tales presupuestos solo son necesarios cuando constituyen factores para determinar la competencia, lo que no ocurrió en este caso7; ii) el juramento estimatorio se

cumplió, pues en el escrito de subsanación se estableció una cifra clara y concreta estimada bajo la gravedad del juramento; iii) la consecuencia del juramento estimatorio inferior a la pretensión no genera el rechazo de la demanda, sino que es un límite al monto a indemnizar, porque en el supuesto de que se realice el juramento por una cifra menor a la probada la consecuencia jurídica es la establecida en el inciso 5° del artículo 206 del CGP, es decir, que no se pueda conceder una cifra superior a la allí expresada; iv) con la decisión de rechazar el panel incurrió en un exceso ritual manifiesto, pues privilegió las formas en desmedro del derecho sustancial, dado que en este caso con la antedicha exigencia no buscó proteger ningún derecho de la contraparte y/o garantía procesal, sino que aplicó de manera mecánica la norma sin garantizar la justicia material.

54. Mediante auto No. 5 del 28 de julio de 2020, el tribunal resolvió el recurso de reposición de manera principal -pese a que había sido presentado como subsidiario de la reforma de la demanday confirmó en su totalidad la decisión recurrida, pues consideró que “en auto de fecha 30 de junio de 2020 señaló con claridad y precisión los defectos de los cuales adolecía la demanda, y en aplicación del artículo 90 del C.G.P., le otorgó a la convocante un término de 5 días para subsanarla (…) [pero] la convocante no cumplió a cabalidad con las exigencias procesales señaladas por el tribunal dentro del término de ley”.

55. Una vez resuelta la reposición, a través de auto No. 6 de la misma fecha, el Panel Arbitral se refirió al escrito de reforma y señaló que este fue presentado por fuera de la oportunidad procesal prevista en el artículo 22 de la Ley 1563 de 2012, según la cual, bajo su particular entendimiento, la reforma solo procede una vez ha sido admitida la demanda. 7 Para ello explicó que en los procesos arbitrales solo hay dos cuantías: 1) cuando las pretensiones ascienden a más de 400 SMLMV, el proceso es de mayor cuantía y deberá definirlo un tribunal arbitral -compuesto por 3 árbitros-, 2) en caso contrario, es decir cuando es menor a esa suma, el proceso será de menor cuantía y lo define un solo árbitro.

Sin embargo, en asuntos como el que nos ocupa, comoquiera que l