CE-11001-03-15-000-2021-00207-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPUGNACIÓN –

Revoca / AUTO QUE RECHAZA DEMANDA ARBITRAL / IMPROCEDENCIA

POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL / FALTA DE CARGA ARGUMENTATIVA / DEFECTOS PROCEDIMENTAL Y POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / TERCERA INSTANCIA – Se pretende reabrir el debate jurídico [U]na revisión de los planteamientos esgrimidos en la demanda, de conformidad con el carácter especial de la justicia arbitral que se fundamenta en el principio de autonomía de la voluntad para apartarse de la jurisdicción ordinaria, permite advertir que su finalidad prístina es convertir el recurso de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al mecanismo alternativo de solución de conflictos al que las partes sometieron la controversia surgida entre ellas por el valor del seguro referido en las pólizas Nos. 1001077 y 1001078, al pretender reabrir un debate procesal ya zanjado por el juez arbitral. (…) [E]l apoderado judicial de la parte actora señaló que el órgano colegiado censurado incurrió en un defecto procedimental absoluto “por exigir requisitos de la demanda inaplicables al caso concreto y rechazar la totalidad de la demanda como consecuencia de un exceso ritual manifiesto”, sin demostrar clara ni suficientemente la forma grave, trascendente y con proyección o afectación a sus derechos fundamentales, el desapego al régimen contenido en la Ley 1563 de 2012 (…) y el Reglamento de Procedimiento de Arbitraje

Nacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, o la adopción de una determinación abiertamente ilegal, de imposible cumplimiento, o que se hubiera adoptado omitiendo las garantías procedimentales de la convocante, todo esto, en real desmedro de sus derechos de defensa y/o contradicción, o con incidencia cierta y directa en ellos. (…) [E]n el libelo también se dio por sentado que la decisión adoptada por el Tribunal Arbitral demandado incurrió en el desconocimiento del precedente judicial por haber soslayado la jurisprudencia que ha expedido el Consejo de Estado en casos de rechazo de demandas por no haberse presentado una estimación razonada de la cuantía, concretamente los autos 2604-13 y 0277-17 de la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, sin adelantar el escrutinio exigido para determinar si tales pronunciamientos constituían, para la fecha de ocurrencia de los hechos demandados, el precedente uniforme y en vigor del caso puesto a consideración del juez de tutela, aspectos todos estos que a no dudarlo, le imponían a la parte actora la carga de establecer con certeza y claridad cuáles sentencias conformaban la línea hermenéutica vigente y de qué forma lo decidido por la justicia arbitral resultaba opuesto a la doctrina así consolidada por la máxima autoridad jurisdiccional de lo contencioso administrativo. (…) [E]l apoderado judicial optó simplemente por requerir la aplicación de las referidas providencias, sin siquiera advertir cuál era su ratio

decidendi, ni definir si aquellas guardaban similitud fáctica, procedimental y jurídica con los supuestos de la cuestión que se debate en esta oportunidad y, mucho menos, sin reparar en que, ante la ausencia de carácter unificador de tales proveídos, el alcance de las interpretaciones allí contenidas solo están llamadas a vincular a las partes dentro de los procesos en que tuvieron lugar, sin posibilidad alguna de aseverar que las interpretaciones de la ley allí fijadas se proyectan con el alcance que en la demanda de tutela se le han pretendido asignar. (…) [L]a acción de tutela no acredita el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que su objeto es continuar con un debate que se concluyó en el trámite arbitral respectivo, lo que desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales. (…) [H]abrá de revocarse la sentencia del 26 de marzo de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto concedió el amparo solicitado por el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITMpara, en su lugar, declarar la improcedencia del recurso formulado por la ausencia del antedicho presupuesto formal. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUTO QUE RECHAZA DEMANDA ARBITRAL / FALTA DE SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA / OMISIÓN DE LA ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA /

JURAMENTO ESTIMATORIO / INTERESES MORATORIOS /

OBLIGATORIEDAD DEL JURAMENTO ESTIMATORIO / AUSENCIA DE

DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / OPORTUNIDAD PARA

REFORMAR LA DEMANDA / TÉRMINO PARA PRESENTAR LA REFORMA

DE LA DEMANDA

[U]na vez instalado el Tribunal Arbitral (…) procedió en el Auto No. 2 a inadmitir la demanda por no cumplir algunos de los requisitos formales necesarios para su correcta presentación, previstos en los artículos 12 de la Ley 1563 de 2012 y 82 de la Ley 1564 de 2012. Las exigencias señaladas por el panel arbitral, consistentes, por un lado, en la cuantificación bajo juramento de los valores correspondientes a los perjuicios reclamados y, por otro, en la estimación razonada de la cuantía del proceso, estaban previstas en la ley, y no era de imposible cumplimiento, como tampoco se antojan irreales de cara a las exigencias relacionadas con la formulación del juramento y sus bases. Así, sin que tales exigencias resultaran caprichosas, desmedidas, incomprensibles o excesivamente formalistas, la actora, titular de sus prerrogativas y facultades en el curso del proceso arbitral, optó por hacer caso omiso de las mismas y, por ende, en el escrito de subsanación, de cara al juramento estimatorio, solo incluyó el valor del seguro, sin pronunciarse sobre los intereses moratorios reclamados, que en criterio razonable del tribunal estaban llamados ser considerados según las previsiones del artículo 206 del Código General del Proceso, de cara a las pretensiones que se formulaban.(…)Y en punto a la acusación de no haber tenido como presentada la reforma a la demanda en tiempo antes de que se hubiera dictado el auto admisorio de la demanda y por

ende, antes de que se hubiera notificado el mismo a la convocada, la conclusión es similar a la ya indicada, pues al margen de la discusión acerca de si lo dicho en la ley procesal sobre tal institución puede ser objeto de interpretación, lo cierto es que el punto de partida de la norma, que reside en su tenor literal, es claro en el sentido de que “[n]otificado el demandado del auto admisorio de la demanda, esta podrá reformarse por una sola vez antes de la iniciación de la audiencia de conciliación prevista en esta ley”, vocablos que (…) fijan un espacio temporal para surtir tal actuación, signando no solo en función de un momento límite sino también, a partir de un momento procesal, como es el de la notificación de la demanda. (…) [N]o deja de inquietar que el convocante, en el término de ejecutoria del auto que rechazó la demanda, hubiere promovido la actuación de marras, con miras a acreditar las exigencias establecidas en el auto inadmisorio, o por lo menos para obviar los efectos derivados del auto que rechazó la convocatoria arbitral, en ellos, los de extinguir los efectos del pacto arbitral para los temas involucrados en la convocatoria. Esta circunstancia revela, más allá de los juicios de aprobación o reproche que en relación con la misma pudieran formularse, que el asunto que ha sido traído al juez de tutela no se relaciona con la dimensión constitucional de los derechos fundamentales de las partes involucradas en el conflicto, ya que la controversia da cuenta de un debate y estrategia procesal, que en sus efectos fallidos, no

compromete los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, máxime, si se repara en que a la disolución del Tribunal Arbitral únicamente le subyace el hecho de que el pacto y/o compromiso deja de producir efectos específicos en relación con el conflicto presentado, por lo que las partes involucradas quedan en absoluta libertad de acudir a la justicia ordinaria para obtener un pronunciamiento definitivo sobre el mismo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00207-01(AC) Actor: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO -ITMDemandado: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁsi ARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado judicial de la Sociedad Allianz Seguros S.A. en contra del fallo del 26 de marzo de 2021, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante el cual se concedió el amparo constitucional solicitado por el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITMen contra del Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos 1.- El 15 de enero de 2021, el representante legal del Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-, obrando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, “así como del derecho a gozar de garantías judiciales previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, presuntamente vulnerados por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, al dictar sendos proveídos mediante los cuales rechazó la demanda arbitral y la reforma a la misma, promovida por el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITMen contra de las Sociedades Allianz Seguros S.A. y la Compañía de Seguros La Previsora S.A. por no cumplir con los requisitos previstos en los numerales 7 y 9 del artículo 82 del Código General del Proceso, atinentes al juramento estimatorio y a la estimación de la cuantía del proceso. 2.- Según se ilustra en la acción de tutela, las pretensiones en ella contenidas se contraen a lo siguiente: <<PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al debido proceso, acceso a la administración de justicia; derecho de acción y el derecho humano a gozar de garantías judiciales. En caso de encontrarse que son otros los derechos fundamentales a amparar y, de conformidad con el principio de fallo extra y ultra petita que rige en sede de tutela, solicito se amparen los derechos que se encuentren vulnerados por parte de la accionada.

SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto las providencias del Tribunal de Arbitramento mediante las cuales se decidió rechazar la demanda inicial y la reforma de la demanda1. 3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con base en el artículo 86 Superior, la parte actora expuso, que2: 3.1.- Producto de una controversia contractual suscitada por una póliza de seguro de daños entre el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM- (como parte convocante) y las Sociedades Allianz Seguros S.A. y la Compañía de Seguros La Previsora S.A. (como parte convocada), en audiencia del 30 de junio de 2020 se declaró instalado el Tribunal Arbitral constituido para dirimir en derecho las diferencias surgidas entre las partes3. 3.2.- A continuación, en esa misma audiencia, el antedicho órgano colegiado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1563 de 20124, 1 Expediente digital, Folio 38 del escrito de demanda. 2 Expediente digital, Folios 2 a 7 del escrito de demanda. 3 Expediente digital, Folios 1 a 3 del Acta 1 dictada dentro del trámite arbitral radicado bajo el número 120182. 4 “(…) Sin perjuicio de lo que luego haya de decidir el tribunal sobre su propia competencia en la primera audiencia de trámite, la admisión, la inadmisión y el rechazo de la demanda se surtirán conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. El tribunal rechazará

de plano la demanda cuando no se acompañe prueba de la existencia de pacto arbitral, salvo que el demandante invoque su existencia para los efectos probatorios previstos en el parágrafo profirió el Auto No. 2, a través del cual resolvió inadmitir la demanda arbitral entablada por la parte convocante luego de estimar que no cumplía con los requisitos formales para su admisión, pues no contenía “el juramento estimatorio de los diferentes valores de la indemnización, compensación o pago de frutos y/o mejoras que reclama” ni una adecuada “estimación razonada de la cuantía del proceso en los términos de los artículos 157 y 162 de la Ley 1437 de 2011 y 2º de la Ley 1563 de 2012”. En consecuencia, le otorgó un término de cinco (5) días hábiles para que subsanara los referidos defectos, so pena de rechazo5. 3.3.- Notificado el anterior proveído, el mandatario judicial del convocante interpuso recurso de reposición parcial en su contra, el cual fue rechazado “al tratarse de una providencia no susceptible de recursos”, según lo expresamente dispuesto en el artículo 90 del Código General del Proceso6. 3.4.- El 6 de julio de 2020, la parte convocante envió escrito de subsanación al Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Allí incluyó el juramento estimatorio en los siguientes términos: “[b]ajo la gravedad del juramento le manifiesto que la suma cuyo reconocimiento y pago se pretende a título de indemnización por incumplimiento

contractual de conformidad con las pretensiones formuladas asciende a DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS ($293.375.216), concepto que corresponde con el valor del siniestro y no excede el monto cubierto por el contrato de seguros, valor que corresponde a una indemnización de carácter patrimonial”. Respecto de la estimación de la cuantía, manifestó que se realizaba por el mismo valor, dado que “dicho monto corresponde a una indemnización de carácter patrimonial por valor del siniestro, suma que corresponde a 330 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual, sigue siendo menor cuantía en los términos de la Ley 1563 de 2012”7. 3.5.- En el Auto No. 4 del 13 de julio de 2020, el Tribunal Arbitral rechazó la demanda y dispuso la devolución del expediente contentivo de la misma al del artículo 3o. En caso de rechazo, el demandante tendrá un término de veinte (20) días hábiles para instaurar la demanda ante el juez competente para conservar los efectos derivados de la presentación de la demanda ante el centro de arbitraje (…)” (Subrayas y negrillas no originales). 5 Expediente digital, Folios 6 a 8 del Acta 1 dictada dentro del trámite arbitral radicado bajo el número 120182. 6 Expediente digital, Folios 8 y 9 del Acta 1 dictada dentro del trámite arbitral radicado bajo el número 120182. Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Para

tal efecto, sostuvo que la parte convocante no corrigió en debida forma las irregularidades señaladas en el auto inadmisorio, por cuanto en el juramento estimatorio “no se incluyó rubro alguno que corresponda a los intereses de mora causados”, dejándose entrever una falta de consistencia con las pretensiones formuladas en el escrito demandatorio y la estimación razonada de la cuantía del proceso8. 3.6.- El 16 de julio de 2020, el apoderado judicial del ITM presentó “escrito de reforma a la demanda y, en subsidio, interpuso recurso de reposición en contra de la decisión en precedencia”. Así, por Auto No. 5 del 28 de julio de 2020, el Tribunal Arbitral inició por confirmar en su integridad el proveído recurrido en el que se rechazó la demanda, advirtiendo que la parte convocante había hecho caso omiso de la orden de subsanación impartida, “en tanto el juramento estimatorio lo formuló respecto de un concepto que no lo requería” y, en su lugar, “guardó silencio, omitió o se reservó el rubro que sí precisaba de aquel, como lo es el de los intereses moratorios que comportan un pedido indemnizatorio por la mora en el pago de la suma de dinero que se imputa a las demandadas”9. Finalmente, en el Auto No. 6 de la misma fecha, el mencionado panel arbitral “rechazó por inoportuna e improcedente” la reforma de la demanda, tras presentarse por fuera de la oportunidad procesal que establece el artículo 22 de la Ley 1563 de 2012, “pues ni siquiera había sido admitido el

libelo”. De suerte que, “al confirmarse el auto mediante el cual se rechazó la demanda por cuenta de que el apoderado de la parte demandante definitivamente no quiso subsanar la falta de los requisitos echados de menos no obstante lo elemental de la carga, impide dar vía a la reforma planteada”, entre otras razones, por la consideración de que “las exigencias realizadas eran simples y ajustadas a las normas, como queda corroborado en el intento tardío del apoderado de pretender remediar ahora su yerro mediante un acto extemporáneo, como lo es la reforma de una demanda que jurídicamente no 7 Expediente digital, Folios 2 y 3 del Acta 2 dictada dentro del trámite arbitral radicado bajo el número 120182. 8 Expediente digital, Folios 3 a 5 del Acta 2 dictada dentro del trámite arbitral radicado bajo el número 120182. 9 Expediente digital, Folios 1 a 5 del Acta 3 dictada dentro del trámite arbitral radicado bajo el número 120182. produce efectos en el proceso por no haber sido jamás admitida”, argumento suficiente para desestimar la reforma en comento por sustracción de materia10. 3.7.- En contra de esta última determinación, el apoderado judicial de la parte convocante interpuso nuevamente un recurso de reposición, aduciendo que el órgano colegiado había “evadido el verdadero problema jurídico que consistía en establecer si era procedente presentar la reforma de la demanda durante el término de ejecutoria del auto que rechaza la demanda”. Sin embargo, por medio del Auto No. 7 del 12 de agosto de 2020, el Tribunal Arbitral confirmó la

decisión previamente adoptada11. 4.- Como fundamento de derecho de su solicitud de amparo, la parte actora alegó, que12: 4.1.- En los autos Nos. 4, 5, 6 y 7 se quebrantaron sus prerrogativas iusfundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como el derecho a gozar de garantías judiciales consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al haber incurrido en un defecto procedimental absoluto, y violar directamente la Constitución y desconocer el precedente judicial fijado en la materia. 4.2.- Frente al defecto procedimental absoluto, expuso que en los proveídos que refuta se (i) exigieron requisitos de la demanda que por ley resultaban inaplicables (por no ser la estimación razonada de la cuantía obligatoria para fijar la competencia del Tribunal ni el juramento estimatorio necesario por estar previsto el cálculo de los intereses moratorios en la Ley); (ii) dispusieron el rechazo del libelo demandatorio pese a que este fue subsanado en debida forma; (iii) rechazaron la totalidad de la demanda arbitral, debiendo admitirla, al menos, parcialmente, en cuanto a las pretensiones que fueron subsanadas; (iv) omitieron inadmitir nuevamente el libelo frente al incumplimiento de los requisitos de forma que se echaron de menos; y, (v) se apartaron de lo 10 Expediente digital, Folios 6 a 9 del Acta 3 dictada dentro del trámite arbitral radicado bajo el número 120182. 11 Expediente digital, Folios 1 a 6 del Acta 4 dictada dentro del trámite arbitral radicado bajo el

número 120182. 12 Expediente digital, Folios 7 a 38 del escrito de demanda. dispuesto no solo en el artículo 2.39 del Reglamento interno del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá que permite reformar la demanda en cualquier tiempo hasta antes de la audiencia de trámite, sino también del artículo 22 de la Ley 1563 de 2012, en cuyo contenido se advierte que la finalidad de la reforma de la demanda es adecuar o corregir sus falencias iniciales. 4.3. En cuanto hace a la vulneración directa de la Constitución, indicó que se estructura esta causal por “interpretar y aplicar las normas procesales de forma restrictiva, formalista y menos garantista posible, ignorando que la admisibilidad de la demanda arbitral debía ser resuelta con aplicación de los principios pro actione, pro homine y pro persona, procurando garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a gozar de garantías judiciales y con miras a cumplir con uno de los tres grandes deberes y propósitos del Estado como es administrar justicia”. 4.4.- Respecto del desconocimiento del precedente judicial, afirmó que se configura esta causal por desconocer los autos censurados “la posición pacífica y reiterada del Consejo de Estado, entre otros, en los autos radicados con los números internos 2604-13 y 0277-17 de la Subsección B de la Sección Segunda de dicha Corporación”, en los que se consideró que el juzgador que rechaza una demanda por no compartir la estimación razonada de la cuantía que realiza el reclamante incurre en un exceso ritual manifiesto, “pues usa un

precepto procesal para impedir el acceso a la administración de justicia”.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda 5.- La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de enero de 2021, admitió la acción de tutela y notificó de su presentación al Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, al mismo tiempo que vinculó a las Sociedades Allianz Seguros S.A. y a la Compañía de Seguros La Previsora S.A. como terceros interesados en las resultas del proceso, “para que rindan informe que estimen pertinente”13. 6.- La Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía de Seguros La Previsora S.A. instó al juez de tutela para que decretara la improcedencia por falta de relevancia constitucional, en tanto “el ejercicio argumentativo efectuado por el accionante resulta insuficiente para entender agotado este requisito, pues no contiene una explicación sólida ni concreta sobre el por qué considera vulnerado su derecho al debido proceso y a la igualdad”, sino que se limita a cuestionar de fondo la decisión de rechazo que, por su propia 13 Expediente digital, Folio 1 del mencionado proveído. negligencia, se generó. En este sentido, lo que se observa, en últimas, es que la parte actora “no busca amparar o garantizar un derecho fundamental, sino que su intención radica en que el juez constitucional funja como una segunda instancia y de alguna manera subsane su desidia en el proceso arbitral con la finalidad de obtener una sentencia favorable a sus intereses”14.

7.- El Tribunal de Arbitramento, intervino para indicar que las providencias impugnadas “estuvieron razonadamente soportadas en las disposiciones legales esgrimidas en tales autos”, razón por la cual se servían remitirlos a fin de demostrar su apego al orden legal15. 8.- Por su parte, la Sociedad Allianz Seguros S.A., si bien envió un correo electrónico en el que aseguró haber contestado la acción de tutela, no adjuntó documento alguno.

C. La sentencia de primera instancia 9.- La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de sentencia del 26 de marzo de 2021, concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del Instituto Tecnológico Metropolitano -ITMy, en esa medida, dejó sin efectos los autos Nos. 5, 6 y 7 censurados, ordenando al Tribunal Arbitral “expedir la decisión en reemplazo que en derecho corresponda”. Ello, teniendo en cuenta, previa acreditación de los requisitos genéricos de procedibilidad, “que lo que en realidad prevé el artículo 22 de la Ley 1563 de 2012 es que, con posterioridad a la admisión de la demanda, esta solo podrá reformarse por una sola vez y hasta antes de la audiencia de conciliación, sin que en momento alguno proscriba hacerlo antes”, por lo que sí es posible reformar la demanda de manera previa a su admisión, “incurriéndose en un defecto procedimental y, de contera, en un defecto sustantivo, pues se le otorgó a la norma una consecuencia que no

dispone”. Cabe señalar que en relación con dicha providencia, el magistrado Martín Bermúdez Muñoz presentó aclaración de voto. Sostuvo que, si bien compartía la decisión de conceder el amparo solicitado, lo cierto es que se debió realizar el examen de los demás cargos que planteó el accionante, pues «también son 14 Expediente digital, intervención contenida en 15 folios. 15 Expediente digital, intervención contenida en 1 folio. causa de la vulneración de sus derechos fundamentales». En su criterio, cuando la estimación razonada de la cuantía no determina el trámite a seguir ni la competencia, es apenas necesaria para la cuantificación del valor de la pretensión, por lo que no debió inadmitirse la demanda respecto de ese punto específico. De otra parte, en cuanto a la pretensión económica de los intereses, señaló que «no requiere prueba diferente del paso del tiempo sobre el valor impagado por concepto de la indemnización pretendida a la tasa que corresponda, de manera que ninguna necesidad tiene el juramento que echa de menos el tribunal». Por su parte, el magistrado Alberto Montaña Plata también presentó aclaración de voto. A su juicio, se debió conceder el amparo únicamente frente al auto que rechazó la demanda y negar las demás pretensiones de la tutela. Explicó que se debió admitir la demanda arbitral solo respecto de lo pretendido por concepto de los seguros reclamados y rechazar lo relacionado con los intereses moratorios. En cuanto al rechazo a la reforma de la demanda, el magistrado sostuvo que «el Tribunal de Arbitraje no se apartó del procedimiento dispuesto

en el artículo 22 del Estatuto, toda vez que, la citada norma dispone que la reforma de la demanda se podrá presentar una vez notificado el Auto admisorio de la misma, motivo por el cual, frente a su interposición de manera previa a esa admisión, la reforma se tornó en inoportuna».

D. La impugnación 10.- La anterior decisión fue impugnada por el apoderado judicial de la Sociedad Allianz Seguros S.A., quien señaló, como respuesta a las consideraciones desplegadas por el fallador de primera instancia, que “bajo el pretexto de solicitar el amparo de varios derechos fundamentales, el verdadero propósito de la entidad accionante no es otro diferente a intentar en una segunda instancia inexistente para los trámites arbitrales, la admisión de la demanda que no fue subsanada correctamente en los términos en que los árbitros claramente lo solicitaron”. En suma, el convocante nunca logró acreditar, ni siquiera mínimamente, “la dimensión constitucional del razonamiento efectuado por los árbitros en las providencias en que se rechaza la demanda y la reforma que inoportunamente presentó la entidad accionante dentro del proceso arbitral”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

E. La competencia 11.- Es competente esta Sala para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 199116. 11.1.- Debe precisarse, además, que en los estrictos términos de los artículos

1317 y 2518 del Acuerdo 80 de 2019, por medio del cual se expidió el Reglamento Interno del Consejo de Estado, le corresponde a la Sección Tercera resolver las acciones de tutela que sean de su competencia, de acuerdo con la distribución de los procesos entre las secciones y el correspondiente reparto por la Secretaría General de la Corporación. En este caso, la ponencia inicialmente elaborada, fue debatida y derrotada en sala, por lo que la elaboración de la misma le ha correspondido al magistrado que sigue en turno. 11.2.- En ese orden, esta Sala determinará, en sede de segunda instancia, si se confirma, modifica o revoca el fallo de primer grado proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo ha solicitado la Sociedad Allianz Seguros S.A.

F. La acción de tutela contra providencias judiciales 16 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 17 “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Tercera (…) 14. Las acciones de tutela que sean de competencia del Consejo de Estado (…)”. 18 “ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE TUTELA, DE CUMPLIMIENTO, POPULARES Y DE GRUPO. Las impugnaciones y demás asuntos relacionados con las

acciones de tutela y de cumplimiento, serán resueltos por la Sección o Subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien haya correspondido el reparto y su trámite se hará por la Secretaría General de la Corporación.// Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto (…)”. 12.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales19. 12.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Su