CE-11001-03-15-000-2021-00266-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL / ACCIÓN DE TUTELA

CONTRA PROVIDENCIA QUE RESUELVE RECURSO DE ANULACIÓN / COADYUVANCIA EN LA ACCIÓN DE TUTELA / NEGACIÓN DE LA COADYUVANCIA – Solicitada por la sociedad Estudios y Proyectos del Sol S.A.S y el Banco de Bogotá S.A / PRESENTACIÓN INDEPENDIENTE DE ACCIÓN DE TUTELA – Resolución de pretensiones propias en forma conjunta en la presente acción de tutela / ACUMULACIÓN DE ACCIONESAnte identidad fáctica, de causa petendi y de autoridades arbitral y judicial accionadas [L]a Sala se debe pronunciar sobre las solicitudes presentadas el 11 de marzo y el 23 de abril de 2021 por la sociedad Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. en el sentido de ser tenida como coadyuvante en las acciones de tutela ejercidas por los Bancos A.V. Villas, de Occidente S.A., Popular S.A. de Bogotá S.A. y por el Bando Davivienda, respectivamente. Igual manifestación realizó con respecto a la acción ejercida por Bancolombia S.A. Sobre esta petición la Sala advierte que la misma sociedad presentó en escrito separado una acción de tutela en la que promovió pretensiones propias, que se radicó en esta Corporación bajo el número 1100103-15-000-2021-00729-00, habiendo sido objeto de acumulación a la que se tramita bajo el radicado de la referencia. En virtud de lo expuesto, no se tendrá a EPISOL como coadyuvante de las instituciones financieras referidas, pero se resolverán las pretensiones propias que presentó en esta sede judicial y que se

tramitan en forma conjunta ante la identidad fáctica, de causa petendi y de autoridades arbitral y judicial accionadas. Igual decisión se adoptará con respecto a la solicitud del Banco de Bogotá S.A. de ser tenida como coadyuvante de Bancolombia S.A., toda vez que igualmente ejercicio acción de tutela independiente, la cual se resolverá en forma conjunta. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA ACCIÓN DE TUTELA - Del Ministerio de Transporte / AUSENCIA DE CALIDAD DE PARTE EN EL PROCESO / AUSENCIA DE CALIDAD DE TERCERO PROCESAL / AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – Si bien está adscrita al Ministerio de Transporte, es autónoma y acudió a los procesos en nombre

propio / DESVINCULACIÓN DEL PROCESO

[L]a Sala advierte que el Ministerio de Transporte no ha sido parte ni ha intervenido en forma alguna en los procesos en los que se dictaron las decisiones censuradas, ni participó en la celebración y ejecución del contrato de concesión, el cual fue suscrito por el entonces Instituto Nacional de Concesiones – INCO, entidad que se transformó para convertirse en la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–, la cual es una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica independiente y si bien se encuentra adscrita al Ministerio de Transporte, según lo dispuesto por el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, lo cierto es que es autónoma y acudió a los procesos en nombre propio. En consecuencia, se declarará fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Transporte de quien no se

advierte interés alguno en el resultado del proceso ni siquiera como tercero y, por ende, se desvinculará de la presente acción de tutela. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE TUTELA – De Fiduciaria Corficolombiana S.A. / VINCULACIÓN A LA ACCIÓN DE TUTELA – De Fiduciaria Corficolombiana S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Ruta del Sol Sector 2 y no en su condición propia Fiduciaria Corficolombiana S.A., solicitó que se aclarara que no podía ser vinculada al proceso en su condición propia, pues en tal calidad no tenía legitimación para comparecer, sino únicamente como vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Ruta del Sol – Sector II. Al respecto, la Sala aclara que, efectivamente en el proceso arbitral, mediante Auto No. 118 del 21 de marzo de 2019, el panel aceptó la solicitud de vinculación del referido patrimonio autónomo, en calidad de tercero coadyuvante de la convocante Concesionaria RDS., quien actúa por intermedio de su vocera Fiduciaria Corficolombiana S.A., el cual igualmente interpuso recurso de anulación en contra del Laudo. En consecuencia, quien tiene la calidad de coadyuvante en el proceso arbitral, recurrente en el de anulación y tercero con interés jurídico en el resultado de la presente acción de tutela es el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Ruta del Sol – Sector II, representando por Fiduciaria Corficolombiana S.A., sin que esta institución haya sido convocada en calidad propia o distinta a la aquí precisada

INEXISTENCIA DE TEMERIDAD EN LA ACCIÓN DE TUTELA / ACCIÓN DE TUTELA PRIMIGENIA CONTRA LAUDO ARBITRAL – No fue resuelta de fondo ante la existencia del recurso extraordinario de anulación / SENTENCIA QUE RESUELVE RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA EL LAUDO ARBITRALHecho nuevo / NUEVA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA – En tanto la primera acción de tutela interpuesta se declaró la improcedente y ya fue resuelto el recurso de anulación En el sub examine todas las instituciones financieras y las sociedades que ejercen la presente acción de tutela habían solicitado previamente la protección de los mismos derechos fundamentales, con ocasión del proferimiento del Laudo Arbitral del 6 de agosto de 2019 y del Auto aclaratorio dictado el 19 de agosto siguiente. Tales acciones fueron resueltas, en primera instancia, mediante sentencia dictada el 27 de febrero de 2020 por el Consejo de Estado - Sección Quinta y, en sede de impugnación en fallo del 19 de julio de 2020 por la Sección Tercera – Subsección “A”. Tal circunstancia fue puesta de presente por las accionantes y señalada por algunos de los intervinientes por pasiva y terceros vinculados por el interés jurídico, en especial por la ANI y por la integrante del panel Catalina Hoyos Jiménez, lo que impone al juez constitucional verificar si el ejercicio de una nueva acción constitucional se encuentra justificado, esto es, si existe una circunstancia fáctica o jurídica nueva, así como precisar si en la primera oportunidad se estudiaron de fondo todos los defectos señalados. Al realizar tal ejercicio, la Sala

concluye que no se evidencia dolo o mala fe en ninguno de los accionantes y todos ellos alegan que el hecho de que el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, haya proferido la sentencia que resuelve los recursos de anulación interpuestos contra el Laudo Arbitral constituye un hecho nuevo y, por ende, una razón suficiente que permite la presentación de la acción nuevamente, al tiempo que en la primera oportunidad se declaró la improcedencia de la acción, precisamente porque los actores contaban con el recurso de anulación para cuestionar las decisiones adoptadas por el Tribunal de Arbitramento, con respecto a la mayoría de los cargos propuestos, tal como se precisó en el acápite de antecedentes. (…) En virtud de lo expuesto, se concluye que las circunstancias anotadas descartan la temeridad y habilitan al juez constitucional para continuar con el examen de las solicitudes. Sin embargo, al haberse resuelto de fondo uno de los cargos de la tutela primigenia y considerado irrelevante desde el punto de vista constitucional otro, corresponde analizar bajo la óptica de la triple identidad si se configuró el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL / DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Primera acción de tutela determino que la sentencia C-207 de 2019 no se pronunció sobre los incisos que estuvieron por fuera de la demanda de constitucionalidad, por lo que esas disposiciones no pueden ser consideradas como precedente aplicable al caso concreto / DEFECTO POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / PRUEBA CONTABLE EN EL CONTRATO DE CONCESIÓNSólo permite una aproximación del impacto futuro por posible terminación anticipada del contrato / INEXISTENCIA DE TARIFA PROBATORIA CONTABLE Este análisis se realiza únicamente en relación con las pretensiones de los accionantes que se dirigen a cuestionar el Laudo Arbitral dictado el 6 de agosto de 2019, sin que involucre, en consecuencia, los cargos que se predican de la sentencia que resolvió los recursos de anulación, pues con respecto a esta no concurre el requisito de identidad de supuestos fácticos y la misma no se había dictado en la oportunidad en la cual se tramitó y decidió la primera acción constitucional. Aclarado lo anterior, se encuentra que las impugnaciones interpuestas en contra del fallo de primera instancia que dictó esta Sección en las acciones de tutela previas fueron resueltas por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, en fallo dictado el 19 de julio de 2020, en el que se modificó la sentencia recurrida, en el sentido de negar las pretensiones de la acción de tutela por el cargo de violación directa de la Constitución que la parte actora sustentó en el desconocimiento del precedente constitucional, contenido en la sentencia C-207 de 2019, cargo que analizó de fondo, por considerar que, para alegar el mismo, no procedía mecanismo alguno de defensa judicial y no correspondía a los cargos de anulación que consagra el ordenamiento jurídico. CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / DEFECTO FÁCTICO / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL – No es una instancia

adicional que se empleé como mecanismo para corregir la valoración de las pruebas a través de la tutela / DEDUCCIONES DEL RECONOCIMIENTO A

TÍTULO DE RESTITUCION COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA

DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN SOBRE LOS VALORES DETERMINADOS EN EL DICTAMEN – Asunto eminentemente económico En el fallo de segunda instancia de la acción de tutela primigenia se analizó el requisito de procedibilidad, referido a la relevancia constitucional del asunto sometido a consideración de la Sala, punto en torno al cual el ad que constitucional concluyó que “el argumento de vulneración del debido proceso no puede emplearse como mecanismo para corregir la valoración de la ley o de las pruebas a través de la tutela, toda vez que, en tal caso, la acción sería improcedente por falta de relevancia constitucional.” Al respecto, precisó que los argumentos expuestos en las demandas de tutela acumuladas –por varios de los accionantes–, relacionados con la existencia de un defecto fáctico, en relación con el cual se controvirtieron las deducciones o restas realizadas por el Tribunal de Arbitramento sobre los valores determinados en el dictamen de D & P carecen de relevancia constitucional, lo cual impide resolver de fondo la acción de tutela, con respecto a estos específicos cargos. Tal consideración, aunada a la existencia de otro mecanismo idóneo de defensa judicial, llevaron al ad quem a declarar la improcedencia de la acción, aspecto sobre el cual, en consecuencia, tampoco es posible reabrir el debate, esto sobre los cuestionamientos que se presentan en

forma directa contra el Laudo pues al fallador de primera instancia no le es dable desconocer lo resuelto por el superior en sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada en sentidos material y formal. Tal conclusión se adecúa plenamente a las exigencias expuestas por la Corte Constitucional a la hora de abordar el análisis de la relevancia constitucional cuando se trata de Laudos Arbitrales, para evitar que se convierta en una instancia adicional y además que se traten los aspectos eminentemente económicos de la controversia que, por demás, resultan contrarios a la autonomía que le confiere el ordenamiento a los árbitros, en virtud de lo dispuesto en los artículos 116 y 228 de la Constitución Política

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL / ACUMULACIÓN DE

ACCIONES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LITISCONSORTES

CUASI NECESARIOS CONVOCADAS EN EL PROCESO ARBITRAL / SOCIEDADES ACCIONISTAS DE LA CONCESIONARIA RUTA DEL SOL – Titulares del derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia que se invocan en la acción de tutela / EFECTOS DEL FALLO EN PROCESO ARBITRAL – Les son vinculantes por la relación sustancial y procesal de litisconsortes cuasi necesarios / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

POR ACTIVA / COADYUVANTES / ENTIDADES FINANCIERAS /

ACREEDORES CALIFICADOS DE BUENA FE

[E]l primer grupo de accionantes está conformado por las sociedades Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. – EPISOL S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht S.A.

y Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., en relación con las cuales se encuentra acreditado en el proceso que las mismas conforman el capital accionario de la sociedad Concesionaria RDS. (…) en el trámite del proceso arbitral, después de resuelta la acumulación de los expedientes que correspondían a las dos convocatorias efectuadas en contra de la ANI, por parte de la Concesionaria RDS., en audiencia pública llevada a cabo el 6 de abril de 2017, el Tribunal convocó a las personas jurídicas socias de esta, para que, en su condición de litisconsortes cuasi necesarios de la convocante, manifestaran si era de su interés intervenir en el proceso. Si bien en un principio, estas sociedades manifestaron que no participarían en el proceso, lo cierto es que con posterioridad actuaron presentando inclusive pretensiones propias que, en audiencia del 7 de noviembre de 2017, las que se rechazaron por improcedentes, en consideración a que las mismas no eran parte del contrato de concesión y, por ende, no suscribieron la cláusula compromisoria, por lo que sus pretensiones no podían ser debatidas en esa sede judicial, sin que la parte resolutiva del Laudo censurado haya adoptado decisiones que directamente las involucren. La relación sustantiva y procesal que subyace en el caso concreto en relación con las referidas sociedades se regula por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1563 de 2012, que consagra la intervención de otras partes y terceros en el proceso arbitral, precisando: “Intervención de otras partes y terceros. La intervención en el proceso arbitral del

llamado en garantía, del denunciado en el pleito, del interviniente excluyente y demás partes, se someterá a lo previsto en las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil.” En virtud de la norma de reenvío, corresponde acudir al artículo 62 del Código General del Proceso, que consagra la calidad y facultades de los litisconsortes cuasi necesarios (…) Las potestades que la norma procesal en cita le otorgan a los litisconsortes necesarios, calidad que se reitera tuvieron las sociedades accionistas de la Concesionaria RDS. en el trámite arbitral, permiten concluir que, aun cuando no suscribieron la cláusula compromisoria ni el contrato de concesión, lo cierto es que son titulares de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad que invocan en esta oportunidad. Refuerza lo expuesto, las consideraciones expuestas por el Tribunal de Arbitramento al momento de convocarlas al proceso y es el interés jurídico que les asistía, en la medida en que eventualmente podrían ser consideradas solidariamente responsables de las obligaciones que el Tribunal de Arbitramento llegara a imponer o resultar favorecidas por el monto de los reconocimientos efectuados, efectos del fallo que, por ende, son vinculantes por la relación sustancial y procesal que subyace entre ellas. El segundo grupo de accionantes lo constituyen las entidades financieras, que comparecieron al trámite arbitral, en calidad de coadyuvantes de la convocante Concesionaria RDS. condición que igualmente se rige para los efectos

del arbitramento por las normas del Código General del Proceso, concretamente, por lo previsto por el artículo 71, que las faculta para efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayudan, en cuanto no estén en oposición con los de ésta. La relación sustancial que tenían las entidades bancarias, era la de financiadoras del proyecto de construcción del sector II de la Ruta del Sol y, por ende, acreedores calificados como de buena fe, a quienes, en virtud de la providencia se les destinó en el orden de prelación establecido las sumas cuyo reconocimiento se ordenó. El interés jurídico que les asiste para presentar pretensiones propias en sede de tutela se los confiere, igualmente, el contenido del parágrafo primero del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, con la hermenéutica que le dio la Corte Constitucional en la sentencia C-207 de 2019

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO

ARBITRAL / PRELACIÓN DE PAGOS ANTE LA EXISTENCIA DE DIFERENTES CLASES DE ACREEDORES TERCEROS DE BUENA FE / SENTENCIA QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE ANULACIÓN – Zanjo el asunto de prelación de pago y no se advierte reparos contra esta sentencia / SUSTRACCIÓN DE MATERIA Las instituciones financieras accionantes cuestionaron la decisión del Tribunal de Arbitramento que definió un orden de prelación de pagos entre la concesionaria de los acreedores de la Concesionaria RDS (…) Al revisar las consideraciones expuestas en el Laudo Arbitral se encuentra que, con fundamento en el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018 y en la Sentencia C-207 de 2019 dictada por la Corte

Constitucional, el panel concluyó que, en aras de la protección de terceros de buena fe, debía indicar la forma en que debían imputarse los pagos por efecto de los reconocimientos a la concesionaria de las obras efectivamente realizadas y que beneficiaban a toda la comunidad (…) Sobre estas alegaciones que, igualmente, constituyeron el sustento jurídico de los recursos de anulación interpuestos en contra del Laudo Arbitral, la Sección Tercera del Consejo de Estado, se pronunció, para establecer que la competencia de los árbitros se circunscribe a lo estipulado en el pacto arbitral, a lo que las partes expresamente aduzcan como pretensiones y excepciones en la demanda arbitral y su contestación, pero también se extiende al ejercicio de todas las potestades y prerrogativas propias de cualquier juez, razón por la cual les corresponde resolver sobre todo aquello que, si bien no fue expresamente pedido por las partes, resulta necesario para decidir la controversia. (…) Consideró que el Tribunal estaba habilitado para definir la distribución de los recursos de las cuentas del patrimonio autónomo creado para la administración entre los terceros de buena fe. Advirtió que, el hecho de que la Corte Constitucional en el fallo “haya hecho mención, específicamente, a las entidades financieras involucradas en la financiación de estos proyectos -y sin restar importancia a dicha actividad para su realización-, no significa que se deba entender que la finalidad de la ley era exclusivamente la protección de sus intereses y derechos, y no los de los demás terceros de buena fe, como se reconoció en el Laudo Arbitral impugnado.” (…) En virtud de las

consideraciones expuestas, la primera conclusión a la que se llega es que, al ser un asunto que fue examinado de fondo en la sentencia que decidió los recursos de anulación, las partes no podían dirigir el cuestionamiento en forma directa en contra del Laudo Arbitral, como lo hicieron las instituciones financieras accionantes y, menos aun cuando, algunas de ellas como Bancolombia S.A., afirmaron que no dirigían cuestionamiento alguno contra la sentencia dictada por el Consejo de Estado en sede del recurso de anulación, por no contener esta aspectos violatorios de sus derechos fundamentales, lo que conlleva a que se deba negar la petición de amparo por esta razón como se precisará más adelante en relación con cada accionante. No obstante ello, reiteraron que el Laudo incurrió en los defectos referenciados, desconociendo lo que sobre esta particular decisión fue avalada en la sentencia que resolvió los recursos.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL / PROCESO DE

INSOLVENCIA DE CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. /

PROCEDIMIENTO CONCURSAL / DETERMINACIÓN DE ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGO DISPUESTO EN LAUDO ARBITRAL – Perdió eficacia ante la iniciación del proceso de insolvencia / AUTORIDAD COMPETENTE PARA DETERMINAR EL ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS – Juez concursal esto es la Superintendencia de Sociedades Como consecuencia de la apertura del proceso de insolvencia, el término para que los acreedores se hicieran parte venció el 7 de mayo de 2020, oportunidad en la que se rechazaron las solicitudes de reconocimiento de las acreencias de los

accionistas, por la calificación de mala fe, previamente realizada en el Laudo Arbitral y se admitieron las peticiones presentadas por las entidades financieras en su condición de acreedores de buena fe, aceptándose la incorporación de las garantías mobiliarias que allegaron en relación con los créditos a su favor. Ello conllevó a que la decisión de prelación de pagos que se realizó en el pacto perdió eficacia, por haberse dictado en la etapa preconcursal, y porque, en virtud de lo dispuesto por el numeral 7º del artículo 5º de la Ley 1116 de 2006, corresponde al juez del concurso, en este caso a la Superintendencia de Sociedades, reconocer y graduar las acreencias, “de conformidad con lo establecido sobre prelación de créditos en el Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen o adicionen, y resolver las objeciones presentadas, cuando haya lugar a ello.” La graduación de los créditos, actuación encaminada a determinar el orden en el que se deben pagar las obligaciones adquiridas con ocasión de la ejecución del contrato de concesión, se realiza con fundamento en el proyecto que el deudor le presenta al promotor sobre “calificación y graduación de créditos y derechos de voto”, según lo dispuesto en el artículo 24 del ordenamiento citado. El inciso 2º del 25, por su parte, precisa que “Los créditos litigiosos y las acreencias condicionales, quedarán sujetos a los términos previstos en el acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma clase y prelación legal, así como a las resultas correspondientes al cumplimiento de la condición o de la

sentencia o laudo respectivo. En el entretanto, el deudor constituirá una provisión contable para atender su pago.” Resulta, en consecuencia, evidente que el orden de prelación de créditos contenido en el Laudo Arbitral, cuya decisión es materia de censura, perdió efectos frente a la iniciación del proceso de insolvencia empresarial (liquidación judicial obligatoria) y corresponde al juez del concurso, disponer el orden en el que se debe proceder al pago, por lo que ningún pronunciamiento puede realizar el juez constitucional en sede de tutela, por existir carencia actual de objeto por sustracción de materia (el orden de prelación que fijó el Tribunal quedó sin efectos jurídicos con el auto de apertura del concurso) y además, porque no le es dable invadir el ámbito de competencia de la Superintendencia de Sociedades y del liquidador.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL

POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA

DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CAUSALES DEL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / NULIDAD ORIGINADA EN LA

SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA

[L]os Bancos A.V. Villas, Popular, Occidente y Bogotá, sustentaron este cargo en que: (i) en la parte motiva del Laudo el panel indicó que daría aplicación al artículo 20 de la Ley 1882 de 2018 y a la sentencia de constitucionalidad C-207 de 2019

dictada por la Corte Constitucional, en el sentido de que los reconocimientos debían ser validados por la interventoría y ello no se reflejó en la resolutiva; (ii) anunció que no se pronunciaría sobre las relaciones de los litisconsortes con la concesionaria, por exceder su competencia, pero graduó las acreencias y estableció la prelación de pagos ; (iii) indicó que fijaría las sumas a reconocer con fundamento en el dictamen de D & P. y en la resolutiva fijó cifras que no corresponden con los cálculos efectuados en el dictamen; y (iv) señaló que, como los recursos de las cuentas no alcanzan para atender las obligaciones financieras, para cubrir el pago se debía acudir al parágrafo del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, pero omitió tomar previsiones para que la ANI atienda el pago de todas las obligaciones financieras y, contrario a ello, le prohibió a esa entidad desembolsos que excedan la suma de $24.217.280.235.28. La Sala destaca que, tanto la incongruencia interna como la externa, son argumentos que pueden ser alegados a través de recurso extraordinario de revisión que procede contra el Laudo Arbitral, en los términos del artículo 45 de la Ley 1563 de 2012 (…) Cabe resaltar que la incongruencia constituye causal de nulidad originada en la sentencia, por lo que, contrario a lo aseverado por la parte actora, resultaba procedente alegar la causal 8ª. del artículo 355 del Código General del Proceso , norma de remisión contenida en la ley de arbitramento –que corresponde al numeral 5º del artículo 250 de la

Ley 1437 de 2011 (…) En efecto, el mecanismo judicial idóneo para alegar la incongruencia en que –a juicio de los accionantes– incurrió el Laudo Arbitral no se ha ejercido y, en consideración a que el mismo se rige por las reglas del Código General del Proceso, la Sala advierte que las partes aún cuentan con la posibilidad de hacerlo, al tenor de lo dispuesto por el artículo 356 del referido ordenamiento adjetivo, que consagra el término de dos (2) años. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL / DEFECTO SUSTANTIVO – Cargos alegados fueron resueltos en la sentencia dictada en sede de anulación / SENTENCIA QUE RESUELVE RECURSO DE ANULACIÓN – No fue controvertida en sede de tutela / RECONOCIMIENTOS A TÍTULO DE RESTITUCIONES COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN – Adecuada aplicación del parágrafo primero del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018 / DEFECTO FÁCTICO – Cargos alegados fueron resueltos en la sentencia dictada en sede de anulación / SENTENCIA QUE RESUELVE RECURSO DE ANULACIÓN – No fue controvertida en sede de tutela / ADECUADA VALORACIÓN DE DICTAMEN / VALORACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA Cargos presentados por Bancolombia S.A. La institución financiera afirmó que no tenía reparo alguno con las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvió los recursos de anulación pues estos no vulneraban sus derechos

fundamentales y que, en consecuencia, predicaba los defectos únicamente del Laudo Arbitral y presentó cargos, de los cuales subyacen a la petición de amparo, los siguientes: El primer cargo, lo denominó “Defecto sustantivo por indebida aplicación de la expresión “los reconocimientos a que haya lugar […] serán validados por la interventoría o por un tercero experto”, contenida en el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 1508 de 2012, modificado por el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018”, que sustentó en que el Tribunal interpretó la norma como una facultad para determinar los reconocimientos, tomando como base un dictamen experto y luego añadirle ajustes “indiscriminados”, al punto que desnaturalizó el cálculo experto y adoptó uno propio, con fundamento en la contabilidad y en otros informes periciales a los que les había restado valor probatorio. (…) Esta alegación guarda relación inescindible con el segundo cargo, que denominó defecto fáctico, por valoración manifiestamente defectuosa del peritaje experto de Duff & Phelps sobre los reconocimientos a favor de la Concesionaria RDS., que se sustentó en la inconformidad con los “ajustes” realizados al peritaje experto, defecto que igualmente derivó de la interpretación de la fórmula contenida en el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, la cual –a su juicio– no ordena que se deduzcan, porque corresponden a obras construidas para satisfacer el interés público. Al respecto, señaló que: “la irrazonabilidad con la que calificó la decisión

la derivó de haberse incluido “un criterio de deducción nuevo que no obra en la fórmula de la normativa vigente.” Estos cargos, se reitera, corresponden al mismo supuesto fáctico alegado desde las perspectivas de los defectos sustantivo y fáctico, fueron resueltos de fondo en la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2020, en sede del recurso de anulación, en la que el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A” calificó como razonable la aplicación del parágrafo 1º del artículo 20 de la Ley 1882 de 2019 por considerar que el Tribunal lo interpretó en debida forma, y con ello valoró la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica (…) En consecuencia, no es posible llegar a una conclusión distinta a que, al no haberse atacado la sentencia que resolvió el recurso de anulación, que se pronunció de fondo sobre los cargos y, adicionalmente, referirse estos al defecto fáctico que en sede de la segunda instancia de la tutela primigenia se consideró que carecía del requisito de relevancia constitucional, no subsiste la vulneración del derecho al debido proceso, pues el mismo se garantizó con el agotamiento del recurso que procedía, cuyas conclusiones comparte la entidad. (…) Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Colombia y Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S (…) Ante la identidad de estas alegaciones con las resueltas en el acápite que antecede, la Sala considera que no subsiste la vulneración alegada por las mismas razones expuestas.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL / SENTENCIA QUE

RESUELVE RECURSO DE ANULACIÓN – Estudio los cargos alegados contra el laudo arbitral / AUSENCIA DE VULNERACIÓN ACTUAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Los Bancos A.V. Villas S.A., Popular, Occidente y Bogotá. Las instituciones financieras citadas consideraron que el Laudo arbitral se encuentra incurso en los defectos (i) sustantivo o material, por liquidar el contrato de concesión de oficio y en contravía con las normas aplicables; (ii) por motivación insuficiente y contradictoria, con respecto a la liquidación contractual; (iii) violación directa de la Constitución; (iv) fáctico “por incompleta practica y apreciación de pruebas determinantes para decidir el asunto”