CE-11001-03-15-000-2021-00268-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO PREPARATORIO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LOS ACTOS PREPARATORIOS DE CONTENIDO ELECTORAL – Al no ser susceptibles de control jurisdiccional a través de algún medio de control / ACUERDO CONTENTIVO DE LA CONVOCATORIA PARA LA ESCOGENCIA DEL REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO EXPEDIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBAActo preparatorio que no otorga derechos / REVOCATORIA DIRECTA DE ACTO PREPARATORIO – Procedencia sin consentimiento expreso /

AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[E]n la medida en que el Acuerdo 108 de 2020, cuyo acto se pretende dejar sin efectos, corresponde a un acto de contenido electoral y preparatorio, toda vez que expedición tuvo como objeto y finalidad arreglar, alinear, estructurar, mejorar el proceso de selección, para fijar una convocatoria que se ajuste a las condiciones propicias, claras, adecuadas e idóneas para propender por la igualdad de la participación de los interesados y por el respeto a cabalidad del principio de debido proceso, se entiende que no es pasible de control ante lo contencioso administrativo en la medida en que no constituye el acto de elección que se reputaría como el acto final. Ello es así, comoquiera que la Sección Quinta de esta Corporación ha definido los actos preparatorios en los siguientes términos, a saber: “en tanto los actos preparatorios, según la academia, son aquellos previos, pero necesarios para adoptar una decisión de fondo”. En razón a lo anterior, y

teniendo en cuenta que la improcedencia de la acción constitucional, se predica del numeral 6º del Decreto Ley 2591 de 1991, cuando existe otro medio de defensa judicial, en este caso la acción de tutela es procedente en la medida en que el acto que demanda el actor, no es pasible de control jurisdiccional, por lo tanto la tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para garantizar la presunta violación de los derechos que está invocando el actor. (…) encuentra la Sala que el mismo corresponde a un acto de carácter meramente preparatorio en el ámbito electoral, toda vez que mediante aquél se revocó el Acuerdo 095 de 2020, para efectos y con el objetivo principal de realizar una convocatoria que se ajuste a la constitución y a la ley, hecho que ocurrió antes de proferirse el acto definitivo, que se reputa de la elección en sí misma. En razón a ello, no se vulneraron los artículos 93 y 97 del CPACA, como lo expresa el accionante, por cuanto al tener claro que se trata de un acto preparatorio, que no otorga derechos, toda vez que no define la situación de los aspirantes, no era necesario solicitar su consentimiento expreso para poder proceder con la revocatoria del acuerdo. Al respecto, advierte la Sala que fue propio por parte de la Universidad de Córdoba, pronunciarse, corregir y resolver la inconsistencia que se presentaba, relativa a la falta de criterios claros para la postulación de los candidatos, porque no se concretó si aquellos debían presentarse con suplente o de manera individual, lo que desencadenó en la expedición de la revocatoria directa del acto que contenía la omisión, en virtud de la facultad de la que está investida, toda vez que cuenta

con autonomía , lo que le permite incluso convocar nuevamente para la designación del Representante del Sector Productivo (2020-2024), bajo los postulados legales y constitucionales y consecuentemente ajustandola a los principios superiores, con lo que permite la salvaguarda los derechos de los participantes. Así las cosas, la Sala encuentra que con la expedición del acto administrativo debatido, de naturaleza general y preparatorio, no vulnera los derechos invocados por el actor, en cuanto la Universidad se ciñó a los postulados constitucionales y legales, en el que está inmerso el principio transversal de la igualdad, para efectos de permitir la participación del actor, en las mismas condiciones con respecto a los demás proponentes, bajo unos criterios claros y reglas concretas que permitan una elección transparente. Para la Sala el omitir dicha situación y de haber continuado la convocatoria, como inicialmente se había planteado, constituía una vulneración de los derechos, comoquiera que las disposiciones fijadas eran ambiguas. AUSENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE / INEXISTENCIA DEL DERECHO ADQUIRIDO / PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA PÚBLICA – Otorga una mera expectativa / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA BUENA FE / AUSENCIA DE VULNERACIÓN A LA CONFIANZA LEGITIMA / REVOCATORIA DIRECTA – En desarrollo de los principios de transparencia, imparcialidad y publicidad [L]a parte actora alega que se configura un perjuicio irremediable con ocasión de la expedición del Acuerdo 108 de 2020, porque tenía un derecho adquirido al estar

en la lista de candidatos habilitados, argumento que no tiene sustento, en la medida que el hecho de participar en la convocatoria representa tan solo una mera expectativa, lo cual no lo hace constitutivo de un derecho, más aún cuando, con las nuevas condiciones, puede volver a presentarse, y participar para optar por el mismo cargo. Aunado a lo anterior, respecto al argumento de vulneración de los derechos, buena fe y confianza legítima, no se configura ninguna violación con ocasión del acto administrativo controvertido, porque el ente universitario ha desarrollado de manera transparente el concurso, tan es así que corrigió su propio acto, y le esta otorgando la posibilidad a cada uno de los convocados a participar bajos lineamientos administrativos y jurídicos respectando los postulados legales y constitucionales, en el ejercicio de las facultades discrecionales de las que cuenta, para procurar por el desarrollo de los principios de transparencia, imparcialidad y publicidad que se esperan de estos procesos de vinculación. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO SUPERADO / RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN – Clara, concreta, de fondo y debidamente notificada Finalmente, en lo que atañe al derecho de petición presentado por el actor el 29 de diciembre de 2020, en el que solicitó la i) revocatoria del Acuerdo 108 de 2020, mediante el cual se revocó la Convocatoria 095 de 2020, ii) continuar con la convocatoria 095 de 2020, iii) habilitar su nombre con el de su suplente ([O.H.M.]), como único candidato que cumplía con las exigencias planteadas en el proceso de

elección. Frente al mismo, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, en el entendido en que la autoridad accionada dio respuesta, clara, concreta y de fondo a su solicitud el 10 de febrero de 2021, indicando que la misma no podía ser resuelta de manera favorable, toda vez que con la expedición del acto 108 de 2020, de revocatoria directa de la Convocatoria 095 de 2020 “por la cual se convocó a la elección y se estableció el cronograma para el proceso de escogencia del representante del sector productivo” para el periodo 2020-2024, el mismo se había expedido, por presentarse vulneración de la participación en igualdad de condiciones y la garantía del debido proceso, en consecuencia la actuación se había agotado y era inviable emitir un nuevo pronunciamiento por la administración, aunado a que le fue notificada, al correo electrónico genes6012@gmail.com , garantizando la publicidad y el derecho del actor de conocer la decisión. COADYUVANCIA EN LA ACCIÓN DE TUTELA / ACEPTACIÓN DE LA COADYUVANCIA / INTERÉS LEGITIMO / CONVOCATORIA A ELECCIONES – Participante incluido en la lista de candidatos hábiles [L]a Sala se debe pronunciar sobre la solicitud de ser tenido como coadyuvante del señor [O.A.H.M.], en la acción de tutela incoada por el señor [A.V.G.M.]. En ese sentido, atendiendo que esta persona se presentó a la Convocatoria 095 de 2020, junto con el accionante en calidad de suplente, además fue incluido en la lista de candidatos hábiles, revocada a través de Acuerdo 108 de 2020, cuya

expedición originó esta controversia, será tenido en cuenta como coadyuvante por ser igualmente titular del derecho fundamental al debido proceso. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – De la Presidencia de la República y la Gobernación del Departamento de Córdoba / ACTO ADMINISTRATIVO – No fue proferido por Presidencia de la República ni la Gobernación del Departamento de Córdoba / UNIVERSIDAD DE CORDOBAPersona jurídica independiente y autónoma En relación con las autoridades accionadas, se advierte que la NaciónPresidencia de la República y la Gobernación del Departamento de Córdoba, no se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, en la medida en que no se le imputan acciones u omisiones directas que constituyan la causa de la vulneración alegada, además no corresponde a las autoridades que expidieron el acto administrativo que el accionante pretende que se deje sin efectos en sede constitucional. Si bien es cierto que, tanto la Presidencia de la República como el Departamento de Córdoba cuentan con delegados en el Consejo Directivo de la Universidad de Córdoba, esta única circunstancia no les confiere legitimación por pasiva, por cuanto no dictaron el acto administrativo que se considera lesivo de los derechos del actor y del coadyuvante, al ser el ente universitario una persona jurídica independiente y autónoma y no haber realizado actuación u omisión alguna en forma directa, en razón a ello, no son la llamadas a responder en caso de prosperar las pretensiones. En virtud de lo expuesto, carecen de legitimación en la causa por pasiva, por tanto, se ordenará su desvinculación del proceso.

Adicionalmente la demanda se dirigió contra la Universidad de Córdoba -Miembros del Consejo Superior-, y Ministerio de Educación Nacional, con ocasión de la expedición del acto administrativo Acuerdo 108 de 2021, previo concepto expedido por el Asesor Jurídico de la cartera ministerial y solicitud elevada por este en el Consejo Directivo, que llevó a la revocatoria de la convocatoria 095 de 2020, que la parte actora considera, vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se encuentran legitimadas por pasiva. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Universidad de CórdobaMiembros del Consejo Superior-, y Ministerio de Educación Nacional / AUTONOMÍA UNIVERSITARIA / MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – Universidades están sujetas a su orientación y coordinación Adicionalmente la demanda se dirigió contra la Universidad de Córdoba -Miembros del Consejo Superior-, y Ministerio de Educación Nacional, con ocasión de la expedición del acto administrativo Acuerdo 108 de 2021, previo concepto expedido por el Asesor Jurídico de la cartera ministerial y solicitud elevada por este en el Consejo Directivo, que llevó a la revocatoria de la convocatoria 095 de 2020, que la parte actora considera, vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se encuentran legitimadas por pasiva. La Sala destaca que la legitimación se sustenta igualmente en el precepto constitucional (artículo 69), que consagra la Autonomía Universitaria (artículo 57 de la Ley 30 de 1992), integra una categoría jurídica especial para las universidades estatales, las cuales, a partir de la vigencia, debieron ajustarse como entes universitarios autónomos. Entre las

características fundamentales de esta figura, es que se trata de instituciones vinculadas a la administración, en particular al Ministerio de Educación Nacional, es decir; que no integran la misma, pero en razón de su nexo vinculante (artículo 34), están sujetos a su orientación y coordinación en lo que se refiere a las políticas y planeación del sector educativo. Aunado a ello, en la sesión celebrada el 17 de diciembre de 2020, se levantó Acta del Consejo del ente universitario, en la que consta que el Ministerio de Educación fue la autoridad que presidió y la que sometió a votación el informe presentado por la Secretaría General de la Universidad, en la que se propuso la revocatoria de la Convocatoria 095 de 2020, por irregularidades en los requisitos de postulación de los aspirantes. Por las razones expuestas, se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

FUENTE FORMAL: CONTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 69 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 93 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 97 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 13 / LEY 30 DE 1992 - ARTÍCULO 57

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00268-00(AC)

Actor: ARIEL VALENTÍN GENES MARTÍNEZ

Demandado: NACIÓN - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Acción de tutela contra acto administrativo preparatoriorevocatoria directaen convocatoria de elección

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor Ariel Valentín Genes Martínez contra la Nación – Presidencia de la República, Universidad de Córdoba - Miembros del Consejo Superior, el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Departamento de Córdoba.

I. ANTECEDENTES 1.1 Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 26 de enero de 2021 en la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Ariel Valentín Genes Martínez, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Presidencia de la República, Universidad de Córdoba - Miembros del Consejo Superior del referido ente universitario1, el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación del 1 Como miembros del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba mencionó a las siguientes personas: Mario Ananías Moreno Petro, representante del presidente de la República; José

Maximiliano Gómez Torres, delegado de la ministra de educación; Gabriel Enrique Calle Aguas, delegado del gobernador del departamento de Córdoba; Nicolás Antonio Martínez Humanez, representante de las directivas académicas; José Gabriel Flórez Barrera, representante de los docentes; José Luís Martínez Salazar, representante de los egresados; Roberto Carlos Lora Méndez, representante del sector productivo; Isaac Asís Herazo, representante de los estudiantes; Eduardo Francisco González Rada, representante de los ex rectores y la doctora Cely Figueroa

Secretaria General de la Universidad de Córdoba, en su condición de garante y encargada del desarrollo del proceso de designación del Representante del Sector Productivo para el periodo 2020 – 2024. Departamento de Córdoba, con el fin de que sean protegidos sus derechos fundamentales “al debido proceso, de igualdad, a elegir y ser elegido, acceso a los cargos públicos, buena fe y confianza legítima”.

2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión del Acuerdo 108 de 17 de diciembre de 2020, proferido por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, mediante el cual se revocó el Acuerdo 095 de 2020, contentivo de la convocatoria para la escogencia del representante del Sector Productivo para el período 2020/12/17 – 2024/12/16.

3. Adicionalmente, adujo que el 29 de diciembre del mismo año, elevó una solicitud en ejercicio del derecho fundamental de petición, ante el Consejo Superior de la referida universidad, “con el fin de advertirles la violación a la normativa interna de la Universidad de Córdoba al expedir el Acuerdo 108 de 2020”; sin embargo, a la fecha no ha recibido respuesta alguna, “situación que desconoce los términos legales y constitucionales para dar respuesta a esta clase de peticiones.”

4. Con base en lo anterior, el accionante solicitó el amparo de los derechos invocados y, en consecuencia, pidió: “(…) Segundo. Se ordene al Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, dejar sin efecto el Acuerdo 108 del 17 de diciembre de 2020, por violar los

lineamientos legales contenidos en los artículos 93 y 97 de la Ley 1437 de 2011 y mis derechos adquiridos, a través de la convocatoria No. 095 de 2020.

Tercero: Se ordene al Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, tener como válido el proceso de designación del Representante del Sector Productivo para el periodo 2020 – 2024, convocado mediante Acuerdo No. 095 de 2020, y que fue revocado mediante acuerdo No. 108 de 2020, sin el lleno de los requisitos legales y vulnerando los derechos adquiridos de los candidatos y la buena fe de la que gozan los actos administrativos. En consecuencia, se continúe con el proceso de escogencia convocado a través del mencionado Acuerdo 095 del 6 de noviembre de 2020, dentro del cual Consejo Superior Universitario de Córdoba, estableció la convocatoria y el cronograma para elegir al Representante del Sector Productivo para el periodo 2020 – 2024.

Cuarto: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, dar cumplimiento a todos los requisitos requeridos por parte del Acuerdo No. 270 de 2017, por el cual se expidió el Estatuto General de la Universidad de Córdoba, y que están contenidas en el Acuerdo No. 095 de 2020 por el cual se convoca a la elección y se establece el cronograma para el proceso de escogencia del representante del sector productivo. E implícitamente se habilite únicamente los nombres de las personas que cumplan íntegramente con los requisitos establecidos dentro de los acuerdos mencionados, entre los que se encuentra mi nombre y el de mi

suplente (OSCAR HOYOS MARTÍNEZ), como únicos candidatos hábiles, para proceder a participar como miembros inscritos en la elección del representante del sector productivo ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Córdoba.” 1.2. Hechos probados y/o admitidos La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos, relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 6 de noviembre de 2020, el Consejo Superior Universitario, como máximo órgano de la Universidad de Córdoba, expidió el Acuerdo 095 de 2020, por el cual se convocó a la elección y se estableció el cronograma para el proceso de escogencia del Representante del Sector Productivo para el periodo 2020-2024.

6. En el acuerdo antedicho, se definió como fecha de inscripción, entre el 13 y el 20 de noviembre de 2020. Frente a lo cual, el accionante y su suplente señor Oscar Hoyos Martínez, enviaron el respectivo correo destinado para la inscripción al proceso de designación, la última fecha referida.

7. El 30 de noviembre de 2020, se publicó, en la página web de la Universidad de Córdoba, la lista de los candidatos hábiles en el proceso de escogencia del Representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior Universitario, de conformidad con el cronograma previsto en el Acuerdo de Convocatoria 095 de

2020, en los siguientes términos:

8. El 7 de diciembre de 2020, en ejercicio del derecho de petición, el accionante solicitó al Consejo Superior de la Universidad de Córdoba modificar la lista de

candidatos habilitados, en el entendido de que los señores Carlos Alberto Frasser Arrieta y Roberto Carlos Lora Méndez, no se presentaron con el suplente, cuyo requisito estaba previsto en la convocatoria para la postulación. Por dicha carencia, solicitó y dedujo que solo quedó habilitado su nombre y el de su suplente, por cumplir con los parámetros establecidos en el Acuerdo 095 de 2020.

9. En sesión de 17 de diciembre de 2020, se expidió el acta correspondiente a la reunión de Consejos y Comités Institucionales de la Universidad de Córdoba, en la cual consta que la delegada del Ministerio de Educación Nacional, dispuso que, para dar cumplimiento a las reglas establecidas en la jurisprudencia y apoyada en el concepto del asesor jurídico del mismo ente nacional, se procediera a la revocatoria del Acuerdo 095 de 2020, solicitada mediante informe presentado por la Secretaría del ente Universitario, por irregularidades en la formación del mismo, cuya decisión fue sometida a votación, siendo aprobado por unanimidad.

10. En cumplimiento de la decisión del máximo órgano, en la misma fecha, la Universidad de Córdoba expidió el Acuerdo 108 de 2020, por el que revocó el Acuerdo 095 de 2020 contentivo de la convocatoria para la escogencia del Representante del Sector Productivo para el periodo 2020 – 2024, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, numeral 1, que consagra la figura de la revocatoria directa, cuando sea manifiesta la oposición del acto

administrativo a la Constitución Política y a la Ley.

11. El ente Universitario sustentó la anterior decisión en que: “la convocatoria contenida en el acuerdo ejusdem no estableció la forma como debía realizarse la postulación de candidatos por parte de los gremios convocados”, lo cual llevó a una interpretación subjetiva por parte de los gremios que realizaron la postulación. En razón a ello, explicó que los principios constitucionales de igualdad y debido proceso se transgredieron, por no haberse establecido de manera clara la forma como debía efectuarse la postulación, por lo que la revocatoria se surtió con el objetivo de expedir una convocatoria, que establezca las reglas en términos claros y precisos a efectos de salvaguardar una participación equitativa de los interesados.

12. Sin embargo, al revisar la página web de la Universidad de Córdoba, no aparece que se haya continuado con el procedimiento de selección, en la medida en que no se ha dictado un acto administrativo posterior que contenga las reglas de la convocatoria y el cronograma correspondiente.2

13. El 21 de diciembre de 2020, la secretaría general de la Universidad de Córdoba, dio respuesta a la petición presentada por el señor Valentín Genes, en la que le explicó que, el máximo órgano había decidido, en sesión de 17 de diciembre 2020, revocar la convocatoria contenida en el Acuerdo 095 de 2020, en tal sentido no procedía la solicitud de excluir a dos candidatos de la lista de habilitados, como lo pretendía.

14. El 29 de diciembre de 2020, el señor Ariel Valentín Genes Martínez,

nuevamente presentó petición ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba “con el fin de advertirles la violación a la normativa interna de la Universidad […] al expedir el Acuerdo 108 de 2020, además de la vulneración a [sus] derechos fundamentales a elegir y ser elegido en calidad de candidato hábil dentro de la convocatoria mencionada, ya que [su] compañero de fórmula y [él] cumpli[eron] a cabalidad los requisitos establecidos en la convocatoria”. En síntesis, solicitó i) la revocatoria del Acuerdo 108 de 2020 y como consecuencia que ii) se continúe con la convocatoria como fue fijada, comoquiera que iii) cumplió con los requisitos previstos en la misma.

15. El 2 de octubre de 2020, la Universidad de Córdoba expidió certificación, en la que relacionó los miembros del Consejo Superior Universitario, a saber, entre otros, el señor Roberto Carlos Lora Méndez, quien funge como Representante del Sector Productivo, desde el 5 de septiembre de 2013, y actualmente está ejerciendo representación desde el 11 de octubre de 2016, por un periodo de cuatro (4) años.

16. Dentro de los documentos se encuentran los siguientes: Reglamento Interno del Consejo Superior (Acuerdo 103 de 22 de agosto de 2014) y Estatuto General de la Universidad de Córdoba (Acuerdo 270 de 12 de diciembre de 2017). 2 https://www.unicordoba.edu.co/index.php/convocatorias-principales/. Consulta realizada el 16 de marzo de 2021 a las 9.44 a.m

17. El 10 de febrero de 2021, el ente universitario, contestó la petición elevada por

el accionante, relativa a solicitar la “revocatoria de la revocatoria” del Acuerdo 108 de 2020. En la respuesta, le indicó que resultaba inviable efectuar un nuevo pronunciamiento por la administración, dada la revocatoria expedida. La respuesta fue enviada al correo electrónico genes6012@gmail.com . 1.3. Sustento de la acción constitucional Fundamentó las anteriores solicitudes en las siguientes razones:

18. La parte actora precisó que, el acto administrativo 108 de 2020 que revocó la convocatoria 095 de 2020, vulneró sus derechos fundamentales, toda vez que -a su parecerse había creado una situación jurídica de carácter particular y concreta, en la medida en que ocupaba el primer lugar en la lista de habilitados, la cual, considera que se asemeja a la “lista de elegibles” de un concurso de méritos.

19. Adicionalmente, argumentó que la revocatoria directa se expidió sin el lleno de requisitos, carente de motivación e ilegal, puesto que no es suficiente revocar un acto administrativo, al considerar que da lugar a una interpretación subjetiva, conculcando de esta manera derechos adquiridos y, en particular, el derecho a elegir y ser elegido, como candidato, quien “logró interpretar correctamente los lineamientos y requisitos de la convocatoria”, cuyo cumplimiento estaba supeditado a participar como principal e incluir el respectivo suplente, como en efecto lo hizo.

20. Aunado a lo anterior, adujo que la convocatoria se debe mirar en armonía con los artículos 8 y 9 del Estatuto General de la Universidad de Córdoba (Acuerdo 270 de 2017), que consagran los requisitos indispensables para la postulación del

cargo al que aspira, en los que se establece de manera expresa la frase: “(principal y suplente)”.

21. En este sentido, afirmó que el ente universitario hizo una interpretación errada del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 y desconoció el 97 ibídem, toda vez que en ningún momento fue informado, ni ha “otorgado consentimiento expreso [ni] escrito”, ante dicha decisión”.

22. Por otro lado, precisó que le corresponde decidir sobre el asunto, al juez constitucional, toda vez que, un proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, podría durar muchos años para definir el derecho y, por dicha tardanza, cuando se produzca la decisión, ya no habría escogencia del representante productivo para el periodo 2020 - 2024, pues los términos se encontrarán expirados, lo que deviene en un perjuicio irremediable y vulneración del derecho a elegir y ser elegido, toda vez que, estos quedarían en un limbo jurídico, y el “perjuicio a mis derechos ya vencidos pasarían a configurarse como irremediable (sic)”.

23. Finalmente, dio a conocer que el actual miembro del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba y candidato, para continuar representando el sector Productivo, es el señor Roberto Carlos Lora Méndez, quien fungió por el periodo 2016 y continúa como miembro y representante del Sector Productivo, como se acredita en la certificación expedida por la secretaría general de la Universidad de Córdoba, en la que consta que lleva desempeñando el cargo por más de 2 periodos consecutivos, y de llegar a ser elegido, sería su tercer periodo, situación

que quebranta el contenido del artículo 33 del Estatuto General de la Universidad de Córdoba (Acuerdo 270 de 2017).

24. Adicionalmente, se refirió a la omisión del ente universitario en dar respuesta a su solicitud presentada el 29 de diciembre de 2020, vulnerando su derecho constitucional de petición. 1.4. Actuaciones procesales relevantes 1.4.1. Admisión de la demanda

25. La Magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 15 de febrero de 2021, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a la Nación – Presidencia de la República, Universidad de Córdoba - Miembros del Consejo Superior, el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Departamento de Córdoba.

26. Así mismo, vinculó en calidad de terceros con interés a Carlos Alberto Frasser Arrieta, Roberto Carlos Lora Méndez, Oscar Antonio Hoyos Martínez y María del Pilar Rodríguez Sánchez y negó una prueba solicitada por el accionante, relativa a incorporar al expediente los actos administrativos expedidos por el ente universitario, los cuales se pueden consultar en la página web de la universidad. 1.5. Intervenciones: 1.5.1. Universidad de Córdoba

27. Con escrito enviado por correo electrónico el 24 de febrero de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la Universidad accionada, después de hacer un relato de los hechos y contestar cada uno de ellos, afirmó que actualmente el señor Roberto Carlos Lora Méndez ejerce la representación

del sector productivo ante el Consejo Superior Universitario, a quien se le venció el periodo el 10 de octubre de 2020, por lo que el Consejo procedió, en ejercicio de la potestad contemplada en el literal d, del artículo 6 del Acuerdo 103 de 2014 (Reglamento del Consejo Superior Universitario), a prorrogarle el periodo hasta por el término de 6 meses, los cuales se vencen el 9 de abril de 2021.

28. Relató que, dentro del período de la prórroga, el Consejo Superior Universitario expidió la convocatoria para seleccionar al representante, mediante Acuerdo 073 de 2020, la cual se dio por terminada a través de Acuerdo 094 de 2020, en razón a que ninguno de los aspirantes cumplió con los requisitos de inscripción. Ante lo cual, el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 095 de 2020, a través del que se convocó a la elección y se estableció el cronograma para el proceso de escogencia del Representante del Sector Productivo para el período 2020-2024.

29. Dentro del término previsto en dicho cronograma, para las inscripciones se recibieron por correo electrónico tres (3) postulaciones de manera independiente, y una (1) postulación con principal y suplente, la cual corresponde al accionante, quien figura como principal, y el señor Oscar Hoyos Martínez, como su suplente.

30. Señaló que, conforme al Acta 032 de 17 de diciembre de 2020 del Consejo Superior de la Universidad, en cuya sesión se estudió la necesidad de revocar el Acuerdo 095 de 2020, con el argumento de que en el mismo, no se indicaba de

manera expresa y con claridad, como debía realizarse la postulación a la convocatoria para designar al Representante del Sector Productivo para el periodo 2020-2024, esto es: i) si bajo la figura de principal y suplente, o, ii) de forma individual. Provocando que las dos interpretaciones fueran posibles, lo cual era constitu