CE-11001-03-15-000-2021-00379-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN – No se configura / VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN – No se configura / CONDUCTA CONSTITUTIVA DE LA FALTA DISCIPLINARIA - De ejecución sucesiva o continuada / CONDUCTA DISCIPLINARIARelacionada con las funciones propias del cargo / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA – A partir de la fecha de desvinculación del disciplinado teniendo en cuenta que la falta estaba relacionada con las funciones propias del cargo / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA – No se configura en tanto no transcurrieron más de 5 años desde la separación del cargo hasta la notificación del fallo disciplinario de primera instancia / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Con el fin abordar el estudio del asunto bajo examen, la Sala acudirá a la metodología de análisis conjunto de los defectos alegados (…) A juicio de la Sala, la decisión de la autoridad judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, como lo sostiene en el escrito de tutela, en tanto fue emitida de conformidad con las pruebas allegadas al expediente, relacionadas en especial con la comisión de la falta y con las actuaciones surtidas por la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría de Educación de Bogotá en el marco de la acción disciplinaria desde el auto de apertura de indagación preliminar hasta la

emisión del fallo sancionatorio en primera y segunda instancia. Además, el estudio de legalidad del acto administrativo demandado se realizó a la luz del procedimiento establecido en el Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002 y de los estándares que hacen parte de la garantía del derecho fundamental al debido proceso. En efecto, contrario a lo afirmado por el accionante, la autoridad judicial demandada al momento de determinar que la falta disciplinaria era de ejecución continuada, tuvo en cuenta (i) que el acto administrativo de traslado surtió efectos hasta su revocatoria (26 de octubre de 2010), por lo que el funcionario trasladado laboró en la jornada laboral de sábados y domingos hasta dicha fecha, a partir de lo cual se demostró que los efectos de la conducta irradiaron con posterioridad a su emisión y (ii) que el disciplinado estuvo en el cargo de rector hasta el 12 de julio de 2010, por lo que con apoyo en jurisprudencia de la misma corporación, como órgano de cierre, contó el término de prescripción de la acción disciplinaria desde esa fecha, teniendo en cuenta que la falta estaba relacionada con las funciones propias de dicho cargo. Fue así como concluyó que no se había configurado la prescripción de la acción disciplinaria, en tanto no transcurrieron más de 5 años desde la separación del cargo hasta la notificación del fallo de primera instancia, lo cual se encuentra en consonancia con lo establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado en providencia de 29 septiembre de 2009, en la que se precisó que tratándose de conductas de ejecución continuada el término de prescripción

para la imposición de la sanción empieza a correr a partir del momento en que cesen sus efectos. MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA - Sustentada no solo en sentencia de unificación Consejo de Estado sino también en sentencia de la Corte constitucional y concepto de la Procuraduría General de la Nación no vulnera derechos fundamentales / SIMILITUD ENTRE PROCESO DISCIPLINARIO Y PROCESO PENALExpresión del ejercicio del ius puniendi del Estado / SENTENCIA DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO – No es aplicable al caso por diferencias fácticas y jurídicas en la que la conducta disciplinaria fue de ejecución instantánea / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO /

AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA / ADECUADA

NOTIFICACIÓN DE ACTUACIONES DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN

DISCIPLINARIA

[L]a decisión de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado para sustentar su tesis de la prescripción de la acción disciplinaria, se apoyó no sólo en la sentencia de unificación de 29 septiembre de 2009, de la Sala Plena del Consejo de Estado, sino en la sentencia T-282A de 2012 de la Corte Constitucional, en la que se abordó el asunto relacionado con la clasificación de las faltas disciplinarias. Allí, se hizo referencia dentro de las consideraciones, a la postura de la Procuraduría General de la Nación que define las conductas permanentes o continuadas, como aquellas en las que “el comportamiento se

prolonga en el tiempo, de manera que la consumación de la falta se prolonga o perdura entre tanto dure la conducta”. La mención a dicha sentencia y al concepto de la Procuraduría General de la Nación, contrario a lo afirmado por el actor, no constituye defecto alguno, pues hace parte de la motivación del fallo que permite legitimarlo, argumentos que no contrarían la postura jurisprudencial del Consejo de Estado ni de la Corte Constitucional, sino que la acompañan. En efecto, aun cuando en la sentencia de la Corte Constitucional hace referencia a varias nociones de derecho penal, lo cual fue reprochado por el actor, ello no resulta contradictorio ni irregular. Por el contrario, se debe a la similitud que existe entre el derecho disciplinario y el derecho penal, por ser ambos expresión del ejercicio del ius puniendi del Estado. Tampoco se observa que los argumentos expuestos en la decisión demandada resulten discordantes con la postura de la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación, expuesta en la sentencia de 30 de junio de 2016, dado que en esa ocasión, a diferencia del asunto bajo examen, se comprobó la configuración de la prescripción de la acción disciplinaria porque habían transcurrido más de 5 años desde la ejecución de la conducta hasta la notificación del fallo disciplinario, dado que se trató de una conducta de ejecución instantánea, es decir, que se agotaba en el momento mismo de su comisión (con la acción de ofrecer), por lo que no eran relevantes los efectos que dicha conducta hubiese podido tener en el tiempo. (…) Así mismo, es claro para la Sala que la

autoridad judicial demandada no confundió los conceptos de caducidad y de prescripción, todo lo contrario, destacó los contornos del segundo de manera adecuada, pues el Código Único Disciplinario lo entiende como el agotamiento del derecho del disciplinante a llevar a cabo la acción disciplinaria. La Sala también evidencia que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, efectuó el estudio frente a los cargos por violación de las garantías al debido proceso y a la defensa, encontrando que si el actor no presentó descargos y nombró apoderado luego de transcurrido el término para ejercer su defensa, ello fue una circunstancia atribuible a éste y no a la entidad disciplinante que en modo alguno puede comprometer la efectividad iusfundamental alegada. Por esta razón, no es de recibo que ahora el actor, en este escenario constitucional invoque la condición de sujeto de especial protección constitucional por las supuestas dificultades visuales, pues ello sería alegar su culpa en beneficio propio. (…) se advierte que la autoridad judicial demandada fue acertada al considerar que de acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, que la notificación de las decisiones disciplinarias se efectuó de manera correcta, pues conforme a lo establecido en el artículo 100 y siguientes del Código Único Disciplinario, según el cual los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo se notificaron de forma personal, de modo que encontró que no se desconoció el derecho fundamental al debido proceso del actor. CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo valorativo / CONDENA EN

COSTAS – A la parte vencida del proceso / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL Por último, respecto a la condena en costas la Sala advierte que la autoridad judicial accionada resolvió condenar al actor en costas de segunda instancia, teniendo en cuenta que el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada prosperó. (…) En este orden de ideas, indicó que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso debía condenarse en costas a la parte demandante. Al respecto, la Sala observa que la decisión fue debidamente motivada y se profirió de conformidad con la norma procesal aplicable al asunto, siendo esta interpretada bajo el principio de autonomía e independencia judicial del que gozan las autoridades judiciales.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 34 - NUMERAL 1 / LEY 734

DE 2002 - ARTÍCULO 92 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 166 / CÓDIGO

GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00379-00(AC)

Actor: ROBERTO MATIAS PEREA MOSQUERA Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción disciplinaria. Ley 734

de 2002. Defecto fáctico, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución. Niega las pretensiones SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida por el señor Roberto Matías Perea Mosquera, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, que considera vulnerados con la sentencia de 9 de julio de 2020, en la que se revocó la decisión de 23 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por el actor con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos proferidos por la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá mediante los cuales fue sancionado disciplinariamente (exp. Nº 25000234200020160025501).

I. ANTECEDENTES

1. Hechos El señor Roberto Matías Perea Mosquera, mientras ejercía como rector de la Institución de Educación Distrital (IED) Colombia Viva en la ciudad de Bogotá, expidió la Resolución Nº 24070070 de 24 de julio de 2007, mediante la cual dispuso trasladar al señor Omar Arnulfo Carrión Acosta para que ejerciera su jornada administrativa únicamente los fines de semana en el programa de educación para adultos, teniendo en cuenta que por sus actividades sindicales debía ausentarse de sus labores y, por tanto, debía reorganizarse su horario de

trabajo. Dicho acto administrativo estuvo vigente hasta el 26 de octubre de 2010, cuando la nueva rectora de la Institución lo revocó en su integridad, al considerar que para el desarrollo de los programas de alfabetización no era necesario contar con el apoyo del personal administrativo y que la jornada laboral de éstos estaba estatuida legalmente de lunes a viernes, por lo que no se justificaba que laborara únicamente los fines de semana. Por auto de 24 de octubre de 2011, la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría de Educación de Bogotá dio apertura a la indagación preliminar en contra del señor Roberto Matías Perea Mosquera, en su condición de rector de la IED Colombia Viva y decretó la práctica de pruebas. El 27 de abril de 2012, se profirió auto de apertura de investigación disciplinaria en su contra. El 22 de agosto de 2013, mediante auto Nº 101 se formuló pliego de cargos endilgándole la comisión de la falta grave dispuesta en el artículo 34 numeral 1º de la Ley 734 de 2002, a título de dolo, al considerar que con la expedición del acto 1 administrativo de traslado se permitió al señor Omar Arnulfo Carrión Acosta que laborara únicamente 16 horas y 30 minutos a la semana, a pesar de que la jornada mínima establecida por la Resolución Nº 1376 de 12 de mayo de 2003, “Por la cual se establecen los parámetros para el manejo de los horarios de los funcionarios administrativos, que laboran en los establecimientos educativos distritales de la Secretaría de Educación”, corresponde a más de 41 horas.

Mediante fallo Nº 0535 de 12 de noviembre de 2014, la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. declaró responsable disciplinariamente al señor Roberto Matías Perea Mosquera, y lo sancionó con la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, por el término de 60 días. El disciplinado interpuso recurso de apelación en contra de dicha decisión, que fue resuelto a través de la Resolución Nº 389 de 5 de marzo de 2015, por el Secretario de Educación de Bogotá D.C, en el sentido de confirmar la decisión inicial. 1 ARTÍCULO 34. Deberes. “Son deberes de todo servidor público: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”. Por Resolución Nº 950 de 4 de junio de 2015, se ejecutó la sanción disciplinaria impuesta, transformándola en dinero, pues ya no ostentaba el cargo de rector y se encontraba retirado del servicio docente. Por lo anterior, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos, el actor acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho que correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, que mediante sentencia de 23 de marzo de 2017, accedió a las pretensiones del demandante y ordenó, a título de restablecimiento del derecho que le fuera reintegrada la suma de dinero que le fue descontada por concepto de la sanción disciplinaria de acreditarse que efectivamente este realizó el pago o, de lo contrario, abstenerse de efectuar cobro alguno. La decisión se sustentó en que la falta disciplinaria que le fue atribuida al señor Roberto Matías Perea Mosquera, por haber expedido la Resolución Nº 24070070 de 24 de julio de 2007, es de ejecución instantánea, por lo que el término con que contaba la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. para investigar y notificar el fallo de primera instancia al disciplinado, vencía el 24 de julio de 2012; no obstante, dicha notificación fue realizada hasta el 5 de diciembre de 2014, incurriendo en la prescripción de la acción disciplinaria. La Secretaría de Educación de Bogotá interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante providencia de 9 de julio de 2020, en el sentido de revocar la decisión del a quo. Lo anterior, en consideración a que la conducta reprochada al actor no es instantánea sino continuada, pues no se agotó con la emisión de la Resolución Nº 24070070 de 24 de julio de 2007, sino que tuvo efectos hasta el momento en que

fue revocada, el 26 de octubre de 2010. Precisó que como la falta estaba relacionada con el desempeño de su cargo de rector en la IED Colombia Viva, el cual desempeñó hasta el 12 de julio de 2010, el término de prescripción debía calcularse desde dicha fecha, por lo que concluyó que no se configuró dicho fenómeno dado que no transcurrieron más de cinco (5) años desde el retiro (12 de julio de 2010) hasta la notificación del fallo de primera instancia (el 5 de diciembre de 2014). Por último, indicó que la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. no incurrió en transgresión alguna del derecho fundamental al debido proceso, en tanto le informó al actor, en reiteradas oportunidades, los derechos con los que contaba, entre ellos, el de designar un defensor de confianza y, aun así, decidió actuar por sí mismo. Por último, encontró que se le dio la oportunidad de presentar sus descargos dentro del término legalmente establecido en el artículo 166 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), pero no lo hizo.

2. Fundamentos de la acción El accionante sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al proferir la sentencia de 9 de julio de 2020, en la que resolvió revocar la providencia de primera instancia de 23 de marzo de 2017, que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra el Distrito Capital de

Bogotá, Secretaría de Educación.

Lo anterior, en tanto, a juicio del actor, incurrió en los siguientes defectos: Defecto fáctico, al ignorar y tergiversar lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, había encontrado probado en el fallo disciplinario, teniendo en cuenta que la falta atribuida al disciplinado era de ejecución instantánea, porque su realización se surte en un mismo instante sin importar que sus efectos perduren o no en el tiempo, por lo que concluyó que se configuró el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria. Manifestó que dicha tesis tuvo como respaldo la postura expuesta en sentencia de la Sección Segunda Subsección “A” del Consejo de Estado de 30 de junio de 2016, por lo que considera que el estudio efectuado en primera instancia fue juicioso y acertado, pues dicha providencia se refiere explícitamente a la prescripción de la acción disciplinaria. Señaló que, por el contrario, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, erró al apoyarse en la sentencia T-282A de 2012 de la Corte Constitucional, asimilando por analogía el tema de la prescripción en derecho penal con la prescripción en el derecho disciplinario. En este orden de ideas, aseguró que la autoridad judicial demandada no sólo ignoró su propia decisión (sentencia de 30 de junio de 2016 de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado) sino que, además, optó por aplicar un precedente que no resulta vinculante, como es el contenido en la sentencia T-282A de 2012.

Decisión judicial sin motivación, ya que tuvo serias deficiencias argumentativas y proposicionales, en tanto (i) desconoció “su propio precedente, materializado en la sentencia proferida por la Sección Segunda Subsección A del 30 de junio de 2016, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero RAD 11001-03-25-0002011-0017000(0583-11)” y, en su lugar, aplicó el precedente de la Corte Constitucional; (ii) tergiversó los conceptos de conducta y los efectos de la misma, en tanto asimiló una conducta de tipo disciplinaria a una conducta de tipo penal como la del secuestro y (ii) porque sostuvo que la conducta cesó cuando dejó de ser rector de la IED Colombia Viva, el 12 de julio de 2010, a pesar de que dicha afirmación, en su sentir, “se cae por su propio peso al utilizar la teoría de la supresión que se usa en derecho penal para determinar la causalidad de una conducta, es decir yo me retiré de la institución y el educador continuó laborando un tiempo más (4 meses aproximadamente) hasta que otro funcionario revocó la resolución de nombramiento, si mi retiro de la institución hiciese parte de la conducta por la cual fui sancionado, simplemente con mi retiro hubiera debido cesar en sus labores igualmente el educador que yo nombré, lo cual no fue así (…)”. Por lo anterior, indicó que en su caso la conducta se consumó el 24 de julio de 2007, fecha en la que emitió la Resolución Nº 24070070, pues la naturaleza misma de los actos administrativos es generar efectos a partir de su publicación.

Además, aseveró que lo evidente fue la falta de diligencia y gestión de la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., al no objetar ni iniciar ninguna investigación respecto de los hechos por los cuales me sancionó sino hasta después de 3 años de emitido el acto administrativo. Agregó que la autoridad judicial demandada (iii) confundió los conceptos de caducidad y de prescripción, ya que previo a efectuar el estudio del caso expuso algunas consideraciones en torno a la caducidad de la facultad sancionatoria, tema muy diferente a la prescripción, como el mismo Consejo de Estado lo advirtió en Auto Nº 24371 de 27 de mayo de 2004, emanado de la Sección Tercera. Violación directa de la Constitución, al desconocer sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y conexos, pues se le notificó de manera escrita el pliego de cargos y el traslado para presentar descargos, a pesar de que perdió su visión por padecer de glaucoma, de modo que no se cumplió la finalidad de la notificación, pues en su caso era necesario contar con un defensor que le diera una lectura adecuada de los memoriales que le fueron remitidos. Señaló que dicha situación fue conocida por la Secretaría de Educación de Bogotá, pero pese a ello resolvió negarle la prórroga que solicitó para rendir descargos y no desplegó ninguna acción en consideración a su condición de sujeto de especial protección constitucional, actitud que no fue le reprochada en el fallo en cuestión. Refirió que la decisión demandada, en lugar de sancionar el hecho de que la

Secretaría de Educación de Bogotá hubiese tardado siete (7) años en investigar y sancionar una presunta falta disciplinaria, validó la actuación administrativa sin tener en cuenta que su potestad sancionatoria se encontraba prescrita, pues para ese entonces estaba vigente el precedente contenido en la sentencia de 29 de septiembre de 2009 del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo (exp. Nº 11001031500020030044201). Por último, manifestó que “la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por mí a través de apoderado no fue temeraria y se presentó de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales previamente citados, al punto que como mencioné, en primera instancia se me concedieron la totalidad de las pretensiones, razón por la cual debo ser al menos eximido del pago de costas”.

3. Pretensiones El actor formuló las siguientes: “Solicito muy respetuosamente, se ordene la protección de mis derechos fundamentales invocados en la presente acción y como consecuencia de ello se revoque el fallo de segunda instancia proferido por el Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS (o quien haga sus veces), por la configuración de defectos fácticos y violación directa de la constitución al proferir la sentencia de segunda instancia del 9 de julio de 2020 dentro del radicado 25000-23-42-2016-00255-01 (2482-2018) y como consecuencia de ello se mantenga incólume el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Contencioso de

Cundinamarca el 23 de marzo de 2017. Solicito de manera subsidiaria que en caso de no ser fallada favorablemente la presente acción, se me exima al menos del pago de costas, ordenando a la Secretaría de Educación Distrital su respectiva devolución ya que a la fecha y aún sin ser proferido el fallo de segunda instancia me habían realizado una deducción de $13.000.000 (trece millones de pesos aproximadamente), lo anterior lo sustento en que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por mi apoderado, se presentó de buena fe y de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales vigentes para la época, como se mencionó previamente en el presente escrito”.

4. Pruebas relevantes Mediante correo electrónico de 9 de febrero de 2021, la Secretaría de la Sección Segunda, Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegó copia digital del expediente que contiene el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el Nº 25000234200020160025501.

5. Trámite procesal Por auto de 3 de febrero de 2021, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y al Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Educación, como terceros interesados en el resultado del proceso.

En la misma decisión se ofició al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, en el evento de que el expediente hubiese sido devuelto, para

que allegara copia digitalizada del proceso Nº 25000-23-42-2016-00255-01, demandante: Roberto Matías Perea Mosquera. La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 8760 a 8765 de 5 de febrero de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión . 2

6. Oposición 6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” Por escrito de 8 de febrero de 2021, el magistrado ponente pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que fue elevada como una instancia adicional ya que expuso inconformidades frente a los fallos que en su momento emitió el operador disciplinario, esto es, el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Educación, y que en sede judicial fueron resueltas de acuerdo con los cargos planteados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

La autoridad judicial demandada efectuó un recuento de los hechos del caso e identificó las razones que sustentaron la decisión de revocar la providencia objeto de apelación. Sostuvo que, contrario a lo indicado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de primera instancia, la conducta disciplinaria reprochada al actor no se agotó con la emisión de la Resolución Nº 24070070 de 24 de julio de 2007, pues si bien esta fue dictada contrariando el ordenamiento jurídico, estuvo vigente y causó efectos hasta el momento en que fue revocada, es decir, hasta el 26 de octubre de 2010 y, por tanto, no puede afirmarse que la falta

investigada y por la cual fue sancionado el señor Perea Mosquera haya sido de ejecución instantánea, en tanto la irregularidad se mantuvo en el tiempo hasta que el acto administrativo fue revocado, lo que la convierte en una conducta de carácter permanente o continuo. Señaló que como el incumplimiento del deber por el cual fue sancionado se le endilgó en su condición de rector de la institución educativa en la que estuvo vinculado hasta el 12 de julio de 2010, es desde dicha fecha que debe contarse el término de prescripción de la acción disciplinaria. De este modo, como el fallo de primera instancia se notificó el 5 de diciembre de 2014, es claro que no 2 El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: robertomatias.perea@gmail.com; notifwhernandez@consejodeestado.gov.co; mcastillol@consejodeestado.gov.co; notifrsuarez@consejodeestado.gov.co; angy.pe@hotmail.com; apenac@consejodeestado.gov.co; notifgvalbuena@consejodeestado.gov.co; mromeroa@consejodeestado.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; procesosnacionales@defensajuridica.gov.co; contactenos@educacionbogota.edu.co; notificajuridicased@educacionbogota.edu.co; buzonentidades@educacionbogota.gov.co; pmoncadas@consejoestado.ramajudicial.gov.co; soportepaginaweb@cendoj.ramajudicial.gov.co; soportecorreo@cendoj.ramajudicial.gov.co;

scs02sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; sgtadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadmincdm@notificacionesrj.gov.co; rmemorialessec02tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co. transcurrieron más de 5 años para considerar la ocurrencia del fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria. Por último, manifestó que la decisión se sustentó en la tesis jurisprudencial respecto de la prescripción de la acción disciplinaria, contenida en la sentencia del 29 de septiembre de 2009 de la Sala Plena del Consejo de Estado, según la cual, tratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad se expide y se notifica el acto administrativo principal que resuelve de fondo el proceso sancionatorio, en este caso, la decisión disciplinaria de primera instancia. 6.2. Respuesta de la Secretaría de Educación de Bogotá Por memorial de 10 de febrero de 2021, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad manifestó que se opone a la prosperidad de todas las pretensiones formuladas en la acción de tutela, por lo que pidió denegar el amparo solicitado. Señaló que contrario a lo afirmado por el accionante, al interior del proceso disciplinario que se adelantó en su contra se respetó su derecho de defensa, pues aun cuando se trate de un sujeto de especial protección, él o su apoderado debieron presentar los alegatos de conclusión. Indicó que si no lo hicieron fue por razones atribuibles a ellos y no a un impedimento u obstáculo impuesto por parte

de la Secretaría de Educación. Aseguró que la acción de tutela resulta improcedente dado que el accionante no indicó las razones por las que la solicitud cumple con los requisitos de procedencia. En particular, hizo referencia a que no se demostró que el asunto goce de relevancia constitucional, por el contrario, aseguró que el debate planteado por el demandante es puramente legal, circunstancia que no puede ser ventilada en sede de tutela. En este sentido, afirmó que el actor se dedicó a exponer su inconformidad con el análisis que hizo el Consejo de Estado, pero no señaló la forma como la sentencia cuestionada desconoció sus derechos fundamentales. Agregó que tampoco se acreditó el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ni la existencia de una irregularidad procesal con la entidad suficiente como para tener incidencia directa en la decisión de fondo. Manifestó que aun cuando el demandante invocó la configuración del defecto fáctico, en realidad no presentó argumentos al respecto,