CE-11001-03-15-000-2021-00432-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE

OTRO MECANISMO DE DEFENSA / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL – En trámite / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL – El decreto de la medida cautelar no conlleva necesariamente a que se acceda a las pretensiones de la demanda ni constituye prejuzgamiento / FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE TUTELA – El juez constitucional no puede invadir la órbita de la autoridad judicial que tiene a cargo el conocimiento del asunto y dictar una determinación al respecto / AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO

IRREMEDIABLE

[S]e advierte que el proceso de nulidad electoral se encuentra en trámite, por lo que mal podría el juez constitucional invadir la órbita de la autoridad judicial que tiene a cargo el conocimiento del asunto y dictar una determinación al respecto, máxime cuando la decisión adoptada frente a la revocatoria de la suspensión provisional del acto de designación de la accionante como directora de Corporinoquia no constituye la postura definitiva frente al asunto, pues esta únicamente podrá adoptarse en la sentencia que ponga fin al medio de control y a la controversia frente a la elección de la [actora]. Sobre el particular, resulta pertinente precisar que el decreto de una medida cautelar no conlleva necesaria e indefectiblemente a que ulteriormente se acceda a las pretensiones de la

demanda, como lo pretende hacer ver la accionante, ni mucho menos constituye un prejuzgamiento, sino que, por el contrario, como su propio nombre lo indica y diáfanamente lo dispone el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, se trata de una protección y garantía del objeto del proceso y de la efectividad de la sentencia, lo cual, valga afirmar, fue analizado extensamente por la Sección Quinta. Siendo de esta forma, se itera, que será sólo con la sentencia que se resolverá el litigio de nulidad electoral y, por tanto, el juez constitucional no tiene potestad para actuar simultáneamente a dicha autoridad. En este contexto, emitir un pronunciamiento de fondo en esta instancia conllevaría a desconocer las competencias que le son propias al juez natural y desnaturalizaría el carácter subsidiario de la acción de tutela. Sobre la materia, conviene destacar que la solicitud de amparo no es un mecanismo alterno o complementario a los procesos judiciales. Por consiguiente, no es factible que, ante la inconformidad con una decisión adoptada dentro de aquellos, se acuda paralelamente a este medio subsidiario de protección de derechos fundamentales, para que sea en esta sede donde se resuelvan las discusiones que deben efectuarse al interior del proceso, como si de un control concomitante de las actuaciones y decisiones adoptadas en este se tratara. Bajo las anteriores consideraciones, se colige que la acción de la referencia se torna improcedente, ante el incumplimiento del requisito formal de subsidiariedad, por lo cual no hay lugar a estudiar los argumentos de inconformidad planteados por la

accionante. (…) Debe aclararse que aun cuando no procede ningún recurso en contra del auto que resolvió la solicitud de revocatoria de la suspensión provisional, se insiste, que el proceso de nulidad electoral se encuentra en la etapa de alegatos de conclusión, como se evidenció en el acápite previo, y, por tanto, se encuentra pendiente la expedición de la sentencia que decidirá sobre la legalidad del acto administrativo controvertido, en el medio de control de nulidad electoral, la cual resulta idónea y eficaz para resolver lo pretendido. Aunado a ello, es imperioso denotar que la accionante insiste en la configuración del perjuicio irremediable bajo el entendido que la decisión adoptada en el auto del 26 de noviembre de 2020 no atiende a los parámetros fijados convencionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no es de recibo, por un lado, dado que la Sección Quinta de esta corporación, en virtud de su autonomía e Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 independencia judicial, ya efectuó un detallado análisis sobre el estándar allí reiterado, el cual concluyó no es aplicable al caso bajo estudio, y, por el otro, ese hecho por sí sólo no permite evidenciar que se esté ante una afectación de esa índole. En esa medida, fuerza colegir que el perjuicio alegado no cumple con los requisitos de gravedad e inminencia que este exige, en la medida en que el

primero requiere la demostración de un daño cierto y no una mera posibilidad, como ocurre en este asunto, en el que aún no se ha emitido un pronunciamiento de fondo, y el segundo por cuanto no se evidencia la necesidad de una atención inmediata y excepcional por parte del juez constitucional, dado que actualmente está en curso el medio de control en el que se definirá la situación que la accionante estima vulneradora de sus derechos fundamentales.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 229

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto de los consejeros Gabriel Valbuena Hernández y Rafael Francisco Suárez Vargas, sin medio magnético a la fecha 10/03/2021.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00432-00(AC)

Actor: DORIS BERNAL CÁRDENAS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad electoral, en la que se negó la solicitud de revocatoria de la medida cautelar impuesta. Improcedencia por encontrarse el proceso en trámite.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA ASUNTO La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de

tutela, decide la acción de la referencia. HECHOS RELEVANTES a) Medio de control de nulidad electoral Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Los señores Andrés Ricardo Sánchez Quiroga y Gonzalo Ramos Rojas instauraron demandas de nulidad electoral en contra del Acuerdo 200-3-2-19-005 del 30 de octubre de 2019 proferido por el Consejo Directivo de Corporinoquia, mediante el cual se llevó a cabo la designación de la señora Doris Bernal Cárdenas como directora de esa entidad, para el período 2020-2023. El primero de los mencionados solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, por no cumplirse, antes de culminar el proceso de elección, con el trámite fijado en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a las recusaciones presentadas contra once de los dieciséis miembros del Consejo Directivo, a pesar de que afectaban el quórum estatutario para reunirse, deliberar y adoptar decisiones válidamente. El 12 de diciembre de 2019 la Sección Quinta del Consejo de Estado accedió a la medida cautelar, por lo cual el 21 de enero de 2020 la demandada interpuso recurso de reposición en contra del anterior proveído. El 6 de febrero de la misma anualidad la autoridad judicial decidió no reponer la decisión. Por consiguiente, el 16 de septiembre de 2020, en el desarrollo de la audiencia inicial, la señora Doris

Bernal Cárdenas elevó solicitud de revocatoria de la medida precitada, por hechos nuevos o sobrevinientes, para lo cual alegó que solamente era viable restringir sus derechos políticos a través de sentencia, conforme a la decisión del caso Petro Urrego vs Colombia y al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El 26 de noviembre de 2020 la Sección Quinta del Consejo de Estado denegó la anterior petición, en síntesis, porque consideró que no satisfacía los requisitos fijados en el artículo 235 de la Ley 1437 de 2011, concretamente en atención a que la situación alegada como nueva o sobreviniente no tenía esa connotación y, en todo caso, no se advirtió una incompatibilidad entre el mecanismo precautelativo y los estándares de la Convención Americana y su órgano jurisdiccional. b) Inconformidad La accionante, Doris Bernal Cárdenas, afirmó que la Sección Quinta de esta corporación vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad, a la honra, a la igualdad, a la no discriminación contra la mujer, a la defensa, al debido proceso y al acceso a cargos públicos y a la administración de justicia, los cuales se encuentran convencional y constitucionalmente protegidos, y conculcó el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Para el efecto, afirmó que la negativa de revocar la medida cautelar desconoció la línea sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 8 de julio de 2020, caso Petro Urrego vs. Colombia, según la cual el ejercicio de los derechos políticos, consagrado en el artículo 23 de la Convención

Americana de Derechos Humanos, no puede ser suspendido por ninguna autoridad administrativa o judicial, sino hasta que se adopte una decisión definitiva y de fondo en el proceso, lo cual no ha ocurrido en su caso. Además, mencionó que la petición de revocatoria no se fundamentó en hechos nuevos, como lo coligió la Sala accionada, sino en una situación sobreviniente, como lo es la sentencia referida. En ese sentido, aseveró que se configuró un defecto orgánico, debido a que la autoridad judicial accionada no tenía competencia para aplicar la suspensión provisional del acto administrativo controvertido, dado que el legislador no ha Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 adecuado el trámite procesal a la postura jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o, en todo caso, aquella debía revocar la medida, en aplicación de la excepción de inconvencionalidad, como fue solicitado, la cual aclaró, contrario a lo expuesto en el auto, no constituye un símil de la excepción de inconstitucionalidad. Añadió que también aquella incurrió en un defecto sustantivo al emplear los artículos 229, 231, 232 y 235 de la Ley 1437 de 2011, sin integrarlos a dicho estándar jurisprudencial, para lo cual era necesario un ajuste convencional objetivo y subjetivo, como se señaló en la decisión del caso Almonacid Arellano vs. Chile, que no se practicó en el sub lite. Igualmente, aseguró que el auto no

está debidamente motivado, pues no se tuvo en cuenta la integridad de los argumentos expuestos en la petición de revocatoria, y no cuenta con sustento probatorio ni jurídico, ya que no se acreditó la contradicción con normas superiores. Aunado a ello, estimó que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en defecto procedimental, dado que, al resolver la petición de revocatoria, abordó el estudio de fondo de la naturaleza y el alcance de las decisiones del proceso electoral de nulidad, a pesar de que no fue objeto de la solicitud formulada ni podía ser examinado en esa etapa procesal, lo que constituye un prejuzgamiento. Adicionalmente, expuso que se presentaron una serie de irregularidades que conllevan a la transgresión de su derecho al debido proceso, como son los siguientes hechos: 1. La magistrada que tiene a su cargo el conocimiento de los expedientes acumulados actuó como ponente del auto que se controvierte en esta sede, lo que causa que la decisión no haya sido imparcial e independiente, 2. Su defensa se ha visto truncada, dado que desde el 14 de diciembre de 2020 y hasta el 12 de enero de 2021 ha tenido todas las dificultades, para acceder y examinar los medios probatorios recaudados y 3. Existió una corrección de la fecha de la providencia que ha impedido tener certeza del momento en que esta se emitió. De otra parte, indicó que el auto censurado carece de otros medios de impugnación y tiene carácter preclusivo, por lo que no es posible discutir la decisión y esta se mantendrá hasta la emisión de la sentencia que se adopte

sobre el fondo del asunto, lo cual resulta desproporcionado e irrazonable, si se tiene en cuenta que han transcurrido 13 meses y 19 días desde que se impuso aquella. En esa medida, declaró que con la expedición del auto controvertido se le causa un perjuicio irremediable cierto, consistente en la imposibilidad de acceder al cargo público para el cual fue elegida mediante el Acuerdo 200-3-2-19-005 del 30 de octubre de 2019 que fue suspendido. En suma, consideró que resulta necesaria la intervención del juez de tutela, pues de lo contrario se generaría una situación más gravosa, irreversible y lesiva para la salvaguarda de sus derechos que se están viendo afectados con la medida cautelar decretada, a pesar de que esta incumple las exigencias convencionales, constitucionales y legales. PRETENSIONES Solicitó amparar sus derechos fundamentales, antes mencionados, y, en consecuencia, requirió ordenar la revocatoria del auto del 26 de noviembre de 2020 dictado por la Sala Plena de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en los procesos acumulados de nulidad electoral.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Corporinoquia La apoderada judicial de la Corporación Autónoma Regional Diana Lizt López Salcedo manifestó su coadyuvancia a la solicitud de amparo. Para ello, señaló que dentro del catálogo de derechos de protección inmediata se encuentran las garantías políticas reguladas en el artículo 40 de la Constitución Política y los

derechos de la misma índole consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada al derecho interno a través de la Ley 16 de 1972. Igualmente, refirió la importancia de estos con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Coligió que la norma superior ha previsto que es posible suspender los derechos políticos en los casos determinados por el legislador, ya sea mediante sentencia judicial, fallo disciplinario o de responsabilidad fiscal. Sin embargo, esa potestad se encuentra limitada por los principios constitucionales, las garantías procesales, los mandatos de racionalidad y proporcionalidad y las obligaciones contraídas en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. Sección Quinta del Consejo de Estado La magistrada ponente de la decisión controvertida, Lucy Jeannete Bermúdez Bermúdez, luego de realizar un recuento de las actuaciones efectuadas en los procesos acumulados, sostuvo que la acción de la referencia no reúne todos los requisitos genéricos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Al respecto, explicó que el asunto no cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional, pues, más allá del impacto que se pueda endilgar al asunto, este debe medirse de cara al interés que tenga frente a la finalidad del mecanismo y en el presente asunto lo pretendido es la imposición del criterio personal de la accionante sobre la forma en que deben entenderse los límites de la suspensión provisional de un acto de designación en cuanto a los derechos políticos y conexos del nombrado.

Aclaró que el supuesto desconocimiento de los parámetros establecidos por la Corte Interamericana en el fallo del 8 de julio de 2020 del caso Petro Urrego vs Colombia no es otra cosa que la inconformidad de la solicitante del amparo sobre la interpretación efectuada por la Sección Quinta sobre el tema, a pesar de que esta acción no esté instituida para disponer que criterio debió primar, sino para precaver exuberantes yerros que lesionen derechos fundamentales, lo cual no acontece en el sub lite, máxime cuando el reproche recae en la institución jurídica de la suspensión provisional en sí misma considerada y no en los fundamentos de la decisión. En cuanto a ello, precisó que esa figura tiene sustento no sólo en el artículo 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, sino en la Constitución Política, que, en su artículo 238, indica que la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial. Añadió que de los artículos 23.8 y demás normas concordantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se desprende una incompatibilidad manifiesta con la medida cautelar, pues en esta lo que se analiza es la legalidad del acto administrativo en abstracto, y tampoco se evidencia dicha contrariedad de los pronunciamientos nacionales o regionales. Además, puntualizó que el auto fue proferido con fundamento en la autonomía judicial, expresada bajo el principio de razón suficiente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 5 Adujo que con esta acción se busca anticipar una consecuencia jurídica propia de la sentencia de nulidad electoral y resaltó que el medio de control se encuentra en curso, por lo cual aún no existe una decisión definitiva sobre la legalidad del acto demandado, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en la órbita de competencia de la autoridad contenciosa administrativa, como lo definió la Corte Constitucional en la Sentencia T-343 de 2012. En ese orden de ideas, concluyó que la tutela instaurada resulta improcedente. En todo caso, afirmó que no se configuraron los defectos referidos ni se presentó la vulneración de los derechos invocados. Así, manifestó que la accionante alegó que fue discriminada con la expedición del auto atacado, pero el único soporte de ese aserto consiste en el hecho de que es mujer, lo cual resulta injurioso y debe ser rechazado, con mayor razón si se tiene en cuenta que la situación que dio origen a esta acción fue la medida cautelar de suspensión provisional, por el procedimiento adelantado por el Consejo Directivo de Corporinoquia para proferir el acto de designación y que la decisión se circunscribió al estudio de dicha situación, lo cual no tiene relación con el género de la accionante. De otra parte, sobre las inconformidades procedimentales, expresó que el desacuerdo consistente en que ofició como ponente del auto del 26 de noviembre de 2020 no tiene vocación de prosperidad, puesto que la sustanciación de los asuntos corresponde, por regla general, a quien tiene a cargo la conducción del

proceso. Agregó que tanto la decisión sobre la suspensión provisional como la de su revocatoria competen a la Sección Quinta, en los términos del inciso final del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011. Aseveró que la salvaguarda de independencia e imparcialidad se hallan garantizados a través del régimen de impedimentos y recusaciones, por lo cual si la señora Bernal Cárdenas estimaba que alguno de los magistrados estaba comprometido debió acudir ex ante en el medio de control. De igual forma, esclareció que tampoco era de recibo el argumento acerca del prejuzgamiento, comoquiera que el legislador excluyó esa naturaleza de la decisión de la medida cautelar, en el artículo 229 ibidem. En lo que se refiere al acceso a las providencias y documentos del expediente, puso de presente que la accionante no acreditó las fallas técnicas que alega y que el despacho y la Secretaría de la Sección han estado prestos a solucionar cualquier dificultad que haya podido presentar, como se observa de las actuaciones adelantadas en el trámite procesal. Por último, en lo que tiene que ver con la fecha del proveído, adujo que el cargo carece de sustento y de él no se desprende un perjuicio real y concreto, dado que a decisión surte efectos a partir de la notificación. Ahora, frente al supuesto desconocimiento del estándar convencional, aclaró que no es cierto que el fallo del caso Petro Urrego vs Colombia haya fijado un parámetro en el sentido de que sólo se puede suspender procesalmente derechos políticos con la sentencia de juez competente. Sobre ello, concretó que si bien esa

regla puede ser subyacente, lo que no es cierto en absoluto es que apareciera con ocasión de esa sentencia, pues en esta la Corte Interamericana lo que hizo fue reiterar su postura sobre la limitación de derechos políticos por parte de autoridades administrativas. En esa medida, reparó en que el fundamento de la solicitud de revocatoria de la suspensión provisional era un hecho nuevo o sobreviniente y esto no se acreditó. Igualmente, arguyó que el antecedente internacional definió una controversia muy específica relativa a la posibilidad de que una autoridad administrativa limite, en Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 ejercicio del ius puniendi, el derecho de acceso a cargos públicos de un servidor elegido popularmente, lo cual no resulta asimilable a la posibilidad de decretar medidas cautelares en un proceso contencioso administrativo de nulidad electoral, en el que se mide la legalidad del acto administrativo. Concluyó que la oportunidad de acceder a un cargo público le fue garantizada a la señora Doris Bernal Cárdenas con su participación en la convocatoria que finalizó con su designación. No obstante, puntualizó que cuando esta última se enerva por la violación de las reglas sustanciales que la gobiernan no es posible hablar de la materialización del derecho político en cuestión Adicionalmente, expuso que en el asunto no se cuestionaron los fundamentos de la medida, esto es, el trámite de las recusaciones presentadas al Consejo Directivo de Corporinoquia, ni se mostró la desaparición o superación de los

requisitos para su decreto, por lo que la Sala examinó las razones de inconvencionalidad aludidas. En consecuencia, no es cierto, como la solicitante lo aduce, que el auto carezca de motivación o que no se hayan resuelto todos los puntos de la petición, máxime cuando aquella no identificó dicha omisión. Así como tampoco es correcta la aseveración de que no se contó con respaldo probatorio, primero porque ese argumento se presenta es frente al auto que decidió inicialmente la medida cautelar y segundo, dado que en ella sí se valoraron las pruebas recaudadas. Por lo todo lo expuesto, solicitó en caso de que se considere procedente la acción, a pesar de que en su criterio no lo es, se niegue la solicitud de amparo. Oscar Fernando Salamanca Bernal En su calidad de tercero vinculado a la presente acción, manifestó su coadyuvancia a las pretensiones, debido a que existe una clara vulneración al ejercicio de los derechos políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que integran el bloque de constitucionalidad. Señaló que el artículo 23.2 ibidem dispone que para restringir esos derechos debe existir condena impuesta por juez penal competente, lo cual no se cumple en el sub lite. Indicó que lo expuesto, además, tiene sustento en la sentencia del caso Petro Urrego vs. Colombia. Agregó que la medida cautelar solicitada no reunía los requisitos consagrados en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, puesto que no se demostraron las consecuencias irremediables ni la urgencia en el caso de no suspender el acto

administrativo demandado; sumado al hecho de que dichas medidas no pueden ser utilizadas indiscriminada y deliberadamente, como ocurrió en la decisión objeto de reparo. Así mismo, expuso que con el auto proferido se transgrede la protección fijada en la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. De otra parte, adujo que existió una vulneración del derecho al debido proceso, toda vez que la decisión fue notificada sólo hasta el 26 de noviembre de 2020, con lo cual se afectaron los términos y el trámite procesal consagrado en el artículo 264 de la Constitución Política. Además, refirió que el derecho de defensa también se vio lesionado por los problemas que se presentaron para el acceso a la plataforma, lo que impidió conocer la totalidad del acervo probatorio. Concluyó que el asunto está revestido de relevancia y trascendencia constitucional. Gobernación de Casanare Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 El jefe de la Oficina Jurídica de Defensa Judicial de la Gobernación precitada, Luis Robert Heredia, manifestó que no se opone al estudio de las pretensiones de la acción, en atención al interés de la controversia en sí misma considerada, para la ciencia del derecho y la academia. Andrés Ricardo Sánchez Quiroga En su condición de vinculado al presente trámite constitucional, afirmó que la Sección Quinta del Consejo de Estado no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales enunciados por la accionante, ya que siempre permitió y garantizó

la publicidad de todas las actuaciones a las partes y el trámite regulado en la Ley 1437 de 2011. Añadió que la magistrada ponente incluso adicionó el término para correr traslado a las partes de las pruebas documentales recaudadas e indagó con el apoderado de la ahora peticionaria si pudo tener acceso a los documentos, a lo que este le respondió afirmativamente. Arguyó que los tres apoderados de la señora Doris Bernal Cárdenas han podido ejercer el derecho de defensa y contradicción, lo cual se evidencia en la medida en que el primero se pronunció sobre el traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional, el segundo interpuso recurso de reposición en contra del auto que la decretó y el tercero formuló la petición de revocatoria. En ese sentido, consideró que la solicitante utiliza la tutela como un mecanismo para dilatar el avance del proceso que ya se encuentra en traslado para alegar de conclusión, para luego emitirse el fallo que en derecho corresponda. Aseguró que el caso de Petro Urrego vs Colombia no es aplicable al proceso de nulidad electoral adelantado, pues en aquella oportunidad se trató de la limitación de los derechos políticos de un ciudadano elegido por voto popular, mientras que este versa sobre la designación de la accionante en un cargo administrativo con desconocimiento de los requisitos en el trámite y en la experiencia para acceder a él. De igual forma, controvirtió el argumento de la parte accionante sobre el hecho de que la magistrada directora del proceso haya sido la ponente del auto ahora controvertido. Finalmente, aseveró que no se cumple con el requisito de inmediatez si se tiene

en cuenta que la medida cautelar fue decretada el 12 de diciembre de 2019 y tampoco se satisface la exigencia de la subsidiariedad, por cuanto el debate planteado tiene su escenario natural en el proceso ordinario de nulidad electoral y todos los argumentos expuestos pueden ser pronunciados y resueltos allí. Coligió que la acción de tutela es la última instancia de intervención del juez, para evitar un perjuicio irremediable, pero en el asunto se está utilizando como una maniobra dilatoria e intimidatoria. CONSIDERACIONES Competencia La Subsección “A”, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20191, en cuanto estipula que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre 1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional2 y el Consejo de Estado3 ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos

generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos). La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.

Veamos: Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de los defectos planteados. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue

dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene en cuenta el material probato