CE-11001-03-15-000-2021-00494-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE

CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / FALLA EN EL SERVICIO POR

ERROR JUDICIAL / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA DEMANDA / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - No configuración Corresponde a la Sala determinar si de conformidad con los argumentos planteados en la demanda y las intervenciones allegadas, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, incurrieron en una vía de hecho, al declarar probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, y con ello, transgredieron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la buena fe y de acceso a la administración de justicia del accionante. (…) [L]a Sala encuentra ajustado el análisis y la interpretación realizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, respecto de la definición de la ejecutoria contada a partir de la notificación de la sentencia del 29 de mayo de 2009. Lo anterior se justifica a partir de una interpretación armónica del artículo 331 del Código Procesal Civil y la jurisprudencia arriba señalada, de donde se difiere que el término para interponer los recursos tiene incidencia en la ejecutoria de las providencias, siempre y cuando los mismos sean presentados. De suerte que, no es dable inferir que el término para presentar el recurso extraordinario de casación

laboral extienda la ejecutoria de la providencia examinada, tal como lo pretende hacer ver el actor. Sin embargo, debe aclararse que no le asiste razón a las accionadas al indicar que el acto de notificación quedó en firme el día 30 de mayo de 2009, por cuanto éste no era un día hábil y aún si lo fuera, debe recordarse que el Código Procesal Civil indica que todas las providencias cobran ejecutoria al vencimiento de los 3 días hábiles siguientes al acto de notificación, independientemente de si la misma fue surtida en estrados o por fuera de él. De manera que, para efectos de contabilización de la caducidad, esta Sala comprende que el punto de partida será contado a partir del vencimiento de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la providencia con la cual se dio fin a la causa laboral bajo radicado 2007-0022, esto es, desde el 3 de junio de 2009, y avizorando que no se presentó el recurso extraordinario de casación, el término de caducidad para presentar la demanda de reparación directa, en efecto transcurrió entre el 3 de junio de 2009 y el 3 de junio de 2011, por lo que, en definitiva, el medio de control fue radicado por fuera de término. Con ello se descarta la configuración de un defecto sustantivo atribuible a los accionados.

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CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / FALLA EN EL SERVICIO POR

ERROR JUDICIAL / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA DEMANDA /

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - No configuración

Considera el accionante que se hace presente [el defecto de violación directa de la Constitución], pues la decisión emitida por los accionados es abiertamente inconstitucional y, por tanto, se evidencia la amenaza y quebrantamiento de los derechos fundamentales invocados; esto, fundado en el principio de supremacía constitucional, dado que éste contiene mandatos que son de aplicación directa por parte de cualquier autoridad, incluyendo a los operadores judiciales dentro de sus providencias. Resulta debido indicar que, para esta Sala, la decisión cuestionada no genera ninguna violación a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, dado que la misma se profirió de conformidad al ordenamiento jurídico, mismo que, señala la ruta por la que debía regularse y decidirse el recurso de apelación, de suerte que los fundamentos esgrimidos en las providencias estuvieron soportadas en la legalidad y el desarrollo del ejercicio autónomo e independiente que poseen los funcionarios judiciales; sin que en ningún momento mediara limitantes o impedimentos, para que el interesado accediera a la administración de justicia. (…) Por otro lado, el actor indica que los accionados incurrieron en una violación directa a la Constitución ante la omisión de analizar el error judicial existente al interior de las decisiones emanadas por las autoridades judiciales del proceso ordinario laboral, en la medida que indebidamente se acreditó la buena fe del ISS y como consecuencia de ello, se le exoneró del pago de la sanción moratoria. De lo anterior, no cabe duda que el señor tutelante es [asertivo] al indicar que los

accionados se abstuvieron de realizar el mentado análisis, con ello no se quiere decir que estuvieran obligados a hacerlo, toda vez que las excepciones previas, como la caducidad, extinguen el derecho de accionar y, por tanto, le está impedido a los jueces evaluar los asuntos de fondo. (…) Así las cosas, no le asiste razón al accionante cuando indica que las accionadas incurrieron en un defecto por violación directa de la constitución ante la omisión referenciada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00494-00(AC)

Actor: ORLANDO ZÁRATE CALDERÓN

Demandado: CONSEJO DE ESTADOSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A Y OTRO Procede la Sala a resolver la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1. La tutela Mediante escrito enviado el 4 de febrero de 2021 a través del aplicativo de Tutela y Hábeas Corpus en línea, dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura para la recepción de estas solicitudes, el señor Orlando Zárate Calderón, por conducto de apoderado, promovió acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, con el fin que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, buena fe y acceso a la administración de justicia. 1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 1983 de 2017. Consideró que, las garantías constitucionales mentadas se vulneraron con ocasión de la decisión de 3 de julio de 2020, notificada el 1° de octubre de la misma anualidad, por medio de la cual , la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia de 12 de julio de 2013 expedida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la excepción de caducidad dentro del medio de control de reparación directa No. 25000-23-26-000-2011-00887-01, incoado por el hoy tutelante contra la Nación – Rama Judicial ante una presunta falla en el servicio por error judicial por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con lo resuelto en el proceso ordinario laboral No. 11001-31-05-013-2007-00022-01, cuyo demandante fue el señor Zárate Calderón.

2. Hechos La Sala resume los hechos relevantes del amparo tutelar de la siguiente manera: 2.1. El señor Orlando Zárate Calderón, laboró para el Instituto de los Seguros Sociales (ISS) desde el 28 de diciembre de 1995 hasta el 30 de junio de 2003 en la ciudad de Bogotá, desempeñando el cargo de Auxiliar de Servicios Generales,

vinculado formalmente por medio de sucesivos contratos de prestación de servicios. 2.2. Mediante apoderado, instauró demanda laboral ordinaria contra el ISS, al considerar que en su caso se presentaron todos los elementos de una relación laboral ordinaria, por lo que, buscó hacer efectivo el pago de los correspondientes derechos. 2.3. El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, conoció de la demanda en primera instancia, pero por disposición del Consejo Superior de la Judicatura, lo envió al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Descongestión de esta ciudad, el cual, en sentencia de 29 de agosto de 2008, absolvió al accionado. 2.4. Contra el fallo absolutorio se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto en audiencia el día 29 de mayo de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en el sentido de condenar parcialmente a la demandada, sin embargo, declaró probada la buena fe de la misma, absolviéndola del pago de la sanción moratoria. Contra esta última providencia, indicó el accionante que procedía el recurso extraordinario de casación en razón a la cuantía, sin embargo, el mismo no fue interpuesto por el actor. 2.5. En el año 2011, el señor Zárate Calderón presentó demanda contenciosa de reparación directa, bajo radicación No. 25000-23-26-000-2011-00887-00, buscando la declaración de responsabilidad de la Nación – Rama Judicial, debido a la falla del servicio por error judicial en el trámite del proceso ordinario laboral No. 013-2007-00022-00 que adelantó contra el Instituto de Seguros Sociales.

2.6. Mediante sentencia dictada el 12 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, resolvió declarar probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, por encontrarse fuera del término, los cuales fueron contados desde el 30 de mayo de 2009 hasta el 30 de mayo de 2011, justificándolo de la siguiente manera: “Caducidad de la Acción. Al tenor de lo establecido en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.; modificado por la Ley 446 de 1998 artículo 4°, la acción que nos ocupa caducará al vencimiento del plazo de dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa. En el presente caso, para efectos de contabilizar la caducidad se debe tener en cuenta la fecha de ejecutoria de la última providencia que dio fin al proceso 20070022 instaurado por el señor Orlando Zárate Calderón con el Instituto de los Seguros Sociales; sin que obre dentro del plenario constancia de ejecutoria. Así las cosas, revisado el expediente se observa que fue allega en fotocopia la última actuación dentro del proceso en comento y que se trata de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala laboral del 29 de mayo de 2009, sin que se allegue constancia de ejecutoria, por ello se tendrá en cuenta, para que opere el fenómeno de la caducidad, a partir del día siguiente a esta fecha. Fallo mediante el cual se resolvió

revocar la sentencia apelada emitida por el Juzgado Octavo (8°) de Descongestión Laboral del Circuito de Bogotá del 29 de agosto de 2008. Así las cosas, el término para que opere el fenómeno de la caducidad transcurrió desde el día siguiente a dicha fecha, esto es, desde el 30 de mayo de 2009 hasta el 30 de mayo de 2011; 3 presentándose solicitud de audiencia de conciliación el 3 de junio de 2011 (fl. 47. C2), cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad. (…) Por lo tanto, la Sala declarará de oficio la caducidad de la acción.” 2.7. Inconforme con la decisión, el actor radicó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el cual determinó que sus razones de disconformidad obedecían al conteo del término tomado desde el 30 de mayo de 2009, en tanto que la sentencia laboral cuestionada fue notificada por edicto desde el 1 hasta el 3 de junio del mismo año y, los quince días hábiles para interponer el recurso extraordinario de casación se cumplieron el 24 de junio de 2009, de manera que sólo hasta ese momento la providencia cobraba ejecutoria. Aunado a lo anterior, manifestó que la solicitud de conciliación prejudicial se radicó el 3 de junio de 2011, la constancia fue expedida el 8 de agosto de 2011 y, la demanda fue radicada el 17 de agosto de 2011. De lo anterior, el actor concluye que faltaban 12 días para que operara la prescripción de la acción, argumentándolo así: “el artículo 323 del C.P.C, señala que las sentencias que no se han notificado

personalmente se notifican por edicto, que han de fijarse por el término de 3 días hábiles. De la misma manera, el artículo 88 del C.P.T S.S., señala que el recurso de casación podrá interponerse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia.”. 2.8. El recurso de apelación fue conocido por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera – Subsección A, quien, mediante sentencia del 3 de julio de 2020, notificada por edicto electrónico del 5 al 7 de octubre de 20202, conforme al artículo 323 del C.P.C., resolvió confirmar la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control, argumentando que: “(...) Lo anterior, permite concluir que al ser notificada la sentencia en estrados y frente a la cual no se interpuso ningún recurso o petición de adición, corrección o aclaración, la ejecutoria de la decisión se surtió el 29 de mayo de 2009. Así las cosas, el argumento del demandante expuesto en el recurso de apelación no puede ser acogido porque i) No es cierto que la providencia se haya notificado por edicto. Como se señaló, la sentencia se dictó en audiencia y la notificación se efectuó en estrados, ii) El recurso extraordinario de casación no fue impetrado por ninguna de las partes, pues de haberlo hecho, la sentencia hubiera cobrado firmeza una vez resuelto aquel y iii) No se probó que se hubiera formulado petición de adición, corrección o aclaración de la sentencia. En ese sentido, el término de caducidad para presentar la demanda de reparación

directa transcurrió entre el 30 de mayo de 2009 y el 30 de mayo de 2011, y al ser presentada el 17 de agosto de 2011, se concluye que esta se presentó 18 días después de que feneciera la oportunidad. Del mismo modo, la solicitud de conciliación prejudicial podía suspender los términos de caducidad tal como lo establece el artículo 21 de la Ley 640 de 2001; sin embargo, esta se presentó el 3 de junio de 2011, esto es, cuatro días después de que hubiera operado la caducidad de la acción.”

3. Sustento de la vulneración El tutelante estimó vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, buena fe y acceso a la administración de justicia, con ocasión de las sentencias proferidas el 12 de julio de 2013 y 3 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, respectivamente; en su sentir, las accionadas incurrieron en un defecto sustantivo por indebida interpretación de la norma y en la violación directa a la Constitución Política. 3.1. Defecto sustantivo Consideró que, se dio una errónea interpretación a la norma, teniendo en cuenta que, el artículo 323 del C.P.C. que dicta, “las sentencias que no se han notificado personalmente se notifican por edicto, que ha de fijarse por el término de 3 días hábiles”,

2 Pág. 68. Cuaderno de pruebas 2. Edicto electrónico de la secretaría de la sección tercera del

Consejo de Estado. y el artículo 88 del C.P.T. S.S., que indica “(…) el recurso de casación podrá interponerse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia”, deben ser valorados en armonía con el artículo 331 del C.P.C., que señala, “(…) las providencias quedan ejecutoriadas y en firme cuando “(…) han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes (…)”,interpretación bajo la cual se evidencia que la acción de reparación directa instaurada, se presentó a tiempo. 3.2. Violación directa a la Constitución Política Señaló que esta se configura “(i) cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en el caso; (ii) cuando la interpretación que realiza el juez de la norma en el caso concreto es abiertamente inconstitucional y, (iii) cuando el operador judicial omite hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad, prevista para garantizar la supremacía constitucional, siempre que así haya sido solicitando dentro del proceso. Lo anterior se fundamenta, en el principio de supremacía constitucional, en tanto esta última contiene principios y mandatos que son de aplicación directa por parte de cualquier autoridad, incluyendo a los operadores judiciales dentro de sus providencias, normas jurídicas que no pueden desconocer que la norma de normas.”. Encontró que los defectos invocados se configuran con ocasión de la interpretación dada por los jueces contenciosos administrativos sobre la ejecutoria de la providencia de segunda instancia de la justicia ordinaria laboral, para declarar probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa,

siendo esto abiertamente inconstitucional, toda vez que, dicha sentencia debía considerarse ejecutoriada, al vencimiento del término para promover el recurso extraordinario de casación, es decir, quince (15) días, después de haberse notificado, por lo que indicó: “(…) debe recordarse que, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en cuanto al término para promover la acción de reparación directa, establece lo siguiente: “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.” De otro modo, frente a la caducidad de la acción de reparación directa, cuando se imputa un error judicial, el Consejo de Estado, ha precisado que, el plazo de dos (2) años, debe iniciar su contabilización a partir de la ejecutoria de la decisión que, acusada de contener el error y que agote la instancia. En forma reiterada, la citada Corporación, precisó lo siguiente: “La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que en este tipo de procesos “(…) el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial” y que agote la instancia.” Obsérvese que el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, -vigente para el

momento en que se profirió la providencia contentiva del error judicial, es decir, el 29 de mayo de 2009 – establece lo siguiente: “ARTÍCULO 331. EJECUTORIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 34 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva. Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta.” (Negrillas fuera del texto original).” Por lo tanto, el accionante indicó que la providencia queda ejecutoriada y adquiere firmeza “cuando han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes”, y como la sentencia bajo discusión -proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Laboral, del 29 de mayo de 2009-, era susceptible del recurso extraordinario de casación, su ejecutoria se dio con el vencimiento del plazo para dar inicio al mencionado recurso. Finalmente, consideró el actor que, las instancias judiciales señaladas, se

abstuvieron de analizar el error judicial presente dentro del proceso ordinario laboral, en el que, sin que se acreditara la buena fe del Instituto del Seguro Social respecto del no pago de las prestaciones sociales, se absolvió a este último del pago de la sanción moratoria, siendo esta decisión abiertamente contradictoria a la disposición del artículo 65 del CST.

4. Pretensión constitucional En concreto la parte actora solicitó: “PRIMERO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico la sentencia proferida por el H.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C, el doce (12) de julio del dos mil trece (2013), que declaró probada de oficio la excepción de caducidad, dentro de la acción de reparación directa con radicado No. 25000-2326-000-2011-00887-00 en el que funge como demandante

ORLANDO ZÁRATE CALDERÓN y demandada la NACIÓN – RAMA JUDICIAL.

SEGUNDO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico la sentencia proferida por el H.

CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, el tres (3) de julio de dos mil veinte (2020), que decidió confirmar la sentencia de primer grado, al considerar configurado el fenómeno de la caducidad, dentro de la acción de reparación directa con radicado No. 25000-2326-000-2011-00887-00 en el que funge como demandante ORLANDO ZÁRATE CALDERÓN y demandada la NACIÓN – RAMA

JUDICIAL.

TERCERO: Que se ordene al H. CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, en un término no mayor a treinta (30) días, se sirva proferir una nueva decisión dentro de la acción de reparación directa promovida por ORLANDO ZÁRATE CALDERÓN contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, identificado con el radicado No. 250002326-000-2011-00887-00, en el que se efectúe un pronunciamiento de fondo y realizando un análisis legal, adecuado y relacionado con error judicial cometido por el Juzgado Octavo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá (Trece Laboral del Circuito) y, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que conllevó a negar el pago de la sanción moratoria que en estricto derecho procedía.”

5. Trámite de la acción Mediante auto de 10 de febrero de 2021 se admitió la presente acción constitucional y se ordenó notificar a la parte actora, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, como autoridades judiciales accionadas; y en calidad de tercero con interés a la Nación – Rama Judicial, a efectos de que rindiera el informe y allegar los documentos que pretendía hacer valer como pruebas, dentro del término establecido.

Así mismo, se ordenó solicitar a las Secretarías de la Sección Tercera del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que remitieran en

calidad de préstamo, vía correo electrónico, el expediente correspondiente al proceso de reparación directa No. 25000-23-26-000-2011-00887-01, demandante Orlando Zárate Calderón. Por último, se requirió a la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, vía correo electrónico, para que enviara la constancia de notificación y ejecutoria del fallo de segunda instancia proferido al interior del proceso ordinario 2007-00022-01, y la información sobre si alguna de las partes interpuso recurso de casación, solicitud de aclaración, adición o corrección de la providencia en mención, o cualquier otra actuación procesal con posterioridad a la ejecutoria, sin embargo, no se obtuvo respuesta a estas solicitudes.

6. Intervenciones 6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A A su juicio, el amparo solicitado carece de relevancia constitucional, pues se está ejerciendo para convertir este mecanismo en una instancia adicional del proceso de reparación directa, lo que se evidencia en la argumentación de los vicios invocados, por cuanto los mismos se usan para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido.

Advirtió que, debido a la falta de prueba de la constancia de ejecutoria de la sentencia del 29 de mayo de 2009, se acudió a las normas procesales aplicables al referido asunto, para concluir que, aunque en asuntos de competencia de los jueces labores era procedente el recurso de casación, en el caso concreto este no fue interpuesto; por tanto, la sentencia cobró firmeza con su notificación y

habiendo sido dictada en estrados, cobraba ejecutoria ese mismo día. Indicó que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional y, por ello, no puede convertirse en el medio de defensa único y preferido de la parte que pierde un pleito o no logra una decisión conforme a sus intereses, menos cuando la providencia cuestionada ha sido emitida por un órgano de cierre. En tal caso, se insiste que, la Corte Constitucional ha sostenido que para la prosperidad de la tutela es necesario que el fallo tenga un error tal que transgreda abiertamente la Constitución y la jurisprudencia trazada en la definición del alcance y límite de derechos fundamentales invocados, situación que en este caso no se advierte, puesto que el accionante lo que hace es trasladar los argumentos del recurso de apelación al escrito de tutela, para provocar una instancia adicional inexistente. Mediante oficios No. 10602 y 10603 del 11 de febrero de 2021, se notificó a la NaciónRama Judicial y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, respectivamente, y vencido el término de 3 días siguientes para presentar contestaciones, las partes decidieron guardar silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia Esta Sala es competente para asumir la acción de tutela presentada por el señor Orlando Zárate Calderón, según lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto No. 1983 de 2017 y el Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado.

2. Asunto bajo análisis Corresponde a la Sala determinar si de conformidad con los argumentos planteados en la demanda y las intervenciones allegadas, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, incurrieron en una vía de hecho, al declarar probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, y con ello, transgredieron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la buena fe y de acceso a la administración de justicia del accionante.

Para el efecto se estudiará: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva, y, de superarse, iii) se abordará el análisis del caso concreto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial.

Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción. Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las

distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.4 Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.5 Señaló la Sala Plena en el fallo en mención: «De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente».6 Énfasis propio. A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación modificó su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, ahora estudia las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analiza si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,

pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente». 3 Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de TutelaImportancia jurídica. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 5 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia». 6 Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Eli