CE-11001-03-15-000-2021-00508-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA – Referente al trámite del proceso ejecutivo / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL / PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL - Siguió el procedimiento previsto en el CPACA y el CGP / AUTO QUE SE ABSTIENE DE LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE UN CONTRATO ESTATAL - Tiene la capacidad por sí sola de constituir un título ejecutivo siempre que no se consigne alguna inconformidad o insatisfacción sobre su contenido / FALTA DE EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN – Acta de liquidación no define el monto presuntamente adeudado al contratista / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

FUNDAMENTALES

[E]sta Sala de Decisión observa que, contrario a lo afirmado por el actor de este trámite constitucional, la autoridad judicial tutelada sí tomó como base lo dispuesto en los artículos 297 del CPACA y 422 del CGP para adoptar su decisión, diferente es que a partir de ellos, en concordancia con la tesis de la Sección Tercera del Consejo de Estado relacionada con la liquidación bilateral de los contratos estatales, no fuere posible acceder a sus pretensiones. En efecto, es evidente que el Tribunal Administrativo de Nariño explicó el motivo por el cual en este caso no era posible acudir a otros documentos diferentes al acta de liquidación del contrato para determinar la suma adeudada, a saber, que quienes firmaron dicho documento no plasmaron en él ninguna inconformidad o insatisfacción sobre su

contenido, ni dejaron consignada la salvedad de existir deudas pendientes, lo que automáticamente le otorgaba plena validez al escrito, haciendo innecesario el análisis de los demás instrumentos aportados, pues en esos casos no existen dudas respecto de lo que allí se circunscribe. Ello demuestra que la autoridad judicial tutelada no desechó que en algunos casos el título ejecutivo pueda ser complejo, diferente es que en el caso sub examine no fuese necesario acudir al estudio de los demás documentos, esto es, el contrato y el acta de recibo final, atendiendo a que el acta de liquidación del contrato tenía la fuerza suficiente para demostrar por sí sola el estado en que quedaron las prestaciones –créditos y deudas recíprocas– entre las partes que la suscribieron. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sección Tercera del Consejo de Estado de manera pacífica ha establecido que el acta de liquidación de un contrato estatal tiene la capacidad por sí sola de constituir un título ejecutivo, es decir que si las partes lo suscriben a conformidad, le dan la fuerza necesaria a su contenido. De hecho, esa posición se advierte con claridad de las sentencias que el actor señala como desconocidas por la autoridad judicial acusada, a saber, las radicadas con los números “200500291-01 (31825) o 2014-00652-01(53819)”. AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / TÍTULO COMPLEJO EN PROCESOS EJECUTIVOS CONTRACTUALES – No se desconoce la posibilidad de analizar varios documentos contentivos de la

obligación / EXISTENCIA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL – Tiene la fuerza suficiente para demostrar por sí sola la obligación sin ser necesario el estudio de otros documentos Por otro lado, en la sentencia del 23 de marzo de 2017, dictada en el proceso identificado con el radicado Nº 68001-23-33-000-2014-00652-01(53819), con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, la parte ejecutante pretendía que se librara mandamiento de pago respecto de varias sumas de dinero contenidas en la decisión que puso fin al trámite de la amigable composición surtida con el objeto de dirimir las diferencias contractuales originadas entre Metrolínea S.A. y Vargas Velandia Ltds (hoy XIE S.A.). El Tribunal que conoció en primera instancia dicho medio de control, se abstuvo de librar mandamiento de pago, por considerar que la obligación no era exigible pues, en su criterio, “para la fecha del trámite de la amigable composición, las entidades públicas no estaban habilitadas para usar este mecanismo de solución de controversias, ya que, afirma, este podía ser utilizado únicamente por los particulares”. Así las cosas, al resolver el recurso de alzada, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, inicialmente se centró en determinar si las partes contratantes estaban habilitadas o no para usar la amigable composición, interrogante que, al resultar positivo, la condujo a resolver si la decisión que el amigable componedor profirió podría ser o no objeto de ejecución, frente a lo cual concluyó que, “el documento por medio del cual los amigables

componedores definen las diferencias que les han puesto a su consideración sí puede ser tenido como un título ejecutivo, siempre que de éste emane una obligación clara, expresa y exigible a favor de uno de los contratantes, pues aseverar lo contrario, esto es, que no puede prestar mérito ejecutivo, conllevaría a desnaturalizar el mecanismo de la amigable composición, concebido como un medio para dirimir las controversias, toda vez que se generaría un nuevo litigio derivado de su incumplimiento y, por ende, no se cumpliría con el propósito de obtener una solución ágil, rápida y directa de las diferencias”. Nótese cómo en aquel caso las partes acudieron a la amigable composición como instrumento de solución ágil y directo para dirimir los conflictos que se originaron en la actividad contractual, lo que lleva a concluir que, en dicha ocasión, Metrolínea S.A. y XIE S.A., no estuvieron de acuerdo con ciertos aspectos que fueron objeto del encargo, lo que los llevó a delegar en un tercero la facultad de determinar con fuerza vinculante el estado, las partes y/o la forma de cumplimiento del negocio jurídico en particular. Es decir que, en ese momento, hubo la necesidad de acudir a diferentes documentos para determinar la obligación, teniendo en cuenta que las partes manifestaron su inconformidad sobre el contenido de aquellos, contrario a lo que sucedió en el sub lite, pues las partes de común acuerdo suscribieron el acta de liquidación y finalización del contrato, lo que permitió concluir al fallador del proceso ordinario que lo que allí se dijo tenía la fuerza suficiente para constituir

el título ejecutivo, del cual, para desventura de la parte ejecutante, no se derivaba una obligación clara, expresa y exigible en contra de la parte ejecutada. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala de Decisión advierte que el auto del 29 de julio de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño no adolece de los defectos procedimental, sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente propuestos por el accionante.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULOS 297 / CÓDIGO GENERAL

DEL PROCESO – ARTÍCULO 422

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00508-00(AC)

Actor: NASSER JAMIL NASIF ARCINIÉGAS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Tema: Tutela contra providencia judicial – título complejo en procesos ejecutivos contractuales – defectos procedimental, sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente – niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor Nasser Jamil Nasif Arciniégas, en calidad de “miembro y representante del CONSORCIO INGENAR1”, contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 8 de febrero del 20212 en la ventanilla de atención virtual de esta Corporación, el señor Nasser Jamil Nasif Arciniégas “miembro y representante del CONSORCIO INGENAR”, actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en concordancia con el principio de confianza legítima.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con ocasión de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 29 de julio de 2020, que confirmó lo resuelto por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto en el auto del 11 de febrero de 2020, en el sentido de abstenerse de librar mandamiento de pago, en el marco del proceso ejecutivo contractual, identificado con el radicado Nº 52001-33-33-005-201900227-01, que iniciaron María Luisa Núñez Guerrero, Nasser Jamil Nasif Arciniégas y José Nolberto López Riascos contra la E.S.E. Santiago Apóstol del

Municipio de Imués, Nariño.

3. En dicho proceso judicial, los señores Nasif Arciniégas, Núñez Guerrero y López Riascos, en calidad de miembros del Consorcio “INGENAR”, pretendían el pago del saldo que presuntamente les adeuda la referida E.S.E., derivado del contrato de obra Nº CP-001-2012-001 que celebraron el 24 de febrero de 2012

para la construcción de la segunda etapa del Centro de Salud Santiago Apóstol del municipio de Imués, Nariño. 1 Condición que acreditó con el documento de conformación del consorcio que suscribió junto con María Luisa Núñez Guerrero y José Nolberto López Riascos. 2 Por secuencia de reparto se le asignó el número de solicitud 1124. 1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó: “1. Se sirva tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, (sic) acceso a la administración de justicia y el principio de confianza legítima del Consorcio INGENAR y de sus integrantes, vulnerados con ocasión del fallo de segunda instancia proferido dentro del proceso ejecutivo 2019-00227, por el Tribunal

Administrativo de Nariño.

2. Dejar sin efectos el auto proferido el 29 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso ejecutivo 2019-00227, mediante el cual se confirmó la decisión del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto, de abstenerse de librar mandamiento de pago.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Nariño (sic) profiera un nuevo auto mediante el cual se libre mandamiento de pago en el proceso ejecutivo 201900227”. 1.2. Hechos probados y/o admitidos La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la

decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 12 de febrero de 2012, la empresa social del Estado Santiago Apóstol del municipio de Imués (Nariño) y el Consorcio Ingenar, suscribieron el contrato de

obra Nº CP-001-2012-001, cuyo objeto fue la ejecución de la obra de

“CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD SANTIAGO

APOÓSTOL ESE DEL MUNICIPIO DE IMUÉS”.

6. En la cláusula 4ª del referido acuerdo de voluntades, se pactó como valor del contrato “la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE ($(sic) $496.835.139.23/100)”.

7. Mediante cheque del Banco Bancolombia del 15 de marzo de 2012, la ESE Santiago Apóstol pagó al Consorcio Ingenar “lo concerniente al anticipo equivalente a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($248.417.569.62)”.

8. El 30 de noviembre de 20123, suscribieron: i) el Acta de recibo final de la obra y; ii) el Acta de liquidación y finalización del Contrato de Obra Nº CP-001-2012-001.

En la primera de ellas, se dejó consignado el cumplimiento del contrato por parte del contratista, el valor pagado por anticipo ($248.417.569.62), el valor pendiente por cancelar ($248.395.848.78) y, el saldo a favor de la E.S.E. ($21.720.83). Por su parte, en el segundo documento se señaló el valor del anticipo, el valor inicial

del contrato, el total de la ejecución de la obra, el valor final de la obra, el saldo a favor de la E.S.E. y, finalmente, se estableció la condición de que el contratista debía presentar para el pago final, “factura o documento equivalente”. 3 En el escrito de tutela se señala como fecha el 15 de marzo de 2012, sin embargo, el acta de recibo final de la obra contratada se suscribió el 30 de noviembre de 2012.

9. El 5 de noviembre de 20144, el Consorcio Ingenar presentó ante la E.S.E.

Santiago Apóstol los documentos para el pago final, dentro de los que se encuentra la factura Nº 008 del 23 de octubre de 2014, por el valor adeudado de ($248.395.848.78).

10. El 10 de diciembre de 2014, la E.S.E. Santiago Apóstol consignó $40.000.000 a favor del mencionado consorcio, por concepto de “2DO PAGO CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO APOSTOL DE IMUES-N”, el cual quedó registrado con el Nº 2014120054.

11. El 5 de noviembre de 2019, los miembros del consorcio Ingenar instauraron demanda ejecutiva contra la E.S.E. Santiago Apóstol del municipio de Imués

(Nariño), con el fin de que se librara mandamiento de pago i) por el valor adeudado del contrato de obra Nº 001-2012-001 del 24 de febrero de 2012, a saber, ($208.395.848.78) y; ii) por los intereses moratorios “liquidados a la tasa

máxima legal permitida desde que se hizo exigible la obligación, esto es, desde el cinco (05) de diciembre de 2012 y hasta que se verifique el pago total de la deuda”.

12. Como sustento de lo anterior, explicaron que se ejecutaría un título complejo, compuesto por i) el Contrato de Obra Nº 001-2012-001 del 24 de febrero de 2012, dentro del cual se estableció el objeto, el valor y la forma de pago; ii) el Acta de recibo final, donde se observa el valor adeudado y; iii) el Acta de liquidación y finalización del contrato de obra, donde se dejó consignado que se entregó y recibió a satisfacción el objeto del contrato y se estableció como condición para el pago final, la presentación de una factura o documento equivalente.

13. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto, en auto del 11 de febrero de 2020, se abstuvo de librar mandamiento de pago contra la E.S.E. Santiago Apóstol, por considerar que: “(…) tal como lo ha reiterado la jurisprudencia, es el acta de liquidación bilateral efectuada en término, aquella que presta mérito ejecutivo en este tipo de acciones, y no las constancias emitidas que dan cuenta que las copias del contrato son primera copia y prestan mérito ejecutivo, pues dicho requisito es exigible cuando la ejecución que se pretende deviene de decisiones judiciales, por lo que dichas constancias únicamente son relevantes para establecer la autenticidad del título (…) En este caso, la obligación contenida en el acta de liquidación bilateral del contrato no es expresa, pues no aparece como manifiesto un saldo a favor del

contratista, más allá de establecer el valor total del contrato; el valor pagado por anticipo; el valor ejecutado; el valor total del acta final y un saldo a favor de la E.S.E. contratante. Por la misma razón indicada, el acta de liquidación no es clara, pues al no estar establecido expresamente el valor debido, el mismo no se encuentra discriminado y soportado en el valor total de las obras ejecutadas y la diferencia respecto del valor total pagado al contratista. Ahora bien, al observar los documentos aportados como título ejecutivo se observa que en el acta de recibo final sí se estableció un valor pendiente por 4 La factura fue recibida por la señora Janeth Martínez, identificada con la c.c. 2.235.426, funcionaria del área de atención al usuario de la entidad. cancelar en favor del contratista por $248.395.848.78, valor soportado y discriminado como se anotó en precedencia; sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia en cita, la obligación clara, expresa y exigible, debe estar contenida en el acta de liquidación bilateral. Pues bien, si en gracia de discusión se admitiese el acta de recibo final junto con el acta de liquidación (suscritas el mismo día) como título ejecutivo, sobre las mismas ha operado el fenómeno de la caducidad procesal. Veamos: Tanto el acta final donde se estableció el saldo en (sic) favor del contratista como en el acta de liquidación donde se hizo el balance final de cuentas (sin establecer expresamente el saldo a favor del contratista), se suscribieron el 30 de noviembre de 2012. En este entendido, es a partir de esa fecha en la cual

se advierte que la obligación se hizo exigible, y a partir de ese momento, el interesado contaba con 5 años para el ejercicio de la acción ejecutiva derivada del contrato, que, para efectos del presente asunto vencieron el día 30 de noviembre de 2017 y teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 5 de noviembre de 2019, el fenómeno estudiado (caducidad), está sobradamente configurado (…)”.

14. Inconforme con dicha determinación, la parte actora presentó recurso de apelación con fundamento en que, en su criterio, la autoridad judicial de primera instancia desconoció los presupuestos fácticos que dieron origen al título complejo ejecutivo y el momento desde el cual opera la exigibilidad del título base del proceso.

15. En proveído del 29 de julio de 2020, notificado por correo electrónico enviado a las partes el 26 de agosto del mismo año, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó lo dispuesto por el a quo con fundamento en los siguientes argumentos: “(…) El título ejecutivo del que se pretende su cumplimiento, está contenido, según el recurrente, en los documentos contractuales que surgen del contrato de obra No. CP-001-2012-001, suscrito el 24 de febrero de 2012; acta de recibo final de obra, suscrita el 30 de noviembre de 2012; y acta de liquidación del contrato de obra No. CP-001-2012-001 de 30 de noviembre de 2012.

Ahora, de conformidad con los parámetros establecidos por el H. Consejo de Estado, el acta de liquidación bilateral o por mutuo acuerdo es “un negocio jurídico extintivo en el que las partes en ejercicio de su autonomía

privada definen las cuentas del mismo, precisan el estado en que quedaron las prestaciones –créditos y deudas recíprocas– y se obligan a lo estipulado en el documento que se suscribe y la contiene”. Por lo tanto, cuando en ésta (sic) no se consigne, como salvedad, alguna “inconformidad sobre cifras o valores y en general sobre su contenido, está asistida de un negocio jurídico pleno y válido”, el acta de liquidación bilateral constituye título ejecutivo. En este orden de ideas, la Sala encuentra que las obligaciones contenidas en el acta de liquidación del contrato, reflejan el estado de las prestaciones derivadas del negocio jurídico finiquitado, definidas por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Por tanto, ya que no se plasmó en el referido documento, inconformidad alguna de quienes la suscribieron, sobre su contenido, resulta innecesaria la referencia concreta a todos y cada uno de los documentos que, presuntamente, conforman la acreencia a favor del ejecutante. El objeto de análisis del juzgador de instancia recae principalmente sobre el carácter de exigible de la obligación mencionada, el cual, de acuerdo con la providencia recurrida, constituye una obligación que carece de sustento, si no se encuentra manifiesta la acreencia, debidamente individualizada, en el acta de liquidación. Por ello, sobre el carácter autónomo del título ejecutivo que se configura a partir del acta de liquidación y su naturaleza extintiva, es posible concluir que, en tanto no es expreso el monto que se pretende adeudado al contratista, en la referida acta de liquidación, la exigibilidad del título se desfigura, toda vez

que carece de sustento, como presupuesto de la ejecución. Específicamente por la falta de exigibilidad de la obligación, considera la Sala que asiste razón a la señora Juez de primera instancia, porque, se itera, en el acta que se allegó con la demanda, con la cual se pretende conformar el título sustento de la ejecución, no se estableció monto alguno en calidad de acreencia, lo cual impide librar mandamiento de pago en relación con la obligación que se pretende insoluta. Y si bien no es posible concluir que el único documento con el que se puede ejecutar es el acta de liquidación del contrato, en la cual consten saldos que se adeudan, es indudable que jurisprudencialmente se ha decantado que cuando ésta exista, y en ella no se hayan plasmado motivos de insatisfacción de las partes, respecto de su contenido, ni deudas pendientes, no se puede acudir ante la jurisdicción para el cobro de saldos que no se establecieron en el acta respectiva. Esta conclusión releva a la Corporación del análisis relacionado con la caducidad del medio de control”. (Negrillas del texto original). 1.3. Sustento de la vulneración

16. El accionante considera que el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en concordancia con el principio de confianza legítima, pues, al proferir el auto del 29 de julio de 2020, desconoció la posibilidad de ejercer la acción ejecutiva con base en la configuración de un título ejecutivo complejo, generando de esa manera un perjuicio irremediable, al privar al consorcio Ingenar de recuperar el dinero que le adeuda la E.S.E. Santiago Apóstol lo que, en su criterio,

configura los defectos procedimental, sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente.

17. Frente al defecto procedimental, señaló que el Tribunal tutelado incurrió en un exceso ritual manifiesto al limitar la posibilidad de ejecutar el dinero adeudado únicamente a través del acta de liquidación del contrato, “cerrando las posibilidades

(sic) que se estudie de fondo el título ejecutivo complejo que se había configurado en este caso en específico”, endilgando además la responsabilidad de que si dicho documento no reúne los requisitos para su ejecución, el contratista deje las respectivas anotaciones al momento de suscribir el acta.

18. En relación con el defecto sustantivo, indicó que la autoridad judicial accionada omitió analizar los artículos 422 del Código General del Proceso5 y el 5 “ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6, acorde con los cuales se evidencia la posibilidad de configurar un título ejecutivo complejo que, en el asunto sub judice estaba conformado por “el contrato de obra No. CP-001-2012-001, el acta de recibo y el acta de liquidación”, lo que resultó en una interpretación contraevidente que perjudicó claramente sus garantías constitucionales.

19. Respecto del defecto fáctico, alegó que el Tribunal Administrativo de Nariño

omitió valorar la redacción del acta de liquidación y finalización del contrato de obra pues, a partir de ella, se advierte la necesidad de conformar el título ejecutivo complejo con los diferentes documentos que fueron suscritos a lo largo de la relación contractual entre las partes, que permiten verificar la existencia de esa obligación clara, expresa y exigible en contra de la E.S.E. Santiago Apóstol así:

TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO CONTRATO DE OBRA No. CP-001-2012-001,

ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE

LIQUIDACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL

CONTRATO DE OBRA Clara Expresa Exigible “La obligación no da lugar a “La lectura en conjunto de los “Como se evidencia del Acta equívocos, se encuentra documentos que conforman el de liquidación, se dejó identificado el deudos E.S.E. título complejo, permite estipulado que existiría una SANTIAGO APÓSTOL DEL observar de manera nítida y condición para exigir el pago MUNICIPIO DE IMUÉS, el (sic) la obligación adeudada final; con la presentación por acreedor CONSORCIO por el contratante, como parte del contratista de una INGENER (sic), integrado por puede verse de la lectura del factura o documento mis mandantes, la naturaleza Acta de recibo final y el Acta equivalente; condición que de la obligación y los factores de liquidación y finalización fue cumplida el 5 de que la determinan contenidos del contrato de obra, donde noviembre de 2014, cuando en el acta de recibo final y el se constató como (sic) el se entregó ante la E.S.E. una acta de finalización y contratista cumplió a factura con fecha de

liquidación”. satisfacción el objeto y expedición el día 23 de obligaciones contractuales y octubre de 2014. (Prueba por ende el valor que se le allegada en la demanda proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184”. 6 “ARTÍCULO 297. TÍTULO EJECUTIVO. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales

conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar”. adeuda”. ejecutiva)”.

20. En ese orden, aseguró que los documentos que fueron puestos en conocimiento del Tribunal accionado constituyen en conjunto una unidad jurídica, “en la medida que tienen relación causal entre sí y se originan en el mismo negocio jurídico; los cuales permiten probatoriamente acreditar la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, contenida en un título ejecutivo complejo; en donde la E.S.E. le adeuda una suma de dinero, siendo la demanda ejecutiva el único medio por el cual se puede proteger y garantizar el pago de lo adeudado (…)”.

21. Finalmente, manifestó que la autoridad judicial enjuiciada desconoció el precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado contenido en las sentencias radicadas con los números “2005-00291-01 (31825) o 2014-0065201(53819)” conforme a las cuales “es factible la ejecución de un valor adeudado por medio de la configuración de un título ejecutivo complejo, por lo que resulta contrario a derecho, la postura del accionado (sic) el hecho de privar a mis mandantes del ejercicio de su derecho a reclamar lo que le es debido, constituyendo esto una vulneración fragante (sic) al acceso a la administración de justicia”. 1.4. Actuaciones procesales relevantes 1.4.1. Admisión de la demanda

22. Mediante auto del 17 de febrero de 2021, la magistrada ponente de la decisión

admitió la demanda de tutela y dispuso notificar al accionante; y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño como autoridades judiciales accionadas.

23. Igualmente ordenó la vinculación, en calidad de terceros con interés, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Pasto, como autoridad judicial que resolvió el asunto en primera instancia; de María Luisa Núñez Guerrero7; José Nolberto López Riascos y de la E.S.E. Santiago Apóstol del Municipio de Imués, Nariño, como sujetos procesales que hicieron parte del proceso ordinario.

24. Por otro lado, ofició al Tribunal Administrativo de Nariño y al juez Quinto Administrativo Oral del Circuito de Pasto para que publicaran el contenido de la demanda de tutela, de los anexos y del auto admisorio en sus respectivas páginas web, con el fin de garantizar el conocimiento de quienes tengan un interés legítimo en el presente trámite.

25. Finalmente, dispuso la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos y para los efectos previstos en el artículo 610 del Código General del Proceso y, reconoció personería al abogado Francisco Javier Fajardo Angarita, para actuar en calidad de apoderado judicial del señor Nasif Arciniégas, en los estrictos términos del poder obrante en el expediente digital. 1.5. Intervenciones 7 El abogado Francisco Fajardo suministró las direcciones electrónicas para notificar a los demás integrantes del consorcio Ingenar, a saber, la señora Núñez Guerrero y al señor López Riascos,

1.5.1. Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto

26. Con memorial del 22 de febrero de 2021, la titular del despacho afirmó que la decisión que adoptó en el trámite que originó la acción de tutela de la referencia fue proferida con observancia de los postulados normativos y jurisprudenciales aplicables al momento de dictar la providencia, teniendo en cuenta los documentos allegados con la demanda ejecutiva, conforme a los cuales no se evidenció el cumplimiento de la exigibilidad de la obligación, razón por la cual se resolvió abstenerse de librar mandamiento de pago. En esos términos, aseguró que no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora y que, para el efecto, se atendrá a l