CE-11001-03-15-000-2021-00559-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR FALTA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / INTERPOSICIÓN TARDÍA E INJUSTIFICADA DE LA ACCIÓN DE TUTELA - Superó los 6 meses a partir de la ejecutoria de la providencia acusada / REQUISITO DE INMEDIATEZ / DESCONOCIMIENTO DEL PLAZO RAZONABLE / FLEXIBILIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ DE LA ACCIÓN DE TUTELA – La razón presentada por el actor no justifica la tardanza / NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA - Válida En el expediente está plenamente acreditado que i) la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia el 23 de enero de 2020, y se notificó el 24 de febrero de 2020; y ii) que el actor presentó la acción de tutela el 11 de febrero de 2021, es decir, 11 meses, 18 días desde la fecha de la notificación hasta la presentación de la acción de tutela. (…) Con base en lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela fue presentada, superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como se evidencia ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales que permiten establecer un plazo superior al determinado, como por

ejemplo en los casos donde se controvirtieren asuntos sobre prestaciones periódicas, donde se deben verificar los requisitos antes mencionados en la parte motiva de esta sentencia como lo son: “[…] que se demuestre que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”. En el análisis del caso concreto, se cumple el primer requisito toda vez que la pensión de jubilación constituye una prestación periódica y la presunta vulneración alegada es continua y actual, teniendo en cuenta que lo que se procura es que tal prestación le sea reconocida, con los reajustes respectivos. En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta, (…) se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con prueba sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de protección constitucional contra la sentencia que presuntamente violó sus derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto de la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el término de inmediatez. (…) Finalmente, la Sala advierte que, frente a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, relacionados con que la sentencia de 23 de enero de 2020 “[…] se notificó a OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ por un correo simple, al que no se adjuntó copia de

la providencia con firmas, físicas o digitales o la constancia de ejecutoria de la misma el 24 de febrero de 2020 […]”, no son de recibo. En efecto, al revisar el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, se evidencia que, contrario a lo expuesto por el actor, al correo electrónico a través del cual se le notificó lo resuelto sí se adjuntó la sentencia respectiva, tal cual como se advierte de la Notificación núm. 13496, en donde se registró el documento que se anexó con su debida clave de integridad, (…) Ahora bien, frente a la ausencia de la constancia de ejecutoria en el correo de notificación, la Sala considera que este argumento no tiene incidencia alguna, toda vez que, lo que se debía notificar era la sentencia y, en todo caso, tal cual como esta Sección lo ha sostenido en varias oportunidades, el extremo inicial a partir del cual se debe efectuar la contabilización del término para encontrar acreditado el requisito de la inmediatez es la notificación de la sentencia, la cual como ya se indicó se realizó el 24 de febrero de 2020.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00559-01(AC)

Actor: OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y SUBSECCIÓN

A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO

Referencia: Acción de tutela Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito de inmediatez Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) seguridad social e iii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 16 de abril de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente el amparo. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, el Tribunal al proferir la sentencia de 29 de abril de 2016 y el Consejo al proferir la sentencia de 23 de enero de 2020 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 63001233300020140011101, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la igualdad.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que nació el 4 de septiembre de 1957 y para el 1.° de abril de 1994 contaba con más de 750 semanas cotizadas al Sistema Pensional, razón por la

cual es beneficiario del régimen de transición en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19931.

4. Expresó que cotizó a pensión un total de 1.833,58 semanas entre el 10 de marzo de 1975 y el 16 de noviembre de 2012.

5. Adujo que laboró en la Contraloría General de la República entre el 8 de marzo de 2001 y el 16 de noviembre de 2012.

6. Manifestó que desempeñó el cargo de contralor provincial nivel directivo grado 01 en la gerencia departamental del Vaupés entre el 31 de octubre de 2011 y el 16 de noviembre de 2012, periodo en el cual percibió i) sueldo básico, ii) prima técnica, iii) remuneración adicional, iv) prima de vacaciones, v) bonificación especial de servicios, vi) prima de servicios y vii) prima de navidad.

7. Agregó que solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación el 3 de octubre de 2012, petición que fue negada a través de la Resolución núm. GNR 088696 del 6 de mayo de 2013.

8. Afirmó que contra la Resolución núm. GNR 088696 del 6 de mayo de 2013 interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto por medio de la Resolución núm.VPB 3245 del 4 de agosto de 2013, confirmando en su integridad lo dispuesto en dicho acto administrativo.

9. El señor Octavio Ramírez López presentó demanda contra la Administradora

Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones núm. GNR 088696 del 6 de mayo de 2013 y VPB 3245 del 4 de agosto de 2013; y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la entidad demandada a reconocerle y pagarle la respectiva pensión de jubilación. Sentencia proferida el 29 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de Risaralda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 63001233300020140011101

10. El Tribunal Administrativo de Risaralda, dispuso en su parte resolutiva lo

siguiente: “[…] NIÉGANSE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”.

11. Consideró que: 1 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. “[…] Conforme a los medios probatorios allegados al dossier, se acreditó que al 1 de abril de 1994 el señor Octavio Ramírez López tenía más de 15 años de servicios, con un total de 989,28 semanas cotizadas, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, es del caso establecer cuál era la norma anterior que regulaba su situación pensional, debiéndose analizar si en efecto le es aplicable el Decreto 929 de 1976, conforme lo depreca la apoderada de la parte demandante.

Con el objetivo de identificar el régimen pensional aplicable al demandante,

es preciso establecer el carácter público o privado, o ambos, de la vinculación laboral que tuvo durante el tiempo de servicio que le sirve de fundamento para solicitar su pensión de jubilación, pues tal naturaleza es esencial al momento de establecer las disposiciones aplicables al sub júdice. Al respecto, se tiene de los hechos probados que el demandante efectuó cotizaciones a la Administradora Colombiana de pensiones - Colpensiones, en virtud de la actividad personal desplegada para el Banco Cafetero, para el señor Correa Pulgarin Octavio, Industrias Los Pinos Ltda, Bavaria S.A., Ingenio Risaralda, Embotelladora Risaralda Ltda, Movitierra S.A., Cooperativa Médica del Vqlle y Profesionales, Coomeva Ibagué, Instituto de Administración y Finanzas, CIPCA, Conexión Futuro CTA y Controlaría General de la República, lo que se traduce en que el señor Ramírez López realizó aportes en virtud de vinculaciones de índole público y privado, teniendo en cuenta, además, que el tiempo laborado en entidades públicas no es igual o superior a 20 años. Bajo tal panorama, y dado que la vinculación laboral del actor obedece a la acumulación de tiempos tanto en el sector público como en el privado, lo procedente es realizar el reconocimiento pensional bajo el régimen que trata la Ley 71 de 1988, la cual regula lo concerniente al reconocimiento de pensión de jubilación por aportes al siguiente tenor literal: “Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en

cualquier tiempo y acumulados en una o varías de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas (...) (Negrillas fuera del texto original). Sin embargo, el demandante invocó la aplicación del Decreto 929 de 1976, por el cual se estableció un régimen especial a favor de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República, disponiendo en su artículo 7o que tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia del Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre. Si bien el referido artículo no establece con claridad qué tipo de naturaleza debe rodear la prestación del servicio parte del funcionario o empleado para completar los 20 años requeridos, es decir, si debe ser de carácter privado o público, para este Tribunal es claro, y por ende no admite discusión que el Decreto 929 de 1976, trae de manera implícita como requisito para el

reconocimiento pensional que dicho término en efecto haya sido laborado al sector público, por la potísima razón que para la época en que fue proferido no era posible acumular los tiempos prestados al servicio de entidades públicas y de entes privados, pues esta posibilidad se previo (sic) gracias a la expedición posterior de la Ley 71 de 1988, la cual, se colige es posterior al régimen especial deprecado […]”. […] “[…] En el caso concreto, en primer lugar se dejó sentado que el señor Octavio Ramírez López no tiene derecho a obtener su pensión de vejez con 55 años de edad, pues las normas que invoca son de aplicación exclusiva para el personal que haya prestado sus servicios a entidades del orden público en la forma antes prevista; y, segundo lugar la disposición que establece la pensión permitiendo acumular tiempos de servicio prestados al sector privado y público, es la Ley 71 de 1988, que exige 60 años de edad para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación en el caso de los hombres, tampoco se encuentra acreditada, pues del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía antes citados se encuentra anotada como fecha de nacimiento el día 4 de septiembre de 1957, lo que significa que a la fecha y en el trámite de esta instancia, el demandante cuenta con 58 años de edad, lo que no le permite por presupuesto de edad acceder al reconocimiento pensional por aportes a favor del actor […]”. Sentencia proferida el 23 de enero de 2020 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación

63001233300020140011101

12. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente: “[…] Primero: Revocar la sentencia del 29 de abril de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso el señor Octavio Ramírez López contra la Administradora Colombiana de

Pensiones.

Segundo: Declarar no probadas las excepciones de mérito denominadas «inexistencia de la obligación», «exoneración de la condena por buena fe» y «prescripción» formuladas por la Administradora Colombiana de Pensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Tercero: Declarar la nulidad de las Resoluciones GNR 088696 del 6 de mayo de 2013 y VPB 3245 del 5 de agosto de 2013, expedidas por Colpensiones, en cuanto negaron el reconocimiento pensional del demandante.

Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a Colpensiones reconocer y pagar en favor del señor Octavio Ramírez López una pensión mensual vitalicia de vejez de que trata el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, en los términos de los artículos 21 y 34 de la citada ley, a partir del 4 de septiembre de 2019.

Quinto: Las sumas resultantes en favor del demandante se ajustarán en su valor, en aplicación de la fórmula en la parte considerativa de esta

providencia.

Sexto: A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA […]”.

13. Consideró que: “[…] En ese sentido, esta Corporación ha sostenido en casos similares que los 20 años de servicio de que trata el artículo 7 del Decreto 929 de 1976 deben ser prestados en el sector público, por lo que no es posible computar los tiempos trabajados al Estado con cotizaciones efectuadas en el sector privado o de manera independiente para efectos de completar él tiempo de servicios a fin de obtener la pensión de jubilación con base en el régimen especial […]”. […] “[…] De acuerdo con lo anterior, es claro que el señor Octavio Ramírez López no puede acceder a la pensión de jubilación en los precisos términos del Decreto 929 de 1976 porque no alcanzó a reunir todos los requisitos exigidos en dicha norma.

Ahora, el demandante expuso en el recurso de apelación que con la decisión adoptada por la a quo y, como se ha visto, compartida por la jurisprudencia del Consejo de Estado, se desconocieron precedentes de la Corte Constitucional como las sentencias T-470 de 2002, T-571 de 2002 o T-430 de 2011, en las cuales según indicó el libelista, la Alta Corporación consideró que el cómputo de tiempos de servicio debía incluir el tiempo cotizado en el sector privado. Sobre el particular, la Sala observa que las providencias proferidas por la Corte Constitucional en sede de revisión de acción de tutela tienen por regla general efectos inter partes, es decir, cuya decisión solo vincula a las partes

en conflicto, y en algunos casos excepcionales, la Corte ha modulado sus efectos de modo tal que se predica de ellas una consecuencia ínter comunis, según la cual la decisión en ella contenida se hace extensiva a todas las personas que aun sin ser parte en el procedimiento de tutela, comparten idénticos presupuestos tácticos y jurídicos de quienes si lo fueron. Sin embargo, este último efecto (inter comunis) solo puede ser otorgado por la Corte Constitucional, esto es, debe existir un pronunciamiento expreso por parte de la Alta Corporación en el sentido de extender sus efectos a todas aquellas personas que se encuentren en circunstancias tácticas de tiempo, modo y lugar, y jurídicas, idénticas a aquellas de quien promovió la acción de tutela; caso que no se presenta en este asunto, pues las sentencias aludidas no hacen mención en forma alguna al régimen pensional especial aplicable a los empleados y funcionarios de la Contraloría General de la República, contenido en el Decreto 929 de 1976.

Conclusión: El señor Octavio Ramírez López no tiene derecho a que le sea reconocida y pagada la pensión de jubilación en los términos previstos por el Decreto 929 de 1976, al no haber demostrado que prestó servicios en el sector público por 20 años, pues las cotizaciones realizadas en el sector privado no pueden ser contabilizados como tiempo de servicio al Estado.

Segundo problema jurídico ¿Al demandante puede concedérsele la pensión de jubilación por aportes por haber cotizado al sistema pensional en el sector público y privado?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: Pese a que el demandante estaba cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no le es aplicable la Ley 71 de 1988 o el Acuerdo 049 de 1990 por cuanto el derecho lo causó con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, es decir, que en virtud del Acto Legislativo 01 este perdió el beneficio de la transición porque tan solo acreditó el requisito de la edad en el año 2017 […]”.

14. Señaló que el actor tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. En ese orden de ideas, expresó que: “[…] Consecuentemente, la subsección estima que es indispensable que el aspecto sustancial del demandante se solucione de manera directa y efectiva, por lo tanto, para que se pueda zanjar la controversia y la situación jurídica se defina de la mejor manera, en garantía de los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital del demandante, y quien además solicitó la prelación de la resolución de su caso en memorial allegado a la Corporación a folios 248-250 ante su edad actual, difícil situación económica a la espera del reconocimiento de su pensión de jubilación y dado que el proceso ingresó a despacho para fallo el 13 de junio de 2017, es necesario declarar la nulidad de los actos administrativos demandados de tal manera que la entidad demandada expida una nueva resolución en cumplimento de la presente sentencia sin el velo de permanencia en el sistema jurídico de las decisiones anteriores.

Por lo tanto, como está definido que el señor Ramírez López satisface los requisitos exigidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 (que es la norma aplicable a su caso) desde el 4 de septiembre de 2019, ostenta un derecho indiscutible a que se le reconozca la pensión de vejez. En virtud de los razonamientos expuestos, en amparo de las garantías a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana se ordenará a la entidad demandada que en cumplimiento a esta sentencia efectúe el reconocimiento de la pensión de vejez prevista en la Ley 100 de 1993 si aún no lo hubiere aún realizado.

En conclusión: El señor Octavio Ramírez López demostró la edad y el número de semanas requeridas para adquirir el derecho a su pensión de vejez desde el 4 de septiembre de 2019. Por lo tanto, en garantía de la tutela judicial efectiva y de sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social se ordenará a la entidad demandada que proceda al reconocimiento con base en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, al ser la norma aplicable […]”.

La solicitud de tutela Pretensiones

15. El actor solicitó en su escrito de tutela: “[…] Previos los trámites de la acción de tutela consagrados en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, se decrete TUTELAR los derechos al debido proceso, defensa, igualdad, y la seguridad social al ciudadano OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ, y en consecuencia se hagan las siguientes

declaraciones y condenas:

1. TUTELAR los derechos al debido proceso, a la defensa, igualdad, seguridad social, al ciudadano OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ.

2. Dejar sin efectos las sentencias del 29 de abril de 2016, emanadas del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, dentro del radicado 66001233300020140011100, y la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 23 de enero de 2020, dentro del radicado 66001233300020140011101.

3. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, y a la Sección Segunda del Consejo de Estado, que decrete la nulidad de la Resolución GNR 088696 del 6 de mayo de 2013 y Resolución VPB 3245 del 4 de agosto de 2013.

4. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, y a la Sección Segunda del Consejo de Estado, que a título de restablecimiento del derecho conceda la pensión de jubilación del señor OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ, en el régimen de transición aplicable a su caso, que es el contenido en el Artículo 7 del Decreto 929 de 1976.

5. Como consecuencia de lo anterior, se ordene el pago del retroactivo de la pensión de jubilación al señor OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ, desde el 9 de noviembre de 2012, dineros que se deben indexar como lo establece el

CPACA.

6. Condenar a COLPENSIONES al pago de los intereses moratorios contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde noviembre de

2012, hasta que se verifique el pago de las mesadas adeudadas.

7. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda y a la Sección Segunda del Consejo de Estado, que como consecuencia de lo anterior se condene en costas y agencias en derecho a COLPENSIONES.

8. Las demás condenas a las que extra y ultra petita hubiere lugar […]”.

16. El actor en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico. Sin embargo, la Sala al revisar los argumentos jurídicos, evidencia que estructuró un defecto sustantivo por interpretación irrazonable del artículo 7 del Decreto 929 de 11 de mayo de 19762 y un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

17. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 16 de febrero de 2021; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Risaralda, y iii) vinculó a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones; y a las […]”.personas que hayan participado en el proceso ordinario con radicado 66001-12-33-000-2014-00111-00 […]” en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

18. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que: “[…] Al respecto, se observa que la conclusión a la que se llegó en la

segunda instancia del proceso ordinario por parte de esta subsección se sustentó en la misma línea interpretativa aplicada en casos similares por la Corporación desde noviembre de 2011, en el proceso con radicación 25000-23-42-000-2006-0345201, tesis en la cual también se edificó la sentencia del 2 de octubre de 2019 con radicación 23001-23-31-000-201100519-01, por lo que para la fecha de promulgación de la sentencia objeto de tutela, esto es, el 23 de enero de 2020, la tesis imperante respecto de los exservidores de la Contraloría General de la República era que debía acreditarse 20 años de servicio en el sector público, de los cuales como mínimo 10 debían ser al servicio de dicha entidad. En ese sentido, esta subsección, luego de aplicar el precedente jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado respecto de la forma de aplicar el régimen pensional de los funcionarios de la Contraloría, y con el fin de garantizar los derechos del señor Octavio Ramírez López realizó un estudio sobre los otros regímenes pensionales aplicables a él, con lo cual se concluyó que el demandante tenía derecho al reconocimiento pensional en los términos de la Ley 100 de 1993. Por este motivo, se considera que en segunda instancia se garantizaron los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, invocados como vulnerados por el señor Ramírez López, pues luego de concluir, se reitera, con fundamento en el precedente de la Corporación que no era procedente contabilizar tiempos privados para completar los 20 años que exigía el Decreto 929 de 1976 y el consecuente reconocimiento

pensional, se ordenó otorgar la pensión al demandante en los términos del régimen general de pensiones […]”.

19. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones señaló que: 2 “Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus familiares”. “[…] En presencia de lo expuesto, solicito respetuosamente a esa H.

Corporación se declare improcedente la presente acción de tutela por cuanto no se ha materializado ningún vicio, defecto o vulneración de derechos fundamentales por parte del Consejo de estado (sic), Sección Segunda y Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, así como por la abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta que nuestra legislación ha dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir lo allí determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia […]”.

20. El Tribunal Administrativo de Risaralda guardó silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

21. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia de 16 de abril de 2021, resolvió lo siguiente: “[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el señor Octavio Ramírez López en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, por los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia […]”.

22. Consideró que:

“[…] En el sub lite, la Sala observa que la sentencia de segunda instancia, objeto de tutela en el presente trámite, fue proferida el 23 de enero de 2020 y quedó ejecutoriada el 27 de febrero de 20203. Por otro lado, la solicitud de amparo fue incoada el 11 de febrero de 20214, por lo que, para esa fecha, habían transcurrido más de doce meses desde que el solicitante de amparo tuvo conocimiento de la providencia cuestionada. En ese orden, la solicitud de amparo formulada por el señor Ramírez López no cumpliría los términos establecidos por la jurisprudencia, respecto del requisito de inmediatez. 2.2.2. Ahora bien, el señor Ramírez López, adujo que formuló la solicitud de amparo dentro de los términos que exige la jurisprudencia para cumplir con el requisito de inmediatez, pues sostuvo que el conteo del plazo razonable se debía efectuar desde el auto que ordenó cumplimiento a la sentencia de segunda instancia, proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda. En sus palabras, manifestó: “(…) La sentencia recurrida, quedó ejecutoriada mediante el auto de cúmplase lo resuelto por el superior, expedido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda del 3 de noviembre de 2020, cumpliéndose con el requisito de inmediatez en la interposición de la acción de tutela. (…)”5. 3 Archivo electrónico identificado con certificado: 4525818C4289B105 8BEA9F9DE589B387 CBDF0A929B71E4ED DE185AB0CEF39799. 4 Archivo electrónico identificado con certificado: 81288CB55909AF5F 20E9B17F81CCA87F

7BD77EE3CDC7C52B 1DC93EB53736EEA9.

5 Página 7 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, identificado con certificado: 400EC9E5E374A815 C18BB5CC12C5AC84 EAC3AB273618FDCD F8CE7CC12D30C7ED. “(…) se cumple con el requisito de inmediatez, pues el auto de acatamiento de lo resuelto por el superior es del 3 de noviembre de 2020 (tres meses aproximadamente, sin descontar la vacancia judicial) (…)”6. La Sala no encuentra de recibo los argumentos del solicitante de amparo, ya que el auto que ordena el cumplimiento de la sentencia, no contiene las decisiones ni las razones que configuran el objeto de la reclamación de amparo, pues la inmediatez de la acción de tutela se debe verificar a partir de las sentencias proferidas en el proceso ordinario, y en concreto, desde la decisión de segunda instancia (que resuelve de manera definitiva la controversia), toda vez que los hechos que generan la