CE-11001-03-15-000-2021-00678-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – La presunta derogatoria tácita por norma posterior en realidad estableció una relación de complementariedad entre estas / ADECUADA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA – Sobre faltas temporales y absolutas / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA NORMA / INTERPRETACIÓN RAZONABLE / APLICACIÓN DE LA HERMENÉUTICA JURÍDICA – Interpretación comparativa y teleológica de las normas acusadas / INEXISTENCIA DE LA DEROGATORIA TÁCITA DE LA NORMA /

NORMA COMPLEMENTARIA / ELECCIÓN DEL DIRECTOR DE PROGRAMA

DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO – Procedencia / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES La Sala abordará de manera conjunta el estudio de las dos normas jurídicas que el actor adujo fueron interpretadas de manera irrazonable, toda vez que, en atención al problema jurídico planteado, es necesario analizar de forma concomitante y comparativa el contenido de cada una de ellas, con el fin de determinar si en efecto hubo una interpretación irrazonable. (…) En ese orden de ideas, la Sección Quinta manifestó que, de conformidad con el principio del efecto útil de las normas y en aplicación de una interpretación sistemática, se debía entender que el artículo 35 del Acuerdo 011 de 19 de agosto de 2010 y el artículo 56 del Acuerdo núm. 005 de 28 de febrero de 2005 no son incompatibles, sino que son normas jurídicas complementarias (…). Ahora bien, la Sala observa que, si bien el artículo 35 del

Acuerdo 011 de 19 de agosto de 2010 reguló las consecuencias derivadas de las faltas temporales y absolutas estableciendo para ello que la autoridad competente en cada caso tendría la facultad de convocar a elecciones o de designar a alguien en dicho cargo; lo cierto es que, no especificó en cuales eventos habría lugar a una u otra opción. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el artículo 56 del Acuerdo núm. 005 de 28 de febrero de 2005 sí especifica uno de esos supuestos, a saber, cuando la falta absoluta es del 50% o más del período, no se advierte incompatibilidad, puesto que el artículo 35 del Acuerdo 011 de 19 de agosto de 2010 establece una regulación general, en tanto que, el artículo 56 del Acuerdo núm. 005 de 28 de febrero de 2005 únicamente se refiere al evento en el que no se predica la facultad potestativa de la autoridad competente, sino que es imperativo convocar a elecciones. (…) Además, la Sala observa que dicha interpretación no se limitó al estudio comparativo entre el contenido de cada norma jurídica, sino que, la autoridad judicial demandada también hizo uso de una interpretación teleológica de las normas jurídicas cuestionadas por el actor. (…) En ese orden de ideas, para esta Sección la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto sustantivo por interpretación irrazonable, teniendo en cuenta que no hubo una derogatoria tácita entre las normas jurídicas que alegó el actor, en la medida en que entre ellas no se predica incompatibilidad, sino complementariedad. Se debe recordar que con fundamento en la jurisprudencia de

la Corte Constitucional, para efectos de que se configure el defecto en cuestión, se debe acreditar en el caso concreto que la interpretación que se hace de una norma jurídica sea grosera y arbitraria que traiga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales, situación que no aconteció en el presente caso, toda vez que el ejercicio hermenéutico de interpretación del artículo 35 del Acuerdo 011 de 19 de agosto de 2010 y del artículo 56 del Acuerdo núm. 005 de 28 de febrero de 2005, se realizó de manera razonable.

FUENTE FORMAL: ACUERDO 011 DE 19 DE AGOSTO DE 2010 - ARTÍCULO 35 / ACUERDO 005 DE 28 DE FEBRERO DE 2005 - ARTÍCULO 56

NOTA DE RELATORÍA: Con salvamento de voto del consejero Oswaldo Giraldo López sin medio magnético a la fecha 16 de marzo de 2021.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00678-00(AC)

Actor: UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO Referencia: Acción de tutela Tema: Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas/alcance Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y el principio de la ii)

autonomía universitaria Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 11 de febrero de 2021, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 630012333000202000341-01, vulneró su derecho fundamental invocado supra. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La parte actora, mediante apoderado, presentó acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 11 de febrero de 2021, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 630012333000202000341-01, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de

tutela, en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, mediante Resolución núm. 5286 de 20 de febrero de 2019, el Rector de la Universidad del Quindío estableció las directrices o reglas para la realización de la convocatoria y elección de los “empleos directivo – administrativo” de la institución, entre los cuales se encontraban, los directores de programa.

4. Señaló que, a través de la Resolución núm. 6133 de 31 de mayo de 2019,

expedida por la Rectoría de la Universidad, se nombró Directora del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo a la señora Hilda Clemencia Marín Valencia, para el período comprendido entre el 1.º de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2023.

5. Expresó que, el acto administrativo mencionado supra fue objeto de control judicial a través del medio de control de nulidad electoral, proceso identificado con el número único de radicación 630012333000201900120-00, el cual fue resuelto el 10 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Quindío en el sentido de declarar la nulidad del acto cuestionado, al considerar que la señora Marín Valencia no reunía los requisitos de ley para ocupar el cargo.

6. Mencionó que, por medio de auto de 17 de enero de 2020, la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó por extemporáneos los recursos de apelación que se presentaron contra la sentencia de 10 de octubre de 2019.

7. Afirmó que, a través de la Resolución núm. 6994 de 3 de febrero de 2020, se acató una orden judicial y desde esa fecha se desvinculó del cargo a la señora

Hilda Clemencia Marín Valencia.

8. Explicó que, como consecuencia de lo anterior, mediante la Resolución núm. 7070 de 11 de marzo de 2020, la Universidad del Quindío nombró al señor John James Pérez Penagos, como Director del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta el 31 de mayo de 2023, es decir, “por tiempo superior al cincuenta por ciento del previsto para el período de los directores de programa que es de

cuatro años”.

9. Manifestó que Fabio Cagua Castellanos presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra el acto por medio del cual se nombró al señor John James Pérez Penagos como Director del Programa en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Quindío, toda vez que, consideró que se habían desconocido las normas en que debía fundarse, esto es, el artículo 69 de la Constitución Política de 1991, el artículo 28 de la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992, el Acuerdo 011 de 19 de agosto de 20101 y el Acuerdo núm. 005 de 28 de febrero de 20052, por lo que, a su juicio, al haberse presentado una falta absoluta del 50% o más del período, el órgano directivo debió haber convocado a una nueva elección para proveer el empleo por el tiempo restante, y no realizar un nombramiento de forma directa.

Sentencia proferida el 22 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 630012333000202000341-00

10. El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia de 22 de octubre de 2020, decidió: 1 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO”. 2 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO”. “[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas […]”.

11. Señaló que en el caso sub examine “[…] las pretensiones deben denegarse

porque el Estatuto Electoral de la Universidad del Quindío (normativa posterior), modificó tácitamente el Estatuto General de la misma Universidad (normativa anterior), permitiendo que en el evento de existir faltas absolutas o temporales en el cargo de director de programa en la Universidad, su provisión sea mediante convocatoria o de manera directa por el Rector (como se hizo) por el tiempo que resta, siempre que el designado cumpla los requisitos exigidos para el mismo […]”.

12. Explicó que: “[…] Ahora bien, en el sub judice no existe discusión que el cargo en mención es de periodo fijo o previamente determinado por las reglas internas de elecciones en la Universidad, y al haberse presentado la declaratoria de nulidad por parte de autoridad judicial del acto de elección de la señora HILDA CLEMENCIA MARIN VALENCIA en el cargo de director de Programa Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Quindío, se presentó administrativamente una situación de separación absoluta en el cargo. Por ende, correspondía una decisión de la autoridad competente para proveerla.

En ese orden de ideas, la Sala verifica que el Estatuto Electoral de la Universidad del Quindío (expedido en el año 2010), norma posterior y expedida con la finalidad expresa de suprimir, modificar y adicionar reglamentaciones anteriores, como es el Estatuto General de la Universidad (norma expedida en el año 2005); dispuso en su artículo 35, que en el evento de existir faltas absolutas o temporales en el cargo de Directores de programa, su provisión puede realizarla la rectoría del ente universitario mediante convocatoria a elecciones o

designación directa por el tiempo que resta, siempre que el designado cumpla los requisitos exigidos para el mismo. En efecto, no cabe duda que el Estatuto General de la Universidad del Quindío contiene disposiciones incompatibles con las del nuevo Estatuto Electoral de la misma Universidad; evidentemente, esta última normativa amplió las posibilidades administrativas en el evento de presentarse una situación administrativa, como es la separación absoluta o temporal en el cargo de director de programa y solventar el periodo que resta del cargo. Por consiguiente, forzoso es concluir la ocurrencia del fenómeno de derogatoria tácita, ya que la segunda normativa fue emitida con el propósito de modificar o corregir la primera; en el sentido de abrir la posibilidad de que ante dicha situación administrativa, la rectoría tenga la facultad de decidir por nueva convocatoria a elecciones o una designación directa por el tiempo que resta del cargo […]”. (Resaltado del texto original) Sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 630012333000202000341-01

13. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 11 de febrero de 2021, decidió: “[…] PRIMERO: REVOCAR el fallo del 22 de octubre de 2020, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Quindío y negó las pretensiones de la demanda y en su lugar DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 7070 del 11 de marzo de 2020, proferida por el rector de la Universidad del Quindío, mediante la cual se nombró al señor John James Pérez Penagos, como director de programa de

seguridad y salud en el trabajo, adscrito a la facultad de ciencias de la salud, para el período comprendido entre el 12 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2023 […]”.

14. Como fundamento de su decisión, señaló que: “[…] 58. Atendiendo, las normas citadas es pertinente advertir que el artículo 56 del Acuerdo 005 de 28 de febrero de 2005 (estatuto general), regula de manera específica el evento en el que se presente una falta absoluta de un director de programa, cuando ésta se presente faltando un 50% o más del período previsto para el cargo, ordenando que el rector como encargado realice una convocatoria para nuevas elecciones.

59. Por su parte, el artículo 35 del Acuerdo 011 de 2010 (estatuto electoral), prevé varios eventos en los que se puede presentar la separación temporal o permanente de los cargos de “rector, decano, director de programa y representantes a los distintos consejos a que hace referencia el presente estatuto”, facultando a quien tenga la potestad de nombrar en los empleos, a realizarlo directamente o a convocar nuevas elecciones, sin embargo, este compendio normativo no enuncia cuándo el nominador puede hacer uso de una u otra metodología para la designación de los reemplazos.

60. Ahora bien, con el fin de determinar la compatibilidad de las normas mencionadas anteriormente, es pertinente señalar que el artículo 58 del estatuto general, indicó que “el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, y deroga todas las normas que le sean contraria”, de lo cual se puede advertir que según lo establecido en el artículo 71 del Código Civil, no estamos en presencia

de una derogatoria expresa, pues el legislador universitario no indicó de forma precisa y concreta las normas jurídicas que sería expulsadas del ordenamiento de la universidad, una vez entrara en vigencia la nueva regulación.

61. Por otra parte, es pertinente dilucidar si el artículo 56 del estatuto general contiene disposiciones que no pueden conciliarse con el 35 del estatuto electoral, y revisar si se configura derogatoria tácita, de lo cual, se advierte que es claro que la segunda de las disposiciones mencionadas tiene un ámbito de aplicación más amplio, en donde se prevén las faltas temporales o absolutas, inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes que conlleven a la a la separación del empleo, entre los cuales se destaca el cargo de director de programa, y además contempla de manera potestativa en cabeza del nominador la facultad de convocar a elecciones o de designar directamente para el tiempo que reste para completar el período del referido empleo […]”.

15. Manifestó que, de conformidad con el principio del efecto útil de las normas y en aplicación de una interpretación sistemática, se debía entender que el artículo 35 del Acuerdo 011 de 19 de agosto de 2010 y el artículo 56 del Acuerdo núm. 005 de 28 de febrero de 2005 no son incompatibles, sino que son normas jurídicas complementarias, toda vez que, el artículo 56 del Acuerdo núm. 005 de 28 de febrero de 2005 se refiere a un evento específico de faltas absolutas en el que es procedente realizar una nueva convocatoria a elecciones, esto es, cuando la falta absoluta se presente faltando el 50% o más del tiempo para cumplir el período

previsto para el cargo de director de programa, razón por la cual ambas normas jurídicas se encuentran vigentes y coexisten.

16. Explicó que: “[…] para la Sala entender que el artículo 35 del Acuerdo No. 011 de 2010 derogó tácitamente el 56 del Acuerdo No. 005 de 2005, podría significar que se afecte el carácter democrático que pretende preservar el proceso de la convocatoria, en tanto siempre quedaría a disposición del nominador la facultad de nombrar al director de programa, independientemente del tiempo que faltare para que se cumpla el periodo institucional, que precisamente fue lo que consideró el estatuto general, al consagrar que si falta más de la mitad de dicho periodo, se cuenta con el tiempo suficiente para procurar que la designación esté precedida de un proceso en el que puedan participar los distintos estamentos de la universidad, garantizando de esta manera una mayor legitimidad de la elección, margen de protección que podría resultar más “costoso" o innecesario, teniendo en cuenta el poco tiempo que falta para que se finalice el periodo institucional […]”. […] “[…] 67. En ese orden de ideas, para la Sala es imperioso concluir que en el presente caso no existe una derogatoria tácita, teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 71 y 71 del Código Civil, dado que en cuanto a la provisión de una falta absoluta de un director de programa, el artículo 56 del Acuerdo No. 005 de 2005 y el 35 del Acuerdo 011 de 2010 son complementarios, contario a lo indicado por el a quo […]”.

17. Al abordar la aplicación de la tesis expuesta supra en el caso concreto,

concluyó que:

“[…] 73. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el parágrafo 1 del artículo 26 del estatuto electoral, dispuso que “el período del rector, representantes del Consejo Superior, Decanos, Directores de Programa, representantes del Consejo Académico, de Facultad y Curriculares será de cuatro (4) años.” En aplicación del artículo 56 del Acuerdo 005 de 2005, incumbe a la Sala determinar si cuando se presentó la falta absoluta (en el momento que se desvinculó a la señora Hilda Clemencia Marín Valencia) faltaba el 50% o más del tiempo para terminar el período. Designación de Período Vacancia Tiempo director de absoluta trascurrido del programa período Resolución No. período Resolución No. 9 meses y 3 días 6133 del 31 de comprendido 6994 de febrero mayo de 2019 entre el 1 de 3 del año 2020 junio de 2019 y el 31 de mayo de 2023

74. De lo anterior es dable concluir, que como el período de los directores de programa es de 4 años, lo que equivale a 48 meses, y al momento de presentarse la vacancia absoluta solamente había trascurrido 9 meses y 3 días, para la Sala es claro que se configuró el evento previsto en el artículo 56 del Acuerdo No. 005 de 2005, en tanto hacía falta mucho más del 50% para culminar el período, por lo que se debió citar nuevas elecciones.

75. En esa medida, haber desconocido el rector la norma antes referida, vulneró el principio democrático, pues desconoció la participación de los diferentes estamentos como lo son, los estudiantes, docentes y el decano de la facultad,

quienes, tiene el derecho a intervenir en el proceso electoral para la escogencia de un director de programa […]”. La solicitud de tutela Pretensiones

18. Pese a que el actor no manifestó expresamente sus pretensiones, del contenido del escrito de tutela se advierte que su solicitud se dirige a que se proteja su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, se deje sin efectos la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 630012333000202000341-01.

19. El actor indicó, en su escrito de tutela, que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable del artículo 35 del Acuerdo 011 de 19 de agosto de 2010 y del artículo 56 del Acuerdo núm. 005 de 28 de febrero de 2005.

20. Manifestó que: “[…] la Sección Quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, a través de la sentencia de segunda instancia está vulnerando flagrantemente la autonomía universitaria, desconociendo que el querer del Consejo Superior con lo establecido en el artículo 35 del Estatuto Electoral, Acuerdo del Consejo Superior No 011 del 19 de agosto de 2010, era derogar el artículo 56 de Acuerdo del Consejo Superior No 005 de 2005.

Se realizó un amplio análisis de las regulaciones estatutarias, pero el mismo fue parcializado, porque no se enfocó en la norma de manera completa […]”. […] “[…] En momento alguno, el Consejo de Estado en la sección Quinta, analizó la

siguiente expresión del Estatuto ElectoralAcuerdo 011 de 19 de agosto de 2010: “En el evento en que se presente falta temporal o absoluta.”, aquí está clara y completa la voluntad del Consejo Superior de la Universidad del Quindío, y no se puede desconocer que existe una variación en la regulación, indicó la norma, en el evento en que se presente falta; ¿Cuál evento? Me pregunto, aquí no hay duda y lugar a interpretación alguna, en todo evento en que se presente falta, sea absoluta o temporal, esta manifestación de voluntad de la administración a través del acto de carácter general, es totalmente diferente al que fue derogado tácitamente […]”. […] “[…] porque en la primera norma (A.C.S 005/2005) no existe la facultad potestativa (La autoridad competente para cada caso tendrá la facultad de convocar a elecciones o de designar), que desconoce el (sic) Sección Quinta del Consejo de Estado en la Sentencia, me pregunto, ¿Cómo puede abolirse una facultad potestativa, sin vulnerar la autonomía universitaria?. (Expresiones que tampoco analizó la sección Quinta). Igualmente, la norma posterior (Estatuto ElectoralAcuerdo 011 de 19 de agosto de 2010) otorga al nominador la facultad de convocar a elecciones o designar para el cargo o representación, hecho que desconoció la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia hoy controvertida. Tampoco tuvo en cuenta el intérprete la especialidad de la norma, acogió una norma de carácter general – anterior - para integrarla a una norma de carácter especial – posterior-, es decir, es tan evidente que la Sección Quinta no fue más

allá de la interpretación dada en la sentencia que no acudió a los demás métodos de interpretación de las normas para llegar a una conclusión […]”. Actuación

21. El Despacho sustanciador, mediante auto de 24 de febrero de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado; iii) negó la solicitud de medida provisional; y iv) vinculó al Tribunal Administrativo del Quindío y a los señores John James Pérez Penagos y Fabio Cagua Castellanos, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Informe de la parte demandada y de las partes vinculadas

22. El señor John James Pérez Penagos indicó que: “[…] Sin mayores argumentos jurídicos, doctrinales ni jurisprudenciales, y mucho menos, sin presentar soportes que sustenten la línea ideológica planteada, el despacho con el aparente ánimo de garantizar el inexistente “principio de fomento de la democracia interna”, termina burlando el propio ejercicio democrático y de democracia participativa, con el que el Consejo Superior de la Universidad del Quindío erigió los estatutos con los que a la postre sirvieron al rector de la Universidad del Quindío, para sustentar la decisión de designación expresa en la Resolución 7070 de 2020; toda vez que con una equivocada argumentación jurídica, decide mutilar la AUTONOMIA UNIVERSITARIA, desconociendo en forma autoritaria, la facultad que el ente universitario tiene, para que en ejercicio

del actuar democrático y atendiendo las disposiciones legalmente establecidas, en virtud del principio de la AUTONOMIA UNIVERSITARIA, se dieran sus propios estatutos; y en fundamento a ello, se escogieran sus autoridades […]”. […] “[…] Al tenor de lo señalado en el numeral 63 del fallo tutelado, al analizar el fallador de instancia la figura de la derogatoria tacita o expresa, tenemos que el mismo órgano de decisión, desconoció el contenido de lo establecido en la norma posterior y especial que regula las actividades electorales, en el que el mismo instrumento (ACUERDO 011 DE 2010) establece con claridad regulación especial, con el que se zanga la posible duda que pudiera suscitarse, toda vez que de manera precisa y sin dejar espacio para las interpretaciones subjetivas, el ordenamiento interno de la Universidad del Quindío estableció la forma de aplicar la norma y por ende de designar la autoridad que corresponde (DIRECTOR DE PROGRAMA), excluyendo del orbita jurídica, lo contenido al respecto, en el Acuerdo 05 de 2005, para tal fin y bajo el entendido de la inexistencia de la norma, que la SECCION de decisión, en un análisis “ampliado” “revivió” una norma para justificar la aplicación de la misma […]”.

23. Los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Quindío y el señor Fabio Cagua Castellanos, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia de la Sala

24. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el

cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 20174, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185 y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196. Generalidades de la acción de tutela

25. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

26. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 11 de febrero de 2021, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 630012333000202000341-01, incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable de unas normas jurídicas, lo que trajo como consecuencia que se declarara la nulidad del acto mediante el cual la Universidad del Quindío nombró al señor John James Pérez Penagos como

Director del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

27. Para resolver este problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto, iv) defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y jurisprudencial del principio de la autonomía universitaria; vii) análisis del caso en concreto y, finalmente viii) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales 3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 4 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. 6 “Reglamento Interno del Consejo de Estado”.

28. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello7, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

29. Esta Sección8 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

30. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

31. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha

considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”9.

32. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducid