CE-11001-03-15-000-2021-00808-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR FALTA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ - La interposición de la acción supera el término de 6 meses / FLEXIBILIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ DE LA ACCIÓN DE TUTELA / CONTROVERSIA SOBRE PRESTACIONES PERIÓDICAS / PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Constituye una prestación periódica y la presunta vulneración alegada es continua y actual / PERSONA EN SITUACIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA – No se demostró /

AUSENCIA DE JUSTIFICACIÓN DE LA INACTIVIDAD DEL PETICIONARIO

[L]a Sala considera que la acción de tutela fue presentada, superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como se evidencia ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales que permiten establecer un plazo superior al determinado, como por ejemplo en los casos donde se controvirtieren asuntos sobre prestaciones periódicas, donde se deben verificar los requisitos antes mencionados en la parte motiva de esta sentencia como lo son: “[…] que se demuestre que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto

de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”. En el análisis del caso concreto, se cumple el primer requisito toda vez que la pensión de jubilación constituye una prestación periódica y la presunta vulneración alegada es continua y actual, teniendo en cuenta que lo que se procura es que tal prestación le sea reconocida, con los reajustes respectivos. En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta (…) Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con prueba sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de protección constitucional contra la providencia que presuntamente violó sus derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto de la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el término de inmediatez. (…) Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación reciente, SU – 354 de 2017 , reiteró la importancia del requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber sido notificada la

decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia que no se observa en el presente caso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00808-01(AC)

Actor: ALISADIELA ARIAS

Demandado: SUBSECCIÓN E DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito de inmediatez Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) mínimo vital, iii) seguridad social, iv) igualdad y v) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: i) Ninguno SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 23 de abril de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente el amparo. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, a través de apoderada, presentó solicitud de tutela contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 8 de noviembre de 2019, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013342047201700060-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, la actora se vinculó a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, como empleada pública del sector central, desde el 1 de octubre de 1983 hasta el 2 de mayo de 2004.

4. Señaló que, por medio de la Resolución núm. 2324 de 13 de septiembre de 20041, expedida por la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, se le reconoció pensión de jubilación, efectiva a partir del 3 de mayo de 2004.

5. Adujo que, el 2 de septiembre de 2016, la actora le solicitó al Ministerio de Defensa Nacional – Grupo de Prestaciones Sociales, la reliquidación de la pensión de jubilación otorgada mediante la Resolución núm. 2324 de 13 de septiembre de 20042, expedida por la Secretaría General del Ministerio de

Defensa Nacional.

6. Manifestó que, el Ministerio de Defensa Nacional – Grupo de Prestaciones Sociales negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación presentada

por la actora, a través del Oficio núm. 16-70952 de 8 de septiembre de 2016.

7. De conformidad con lo anterior, afirmó que la actora presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar, que se identificó con el número único de radicación 11001-33-42-047-2017-0006000, con el fin de que se declarara la nulidad parcial de la Resolución núm. 2324 del 13 de septiembre de 20043 expedida por la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional y la nulidad del Oficio núm. 16-70952 de 8 de septiembre de 2016, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional – Grupo de Prestaciones

Sociales. Sentencia proferida el 17 de mayo de 2018 por el Juez Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del medio de control de nulidad 1 “Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una Pensión mensual de jubilación con fundamento en el expediente MDN No. 1948 de 2004”. 2 “Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una Pensión mensual de jubilación con fundamento en el expediente MDN No. 1948 de 2004”. 3 “Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una Pensión mensual de jubilación con fundamento en el expediente MDN No. 1948 de 2004”. y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-42-047-2017-00060-00

8. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 17 de mayo de 2018, decidió: “[…] PRIMERO: DECLARAR PROBADA parcialmente la prescripción cuatrienal sobre cualquier diferencia causada en las mesadas comprendidas entre el 3 de mayo de 2004 y el 2 de septiembre de 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la resolución No. 2324 del 13 de septiembre de 2004 y LA NULIDAD del oficio NO. OFI 16-70952 del 8 de septiembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación — Ministerio de Defensa Nacional, a: a) Reliquidar la pensión de jubilación de la señora Alisadiela Arias identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.526.502, con el 75% del último salario devengado, tomando como base las partidas computables señaladas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, siendo estas: el sueldo básico, la prima de servicios, la prima de alimentación, la prima de actividad en un porcentaje del 33%, el subsidio familiar en el porcentaje en que lo percibiera, el auxilio de transporte y una duodécima parte de la prima de navidad, a partir del 3 de mayo de 2004. b) La entidad accionada, pagará a la demandante la diferencia indexada entre la

nueva liquidación y las sumas pagadas por Pensión de Jubilación, a partir del 2 de septiembre de 2012 por prescripción cuatrienal, diferencia ajustada en los términos del art. 187 del C.P.A.C.A., teniendo en cuenta la siguiente fórmula: R= R.H. ÍNDICE FINAL ÍNDICE INICIAL En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por la demandante de la correcta liquidación de su pensión de jubilación, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho periodo. Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes a mes para cada mesada pensional, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos. […]”.

9. Como problema jurídico a resolver planteó: “[…] Consiste en establecer si la señora ALISADIELA ARIAS, tiene derecho a que la entidad demandada reliquide la pensión de jubilación de la que es beneficiaria, para que se incluyan las partidas de prima de actividad y prima de servicios, con fundamento en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990. […]”.

10. Consideró que: “[…] como la señora Alisadiela Arias fue vinculada al Ministerio de Defensa el 1 de octubre de 1983 y posteriormente fue incorporada al Instituto de Salud de las

Fuerzas Militares y a la Dirección General de Sanidad Militar, la entidad accionada desconoció el régimen salarial y prestacional que la cobija, este es, el contenido en el Decreto 1214 de 1990, como quiera que según lo consagran el parágrafo del artículo 89 del Decreto 1310 de 1994, el artículo 55 de la Ley 322 de 1997 y el artículo 144 del Decreto 1792 de 2000, a los empleados que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, que se incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, y que se hubieran vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, continuarían cobijados por lo previsto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990. Con fundamento en lo anterior, considera el Despacho que la señora Alisadiela Arias tiene derecho a que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional reliquide su pensión de jubilación incluyendo las partidas señaladas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 […]”. Sentencia proferida el 8 de noviembre de 2019 por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento identificado con el número único de radicación 11001-33-42-047-2017-00060-01

11. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 8 de noviembre de 2019, decidió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone:

1. NIÉGUESE las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Alisadiela Arias en contra el Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con los considerandos de la presente decisión.

2. De acuerdo con el artículo 365 del Código General del Proceso, se condena en costas de ambas instancias a la parte demandante según lo señalado en precedencia. Para tal efecto, se fija como agencias en derecho el valor el valor (sic) de setecientos mil pesos ($700.00 M/L). Liquídese por la Secretaría del juzgado de primera instancia. […]”.

12. Como problemas jurídicos planteó: “[…] 8.2.1 ¿la señora Alisadiela Arias en calidad de ex servidora de la Dirección General de Sanidad Militar, es destinataria del régimen salarial previsto para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, en virtud de lo previsto en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 del mismo año, y si por haberse vinculado con la administración antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, su régimen prestacional es el establecido en el Decreto-ley 1214 de 1990? 8.2.2 En caso positivo definir si, ¿tiene derecho a que se le reconozca, reliquide y pague la asignación básica de acuerdo a lo dispuesto en los decretos que

anualmente expide el Gobierno Nacional para los empleados públicos del orden nacional y se le reliquide la pensión con las partidas computables señaladas en el artículo 102 del Decreto-Ley 1214 de 1990? […]”.

13. Consideró que: “[…] a la parte actora le resulta aplicable el título VI del Decreto 1214 de 1990. No obstante, para que la prestación pensional sea liquidada con los factores salariales relacionados en el artículo 102 del citado decreto, debió acreditar que los percibió en la última asignación salarial, aspecto que no se encuentra probado en el proceso, esto es, no devengó en actividad la prima de actividad y la prima de servicios del artículo 46 del Decreto 1214 de 1990, y si bien percibió otros factores, dichos emolumentos no se encuentran enlistados en el aludido artículo, de ahí que no sean susceptibles de inclusión […]”.

La solicitud de tutela Pretensiones

14. La actora solicitó en su escrito de tutela: “[…] PRIMERA.- Se ampare en favor de la señora ALISADIELA ARIAS, sus derechos fundamentales al debido proceso, su derecho al mínimo vital, derecho a la integridad de la seguridad social en lo pensional, derecho a la igualdad de tratamiento ante la ley, el acceso a la administración de justicia, y demás connotaciones referidas en el artículo 53 superior.

SEGUNDA.- Se declare sin efectos jurídicos la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN E., el día 8 de noviembre de 2019, expedida con ocasión del trámite de segunda instancia dentro del proceso ordinario, medio de control de

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, identificado con el radicado 1 11001334204720170006001. TERCERA.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal accionado, emitir una nueva sentencia que incluya dentro de su motivación la garantía efectiva de aplicar para la demandante EN SU INTEGRIDAD el régimen prestacional y pensional establecido en el Titulo (sic) VI del Decreto 1214/90 y demás normas que lo modifique y adicionen, tal como lo dispuso el parágrafo del artículo 89 del decreto 1301/94, el artículo 55 de la ley 352/97 y el numeral 4 del artículo 3 del decreto 3962/97.

CUARTA: Se dé aplicación al reiterado precedente judicial fijado por el H.

Consejo de Estado en casos con supuesto de hecho y de derecho similares al reclamado por la aquí accionante; y en caso de que el Tribunal se aparte de él, exponga en la parte motiva de la sentencia la relación de motivos y razones que lo llevan a no aplicar las decisiones judiciales ya tomadas con anterioridad por jueces de igual y superior jerarquía.

QUINTA: Que el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Segunda – Subsección E, al momento de resolver nuevamente el recurso de apelación, efectué (sic) adecuadamente la verificación objetiva en los argumentos expuestos, a la luz de las normas constitucionales, principalmente el artículo 13, 53 superiores y tratados internacionales debidamente ratificados, cuya motivación se suplica (sic), quede incluida en la providencia […]”. (Resaltado del texto original).

Actuación

15. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante

auto de 4 de marzo de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó en calidad de terceros con interés legítimo a la Nación – Ministerio de Defensa – Comando General – Dirección General de Sanidad Militar y al Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo del Circuito de Bogotá, a quienes concedió el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular. Intervenciones de la parte demandada y los terceros con interés legítimo

16. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó rechazar por improcedente el amparo solicitado en la tutela, toda vez que, a su juicio, “[…] la parte accionante pretende generar una tercera instancia, al insistir en un debate que ya fue resuelto en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, trámite en el que se hicieron efectivas las garantías fundamentales de la accionante. […]”.

17. Adujo, en cuanto a los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, que: “[…] no estamos frente a una cuestión de evidente relevancia constitucional, como quiera que de acuerdo con el contenido de la acción de tutela, lo que la parte accionante controvierte en el presente son cuestiones de orden estrictamente legal que en su momento fueron debatidas y resueltas en el proceso ordinario, y que no corresponde tratar en sede constitucional. En efecto, la parte accionante refuta varios puntos desarrollados en las providencias objeto

de reproche, que confluyen en la indebida aplicación de las normas para el desarrollo del caso concreto. Sin embargo, es evidente que, si la actora no estaba conforme con la decisión proferida, debió hacer uso de los recursos extraordinarios y no pretender hacer uso del mecanismo de tutela como una instancia adicional, motivo por el cual respetuosamente se solicita que sea rechazada por improcedente. […]”.

18. Afirmó, frente al requisito de inmediatez, que: “[…] se torna improcedente la presente acción, como quiera que la sentencia de segunda instancia que se controvierte fue proferida por la Sala de la Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 8 de noviembre de 2019, y la notificación se realizó por medio electrónico el 25 de noviembre de 2019, afirmación que se puede constatar con la información consultada en la página web de la Rama Judicial […]”. […] “[…] Por su parte, la accionante instauró el presente amparo constitucional el 1.° de marzo de 2021, (cuando había trascurrido (sic) un (1) año, tres (3) meses, y cinco (5) días, término que excede la subregla general que fijó un plazo de seis (6) meses como razonable para el ejercicio de la acción, lapso que, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, debe ser contado a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso.

[…]”.

19. Precisó que: “[…] la accionante, señora Alisadiela Arias, no acredita una justificación o excusa

alguna que demuestre el por qué de la tardanza en la presentación de la tutela, lo cual desconoce los criterios pacíficos que han adoptado los órganos de cierre. Y, no es recibo el argumento de la abogada Kelly Andrea Eslava Montes, al indicar que estuvo privada de la libertad 7 de noviembre de 2019 hasta el 11 de noviembre de 2020, y por ello, se justifica razonadamente la interposición de la acción de tutela en este momento. Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien la acción contenciosa debe ser interpuesta a través de un abogado, la acción de tutela tiene la característica esencial de poderse interponer en nombre propio -sin apoderadocomo lo establece el artículo 86 Constitucional. Así, en el presente asunto quién se justifica ante la tardanza en la presentación de tutela es la apoderada, sin embargo, no obra dentro del escrito de tutela prueba alguna o justificación razonable que explique por qué la señora Alisadiela Arias no pudo hacerlo en nombre propio, o a través de otro apoderado. […]”.

20. Manifestó, en cuanto al defecto sustantivo alegado por la actora, que “[…] lo que pretende la accionante es reabrir el debate respecto de cuestiones estrictamente legales, que ya fueron discutidas en el proceso ordinario ante el juez natural de la causa. […]”.

21. Adujo que no incurrió en un desconocimiento del precedente, comoquiera que, a su juicio, la sentencia de 8 de noviembre de 2019, “[…] explicó de manera objetiva, lógica, razonada y con suficiencia, por qué se negaban las pretensiones de la demanda […]”.

22. Agregó que, al proferir la sentencia de 8 de noviembre de 2019, no incurrió

en una violación directa del artículo 53 de la Constitución Política, y los tratados internacionales debidamente ratificados por Colombia, toda vez que, a su juicio, “[…] se aplicaron las normas pertinentes para resolver el tema bajo estudio, así mismo, de la lectura de la sentencia se logra evidenciar que el análisis se realizó en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales aplicables. […]”.

23. La Nación – Ministerio de Defensa – Comando General – Dirección General de Sanidad Militar solicitó negar las pretensiones de la tutela, toda vez que, a su juicio, carecen de fundamento jurídico.

24. Señaló que, en el caso sub examine no se cumple con el requisito de inmediatez, comoquiera que: “[…] En el presente caso el fallo del Tribunal de Cundinamarca se produjo el 08 de noviembre de 2019, y solo hasta el 1° de marzo de 2021, fue instaurada esta acción, es decir más de 15 meses después de la supuesta vulneración de derechos.

Pese a que no hay un término específico para instaurar acción de tutela, esta debe incoarse dentro de un término prudencial, el cual se estima en seis (6) meses después de ocurrida la alegada vulneración de sus derechos. […]”.

25. Indicó que, no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, toda vez que, a su juicio, “[…] siendo el debido proceso un derecho fundamental mediante el cual nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, en el presente

caso dicho derecho fundamental no ha sido vulnerado. […]”.

26. Sostuvo que no se vulneró el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la accionante, comoquiera que, a su juicio, “[…] para satisfacer el derecho a la administración de justicia, no basta con que en los procesos se emitan decisiones definitivas en las cuales se resuelvan controversias y se ordene la protección a los derechos de las partes, ya que es preciso que existan mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones o sentencias, y que se protejan efectivamente los derechos. En el presente caso no se está negando al actor el acceso a la administración de justicia; todo lo contrario, la demandante hizo uso de su derecho y accionó. […]”.

27. Resaltó que no existe una vulneración al derecho fundamental al trabajo de la actora comoquiera que, sigue “[…] disfrutando de su pensión de jubilación. Cosa diferente es que ella este (sic) pretendiendo el desconocimiento de un fallo que no le convenga a sus intereses. […]”.

28. Agregó que, en el caso sub examine no se cumplen con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, particularmente con el requisito de relevancia constitucional toda vez que, a su juicio, “[…] el objeto de la demanda es reabrir el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en sus aspectos probatorios y jurídicos, lo que desdibuja las finalidades de esta acción constitucional. […]”.

29. Concluyó que: “[…] De acuerdo con lo preceptuado en la sentencia de unificación SUJ-019CE-S219, así como en los artículos 98 y 102 del Decreto 1214 de 1990, como la demandante se vinculó al MDN antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que su pensión de jubilación incluya todas las partidas del referido Decreto 1214, siempre y cuando las estuviera devengando al momento de su retiro, y por ende se vieran reflejadas en su último salario. […]”.

30. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá explicó que “[…] la presente acción no está dirigida directamente contra este juzgado, sino contra la decisión proferida en segunda instancia, por cuanto este despacho accedió parcialmente a las pretensiones, decisión judicial que resultó revocada. Así las cosas, en el trámite de instancia, este despacho no incurrió en vulneración de derecho fundamental alguno. […]”.

La sentencia impugnada

31. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia de 23 de abril de 2021, resolvió lo siguiente: “[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado por Alisadiela

Arias. […]”.

32. Como problema jurídico, planteó el siguiente: “[…] La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad en contra de providencias judiciales, específicamente analizará si se cumple el de inmediatez. […]”.

33. Como fundamento de su decisión, consideró que: “[…] 5.1.- Se encuentra que la providencia atacada a través de esta acción constitucional fue proferida el 8 de noviembre de 2019, y notificada de forma electrónica el 25 del mismo mes y año como aparece en el expediente de nulidad y

restablecimiento del derecho. Entonces, la Sala procederá a revisar si logra superarse el presupuesto analizado, tomando como punto de partida para su cómputo la fecha en la que la providencia señalada cobró firmeza y previendo que dicho término de ejecutoria se predica una vez finiquitado el plazo previsto en el artículo 302 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, que puede ser usado para solicitar la corrección, la aclaración o la complementación de la decisión. 5.2.- Así las cosas, la sentencia de segunda instancia del 8 de noviembre de 2019, notificada el 25 del mismo mes y año, cobró ejecutoria el día 28 siguiente, de modo que el término de los 6 meses, que prima facie, se avista razonable, estuvo vigente hasta el 28 de mayo de 2020. No obstante, la acción de tutela presentada por Alisadiela Arias, solo fue radicada hasta el 26 de febrero de 2021, por lo que fuerza concluir que tuvo lugar por fuera del plazo jurisprudencialmente dispuesto. En vista de lo anterior, la interesada solicitó que el término de inmediatez se flexibilizara, pues, estando en curso la segunda instancia del mencionado proceso ordinario, su abogada fue privada de la libertad en el marco de una investigación penal, y solo superó esta situación hasta el 11 de noviembre de 2020, razón por la que no estuvo posibilitada para incoar la tutela previamente, representada jurídicamente. Al respecto, en cuanto a las razones expuestas por la parte actora, para llamar a la flexibilización del requisito de inmediatez, resulta indicar, en primer lugar, que la

presunta necesidad de acudir a un profesional del derecho para impetrar la presente acción no es un obstáculo para solicitar el amparo de los derechos fundamentales. Ello es así, dada la naturaleza y el carácter informal de la acción de tutela, que permite que cualquier persona pueda pretender la protección de sus derechos, ya sea de manera verbal o escrita, sin ninguna exigencia adicional a que se exprese de manera clara “la acción o la omisión que la motiva y el derecho que considera amenazado”. Además, a pesar de que la apoderada judicial de la peticionaria se encontrara privada de la libertad, pudo, en principio, haber elaborado o radicado la acción constitucional desde el sitio de reclusión, o, al menos, no se adujo alguna dificultad específica sobre el particular. […]”. La impugnación

34. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para lo cual, indicó lo siguiente: “[…] la decisión adoptada EN PRIMERA INSTANCIA, obedeció a un estudio ligero de la ley disciplinaria aplicable para los abogados, y a un desconocimiento de la situación fáctica, desde el punto de vista de los intereses de la accionante, y de los de la suscrita como apoderada […]”. […] “[…] 1. NO PUEDE PASARSE POR ALTO, que la acción de tutela contra providencia judicial, reviste unas condiciones y requisito (sic) que la hacen especial, no solo al momento de decidir por el juez constitucional, sino desde si

(sic) elaboración misma, pues para ello baste con señalar que es

INDISPENSABLE, señalar los defectos en los que la decisión judicial atacada se encuentra incursa, y tan ello es así, que por ello la misma Corte Constitucional ha extendió (sic) una enorme jurisprudencia, dejando en claro, cada uno de los vicios, y en lo que consiste, lo cual implica una carga ARGUMENTATIVA SUPERIOR, que definitivamente no puede ser elaborada por un ciudadano del común, ni mucho menos por cualquier profesional de derecho ajeno a la Litis que dio origen a la vulneración de los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita. Es decir, no es cierto que la señora ALISADIELA ARIAS hubiera podido presentar dentro de los 6 meses siguientes a la notificación del fallo, la solicitud de amparo de sus derechos fundamentales, pues insisto, tratándose de una TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL, no era sencillo ubicar el defecto material, El desconocimiento del precedente, y la violación directa de la constitución, como se pretendió enfatizar en el escrito de tutela, de modo que la decisión emiti