CE-11001-03-15-000-2021-00812-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA VIDA, A LA SALUD, A LA IGUALDAD, AL MÍNIMO VITAL, AL DEBIDO PROCESO Y AL

TRABAJO / ORDEN DE TRASLADO DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA RAMA JUDICIAL – En tanto se decide el proceso de calificación de invalidez [L]a Sala concluye que le asiste razón a la actora, comoquiera que se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales endilgados a la Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura al emitir concepto desfavorable de traslado del cargo de Secretaria del Juzgado Octavo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, al mismo cargo en los Juzgados Once de Familia del Circuito de Bogotá y/o Catorce Penal del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en precedencia. (…) En este punto, la Sala pone de presente que en virtud de la comunicación allegada por COLPENSIONES dentro del trámite de segunda instancia, por medio de la cual informó “[…] no hay lugar al reconocimiento de más subsidios por incapacidades a su favor conforme a las causales señaladas a continuación…concepto de rehabilitación no favorable, solicitar cita de valoración de pérdida de la capacidad laboral […]” (…) [T]anto la actora como Colpensiones, mediante memoriales allegados el 8 y 16 de junio, respectivamente, dieron a conocer concepto de desfavorable rehabilitación emitido por la EPS Famisanar. (…) Ahora, en lo que respecta a la existencia de un concepto médico que acredite la falta temporal de

capacidad laboral del trabajador (…) Significa lo anterior que, en los términos del artículo 41 de la Ley 100, modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, a la actora se le debe calificar su estado de invalidez para efectos de determinar si cumple con los requisitos para el derecho a la pensión de invalidez o, por el contrario, si su condición es apta para el desempeño laboral; no obstante, dicho procedimiento de calificación no puede afectar su expectativa de continuar trabajando, por lo que la Sala estima procedente conceder el amparo solicitado y ordenar que se emita el concepto de traslado de lugar de trabajo, en los términos señalados en la presente providencia, sin perjuicio de lo que se resuelva en el proceso de calificación de invalidez, máxime si se tiene en cuenta que al final puede ser declarada apta para continuar con su actividad laboral.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1996 – ARTÍCULO 41 / DECRETO 019 DE 2012 – ARTÍCULO 142.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00812-01(AC)

Actor: DIANA ROCÍO CANCINO GARCÍA

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA UNIDAD DE

CARRERA JUDICIAL Y OTRO La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 25

de marzo de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado1, que denegó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES I.1.- La Solicitud La señora DIANA ROCÍO CANCINO GARCÍA, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la igualdad, al mínimo vital, al debido proceso y al trabajo, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Unidad

Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, al expedir el Oficio CSJBTO20-5603 de 15 de septiembre de 2020 y la Resolución CJR20-231 de 23 de diciembre de 2020, respectivamente, por medio de los cuales se emitió concepto desfavorable de traslado del cargo de secretaria, desempeñado en el Juzgado Octavo (8) Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, al mismo cargo en los Juzgados Once (11) de Familia del Circuito de Bogotá o Catorce (14) Penal del Circuito de Bogotá. I.2.- Hechos Refirió que el 4 de julio de 2017, en el marco de la convocatoria núm. 3 de la Rama Judicial, se posesionó en el cargo de secretaria en propiedad del Juzgado Octavo (8) Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento en Bogotá. Sostuvo que, al día siguiente de su posesión, la juez titular del Juzgado en

mención inició una persecución laboral en su contra, relativa a hechos tales como que se le impuso una carga excesiva de trabajo, incluidas funciones de otros cargos, y horarios excesivos de trabajo, lo que le generó una constante angustia con repercusiones en su salud. Relató que fue víctima de persistentes conductas de hostigamiento y descalificación, incluso en presencia de sus compañeros de trabajo, así como de exigencias excesivas en el cumplimiento de las funciones por parte de la titular del Despacho, la cual, a su juicio, mostró criterios sospechosos de discriminación, lo que le generaron afectaciones a nivel físico y psicológico. Indicó que en el año 2017 fue inscrita al programa de manejo de situaciones de acoso laboral por parte de la ARL Positiva de la mano del área de talento humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama Judicial, quienes dictaminaron “impresión diagnóstica de la esfera mental y del comportamiento” y recomendaron “la importancia de seguir recomendaciones terapéuticas con el fin de fortalecer los factores protectores del proceso”, recomendaciones que a la fecha continúan bajo supervisión médica. Adujo que, en septiembre de 2018, le informó a la titular del Despacho que se encontraba en estado de embarazo, motivo por el cual debía modificar su extenuante jornada de trabajo, frente a lo cual la Jueza le manifestó que ello no era un pretexto, por cuanto no se trataba de ninguna enfermedad y debía 1 En adelante Sección Segunda. continuar desarrollando sus actividades de manera usual, pese a que ello implicara horas y cargas excesivas de trabajo.

Manifestó que pese a comunicarle a la titular del despacho las recomendaciones del médico (quietud, tranquilidad, no hacer mayores esfuerzos y laborar las 8 horas reglamentarias), por la excesiva carga laboral asignada, el 12 de octubre de 2018 presentó un aborto, situación que deterioró su estado de salud, sumado al hecho que al regresar de su incapacidad tuvo que seguir soportando tratos discriminatorios, ofensivos y denigrantes. Resaltó que con el fin de librarse del acoso laboral y aprovechando la única vacante en la Jurisdicción de Adolescentes de Bogotá en el cargo de secretaria, solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá concepto favorable de traslado como servidor de carrera al Juzgado Segundo (2) Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bogotá; no obstante, luego de haber obtenido concepto favorable, mediante auto de 19 de diciembre de 2018, la titular de ese despacho judicial denegó su petición, la cual fue confirmada por la misma el 11 de marzo de 2019. Señaló que en noviembre de 2018 radicó queja de acoso laboral contra la juez titular del Juzgado Octavo (8) Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá – Sala Disciplinaria, para lo cual solicitó apertura de investigación disciplinaria, proceso que fue adelantado bajo el número único de radicación 1100111102000201807272 y en el cual obtuvo decisión desfavorable a sus intereses, ordenando ser archivado, por lo que contra tal decisión interpuso recurso de apelación, alzada que se encuentra en trámite ante el Consejo Superior

de la Judicatura. Sostuvo que, en el año 2019, al enterarse de que nuevamente estaba en estado de embarazo acudió al médico, el cual procedió a incapacitarla desde junio de esa anualidad hasta el nacimiento de su hijo, por las siguientes razones expuestas en el resumen de la historia clínica: “[…] refiere sensación de tristeza y ansiedad que se inicia posterior a problemas de su entorno laboral, con crisis de llanto, momento de aislamiento “para poder llorar tranquila” con acoso por parte de su jefe tanto en la carga laboral como en su relación la cual se tornó tosca, displicente en detrimento de su dignidad. Comenta que tiene antecedente de lupus eritematoso sistémico, el cual se empeora con los cambios de estado de ánimo como la depresión, es valorada por psiquiatría y se decide incapacitar durante su gestación como manejo integral del riesgo tanto para la madre como para el naciturus… adicionalmente es una paciente quien tuvo una pérdida gestacional hace 1 año que estuvo antecedido por la paciente como de rechazo y maltrato, por esta razón y la edad de la paciente esta gestación se constituye en gestación de alto riesgo y embarazo de alto valor biológico y social[…]”. Indicó que el 1o. de noviembre de 2019 solicitó, mediante derecho de petición, al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá que emitiera concepto favorable de traslado de servidor de carrera, por cuestiones de salud, a los Juzgados catorce (14) Penal del Circuito de Bogotá u Once (11) de Familia del Circuito de Bogotá,

para lo cual allegó dictamen médico y recomendación de la psiquiatra perinatal, la cual dispuso “[…] paciente con 30.5 semanas de gestación con trastorno mixto de ansiedad y depresión quien continua con síntomas asociados a la posibilidad de ingreso a su espacio laboral, SUGIERO DE MANERA ESPECIAL, VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL Y TRASLADO DE OFICINA O LUGAR DE TRABAJO […]”. Relató que, al no haber obtenido respuesta alguna, el 18 de agosto de 2020 promovió acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, la cual fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 2 de septiembre de 2020, en el sentido de ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá responder su solicitud. Indicó que, a través del oficio CSJBTO20-5603 de 15 de septiembre de 2020, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá señaló que no era viable conceptuar favorablemente el traslado, dado que no había afinidad entre las funciones del cargo de origen y los solicitados; contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Resolución núm. CJR20-0231 de 23 de diciembre de 2020, en el sentido de confirmar el concepto desfavorable de traslado. Finalmente, resaltó que desde junio de 2019 no ha podido regresar a laborar por

su delicado estado de salud, según el concepto de los médicos psiquiatras tratantes, quienes recomiendan la reubicación de lugar de trabajo. I.3. Fundamentos de derecho A juicio de la actora, las autoridades accionadas interpretaron erradamente el Acuerdo PCSJA17-10754 de 18 de septiembre de 2017, comoquiera que cumplió con los requisitos previstos para la procedencia del traslado solicitado, pues aportó el diagnóstico médico que daba cuenta que el médico tratante recomendó expresamente el traslado de oficina o lugar de trabajo. Resaltó que en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 18 de septiembre de 2017 no se encuentra en la casilla “cargo de origen en propiedad” el Juzgado Penal de Adolescentes, por lo que se debió realizar una interpretación más favorable, con el objeto de que pudiera ser remitida a un cargo de destino afín al que pertenece. Sostuvo que se desconocieron las situaciones que rodearon su caso particular, entre otras, la denuncia de acoso laboral presentada en contra de la titular del despacho, por lo que si consideraban que el traslado no era procedente a los juzgados pretendidos, lo propio era haber ofrecido las vacantes en las cuales cumplía requisitos, con el fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Afirmó que en casos similares2 las accionadas han atendido favorablemente las peticiones de traslado, lo que demuestra un trato desigual frente a su situación. Finalmente, puso de presente que, aun cuando cuenta con otro medio de defensa judicial, el mismo carece de idoneidad y eficacia para la protección de sus

derechos fundamentales invocados, máxime cuando se está en presencia de un perjuicio irremediable, toda vez que desde el 6 de noviembre de 2020 le fue suspendido el pago de auxilio económico por enfermedad y, por lo tanto, no está 2 En sentencia STC2744 de 2018, bajo el número único de radicación 11001-02-03-000-201800449-00, el Consejo Superior de la Judicatura otorgó concepto favorable a una funcionaria que pertenecía al Juzgado 13 de Familia de Cali para ser trasladada a la Jurisdicción Penal de adolescentes por problemas de salud. Mediante Resolución PCSJSR 19-225 de 18 de diciembre de 2019, por medio del cual se concedió concepto favorable para el traslado de una Juez Penal de Adolescentes de Bogotá para un Juzgado Penal del Circuito. percibiendo ingreso alguno, teniendo que acudir ante el fondo de pensiones para que este asuma dicho pago, sin que haya obtenido respuesta alguna, afectando de esta manera su salud y mínimo vital, ya que es madre de dos menores de edad y cuenta con un crédito hipotecario a su cargo. I.4.- Pretensiones La actora formuló las siguientes pretensiones: “[…] 6.2. (…) se emita concepto favorable para traslado por salud al Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá y al Juzgado 11 de familia Circuito de Bogotá. 6.3. Conforme lo anterior se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, dejar sin efectos LAS RESOLUCIÓNES No. CSJBTO20-5630 DEL 15

DE SEPTIEMBRE DE 2020 EXPEDIDA POR EL CONSEJO

SECCIONAL DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTÁ Y LA No.

CJR20-0231 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020, EXPEDIDA POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. 6.4. De no proceder la petición (6.2), se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, informe cuáles son las opciones de traslado que tiene la tutelante para hacer efectivos sus derechos y traslado por salud. 6.5 Como medida provisional solicito se oficie a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para que no se oferten, ni se hagan nombramientos en propiedad en las vacantes de los Juzgados: 14 Penal del Circuito de Bogotá, 11 de familia Circuito de Bogotá y el 2 Penal para Adolescentes con función de Conocimiento de esta Ciudad, hasta tanto se decida la presente acción constitucional, en aras de garantizar mis derechos fundamentales invocados en la presente acción constitucional y el principio del mérito para los empleados de Carrera Judicial […]”. I.5.- Defensa I.5.1.- La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que la acción de tutela de la referencia resulta improcedente, toda vez que la misma se dirige contra un acto administrativo que goza de presunción de legalidad; en ese orden de ideas, al existir otro mecanismo de defensa para la protección de los derechos fundamentales invocados la acción de tutela no está llamada a prosperar. De otra parte, relató que de conformidad con el acuerdo PCSJA17-10754 de 2017,

la causal taxativa sobre la cual se basó el concepto desfavorable fue la falta de afinidad en el cargo de interés para el traslado, en razón a que los requisitos del cargo donde la actora se encuentra en propiedad son distintos a los cuales aspira. Por último, sostuvo que no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados, pues en el trámite y resolución de la solicitud de traslado se observó la garantía al debido proceso y los principios de confianza legítima y buena fe. I.5.2.- El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, pese haber sido notificado en debida forma del trámite de la acción de tutela, guardó silencio. I.6. Intervinientes I.6.1.- La Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogotá adujo que la solicitud de amparo no está llamada a prosperar, en razón a que no se configura ninguno de los defectos endilgados a las decisiones cuestionadas. Refirió que la acción de tutela carece del requisito de la inmediatez para atacar la decisión dictada el 31 de julio de 2019, dentro del proceso disciplinario 201807272, por medio del cual se dispuso el archivo de las diligencias adelantadas contra la titular del Juzgado Octavo (8) Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, la cual, por demás, se profirió con apego de las normas vigentes y con la suficiente motivación fáctica. Sostuvo que no es cierto que se haya incurrido en un defecto fáctico, comoquiera que la decisión de 31 de julio de 2012 se fundamentó en el material probatorio aportado al expediente.

I.6.2.- El Juzgado Octavo Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, a través de la juez titular del despacho, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que lo concerniente al concepto favorable de traslado corresponde al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que solicitó la desvinculación de la presente acción constitucional, máxime cuando no ha incurrido en las conductas que la actora alega como vulneradoras de sus derechos fundamentales.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO La Sección Segunda, mediante sentencia de 25 de marzo de 2021, denegó el amparo solicitado.

Para arribar a tal conclusión, en primer lugar, el a quo sostuvo que aun cuando la actora cuenta con otro mecanismo de defensa judicial como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tal instrumento no resulta eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados, por lo que analizó de fondo el asunto. Conforme a lo anterior, la Sección Segunda centró su estudio en la decisión administrativa de 23 de diciembre de 2020, por ser esta la que resolvió de manera definitiva la petición de traslado formulada por la actora, y concluyó de dicho examen que no era contraria a derecho, comoquiera que, de acuerdo con el artículo 23 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, no existe afinidad entre los juzgados Penales del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá y los juzgados en los que la actora pretende ser trasladada, lo que resulta

indispensable para acceder a la situación administrativa de traslado. De otro lado, sostuvo que, si bien de acuerdo con el dictamen emitido por la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. en abril de 2020, la actora padece de ansiedad y depresión, no se recomendó su traslado, razón por la que la reubicación no satisface las exigencias legales para la finalidad, tal como lo concluyeron los accionados. Finalmente, refirió que al existir incumplimiento de los presupuestos de afinidad entre el juzgado de origen y los de destino y la falta de recomendación de traslado mediante un dictamen médico, no era dable autorizar la reubicación pretendida, tal como lo determinó el acto administrativo acusado.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN La actora impugnó el fallo proferido por la Sección Segunda, en los siguientes términos: Sostuvo que el a quo pasó por alto que lo emitido por la ARL en abril de 2020 no es un dictamen médico de los que exige el Acuerdo PCSJA17-10754, sino un informe de asesoría brindado al encontrarse en el programa “Consiénteme” de la Rama Judicial, en el cual únicamente se llevaron a cabo 5 visitas.

Resaltó que, sin embargo, el dictamen médico que echó de menos el a quo sí fue dado por los médicos siquiatras tratantes adscritos a la EPS FAMISANAR, quienes en la historia clínica aportada recomendaron de forma expresa el traslado de lugar de trabajo, lo cual fue desconocido por el juez de primera instancia, sin

ninguna justificación. Añadió que si en todo caso se tuviese en cuenta el informe de la ARL de manera prevalente sobre el de la EPS, en el mismo se señala como recomendación médica laboral para la entidad “hacer seguimiento de las recomendaciones médicas laborales de la EPS”, por lo que se debe acoger la recomendación de traslado o reubicación laboral que hizo directamente esta última. Señaló que no percibe salario desde noviembre de 2020, lo que ha afectado su mínimo vital, máxime cuando el fondo de pensiones resolvió que no había lugar al reconocimiento del subsidio de incapacidad a su favor, por considerar que el concepto de rehabilitación no era favorable y, por tanto, debía solicitar cita de valoración de pérdida de la capacidad laboral, lo que demuestra la ocurrencia de un perjuicio irremediable en el asunto. Manifestó que el a quo omitió pronunciarse, de un lado, respecto de la petición subsidiaria solicitada y, de otro, frente al trato desigual dado por el Consejo Superior de la Judicatura, el cual en casos similares al suyo concedió el traslado sin ningún tipo de objeción. Finalmente, sostuvo que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado3, en caso de existir un perjuicio irremediable, es procedente la solicitud de traslado, razón por la que al estar plenamente demostrado tal requisito en el caso concreto, no solo por sus afectaciones de salud sino al mínimo vital, las pretensiones de la acción de tutela deben ser atendidas favorablemente. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por

el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 20 de noviembre de 2019, C.P: María Adriana Marín. Identificada con número único de radicación 11001-03-15-000-2019-03351-01. noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones. En el presente asunto, la actora pretende que se dejen sin efectos el Oficio CSJBTO20-5603 de 15 de septiembre de 2020 y la Resolución CJR20-231 de 23 de diciembre de 2020, expedidos por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, respectivamente, por medio de los cuales se emitió concepto desfavorable de traslado del cargo de secretaria desempeñado en el Juzgado Octavo (8) Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá al mismo cargo en los Juzgados Once (11) de Familia del Circuito de Bogotá o Catorce (14) Penal del Circuito de Bogotá y, en consecuencia de ello, se ordene a las accionadas conceptuar favorablemente el traslado solicitado. A juicio de la actora, sí resultaba procedente el traslado solicitado, dado que

cumplió con los requisitos previstos para tal fin, entre otros, la recomendación del médico tratante que las autoridades judiciales echaron de menos; además, si bien el Juzgado Penal de Adolescentes no se encuentra dentro de los “cargos de origen en propiedad” establecidos en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 18 de septiembre de 2017, se debió realizar una interpretación más favorable, con el objeto de que pudiera ser remitida a un cargo de destino afín al que pertenece, tal como ha acaecido en casos similares al suyo4, lo que denota un trato desigual frente a su situación. Finalmente, sostuvo que se desconocieron las situaciones particulares del asunto, comoquiera que se está en presencia de un perjuicio irremediable, pues no está percibiendo ingreso alguno, afectando de esta manera su salud y mínimo vital, ya que es madre de dos menores de edad y cuenta con un crédito hipotecario a su cargo. La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la Sección Segunda que, mediante sentencia de 25 de marzo de 2021, denegó el amparo solicitado al considerar que la decisión cuestionada se encuentra ajustada a derecho, toda vez que no se cumplió con el requisito de afinidad de que trata el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 entre el juzgado de origen y los de destino; además, el dictamen médico aportado por la ARL no recomendó el traslado de lugar de trabajo, por lo que no era dable acceder a la solicitud de la actora. Inconforme con lo anterior, la actora impugnó la anterior decisión argumentando que el a quo pasó por alto que sí existía dictamen médico expedido por los

médicos siquiatras tratantes adscritos a la EPS FAMISANAR, quienes en la historia clínica recomendaron de forma expresa el traslado de lugar de trabajo; además, lo emitido por la ARL en abril de 2020 no es un dictamen médico de los que exige el Acuerdo PCSJA17-10754, sino un informe de asesoría brindado al encontrarse en el programa “Consciénteme” de la Rama Judicial, en el cual únicamente se llevaron a cabo 5 visitas, por lo que valoró erradamente las pruebas allegadas al expediente. 4 En sentencia STC2744 de 2018, bajo el número único de radicación 11001-02-03-000-201800449-00, el Consejo Superior de la Judicatura otorgó concepto favorable a una funcionaria que pertenecía al Juzgado 13 de Familia de Cali para ser trasladada a la Jurisdicción Penal de adolescentes por problemas de salud. Mediante Resolución PCSJSR 19-225 de 18 de diciembre de 2019, por medio del cual se concedió concepto favorable para el traslado de una Juez Penal de Adolescentes de Bogotá para un Juzgado Penal del Circuito. Agregó la actora que si, en todo caso, se tuviese en cuenta el informe de la ARL de manera preferente al de la EPS, en el mismo se señala como recomendación médica laboral para la entidad “hacer seguimiento de las recomendaciones médicas laborales de la EPS”, por lo que se debe acoger la recomendación de traslado o reubicación laboral que hizo directamente la EPS. Resaltó en el escrito de impugnación que el a quo omitió pronunciarse, de un lado,

respecto de la petición subsidiaria solicitada y de otro, frente al trato desigual dado por el Consejo Superior de la Judicatura, el cual, en casos similares al suyo concedió el traslado sin ningún tipo de objeción; además, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado5, en caso de existir un perjuicio irremediable, es procedente la solicitud de traslado, razón por la que al estar plenamente demostrado tal requisito en el caso concreto, no solo por sus afectaciones de salud sino al mínimo vital, las pretensiones de la acción de tutela deben ser atendidas favorablemente. Finalmente, señaló la actora que no percibe remuneración alguna desde noviembre de 2020, lo que ha afectado su mínimo vital, máxime cuando el fondo de pensiones resolvió que no había lugar al reconocimiento del subsidio de incapacidad a su favor, por considerar que el concepto de rehabilitación no era favorable, y por tanto, debía solicitar cita de valoración de pérdida de la capacidad laboral, lo que demuestra la ocurrencia de un perjuicio irremediable en el asunto. Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) establecer si en el presente caso se cumple con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, específicamente, los que resuelven la solicitud de traslado de servidores de carrera administrativa de la Rama Judicial y, de ser así, ii) determinar si el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura vulneraron los derechos fundamentales invocados, con ocasión de la expedición del Oficio CSJBTO205603 de 15 de septiembre de 2020 y le Resolución CJR20-231 de 23 de diciembre de 2020, por medio de los cuales se emitió concepto desfavorable de traslado del cargo de secretaria desempeñado en el Juzgado Octavo (8) Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá al mismo cargo en los Juzgados Once (11) de Familia o el Juzgado Catorce (14) Penal del Circuito de Bogotá. De la procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos por medio de los cuales se ordena o deniega el traslado de servidores de carrera administrativa de la Rama Judicial Por regla general, de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, este mecanismo constitucional no resulta procedente para controvertir actos administrativos de caracter particular y concreto por carecer del requisito de subsidiariedad, comoquiera que para ello, el legislador previó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad. Con todo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional6 en reiteradas oportunidades 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 20 de noviembre de 2019, C.P: María Adriana Marín. Identificada con número único de radicación 11001-03-15-000-2019-03351-01. 6 Sentencias T-060 de 13 de febrero de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-302 de 10 de julio de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

ha reconocido que cuando se controviertan actos administrativos referentes al traslado de servidores judiciales, el juez constitucional de manera excepcional podrá analizar el asunto de fondo, siempre que tal pronunciamiento resulta ostensiblemente arbitrario, que fuera adoptado de forma intempestiva o que se vean afectados directamente los derechos fundamentales invocados. En efecto, el Alto Tribunal Constitucional ha discurrido sobre el particular de la siguiente manera: «[…] La Corte Constitucional ha sostenido que, en principio, la acción procedente para controvertir actos relacionados con el traslado, es la acción ordinaria respectiva, no obstante, de manera excepcional ha señalado que podrá hacerlo el juez de tutela cuando el traslado: «[…] (i) sea ostensiblemente arbitrario, es decir, carezca de fundamento alguno en su expedición, (ii) fuere adoptado en forma intempestiva y, (iii) afecte en forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar […] »7. Esto