CE-11001-03-15-000-2021-00816-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO SUPERADO / RESPUESTA DEL DERECHO DE PETICIÓN – Durante el trámite de la presente acción de tutela De la lectura de la petición elevada por el actor y el escrito de tutela, se advierte que su pretensión se dirigía a lograr que las autoridades demandadas resolvieran su petición relacionada con la liquidación y pago de sus cesantías retroactivas; la actualización de su “certificado salarial” y el pago del dinero faltante del salario recibido en octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021. Pretensión que se cumplió parcialmente con la expedición del Oficio núm. DESAJBOTHO21-393 de 10 de marzo de 2021 y el Oficio remisorio núm. DESAJBOTHO21-391 de 10 de marzo de 2021, los cuales fueron debidamente notificados al actor el 10 de marzo de 2021 al correo electrónico alejomanrou@yahoo.com. En efecto, la Sala observa que la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas dio respuesta a la petición referente a la liquidación y pago de sus cesantías retroactivas, en el sentido de indicarle que “[…] Una vez resuelta la inquietud generada respecto a la historial laboral, se procedió a liquidar las cesantías retroactivas, donde el valor reflejado es un valor negativo respecto a la pagado o lo causado, teniendo en cuenta que salario básico cambio a partir del mes septiembre del año 2020 […]”. Por consiguiente, está acreditado que respecto a

esa petición se dio respuesta, asunto diferente es que el actor pueda estar en desacuerdo con lo resuelto, evento en el cual deberá promover los mecanismos judiciales pertinentes. En consecuencia, la Sala, al revisar el acervo probatorio obrante en el expediente, considera que, en el presente caso, respecto a la petición del actor relacionada con la liquidación y pago de sus cesantías retroactivas se presentó el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite de la presente acción de tutela, la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas dio respuesta. AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN / TRASLADO DE LA PETICIÓN AL FUNCIONARIO COMPETENTE – Informando de ello al peticionario / TÉRMINO DE RESPUESTA DEL DERECHO DE PETICIÓN – No se ha desconocido Ahora bien, en lo que concierne a i) el pago del dinero faltante del salario recibido en octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, y ii) la actualización de su certificado aboral, la Sala encuentra que, la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas dio traslado de dichas peticiones por competencia al Director Ejecutivo de Administración Judicial, a través del Oficio remisorio núm. DESAJBOTHO21391 de 10 de marzo de 2021. Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la remisión que hizo dicha Dirección Ejecutiva no se vulneró el derecho fundamental

de petición del actor, toda vez que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio de 2015, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso sub examine. (…) Sin embargo, teniendo en cuenta que el Oficio remisorio núm. DESAJBOTHO21-391 se expidió y notificó a la autoridad competente el 10 de marzo de 2021, la Sala observa que, de acuerdo con el artículo 5.° del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020 , la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial está dentro del término que establece la norma para responder, por lo que no es posible a la fecha indicar que se vulneró en ese sentido el derecho de petición del actor. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – De la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca, Amazonas / PARTE DEMANDADA EN LA ACCIÓN DE TUTELA La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, es preciso indicar que el actor interpuso la solicitud de tutela de la referencia contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, razón por la cual se advierte que dicha entidad fue notificada como demandada,

en la medida en que el actor adujo que ante esa Dirección Ejecutiva presentó varias peticiones que no le han sido resueltas. En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera.

FUENTE FORMAL: LEY 1755 DE 2015 - ARTÍCULO 21 / DECRETO 491 DE 2020 - ARTÍCULO 5 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 13 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 26

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00816-00(AC)

Actor: MANUEL ALEJANDRO ROJAS URREGO

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ Temas: Derecho fundamental de petición/alcance Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) igualdad, iii) debido proceso, iv) mínimo vital y v) dignidad humana

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Manuel Alejandro Rojas Urrego contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, porque, a su juicio, al no resolver las peticiones de 24 de noviembre de 2020, 1.° de diciembre de 2020, 15 de diciembre de 2020, 4 de febrero de 2021 y 16 de febrero de 2021, por medio de las cuales solicitó la liquidación y pago de sus cesantías retroactivas; la actualización de su “certificado salarial” y el pago del dinero faltante del salario recibido en octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021; vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, porque, a su juicio, al no resolver las peticiones de 24 de noviembre de 2020, 1.° de diciembre de 2020, 15 de diciembre de 2020, 4 de febrero de 2021 y 16 de febrero de 2021, por medio de las cuales solicitó la liquidación y pago de sus cesantías retroactivas; la actualización de

su “certificado salarial” y el pago del dinero faltante del salario recibido en octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021; vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra. Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de

tutela, en síntesis, son los siguientes:

3. El actor afirmó que ocupa el cargo de Escribiente Nominado Grado 06 del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá, vinculado a la Rama Judicial desde el 7 de mayo de 1980, con “[…] régimen salarial no acogido […]”.

4. Señaló que presentó 5 peticiones ante la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá los días 24 de noviembre de 20201, 1.° de diciembre de 20202, 15 de diciembre de 20203, 4 de febrero de 2021 y 16 de febrero de 20214, por medio de las cuales solicitó i) la liquidación y pago de sus cesantías retroactivas; ii) la actualización de su “certificado salarial” y iii) el pago del dinero faltante del salario recibido en octubre, noviembre y diciembre de 2020 y 1 Petición enviada al correo revisionprenomina@cendoj.ramajudicial.gov.co. 2 Petición enviada al correo revisionprenomina@cendoj.ramajudicial.gov.co. 3 Petición enviada al correo revisionprenomina@cendoj.ramajudicial.gov.co. 4 Pese a que en la imagen adjunta no se puede ver el correo exacto, se advierte que el destinatario de la

petición fue el usuario “Talento Humano – Cundinamarca – Seccional Bogotá”. enero y febrero de 2021, sin que a la fecha de presentación de la acción tutela haya obtenido respuesta alguna. La solicitud de tutela Pretensiones

5. El actor propuso como pretensiones en su escrito de tutela las siguientes: “[…] Por lo expuesto anteriormente, solicito a su señoría tutelar los derechos fundamentales incoados, por parte de las accionadas DIRECCION EJECUTIVA

SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA, CONSEJO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA - Y PAGADURIA DE LA RAMA JUDICIAL y en consecuencia se disponga: 1.- ORDENAR a las accionadas DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA, CONSEJO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA - Y PAGADURIA DE LA RAMA JUDICIAL, que liquiden y paguen las cesantías retroactivas, con la correspondiente indexación desde Octubre de 2019 hasta el día que se liquide y pague. 2.- ORDENAR a las accionadas DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA, CONSEJO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA - Y PAGADURIA DE LA RAMA JUDICIAL, que corrijan, actualicen liquiden y paguen los faltantes de los meses correspondientes a

octubre, Noviembre Diciembre de 2020, y de Enero y Febrero de 2021, teniendo en cuenta que mi salario básico es de $1328.102, prima de antigüedad $1991.398, Bonificación $191.931, y demás emolumentos que hacen parte del salario, no como han venido pagando el salario, pues ese salario lo devengaba en el año 2017, solo basta revisar los desprendibles generados de Enero a Septiembre de 2020, que se venían cancelando y pagando conforme lo ordenado por el Consejo Superior Sala Administrativa. 3.- ORDENAR a la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIALPAGADURIA actualice las certificaciones laborales, indicando lo referenciado en el numeral anterior, así como la calidad que ostento ESCRIBIENTE NOMINADO GRADO 06. […]”.

6. Sin embargo, de la lectura integral del escrito de tutela, esta Sala advierte que lo pretendido por el actor consiste en que las autoridades demandadas le den respuesta a las peticiones que presentó relacionadas con i) la liquidación y pago de sus cesantías retroactivas; ii) la actualización de su “certificado salarial” y iii) el pago del dinero faltante del salario recibido en octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, toda vez que a la fecha de presentación de la acción tutela no ha obtenido respuesta alguna.

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de marzo de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al Director Ejecutivo de Administración Judicial y a la Presidenta del

Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá; y iii) vinculó al Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá, en calidad de tercero con interés legítimo, a quien concedió el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el particular. Intervenciones de la parte demandada y del tercero con interés legítimo

8. El Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá indicó que: “[…] Verificadas las peticiones registradas por el accionante, señor Honorable Consejero, éstas no son de resorte de este estrado judicial por tanto la entidad competente de resolverlas es la Dirección de Administración de Justicia - Seccional

Bogotá. Así las cosas, considera este juzgador que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante y por ende no existe causal de procedibilidad de la presente acción de tutela contra este despacho judicial, conforme los diferentes lineamientos que sobre el tema ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la H. Corte Suprema de Justicia […]”.

9. La Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, a su juicio, mediante Oficio núm.

DESAJBOTHO21-393 de 10 de marzo de 2021 y Oficio remisorio núm. DESAJBOTHO21-391 de 10 de marzo de 2021, se dio cumplimiento a lo solicitado por el accionante. 9.1. Señaló que, con el fin de dar respuesta a las peticiones del actor, instó al Área de Talento Humano, la cual allegó Oficio núm. DESAJBOTHO21-393 de 10 de

marzo de 2021, mediante el cual fue contestada la petición del accionante remitida al correo electrónico alejomanrou@yahoo.com. 9.2. Precisó que, frente a la pretensión de liquidación y pago de las cesantías retroactivas, se le informó mediante Oficio DESAJBOTHO21-393 de 10 de marzo de 2021, que: “[…] Por medio de la presente me permito informarle que la liquidación de cesantías retroactivas a su nombre, no se pudieron ejecutar en el momento requerido, debido a que la Dirección Ejecutiva - Nivel Central, expidió el MEMORANDO DEAJRH19645 (adjunto), donde manifestó, que los servidores judiciales con cambio de cargo en el historial laboral, entre el año 1985 y el año 2000, no podían pertenecer a dicho régimen: Por lo anterior, el régimen de cesantías retroactivas se aplica a los servidores judiciales que cumplan con las siguientes condiciones: Haber obtenido esta prerrogativa por haberse posesionado en un cargo en la Rama Judicial con anterioridad a la vigencia de la Ley 33 de 1985 (13 de febrero de 1985, publicación en el Diario oficial No. 36856), sin que hubiera presentado retiro o ruptura de su relación después de dicha vinculación y tampoco se hubiera acogido al Decreto 57 y 110 de 1993. En forma excepcional, para los servidores que por no haberse acogido y no retirarse del servicio conservaron el régimen de cesantías retroactivas hasta el 25 de mayo de 2000, el artículo 2° del Decreto 1252 del mismo año estableció […]”.

“[…] Ante la situación presentada, se solicitó a la Dirección Ejecutiva, mediante MEMORANDO DESAJBOTHM20-279, concepto sobre el historial laboral del señor MANUEL ALEJANDRO ROJAS URREGO, para determinar si realmente perdía la retroactividad en las cesantías y el procedimiento a seguir. Mediante MEMORANDO DEAJRHM21-88 del 22 de enero de 2021 (adjunto), la Dirección Ejecutiva, dio alcance al MEMORANDO DEAJRH19-645, mediante el cual aclaró la situación de los servidores no acogidos al nuevo régimen, que cambiaron de cargo entre el año 1985 y el año 2000. “… si un funcionario o empleado de la rama judicial se desvincula de un despacho judicial y es nombrado en similar cargo en el mismo despacho u otro, sin que haya solución de continuidad, no puede entenderse que se ha roto el vínculo laboral que existe entre la entidad pública, en este caso la rama judicial, y el servidor público, pues el mismo permanece independientemente de que el servidor ejerza un cargo u otro, y por consiguiente, procede la acumulación de tiempo” (n.f.t.) La Contraloría General de la República, en el auto de archivo mencionado, con base en la normatividad analizada y en el concepto del Consejo de Estado, dedujo que para que opere la solución de continuidad es necesario que exista una interrupción del vínculo laboral por un periodo mayor a 15 días hábiles […]”. “[…] Una vez resuelta la inquietud generada respecto a la historial laboral, se procedió a liquidar las cesantías retroactivas, donde el valor reflejado es un valor

negativo respecto a la pagado o lo causado, teniendo en cuenta que salario básico cambio a partir del mes septiembre del año 2020 […]”. 9.3. Explicó que, frente a la petición del actor relacionada con el pago faltante de salarios de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, se dio traslado por competencia al Director Ejecutivo de Administración Judicial “[…] a través del oficio DESAJBOTHO21-391 fechado a 10 de marzo de 2021, teniendo en cuenta que los pagos al accionante se han venido realizando según los parámetros establecidos en el sistema de nómina Kactus, y esta Dirección Seccional cumple una función netamente administrativa y pagadora […]”. 9.4. Con ocasión de la solicitud de información que el Despacho sustanciador presentó con el fin de precisar si ya había sido resuelta la petición del actor sobre la actualización de su “certificado salarial” y proveer lo que en derecho corresponda, la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas informó, a través de correo electrónico enviado el 13 de abril de 2021, que dicha petición fue incluida dentro de los asuntos que se remitieron por competencia al Director Ejecutivo de Administración Judicial, mediante el Oficio núm. DESAJBOTHO21-391 de 10 de marzo de 2021. Para tal efecto, indicó que fueron dos las solicitudes que se remitieron, segunda dentro de la cual se encuentra lo correspondiente al certificado laboral del actor: “[…] Por ser asunto de competencia de la Dirección que usted preside, de la

manera más respetuosa me permito remitir la siguiente acción de tutela con el fin de que se realicen los trámites correspondientes respecto a: Lo anterior, por tratarse de un asunto de su competencia, (Artículo 21 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1755 de 2015), además teniendo en cuenta que los pagos al accionante se han venido realizando según los parámetros establecidos en el sistema de nómina Kactus, y esta Dirección Seccional cumple una función netamente administrativa y pagadora, me permito dar traslado del escrito perentorio” […]”.

10. La Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y el Director Ejecutivo de Administración Judicial guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia de la Sala

11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 20176, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20198.

Generalidades de la acción de tutela

12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente 5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 6 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado. indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable. Cuestión previa

13. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

14. Visto el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente: “[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra

ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

15. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 20069, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos: “[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de

manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. 9 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[10]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

16. La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

17. Al respecto, es preciso indicar que el actor interpuso la solicitud de tutela de la referencia contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, razón por la cual se advierte que dicha entidad fue notificada como demandada, en la medida en que el actor adujo que ante esa Dirección Ejecutiva presentó varias peticiones que no le han sido resueltas.

18. En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera.

19. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada.

Problema Jurídico

20. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; si la respuesta al anterior interrogante es negativa, ii) corresponde establecer si se deben proteger los derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso, mínimo vital y dignidad humana invocados por el actor, los cuales considera vulnerados porque la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá no han resuelto las peticiones de 24 de noviembre de 2020, 10 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por las sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

1.° de diciembre de 2020, 15 de diciembre de 2020, 4 de febrero de 2021 y 16 de febrero de 2021, por medio de las cuales solicitó la liquidación y pago de sus cesantías retroactivas; la actualización de su “certificado salarial” y el pago del dinero faltante del salario recibido en octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021.

21. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital, v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición; vii) contenido y alcance del derecho fundamental de petición; viii) análisis del caso en concreto y, finalmente ix) las conclusiones de la Sala.

Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela

22. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente: “[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes […]”.

23. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 200511, se pronunció en el siguiente sentido: "[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se resalta).

24. Sobre el mismo punto, esta Sección, ha señalado12: […] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de 11 Corte Constitucional, Sentencia T817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00 tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.

Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.

25. Así las cosas, la Sala resalta que la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales, durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce la satisfacción de lo perseguido a través de la misma, haciéndola ineficaz al restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de protección13.

26. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada, o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad d