CE-11001-03-15-000-2021-00838-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA / AUSENCIA DE IDENTIDAD DE CAUSA / AUSENCIA DE IDENTIDAD DE OBJETO / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD EN LA ACCIÓN DE

TUTELA

[L]a Sala advierte que en el caso sub examine no se configuró la cosa juzgada, teniendo en cuenta que no existe identidad de partes, causa y objeto entre la acción de tutela identificada con el número único de radicación 110010315000201901242-01 y la presente acción de tutela (…)84. En ese orden de ideas, la Sala advierte que no existe identidad de partes, puesto que, pese a que coincide la parte actora en ambas acciones de tutela, no sucede lo mismo con la parte demandada, tal cual se observa en el cuadro expuesto supra. Igualmente, la Sala observa que no coincide la causa entre las solicitudes de amparo, toda vez que la acción de tutela identificada con el número único de radicación 110010315000201901242-01 gira en torno a la inconformidad del actor con el tope indemnizatorio que se estableció en la sentencia de 12 de diciembre de 2018 para el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo de la desvinculación; mientras que en la presente solicitud de amparo, el actor cuestiona el condicionamiento que se estableció en la sentencia de 12 de diciembre de 2018 para su reintegro, la falta de cumplimiento del Ejército Nacional a la orden de tutela y la falta de respuesta de fondo por parte de esa entidad a los derechos de petición que radicó el actor. Finalmente, la Sala no encuentra que exista identidad de objeto, en tanto que los derechos

fundamentales invocados en una y otra acción no son idénticos y las pretensiones son distintas. Al respecto, es necesario precisar que, si bien en la acción de tutela identificada con el número único de radicación 110010315000201901242-01, el actor hizo referencia a su reintegro, lo cierto es que, de los argumentos del escrito de tutela, el problema jurídico que estudiaron el juez de la primera y segunda instancia giró alrededor del tope que se fijó a la indemnización del actor en la sentencia de 12 de diciembre de 2018, tal cual como se lee de dichas providencias. Ahora bien, corresponderá a la Sala determinar si la conducta del actor puede ser calificada como temeraria. (…) Igualmente, la Sala encuentra que la actuación del señor [J.A.R.] no debe ser calificada como temeraria, dado que no se advierte un propósito desleal de obtener la satisfacción de su interés individual a toda costa, ni se evidencia una actuación de mala fe por parte del actor, en la medida en que sus reparos son distintos y obedecen, según lo manifestó en el escrito de tutela, a su estado de necesidad extrema de defender sus derechos

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR FALTA

DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / DESCONOCIMIENTO DEL PLAZO

RAZONABLE / INTERPOSICIÓN TARDÍA E INJUSTIFICADA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL En el caso sub examine, se observa que la providencia que cuestiona el actor fue

proferida el 12 de diciembre de 2018 por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual fue notificada el 26 de febrero de 2019, mientras que la acción de tutela se presentó el 1.º de marzo de 2021, esto es, más de 2 años después de que fue notificada la sentencia cuestionada. Con base en lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela fue presentada, superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como se evidencia ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con prueba sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de protección constitucional contra la providencia que presuntamente violó sus derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto de la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el término de inmediatez.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA LOGRAR EL

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL – Regla general /

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / PROCESO EJECUTIVO – Medio idóneo / INEXISTENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE – No se acreditó que el actor se encuentre en situación de debilidad manifiesta

[E]n lo que concierne a la procedencia de la acción de tutela para efectos de lograr el cumplimiento de sentencias judiciales, por regla general, la acción de tutela no procede, toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para ello, la acción ejecutiva. (…) en el caso sub examine, frente a la procedencia de la acción de tutela para efectos de ordenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar al actor el “[…] la suma correspondiente a salarios y prestaciones dejados de percibir sin que la suma a pagar por indemnización exceda de veinticuatro (24) meses de salario y descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, o por asignación de retiro, haya recibido el actor […]”, esta Sección considera que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el actor contaba con la posibilidad de acudir al proceso ejecutivo previsto en los artículos 297 y siguientes de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN / FALTA DE RESPUESTA DEL

DERECHO DE PETICIÓN / TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE CUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA JUDICIAL / DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN Teniendo en cuenta que el actor adujo que presentó 8 peticiones ante el Ejército Nacional, sin obtener respuesta o sin que haya sido resuelto de fondo lo requerido, esta Sala a continuación analizará cada una de ellas para determinar si se vulneró el derecho del actor. (…) Petición de 29 de septiembre de 2020 – Radicado núm. 486790 (…) En relación con esta petición, el actor adujo que a la fecha de presentación de la solicitud de amparo la entidad no le había dado respuesta a los numerales 3 y 5 de su solicitud, frente a lo cual, esta Sala ante la ausencia de informe que indique lo contrario, concederá el amparo del derecho fundamental del actor y, en consecuencia, ordenará a la entidad que expida respuesta al actor dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia. (…) Petición de 3 de febrero de 2021 (…) En relación con esta petición, la Sala advierte que de conformidad con el artículo 5.° del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020 , tratándose de la solicitud de documentos y de información esta deberá ser resuelta dentro de los 20 días siguientes a su recepción, lo cual en el caso concreto conduce a que la petición objeto de estudio debió resolverse antes del 3 de marzo de 2021. Al respecto, teniendo en cuenta la ausencia de informe que acredite que se dio respuesta al actor, la Sala concederá el amparo del derecho fundamental del actor y, en consecuencia, ordenará a la entidad que conteste la petición del actor dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta

providencia. AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN / RESPUESTA DEL DERECHO DE PETICIÓN – Clara, precisa y de fondo / SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE COPIA DE CONCEPTO MÉDICO – Se informó el procedimiento a seguir / SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO – Respuesta sobre su improcedencia / PRÓRROGA DEL TÉRMINO PARA DAR RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN – No se interpuso argumento en contra Petición de 12 de enero de 2021 – Radicado núm. 528143 (…) la Sala encuentra que el actor pretendía con su petición que se le expidiera copia completa del expediente correspondiente al concepto médico que le fue realizado por la sección de Medicina Laboral el 28 de octubre de 2020, incluido el respectivo concepto, frente a lo cual la autoridad demandada respondió que esa información se debía entregar de manera personal al interesado, de conformidad con un procedimiento, cuyos pasos le indicó al actor. Para la Sala, la autoridad demandada con la respuesta otorgada el 29 de enero de 2021 cumplió con el marco normativo y jurisprudencial del derecho de petición, según el cual, la respuesta debe ser de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado. Lo anterior en consideración a que se le informó al peticionario el carácter reservado de este tipo de información y la necesidad de su entrega personal al interesado, para lo cual el peticionario recibió orientación sobre el procedimiento a seguir a efectos de obtener copia completa del expediente correspondiente al concepto médico que le fue realizado por la sección de Medicina Laboral el 28 de octubre de 2020. (…) Petición de 12

de enero de 2021 - Radicado núm. 20608065 (…) En relación con esta petición, el actor adujo que no hubo una respuesta de fondo a su solicitud, frente a lo cual, esta Sala encuentra que la autoridad demandada con la respuesta otorgada el 19 de enero de 2021 cumplió con el marco normativo y jurisprudencial del derecho de petición, según el cual, la respuesta debe ser de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado; toda vez que le explicó al actor las razones por las cuales no procedía en su caso el reconocimiento de la asignación de retiro, pero que como garantía de sus derechos remitía la petición al Director de Personal del Ejército Nacional para que verificara su situación y, de ser el caso, enviara la información necesaria para proceder con el respectivo trámite de reconocimiento de dicha prestación. (…) Petición de 3 de febrero de 2021 - Radicado núm. 539329 (…) En relación con esta respuesta el actor no presentó reparo alguno, en todo caso, la Sala advierte que la autoridad demandada le comunicó al peticionario la necesidad de prorrogar el término para contestar su petición, estableciendo para tal fin una fecha de respuesta, lo cual se ajusta a la ley. Petición de 3 de febrero de 2021Radicado núm. 539335 141 (…) Teniendo en cuenta que el cuestionamiento del actor no gira en torno a la petición propiamente dicha, sino a la legalidad y validez de los documentos que le fueron enviados, la Sala considera que esto desborda el estudio del derecho de petición, pues no se censura una indebida notificación, una

falta de respuesta o una respuesta que no haya sido clara, de fondo o congruente; razón por la cual, la Sala se abstendrá de emitir cualquier juicio al respecto con el fin de no invadir el ámbito de competencia del juez de lo contencioso administrativo ante una eventual demanda de nulidad. Petición de 3 de febrero de 2021 - Radicado núm. 539338 (…) La Sala observa que no existe la vulneración alegada frente al derecho de petición, puesto que, pese a que la respuesta a la petición del actor no fue favorable a sus intereses, lo cierto es que la autoridad demandada le contestó en el sentido de indicarle que debía allegar la sentencia respectiva, en atención a que dicho documento no reposaba en esa área y, además, le indicó que otros documentos debía allegar y a donde debía enviarlos. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL – Excepcional / OBLIGACIÓN DE HACER / FALTA DE VALORACIÓN MÉDICA / OMISIÓN EN LA DEFINICIÓN DE REINTEGRO / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA

DIGNIDAD HUMANA / VULNERACIÓN DDEL DERECHO A LA IGUALDAD /

VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD Análisis de la falta de cumplimiento de la orden establecida en la sentencia de 12 de diciembre de 2018. Al respecto, tal cual como se expuso al estudiar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en la tutela de la referencia, cuando

la solicitud de amparo se dirige a lograr el cumplimiento de una sentencia judicial respecto de órdenes que constituyen obligaciones de hacer, la acción de tutela es el medio idóneo y desplaza a la acción ejecutiva puesto que ésta no resulta eficaz. (…) Teniendo en cuenta la ausencia de informe por parte de la autoridad demandada y con base en las respuestas que el actor allegó para sustentar la vulneración de su derecho de petición, la Sala encuentra que, pese a los múltiples requerimientos presentados por el actor al respecto, no se ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 12 de agosto de 2018. (…) la Sala observa que la sentencia fue proferida el 12 de diciembre de 2018, es decir, han transcurrido más de dos años sin que se haya cumplido la orden que profirió la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Si bien es cierto, pareciera que se le practicó el examen médico ordenado al actor, lo cierto es que, según el actor, no le han definido su situación de reintegro y, según se advirtió del estudio del derecho de petición, los resultados de dicho examen no le han sido notificados, para efectos de que el actor recurra la decisión o tramite su reintegro. En efecto, al Ejército Nacional le corresponde acatar las órdenes de hacer dadas por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esto es, i) realizar una nueva valoración psiquiátrica al señor [J.A.R.] y, en caso de considerarlo apto para el ejercicio de la

actividad militar, ii) reintegrarlo al servicio en el grado que se encontraba al momento del retiro. Así, el presente mecanismo de amparo procede en tanto versa sobre la obligación de hacer obrante en las órdenes incumplidas y en virtud de la cual se afectan otros derechos fundamentales del actor. Así las cosas, la Sala encuentra que la situación descrita vulnera los derechos fundamentales del actor, situación que se presenta con la falta de cumplimiento de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional en acatar la orden judicial, que se profirió desde el año 2018.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1790 DE 2000 - ARTÍCULO 100 / DECRETO 1790 DE 2000 - ARTÍCULO 106 / DECRETO 1790 DE 2000 - ARTÍCULO 107 / DECRETO 1796 DE 2000 - ARTÍCULO 7

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00838-00(AC)

Actor: JORGE ACOSTA RODRÍGUEZ

Demandado: SUBSECCIÓN E DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y NACIÓN – MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD

(DISAN) Temas: Cosa juzgada constitucional/alcance

Acción de tutela contra providencia judicial/falta del cumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad Derecho de petición/alcance Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo, ii) mínimo vital, iii) dignidad humana, iv) igualdad, v) debido proceso, vi) petición y vii) salud Derechos Fundamentales Amparados: i) Trabajo, ii) mínimo vital, iii) dignidad humana, iv) igualdad, v) debido proceso, vi) petición y vii) salud SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad (DISAN), porque, a su juicio, el Tribunal, al proferir la sentencia de 12 de diciembre de 2018 dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013335019201300268-01, y la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, al no dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 12 de diciembre de 2018 referida supra y no responder de fondo múltiples derechos de petición que presentó el actor; vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor presentó solicitud de tutela contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad (DISAN), porque, a su juicio, el

Tribunal, al proferir la sentencia de 12 de diciembre de 2018 dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001333501920130026801, y la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, al no dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 12 de diciembre de 2018 referida supra y no responder de fondo múltiples derechos de petición que presentó el actor; vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra. Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de

tutela, en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, el 1.° de septiembre de 1997, ingresó al Ejército Nacional como alumno y permaneció en dicha entidad hasta el 26 de septiembre de 2012.

4. Afirmó que, su desvinculación tuvo como origen el Acta de Junta Médica Laboral núm. 24933 de 6 de junio de 2008, en la cual, la Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional le dictaminó una pérdida de capacidad laboral de 16% y lo calificó como una persona con “INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, NO APTO Y NO SE RECOMIENDA REUBICACIÓN LABORAL” según valoración de siquiatría realizada el 30 de abril de 2008, en la que los especialistas determinaron que el señor Jorge Acosta Rodríguez es un “[…] paciente acorde con diagnóstico antecedente de rasgos maladpatativos (sic) de personalidad lo hace incompatible con la vida militar por lo cual se sugiere definir su situación militar lo más pronto

posible […]”.

5. Mencionó que inconforme con la decisión expuesta supra, solicitó la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, el cual, mediante el Acta núm. 3894-4436(8) de 19 de noviembre de 2010, modificó lo resuelto por la Junta Médica con base en el examen realizado al actor en esa misma fecha y, en consecuencia, fijó la pérdida de capacidad laboral en un 10% y señaló que no es posible reubicarlo laboralmente por no tener una personalidad adecuada para una labor militar.

6. Precisó que, pese a dicha calificación, continuó prestando sus servicios en la Institución durante 1 año, 10 meses y 7 días en los siguientes cargos operativos y administrativos: i) Área Grupo Silva Plaza “en cargo de comandante de pelotón del Escuadrón IR” ii) Dirección Telemática de redes, como jefe de redes fijas LAN y LÓGICOS; iii) Batallón de Sanidad como comandante de pelotón y control de personal discapacitado psicóticamente.

7. Señaló que, a través de la Resolución núm. 1673 de 26 de septiembre de 2012, se le retiró del servicio por disminución de la capacidad psicofísica, decisión que se adoptó con fundamento en el Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía mencionada supra.

8. Expresó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército

Nacional – Dirección de Sanidad (DISAN), proceso identificado con el número único de radicación 110013335019201300268-01, con el fin de que i) se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución núm. 1673 de 26 de septiembre de 2012 mediante la cual se le retiró del servicio activo del Ejército Nacional y del Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de la Policía núm. 3894-4436(8) de 19 de noviembre de 2010, a través de la cual se confirmó la incapacidad permanente parcial, no apto para actividad militar y no se recomendó su reubicación laboral; y, en consecuencia, ii) fuera reintegrado al mismo cargo que desempeñaba al momento del retiro o al que ostentaban sus compañeros de curso, atendiendo sus condiciones intelectuales y físicas actuales. Sentencia proferida el 23 de febrero de 2017 por el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013335019201300268-00

9. El Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 23 de febrero de 2017, decidió: “[…] PRIMERO.- DECLARAR DE OFICIO LA CADUCIDAD de la acción frente al Acta No. 3894-4436(8) del 19 de noviembre de 2010 del Tribunal Médico Laboral, por las razones expuestas.

SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la

Resolución No. 1673 del 26 de septiembre de 2012, por medio de la cual el comandante del Ejército Nacional retira del servicio activo a Jorge Acosta Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 79.654.388, por las razones expuestas. TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho, se condena a la NaciónMinisterio de Defensa Nacional – Ejercito (sic) Nacional, a reintegrar a Jorge Acosta Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 79.654.388 a la institución, reubicándolo en un cargo igual al que ostentaba al momento del retiro. La demandada deberá reconocer y pagar al actor, los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, durante el tiempo que el actor estuvo retirado del servicio, hasta que se efectúe el reintegro. CUARTO.- Los valores que resulten a favor de Jorge Acosta Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 79.654.388, deberán ser actualizados conforme a la formula y pautas indicadas en la parte motiva […]”.

10. Como fundamento de su decisión señaló que: “[…] El cargo de nulidad por violación al artículo 7 de la Ley 1796 de 2000, está llamado a prosperar por las siguientes razones: - Uno de los presupuestos por los cuales tienen vocación de prosperidad los cargos alegados en la demanda por el actor, consiste en que la demandada no aplicó lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 7° del Decreto 1796 de 2000, el cual señala que el concepto de capacidad psicofísica se considera válido por un término de 3 meses, durante los cuales dicho concepto será aplicable para todos los efectos

legales; sobrepasando este término, continúa vigente el concepto de aptitud hasta cuando se presente eventos del servicio que impongan una nueva calificación […]”. […] “[…] - El Acta 3894-4436(8) del 19 de noviembre de 2010 del Tribunal Médico Laboral, fue notificada por edicto fijado el 25 de febrero de 2011 y desfijado el 25 de marzo de 2011 (fl.9), momento en el cual comienza a correr el término de los 3 meses. - A la fecha de expedición de la Resolución No.1673 del 26 de septiembre de 2012, por medio del cual se retira del servicio activo al actor por la causal de la disminución de la capacidad laboral, el acta del Tribunal Médico Laboral, había perdido vigencia de conformidad con lo dispuesto con el inciso 2° del artículo 7° del Decreto 1796 de 2000, pues transcurrió un tiempo considerablemente superior a los 3 meses que dispone la norma, para ser el fundamento legal del acto que retiró del servicio activo al actor […]”. […] “[…] - Como quiera que la resolución por la cual se retira del servicio al actor no se encuentra a la fecha notificada, no producirá los efectos legales que ella conlleva, lo que quiere decir, que el actor debió permanecer activo en el servicio hasta el momento de la notificación del acto, conforme la normatividad y con lo ordenado por el Director de Personal del Ejército. (Artículo 72 CPACA) - Así pues, otro hecho más se suma a la irregularidad, falsa motivación y desvío de poder en que incurrió la institución al retirar del servicio activo al actor, conforme a la pérdida de vigencia del Acta No. 3894-4436(8) del 19 de noviembre de 2010 del

Tribunal Médico Laboral para ser el fundamento de la expedición de la Resolución No. 1673 del 26 de septiembre de 2012, en suma, a la falta de notificación de ésta […]”. Sentencia proferida el 12 de diciembre de 2018 por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013335019201300268-01

11. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 12 de diciembre de 2018, decidió: “[…] PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Seis (56) Administrativo de Bogotá el día 23 de febrero de 2017 con excepción del numeral tercero el cual quedará así: “TERCERO: A título de restablecimiento del derecho se condena a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a realizar una nueva valoración psiquiátrica al señor Jorge Acosta Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No 78.554.288. En caso de que se considere apto para el ejercicio de la actividad militar, deberá ser reintegrado al servicio en el grado que se encontraba al momento del retiro.

La entidad demandada deberá cancelar la suma correspondiente a salarios y prestaciones dejados de percibir sin que la suma a pagar por indemnización exceda de veinticuatro (24) meses de salario y descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, o por asignación de retiro, haya recibido el actor […]”.

12. En cuanto al fondo del asunto, manifestó que: “[…] La Sala considera que de acuerdo con lo establecido en los artículos 100,106 y 107 del Decreto 1790 de 2000, en concordancia con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 1796 de 2000, el retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica solo será posible en el término de 3 meses contados a partir del concepto en el que se sustente.

En ese orden y en la medida en que en el presente asunto este término fue ampliamente superado, como quiera que el retiro se efectuó mediante Resolución No. 1697 de 2010, se considera que el acto demandado se encuentra viciado de nulidad. Ahora bien, frente a las medidas de restablecimiento, considera la Corporación que pese a no haber sido controvertidas en forma expresa por el apelante, deberán limitarse tal y como lo ha considerado la Sección Tercera del Consejo de Estado, razón por la cual se modificarán las ordenes emitidas por el a quo en los siguientes términos: i) Se condicionará el reintegro al cardo (sic) a una nueva valoración psiquiátrica en la que se determine la aptitud del señor Jorge Acosta Rodríguez para ejercer la actividad militar y ii) se dispondrá, a título indemnizatorio, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, incluyendo la asignación de retiro, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a 6 meses ni pueda exceder de 24 meses de salario – Sentencia SU-556 de 2014-[…]”.

La solicitud de tutela Pretensiones

13. El actor solicitó en su escrito de tutela: “[…] PRIMERO: Dejar sin efecto la sentencia 314 del 12 de diciembre de 2018 dictada por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda Subsección B – Sistema Oral, dentro del proceso 110013335019201300268-00, por desconocer los principios de legalidad (art. 4, 6 y 121, 228 y 230 de la Constitución Política), congruencia, favorabilidad (art. 53 de la C.P.) y tutela judicial efectiva (art. 229 de la C.P.) y vulnerar los derechos fundamentales al trabajo (art. 25 C.P), igualdad (art. 13 C.P.) y debido proceso (art 29 C.P.), al condicionar el reintegro, derivado de la nulidad y restablecimiento del derecho del acto de retiro, a un examen médico, a pesar que los efectos de la nulidad del acto de retiro conlleva el reintegro efectivo, dado que los fines de este medio de control es dejar las cosas en el estado en el que se encontraba el ciudadano antes de ser retirado; si el tribunal tenía dudas de mi capacidad laboral debía dentro del trámite procesal ordenar dicha prueba de oficio, de manera que yo pudiera controvertirla y en todo caso a cargo de un perito o institución médica especializada e independiente, pero en ningún caso como una prueba posterior a la sentencia definitiva y a cargo de la parte vencida en el juicio.

Si el tribunal además de tener como probada la ilegalidad del acto demandado y como consecuencia declara su nulidad, considera de manera fundada que persiste

la pérdida de capacidad laboral que pudiera incidir en labores operacionales como militar ha debido disponer el reintegro con reubicación conforme la línea que señala la Corte Constitucional (sentencias C-063 de 2018 y T-382 de 2014).

SEGUNDO: Subsidiariamente ordenar al Ejército Nacional de Colombia, proceder a mi reintegro al grado y cargo que ejercía al momento del retiro, por cuanto no obstante que en la sentencia del 12 de diciembre de 2018 se confirmó la anulación de la resolución de retiro N° 1673 del 26 de septiembre de 2012, no se ha efectuado el reintegro a mis labores, ni el pago ordenado; lo cual, es un claro incumplimiento de la sentencia a la fecha. Omisión de la autoridad accionada que se ha venido consumando sistemáticamente a pesar de los múltiples derechos de petición, no solo para que cumpla la sentencia judicial, sino para que me expida copia de documentos referidos a mi propia situación laboral y personal, a los cuales tengo derecho a acceder, más aun cuando de ellos dependen las acciones que pueda ejercer para hacer valer mis derechos; n