CE-11001-03-15-000-2021-00864-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / LEGITIMACIÓN POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE TUTELA – Configuración / MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS – Demandado en el proceso ordinario / SUJETO PASIVO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / TERCERO CON INTERÉS LEGITIMO En relación con las autoridades judiciales, se advierte que la demanda se dirigió contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, que profirió la decisión que, a juicio de la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales, por lo que se encuentra legitimado por pasiva. Ahora, la Sala pone de presente que, aunque el juez de primera instancia constitucional no haya resuelto la solicitud de desvinculación del proceso presentada por el municipio de Dosquebradas en su contestación, esta Sección dispone que, como dicha entidad es parte demandada en el proceso de reparación directa, dentro del cual se profirió la providencia atacada en el trámite de esta tutela, tiene legitimación en la causa por ser un tercero con interés en las resultas del proceso.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA /

AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN DEL

ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / OMISIÓN DEL ANÁLISIS DE LA

PRUEBA – No acreditado / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO – No se atribuye a alguna acción u omisión del Estado /

INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / REVOCATORIA

DE LA SENTENCIA – Que rechaza por improcedencia / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Para la Sala [el defecto sustantivo] no se encuentra configurado, teniendo en cuenta que la autoridad judicial accionada justificó razonablemente que el demandante no demostró, para obtener la declaratoria de responsabilidad estatal, la existencia de un daño antijurídico, esto es, aquel que no está en el deber de soportar; y que la ocurrencia de ese daño sea atribuible o imputable a la actividad, acción u omisión de una autoridad pública; tampoco probó que materialmente el daño sufrido ocurrió por la acción u omisión del Estado. La parte demandante consideró que la responsabilidad radicó en que las entidades demandadas hubieran liquidado un convenio interadministrativo del cual dependía la ejecución de un contrato de obra en el que el actor fue contratista, que de esto se derivaba la imposibilidad de devengar la utilidad esperada con la realización de la totalidad de la obra y de recibir el saldo insoluto por la parte ejecutada. Por lo anterior, determinó que dichas imputaciones corresponden al régimen de responsabilidad de la falla del servicio o falla probada por incumplimiento de obligaciones a cargo del estado. Encuentra la Sala que, contrario a lo señalado por el señor [J.C.V.T.], la autoridad judicial accionada analizó los elementos de la responsabilidad del Estado de manera adecuada en los procesos de reparación directa, concluyendo que no se encontraban configurados dichos presupuestos para declarar la responsabilidad de las demandadas y condenar al pago de una indemnización. (…) En ese orden, la decisión fue proferida conforme a derecho, y sin desconocer

ninguno de los elementos probatorios que reposaban en el expediente, toda vez que, contrario a lo mencionado por el actor, sí se tuvo en cuenta el acta final de obra tal como se demuestra en la anterior cita, pues al estudiarla el Tribunal observó que en dicho documento se ve reflejado el saldo sin pagar al contratista por terminar la obra, y concluyó que dicho incumplimiento debió reclamarse por medio de un proceso contractual contra la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo del Eje Regional “Alma Mater” y no con la acción indemnizatoria contra las entidades demandadas. (…) Es así como la autoridad judicial accionada concluyó que en el caso en estudio los elementos para configurarse el título de imputación de falla del servicio no habían sido demostrados, lo que llevó consigo que no se declarara la responsabilidad del Estado. Por lo anterior, la Sala considera que los cargos alegados por la parte accionante no están llamados a prosperar. Finalmente, esta Sección concluye que revocará el fallo de primera instancia constitucional en lo que se refiere a la declaratoria de improcedencia por no cumplir con el requisito de la inmediatez y, en su lugar, negará el amparo de los derechos deprecados, toda vez que la autoridad judicial accionada analizó razonablemente si existió un incumplimiento contractual y concluyó que la causa eficiente del daño no fue la actuación de las demandadas dentro del proceso de reparación directa.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00864-01(AC)

Actor: JUAN CARLOS VERGARA TRUJILLO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Referencia: TUTELA Temas: Tutela contra providencia judicial – Revoca declaratoria de improcedencia y, en su lugar, niega – defecto fáctico y sustantivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 15 de abril de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por medio de la cual declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito enviado por correo electrónico a la Secretaría General del Consejo de Estado el 1 de marzo de 20211, el señor Juan Carlos Vergara Trujillo, por medio de su apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, “a la igualdad ante la ley, principio de legalidad, 1 Índice 1 del expediente digital que se encuentra en el aplicativo SAMAI. prevalencia del derecho sustancial, desconocimiento del principio iura novit curia, al acceso a la administración de justicia, excesivo ritual manifiesto y conexos”.

2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 19 de agosto de 20202, mediante

la cual la autoridad judicial accionada revocó la sentencia de primera instancia de 12 de octubre de 2017 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira, y negó las pretensiones de la demanda que consistían en reconocer una indemnización al señor Vergara por los daños causados a su patrimonio con ocasión de las obras ejecutadas por él las cuales no le fueron pagadas y la frustración del contrato de obra No. 043-06-01 celebrado con la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo del Eje Regional “Alma Mater”. Lo anterior, por cuanto el Tribunal consideró que las entidades demandadas no eran responsables, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado número 66001-33-31-002-2009-00551-01, adelantado contra el municipio de Dosquebradas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, y la Corporación Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo del Eje Regional “Alma Mater”.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos invocados y, en consecuencia, pidió: “1. Sírvanse señores Consejeros de Estado, DECLARAR que el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA EN SU SALA SEGUNDA DE DECISIÓN, en la sentencia del diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020), por la cual revocó la proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, del doce (12) de octubre de 2017, REPARACIÓN DIRECTA Radicado al # 66001-33-31-002-2009-00551-01; cuyo

demandante fue el Sr. Juan Carlos Vergara Trujillo (en adelante el accionante), y los Demandados el Municipio de Dosquebradas y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD; afectó gravemente los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad ante la ley, principio de legalidad, prevalencia del derecho sustancial, desconocimiento del principio iura novit curia, al acceso a la administración de justicia, excesivo ritual manifiesto y conexos, del demandante de amparo constitucional.

2. Como consecuencia de la anterior declaración se proceda a: 2.1. CONCEDER al accionante el amparo de sus derechos fundamentales. 2.2. Se DECRETE dejar sin efecto la sentencia proferida por el H. Tribunal. 2.3. Se ORDENE al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, según corresponda, proferir nueva sentencia en la cual se restablezcan y reparen los derechos fundamentales del accionante, esto es: condenar solidariamente a las demandadas a indemnizar por perjuicios materiales del demandante, debidamente actualizados.”

2. Hechos La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La Corporación Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional “Alma Mater”, adelantó la Convocatoria No. 026 de 2006, con 2 La cual fue notificada de manera personal a través de correo electrónico el 24 de agosto de 2020.

Índice 13 del expediente digital en el aplicativo SAMAI. el fin de construir la primera etapa del edificio de la Universidad Nacional Abierta y

a Distancia - UNAD en el Eje Cafetero.

5. El contrato fue adjudicado al proponente Juan Carlos Vergara Trujillo y, en consecuencia, se suscribió el Contrato de Obra No. 043-06-01 bajo el sistema de precios unitarios fijos, por un valor de $949.732.514,94 pagaderos con un anticipo del 30% a la firma del acta de inicio y el 70% restante, según las actas parciales de avance de obra que fueran suscritas por el interventor del contrato.

6. El 25 de abril de 2007, las partes suscribieron acta de suspensión del contrato dado que el contratante Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional “Alma Mater” indicó que la viabilidad financiera del acuerdo se derivaba de los recursos que desembolsara el Municipio de Dosquebradas, en virtud de un Convenio de Cooperación Interadministrativa No. 043 de 2005 del cual hacen parte la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, la Corporación Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo

Regional “Alma Mater”.

7. Mediante oficio OFP068-07 del 9 de octubre de 2007, se le informa al contratista, que, como era de su conocimiento, la obra fue producto del convenio suscrito con el municipio de Dosquebradas, que el convenio fue liquidado con paz y salvo de conformidad con las actas aprobadas por el municipio y la firma interventora, y toda vez que la entidad territorial no suscribió nuevo convenio para dar continuidad al proyecto en el año 2007, no sería posible adelantar más trámites en relación con el contrato de obra, por lo que lo invita a la terminación

del mismo de manera bilateral.

8. A través de oficio del 18 de diciembre de 2007, Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional “Alma Mater”, le informó al contratista Juan Carlos Vergara Trujillo que hace uso de la cláusula segunda parágrafo 3 del contrato, sobre la terminación unilateral, y en consecuencia dio por terminado el contrato dentro de los 15 días siguientes al recibo de la comunicación.

9. Finalmente, el mencionado Convenio de Cooperación Interadministrativa fue liquidado, lo cual tuvo un impacto en el cumplimiento del contrato de obra celebrado por lo que fue liquidado unilateralmente por la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional “Alma Mater” y el Municipio de Dosquebradas, lo que en consecuencia generó el incumplimiento del contrato de obra No. 043 de 2006 celebrado entre la Red de Universidades y el señor Juan

Carlos Vergara Trujillo.

10. El 20 de diciembre de 2007, se realizó acta de entrega y recibo de obra, que arrojó un saldo pendiente por valor de $26.268.570,31, suscrita por el interventor, el coordinador de construcciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD y por el contratista, quien dejó la siguiente salvedad en el acta de liquidación: “dejando como salvedad que queda pendiente la liquidación del contrato y si se hiciere unilateralmente por parte del contratante se me deben pagar las indemnizaciones correspondientes por incumplimiento del contrato incluidos todos los perjuicios materiales e inmateriales”.

11. El 26 de octubre de 2009 el señor Juan Carlos Vergara Trujillo, por medio de

apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el municipio de Dosquebradas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD y la Corporación Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo del Eje Regional “Alma Mater”, con ocasión de los perjuicios causados como consecuencia de las obras ejecutadas y no pagadas, asimismo por la frustración de la ejecución del contrato de obra suscrito.

12. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira, autoridad judicial que a través de auto de 4 de noviembre de 2009, inadmitió la demanda al considerar que la acción de reparación directa no era el medio adecuado para plantear el litigio que surge de un contrato con el Estado, por cuanto debió acudir a la acción contractual.

13. Frente a dicha providencia, el actor interpuso recurso de reposición, señalando que la acción escogida era la de reparación directa "porque pretende la reparación del daño con fundamento en el enriquecimiento sin causa de la administración que ha propinado el empobrecimiento correlativo del demandante, y la indemnización de la pérdida de oportunidad imputable solidariamente a las demandadas por haber concurrido extracontractualmente a la causa del incumplimiento del contrato en que no eran partes."; por auto del 25 de enero de 2010 el Juzgado decidió no reponer la providencia y posteriormente, mediante proveído del 24 de marzo de 2010, dispuso rechazar de la demanda.

14. Posteriormente, el accionante apeló este último y el recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante auto de 22 de octubre de 2010, en

el cual decidió revocar el rechazo de la demanda, y ordenó en su lugar, proveer sobre su admisión, al considerar que, en virtud de las pretensiones formuladas en la demanda, el municipio de Dosquebradas y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD sí son pasibles de la acción de reparación directa, contrario a lo que sucede con la Corporación Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo del Eje Regional “Alma Mater”, la cual debió ser demandada en virtud de la acción de controversias contractuales.

15. Por lo anterior, a través de auto del 17 de noviembre de 2010, el Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira, dispuso admitir la demanda respecto del municipio de Dosquebradas y de la Universidad Nacional Abierta y a DistanciaUNAD y rechazar la misma respecto de la Corporación Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo del Eje Regional “Alma Mater”.

16. En fallo del 12 de octubre de 2017, la autoridad judicial accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo que decidió: (i) declarar la responsabilidad del municipio de Dosquebradas y la Universidad Nacional Abierta y a DistanciaUNAD, por las sumas adeudadas al señor Juan Carlos Vergara Trujillo con ocasión de los porcentajes de obra ejecutados y cancelados en el marco del Contrato Nro. 043-06-01 entre el actor y la red “Alma Mater”; (ii) condenar a las entidades de manera solidaria a reconocer y pagar al actor la suma de $26.268.570; (iii) disponer que la suma anterior debía ser cancelada a favor del

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en atención al embargo de derechos litigiosos decretado; y (iv) negar las demás pretensiones de la demanda.

17. La anterior decisión, fue apelada por la parte demandante y por las entidades demandadas, el municipio de Dosquebradas y la Universidad Nacional Abierta y a

Distancia - UNAD.

18. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Risaralda con sentencia del 19 de agosto de 20203, revocó la decisión recurrida, y en su lugar, negó las 3 La cual fue notificada de manera personal a través de correo electrónico el 24 de agosto de 2020.

Índice 13 del expediente digital en el aplicativo SAMAI. pretensiones de la demanda. Explicó que el daño sufrido por la parte actora no era imputable a la administración municipal de Dosquebradas ni a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, ya que no se evidenciaba ninguna actuación reprochable de parte de estas entidades, ni por omisión ni por incumplimiento de obligación alguna atribuible a título de falla del servicio.

19. Argumentó que “…el señor Vergara Trujillo había consentido celebrar el contrato de obra con sujeción a la vigencia del convenio interadministrativo, y las mismas partes acordaron que, sin necesidad de indemnización alguna “el contrato se entenderá suspendido cuando se suspenda el Convenio 043 de 2005”, como en efecto consintió en la suspensión bilateral del contrato…”.

20. Del mismo modo, enfatizó en que el daño alegado por el demandante no era atribuible a la conducta de las demandadas, ya que la omisión en el giro de

recursos no derivaba de un deber legal, y hacía parte del marco contractual del convenio suscrito y posteriormente liquidado, y que en modo alguno fue incumplido, toda vez que el municipio de Dosquebradas entregó la cantidad de recursos prometidos y fue declarado a paz y salvo con Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo del Eje Regional “Alma Mater”.

21. Adicionalmente, dijo que el hecho de que la suspensión del contrato de obra y posterior terminación obedecieran, según lo dijo “Alma Mater” en sus comunicaciones con el contratista, a la liquidación del Convenio 043 y la falta de recursos girados por el ente territorial, no podía perderse de vista que la obligación del pago frente al señor Juan Carlos Vergara Trujillo por la obra ejecutada, sólo correspondía a la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo del Eje Regional “Alma Mater”, por ser esta a quien previamente se le entregaron los recursos y quien no se opuso a la liquidación del convenio suscrito con las aquí demandadas, a quienes declaró a paz y salvo sin reparo, por lo que, para el Tribunal no existió el incumplimiento alegado, toda vez que el municipio de Dosquebradas entregó la cantidad de recursos prometidos y fue declarado a paz y salvo con la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo

Regional “Alma Mater”.

3. Fundamentos de la vulneración La parte actora identificó que la providencia atacada, presenta los siguientes defectos i) sustantivo y ii) fáctico por las siguientes razones:

22. Defecto sustantivo, pues consideró que la autoridad judicial accionada no

tuvo en cuenta las normas que rigen la materia en el presente caso, específicamente, el artículo 90 de la Constitución Política, los artículos 1603, 1738 y 2344 del Código Civil, así como los principios generales del derecho denominados: teoría del acto propio, deber de actuar de buena fe, enriquecimiento sin justa causa, responsabilidad extracontractual de la administración por el hecho de sus contratistas y desconocimiento del principio “iura novit curia”.

23. Refirió que, en tanto en el fallo objetado desconoció que la generación de los daños es el resultado de la reunión de varias culpas sucesivas atribuibles a personas diferentes y que esto trae como consecuencia una responsabilidad solidaria por pasiva a favor de la víctima, conforme dispone el artículo 2344 del Código Civil y el artículo 1738 de este mismo estatuto, en concordancia con el artículo 90 de la Carta Política, de manera que se constituían como deudores solidarios frente al demandante.

24. Así mismo, indicó que existe un incumplimiento contractual por parte de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional “Alma Mater”, y que en relación con el municipio de Dosquebradas y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, existió el compromiso administrativo de colaboración para la ampliación de cobertura educativa en el municipio, de manera que entre ellas existe una obligación solidaria frente al contratista defraudado, no solo por el beneficio adquirido, sino por el dolo con el que en su sentir actuaron y que finalmente fue el causante de los daños reclamados.

25. Finalmente, alegó la existencia de un defecto fáctico, frente al cual destacó

que el tribunal demandado dio por sentado, sin estar probado, que las entidades demandadas - municipio de Dosquebradas y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD entregaron a la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional “Alma Mater” todos los recursos requeridos para la ejecución parcial del contrato, y no hay prueba de la transferencia de esos dineros para el pago al contratista de la obra ejecutada faltante que fue objeto de la demanda de reparación directa presentada.

26. Precisó que, sí estaba demostrado que el interventor del contrato de obra certificó que había obra faltante por pagar, situación que impidió la liquidación bilateral del contrato.

27. Adicionalmente, alegó que el paz y salvo al que aludió el tribunal no le era oponible al demandante, aun cuando le hubieran transferido a su representante el dinero suficiente para cubrir las obligaciones contractuales, pues en ese caso no quedaban liberados de cumplir con los pagos pendientes a favor de terceros, incluido el contratista.

28. Concluyó que la autoridad judicial accionada omitió valorar el acta final de obra suscrita por el interventor y el contratista con el visto bueno de un funcionario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, medio de prueba que permitía demostrar que las entidades demandadas sabían que al demandante se le adeudaba un dinero, y que “era determinante para inferir no solo el enriquecimiento sin causa de ambas demandadas, sino en que sabían de que el convenio no se podía declarar a paz y salvo dado que todavía se le adeudaba un saldo de obra ejecutada al contratista”.

29. Además, resaltó que, con el dictamen pericial rendido por una arquitecta, se encontraba probado que el contratista ejecutó la totalidad de las obras mencionadas en el acta final del 20 de diciembre de 2007. Y agregó que la liquidación del Convenio Interadministrativo 043 de 2005 y la declaratoria de paz y salvo, sin tener en cuenta que al contratista no se le canceló el saldo pendiente por las obras ejecutadas y que faltaba obra por realizar, generó un incumplimiento en el Contrato de Obra Nro. 043-06-01 en cuya acta de entrega final quedó establecido el monto restante que debía ser cancelado y que correspondía a la suma de $26.268.570.

4. Actuaciones procesales relevantes 4.1. Admisión de la demanda

30. Con auto del 9 de marzo de 20214, el Consejo de Estado – Sección Cuarta, admitió la solicitud de amparo, ordenó notificar a la parte actora y como 4 Índice 12 del expediente digital en el aplicativo SAMAI. demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala

Segunda de Decisión.

31. Así mismo, dispuso la vinculación del municipio de Dosquebradas y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, quienes actuaron como demandados en el proceso de reparación directa, y al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, quien profirió la sentencia de primera instancia, como terceros con interés en el resultado del proceso.

32. Por Secretaría requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira y al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira para que

enviaran en calidad de préstamo el expediente del proceso de reparación directa con radicado No. 66001-33-31-002-2009-00551-01. 4.2. Intervenciones: Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias5 que obran en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones. 4.2.1. Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira

33. El juez se refirió a la decisión que profirió en primera instancia, para indicar que con las pruebas aportadas al proceso se demostró la responsabilidad estatal, en cabeza del municipio de Dosquebradas y de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, toda vez que bajo el amparo de un convenio interadministrativo se giraron unos recursos a la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional “Alma Mater” para contratar la ejecución de la primera sede la sede universitaria en el eje cafetero, quedando un saldo a favor del contratista.

34. Luego, se refirió a la acción de tutela propuesta, para indicar que en el caso no se cumplen los requisitos de procedencia de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales, además de la lectura del escrito de tutela advertía que las causales propuestas se dirigían contra de la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda y que a su juicio, el asunto discutido carece de relevancia constitucional, pues “no se logra demostrar la trascendencia de un conflicto legal a una relación con el contenido constitucional, simplemente la acción en comento se propuso buscando ampliar las dos instancias que ya fueron surtidas, como se

desprende del mismo contenido de la acción de tutela”. 4.2.2. Tribunal Administrativo de Risaralda

35. El magistrado ponente de la decisión de segunda instancia dentro del proceso de reparación directa objeto de debate hizo un extenso recuento de las circunstancias que rodearon el convenio interadministrativo y el contrato de obra objeto del medio de control de reparación directa, y del análisis que se hizo en la sentencia de segunda instancia.

36. Advirtió que lo que busca el actor es generar a través de la presente acción un espacio para una nueva valoración de las pruebas ya analizadas en el proceso ante el juez natural, lo que convertiría la tutela en una tercera instancia del proceso ordinario, razón por la que pidió se declarara improcedente. De igual manera, afirmó que la decisión judicial cuestionada se sustentó en las normas y jurisprudencia aplicables, y estuvo respaldada probatoriamente, todo lo cual 5 De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela, Índice 11, Oficio No. 19762, 19763, 19764, 19765 y 19766 del 11 de marzo de 2021. permitió llegar a la conclusión adoptada en la sentencia proferida. 4.2.3. Municipio de Dosquebradas

37. El apoderado del municipio presentó un informe en el que manifestó que la decisión cuestionada contó con todo el apoyo probatorio y normativo, sin que incurriera en desconocimiento de derechos constitucionales, como pretendía hacerlo ver la parte actora.

38. Solicitó su desvinculación al proceso por considerar que hay falta de legitimación en la causa por pasiva dentro de la presente acción, pues explicó

que no ha generado ninguna de afectación a los derechos fundamentales del actor. 4.2.4. Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

39. El rector y representante legal de la universidad indicó que el demandante busca utilizar la acción de tutela como una instancia adicional y que no están acreditadas las causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, además, mencionó que los hechos y circunstancias que manifiesta el actor ya fueron decididos por la autoridad competente, como en derecho corresponde y que, el no compartir la decisión judicial adoptada no implica que se hayan vulnerado derechos de índole fundamental.

40. Argumentó, que no se cumple con el requisito de inmediatez, pues la decisión que se cuestiona fue proferida en el mes de agosto de 2020, ejecutoriada en ese mismo mes y año, habiendo transcurrido a la fecha más de 7 meses desde la ejecutoria de la sentencia y la interposición de la tutela, aspecto que permite inferir que el plazo que se ha estimado como razonable fue desconocido por la parte actora, razón por la que deben ser negadas las pretensiones de la tutela.

5. Sentencia de primera instancia

41. En providencia del 15 de abril de 2021, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente la acción de tutela al no encontrar acreditado el requisito general de procedibilidad adjetivo de la inmediatez.

42. Como fundamento de su decisión, argumentó que la sentencia atacada, se notificó por correo electrónico a las partes el 24 de agosto de 2020 y se tiene que la demanda de tutela se radicó ante esta Corporación, vía correo electrónico, el 1º de marzo de 20216, por lo que transcurrieron 6 meses y 7 días, plazo que

supera el que fijó la Sala Plena del Consejo de Estado como término razonable para cuestionar providencias judiciales mediante este mecanismo constitucional.

43. De igual manera expresó: “5.2. En el escrito de tutela el accionante no expuso ninguna situación que justificara la tardanza en la interposición de la tutela. Y la Sala no encuentra que la situación de la parte actora se enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que puedan excusar su presentación por fuera del plazo razonable a que hace referencia la jurisprudencia constitucional. 6 Índice 1 constancia de correo que obra en el expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI. 5.3. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la referencia, al no encontrar acreditado el cabal cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de este mecanismo contra providencias judiciales, específicamente, el de la inmediatez...”7.

6. Impugnación

44. Con escrito enviado por correo electrónico el 26 de abril de 2021, la parte actora impugnó la decisión del 15 de abril de 2021, notificada por ese mismo medio el 21 de abril del año en curso.

45. La entidad accionante solicitó revocar el fallo de primera instancia proferido por el Consejo de Es