CE-11001-03-15-000-2021-01053-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA

PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / INTERPOSICIÓN TARDÍA E INJUSTIFICADA DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Superó los seis meses a partir de la ejecutoria de la providencia acusada / DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA / PANDEMIA / COVID 19 / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS – No aplicó para la interposición y trámite de la acción de tutela / VISITAS DEL ABOGADO AL RECLUSO – El accionante no indicó la norma jurídica de carácter reglamentario o la resolución que hubiera restringido las visitas de los abogados a sus clientes y mucho menos la imposibilidad de hacerlo donde se encuentra recluido / ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL – Se deriva por encontrarse privado de la libertad / AUSENCIA DE ACTUACIÓN DEL AGENTE OFICIOSO – Por parte del apoderado judicial / AUSENCIA DE REQUISITOS PARA FLEXIBILIZAR EL REQUISITO DE INMEDIATEZ – No obra prueba alguna que la condición de privación de la libertad haya sido determinante para imposibilitar el ejercicio de la acción de tutela En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, la Sala advierte que la parte actora reprocha la sentencia dictada el 23 de julio de 2020, en única

instancia por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, mediante la cual se: i) declaró fundado el impedimento manifestado por el Magistrado [R.F.S.V.]; ii) se negaron las pretensiones de la demanda y iii) se condenó en costas al a la parte actora. Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 11-001-03-25-000-2017-00073-00, instaurado contra la Procuraduría General de la Nación. La providencia fue notificada por medios electrónicos el 20 de agosto de 2020, habiendo cobrado ejecutoria el 25 de mismo mes y año, según constancias obrantes en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI y la manifestación expresa de la parte actora consignada en el libelo introductorio. Por su parte, la demanda de tutela fue remitida el 12 de marzo del 2021 al correo electrónico “tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co fecha en la que igualmente se remitió a la Secretaría General del Consejo de Estado quien la sometió a reparto el 15 de marzo siguiente. Así las cosas, resulta palmario que desde la ejecutoria de la decisión hasta la fecha de la presentación de la solicitud de amparo transcurrieron seis (6) meses y catorce (14) días. La parte actora justificó la tardanza para comparecer a ejercer la acción de tutela en dos razones, a saber: i) los decretos de declaratoria de la emergencia económica con ocasión de la pandemia del COVID-19; ii) las medidas de restricción que, según el accionante implementó el

INPEC para restringir las visitas. Sin embargo, el accionante no refirió cuales fueron los decretos que según él adoptaron alguna decisión que le impidiera presentar la acción de tutela con posterioridad al 25 de agosto de 2020, fecha para la cual ya había vencido el término de los dos Estados de excepción decretados por el Gobierno nacional, mediante los Decretos 417 del 17 de abril y 637 del 6 de mayo de 2020, ninguno de los cuales impactó o determinó la suspensión de términos para ejercer las acciones constitucionales de tutela y si bien es cierto la emergencia sanitaria se ha venido extendiendo por determinación del Ministerio de Salud y Protección Social, la misma no ha implicado la adopción de medidas encaminadas a impedir la presentación de las demandas de tutela. (…) Con respecto a las medidas restrictivas que, según el accionante, fueron dispuestas 1 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por el INPEC para las visitas a personas privadas de la libertad, lo primero que advierte la Sala es que el accionante no indicó la norma jurídica de carácter reglamentario o la resolución que hubiera restringido las visitas de los abogados a sus clientes y mucho menos la imposibilidad de hacerlo en la Escuela de Carabineros del Parque Nacional en la que se encuentra recluido el señor [S.M.R] durante el periodo de seis (6) meses y catorce (14) días que transcurrieron desde

la ejecutoria de la sentencia que acaeció en el mes de agosto de 2020, cuando ya no existían medidas que restringieran la movilidad, hasta la interposición de la acción y la Sala tampoco las encontró para este específico periodo y sitio especial de reclusión que no corresponde a un establecimiento penitenciario y carcelario. Cabe destacar que, con fundamento en el artículo 111 de la Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, las personas privadas de la libertad tienen derecho a comunicarse periódicamente con su núcleo social y familiar por correspondencia, servicios de telecomunicaciones autorizados por el establecimiento penitenciario, visitas y redes de comunicación interconectadas o internet de uso colectivo o autorizadas por el establecimiento penitenciario y, en todo caso “dispondrá de salas virtuales para la realización de este tipo de visitas” además que pueden conferir poderes cuyos requisitos se flexibilizaron para efectos de garantizar el acceso a la administración de justicia. El artículo 112 del mismo ordenamiento, por su parte, establece que “se concederá permiso de visita a todo abogado que lo solicite, previa exhibición de su tarjeta profesional y si mediare autorización del interno.” Adicionalmente, como lo destacó el magistrado ponente de la decisión censurada, bien hubiera podido el profesional del derecho que ejerce esta acción –que igualmente fungió como abogado en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho– actuar como agente oficioso del señor [S.M.R.] y, contrario a ello, dejó transcurrir un término que para la Sala

no resulta razonable. En consecuencia, no es posible flexibilizar el requisito de oportunidad, aun analizando este caso con enfoque diferencial, dada la calidad de sujeto de especial protección constitucional que ostenta el señor [S.M.R] que se deriva de encontrarse privado de su libertad, en la medida en que no obra prueba alguna de que esta condición haya sido determinante para imposibilitar al actor a efectos de comparecer, en un término razonable, a ejercer la acción de tutela. Tampoco aparece acreditado en esta acción que el profesional del derecho que representa al actor haya intentado por algún mecanismo acceder a su cliente y que ello le hubiera sido imposible al punto que tan solo el día 12 de marzo lo lograra.

FUENTE FORMAL: LEY 65 DE 1993 – ARTÍCULO 111 / LEY 65 DE 1993 –

ARTÍCULO 112

NOTA DE RELATORÍA: Con respecto al requisito de inmediatez, consultar la sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01,

Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado

– Sección Primera, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA 2 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01053-00(AC)

Actor: SAMUEL MORENO ROJAS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A Referencia: TUTELA Temas: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedencia por no cumplir el requisito de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por el señor Samuel Moreno Rojas, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 20171 y 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 12 de marzo del 2021 al correo electrónico “tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co”, el señor Samuel Moreno Rojas2, actuando por conducto de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a los principios de “juez independiente e imparcial, a la presunción de inocencia, el derecho de defensa y a impugnar la sentencia condenatoria”.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 23 de julio de 2020, proferida en única instancia por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, mediante la cual: i) 1 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.” Con posterioridad fue expedido el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela", sin embargo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3º que modificó el 2.2.3.1.2.5. las reglas en él contenidas únicamente aplican a las acciones de tutela que se presenten con posterioridad al 6 de abril de 2021, de tal manera que no rige para la presente acción. 2 El accionante manifestó que actuaba “en su condición de ex Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito Capital, con domicilio provisional en la Escuela de Carabineros del Parque Nacional, por la condición de estar privado de su libertad”. 3 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co declaró fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas; y ii) negó las pretensiones de la demanda3. Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 11001-03-25-000-2017-00073-00, instaurado contra la Procuraduría General de la Nación. 1.2. Pretensiones

3. A título de amparo constitucional, solicitó que se ordenara a la autoridad accionada que repita toda la actuación en sede contenciosa, “para contar con un Juez imparcial (sala sin impedimentos o afectos por el Procurador), objetivo, justo, así como con un proceso donde a iguales hechos se aplique el mismo derecho.” 1.3. Hechos probados y/o admitidos La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia: 1.3.1. Hechos relacionados con la acción disciplinaria ejercida por la Procuraduría General de la Nación en contra del accionante

4. El ciudadano Samuel Moreno Rojas fue elegido alcalde del Distrito Capital de Bogotá el 28 de octubre de 2007 y se posesionó el 1° de enero de 2008, cargo en virtud del cual tenía la competencia para designar a los representantes de los institutos descentralizados, entre ellos el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU en el cual ratificó a Liliana Pardo Gaona, como directora, quien venía ejerciendo dicha

dignidad.

5. El IDU, en ejecución de su objeto, celebró con la empresa Transmilenio S. A. el convenio interadministrativo 020 de 2001, del cual se derivaron otros contratos de obra, entre ellos el No. 137 de 2007, que se celebró con la Unión Temporal Transvial

(UTT) cuyo objeto consistió en la cesión de algunas de las obras a ejecutar. Este acuerdo de voluntades junto con otros más (134, 135, 136 y 138 de 2007) se conocen como los contratos de la Fase III de Transmilenio.

6. Ante el incumplimiento del objeto contractual, en el año 2011 se inició investigación disciplinaria contra varios funcionarios, expediente en el que se ordenó 3 De conformidad con la demanda, se efectuaron las siguientes pretensiones.

De nulidad: -Que se declare la nulidad de la decisión sancionatoria de única instancia de fecha 4 de agosto de 2015, proferida por el procurador general de la Nación, a través de la cual se sancionó a Samuel Moreno Rojas con destitución e inhabilidad general de dieciocho (18) años. - Que se declare la nulidad del acto administrativo disciplinario proferido el 29 de julio de 2016, por medio del cual el procurador general de la Nación resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, en el que confirmó la declaratoria de responsabilidad y la sanción impuesta.

De restablecimiento del derecho: -Ordenar a la Procuraduría General de la Nación que cancele los respectivos antecedentes disciplinarios y demás anotaciones que obren en las bases de datos de dicha entidad. -Que la Procuraduría General de la Nación presente disculpas de forma pública a

Samuel Moreno Rojas y su familia, en acto cuyo despliegue publicitario sea igual o similar a la forma en que se le destruyó su imagen ante la sociedad y con la convocatoria de los medios de comunicación masiva para que, al igual que la rueda de prensa del día 4 de agosto de 2015, en donde anunció la «injusta destitución», se presenten las disculpas debidas y correspondientes.

Otras: -Condenar a la parte demandada al pago de las costas que se causen en el presente proceso. 4 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la expedición de copias para que, en una actuación diferente, fuera investigado el señor Samuel Moreno Rojas, en su condición de alcalde mayor de Bogotá, por los hechos que se describieron así: “Se investigaron en esta actuación, las presuntas irregularidades en la CESIÓN del Contrato 137 de 2007, correspondiente a la Fase III de Transmilenio, la cual fue realizada entre los meses de enero y febrero de 2010, actuaciones que se llevaron a cabo con la participación del alcalde mayor de Bogotá SAMUEL MORENO ROJAS y la directora del IDU, LILIANA PARDO GAONA, quienes permitieron que la firma cesionaria ‘Promesa de Construcción de Sociedad Futura Grupo Empresarial Vías

de Bogotá SAS’ SE BENEFICIARA DE MANERA IRREGULAR DE RECURSOS

DEL ESTADO.

7. El Procurador General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el alcalde mayor de Bogotá Samuel Moreno Rojas el 21 de octubre de 2011, el 27 de julio de 2012 se incorporaron pruebas, el 27 de diciembre de ese año, se profirió un auto de prórroga de la investigación y el 17 de junio de 2014 se ordenó el cierre de la investigación disciplinaria.

8. Por medio de auto del 27 de junio de 2014 se calificó el mérito de la investigación disciplinaria, con pliego de cargos en contra del disciplinado, por los siguientes cargos: i) El primer cargo se imputó por la presunta incursión en la prohibición contenida en el numeral 8º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que consagra el principio de transparencia indicando: “8. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley…”, por el supuesto fáctico consistente en interesarse ilícitamente en la cesión del contrato 137 de 2007, comportamiento que, al parecer, se realizó con desviación de poder “por lo que se adecúa a la falta gravísima contenida en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2011.” El numeral en cuestión consagra como falta gravísima “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual… con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.”4 ii) El segundo cargo se imputó, igualmente, con fundamento en el numeral 31 del

artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que consagra como falta gravísima la de “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público”. El sustento fáctico de este cargo consistió en el sobrecosto generado por valor de $190.270.000.000, dineros con los cuales se benefició el grupo empresarial Vías de Bogotá, quien los recibió por la cesión del contrato. 4 El aparte del precepto que consagra “o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-818-05, con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, en el entendido de que la conducta constitutiva de falta gravísima debe ser siempre de carácter concreto y estar descrita en normas constitucionales de aplicación directa o en normas legales que desarrollen esos principios. 5 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) El tercer cargo se edificó sobre la omisión en la amortización de los pagos realizados por el Grupo Empresarial Vías de Bogotá S.A.S. por la suma de $28.081.044.349, lo cual permitió que se consolidara un detrimento al patrimonio público, el cual se tipificó en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que consagra las faltas gravísimas.

Los cargos se imputaron a título de dolo.

9. Dentro del término legal el investigado presentó descargos y solicitó el decreto y practica de pruebas, así como la declaratoria de nulidad de lo actuado, esta última resuelta mediante auto del 15 de enero de 2015, toda vez que contra esta decisión no proceden recursos. El 25 de mayo de 2015, se corrió traslado para alegatos de conclusión y el 4 de mayo de 2015 se profirió el fallo de única instancia en el cual resolvió sancionar disciplinariamente a Samuel Moreno Rojas, en su condición de alcalde mayor de Bogotá con destitución e inhabilidad general por dieciocho (18) años, al haberlo hallado responsable, por los tres cargos que le fueron imputados.

10. Notificado el anterior acto administrativo, el defensor del investigado interpuso el recurso de reposición, el cual fue resuelto por el Procurador General de la Nación, quien en providencia del 29 de julio de 2016 confirmó la decisión. 1.3.2. Hechos relacionados con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

11. El señor Samuel Moreno Rojas, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se invalidara el fallo sancionatorio y el auto que resolvió el recurso de reposición y, a título de restablecimiento del derecho, se dispusiera cancelar los antecedentes disciplinarios y las demás anotaciones que obren en las bases de datos de la Procuraduría General de la Nación y que se presenten disculpas en forma pública

al disciplinado y a su familia.

12. Las pretensiones de la demanda se sustentaron en la vulneración de normas de carácter internacional, por considerar que se desconoció el principio de igualdad por el carácter mediático del caso relacionado con Transmilenio y por pertenecer el investigado a un partido de izquierda. Consideró que igualmente se dejaron de aplicar preceptos constitucionales y legales; se vulneró el derecho al debido proceso en punto de la defensa y, además, los actos administrativos incurrieron en falsa motivación y en desviación de poder.

13. El proceso correspondió en única instancia al Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, corporación que, previo agotamiento del trámite procesal dictó sentencia el 23 de julio de 2020, en la que resolvió: i) declarar fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas; ii) denegar las pretensiones de la demanda; y iii) condenar en costas al demandante.

14. En el fallo, en primer lugar, se realizó un examen sobre la competencia de la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias que comporten restricciones a los derechos políticos de servidores públicos de elección popular, a la luz del artículo 23.2 de la Convención Americana de 6 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Derechos Humanos, de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, para concluir que en el caso del señor Samuel Moreno Rojas no puede ponerse en entredicho la competencia del ente sancionador, toda vez que las faltas por las que se le sancionó están relacionadas con actos de corrupción.

15. En segundo lugar, se precisó que, con fundamento en la sentencia de unificación dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado el 9 de agosto de 2016, el control que corresponde ejercer a la Corporación sobre los actos administrativos de naturaleza disciplinaria es integral, lo cual encuentra su fundamento en la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva, regla que correspondía aplicar para resolver el caso concreto.

16. A continuación, se resolvió el problema jurídico referido a si operó el fenómeno de la prescripción de las faltas disciplinarias imputadas, previa precisión sobre la norma aplicable al caso, por principio de vigencia de la ley en el tiempo, y el carácter instantáneo o continuado de las conductas, para concluir que, con respecto a los cargos primero y segundo, tal figura no operó, pero que sí acaeció con relación al tercero, toda vez que, en la forma como se estructuró “la conducta únicamente tuvo lugar hasta la firma del otro si en el que pudo participar la funcionaria Liliana Pardo, esto es, aquel identificado con el número 6 de fecha 4 de marzo de 2010, pues recuérdese que esta funcionaria estuvo vinculada hasta el día 11 de abril de 2010.”

17. Sobre la prescripción de la potestad sancionatoria de la conducta descrita en

el tercer cargo, en la sentencia se consideró que, si esta se agotaba el último día en que estuvo vinculada Liliana Pardo al IDU, quiere decir ello que los cinco años para que se diera el fenómeno prescriptivo comenzaban a contabilizarse desde el 11 de abril de 2010.

18. A continuación, la autoridad accionada abordó ampliamente el examen del debido proceso para precisar que i) no se vulneró el principio del non bis in idem por cuanto Samuel Moreno Rojas no fue investigado dos veces por los hechos relacionados con la cesión del Contrato 137 de 2007; ii) el procedimiento seguido fue el ordinario y éste se ajustó a las disposiciones contenidas en la Ley 734 de 2002; iii) se observaron la mayoría de los términos procesales, con excepción de algunos que no generaron violación del debido proceso; iv) las pruebas se practicaron en legal forma y fueron sometidas al principio de contradicción; v) no se desconoció el principio de inmediatez de la prueba, por cuanto en el derecho disciplinario opera el principio de permanencia y los medios probatorios se pueden recaudar a través de funcionarios comisionados; vi) no se vulneró el principio de la doble instancia, por cuanto los procesos disciplinarios de única instancia se encuentran acordes con el ordenamiento interno y con las normas de carácter internacional.

19. La Sala realizó un estudio completo sobre el ejercicio del derecho de defensa por parte del investigado para concluir que: i) los dos primeros cargos formulados al investigado fueron precisos al indicar que actuó como determinador, lo cual constituye una imputación válida, en relación con los elementos de la misma5; ii) el disciplinado tuvo la oportunidad de rendir versión libre y espontánea y ejerció su

5 Al respecto se estudió que la imputación debe ser clara, precisa, circunstanciada y especificada, integral, propia y típica. 7 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co defesa por intermedio de apoderado judicial quien desplegó en el proceso una amplia actividad; iii) se le concedió al investigado la posibilidad de presentar alegatos de conclusión; iv) la resolución negativa de los recursos no vulnera el derecho de defensa.

20. Con respecto a la infracción de normas de superior jerarquía, convencionales, constitucionales y legales, en la sentencia se consideró que el fallo había sido respetuoso de ellos. Se concluyó, igualmente, que los actos administrativos no fueron dictados con falsa motivación ni con desviación de poder, lo cual se hizo previa confrontación de las circunstancias de tiempo modo y lugar de las conductas y las pruebas que acreditan cada una de ellas.

21. El fallo fue notificado por medios electrónicos a los correos electrónicos suministrados por la parte actora el 20 de agosto de 2020, según constancias obrantes en el sistema de gestión SAMAI6. 1.4. Sustento de la solicitud

22. La parte actora afirmó que la presente acción de tutela cumple con el principio de inmediatez como quiera que el fallo censurado le fue notificado el 20 de agosto de 2020 “y las declaratorias de emergencia sanitaria por la Pandemia, han

suspendido términos” al tiempo que el INPEC restringió visitas a abogados y familiares.

23. A continuación hizo referencia a la sentencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido por Gustavo Petro Urrego en contra de la Procuraduría General de la Nación para señalar que allí se resolvió un caso idéntico al suyo, con el aval de la Sala Plena del Consejo de Estado, se ordenó el reintegro y el pago de salarios y se exhortó al Gobierno nacional para que, en un plazo de dos (2) años, implementara las reformas a que hubiera lugar para la plena vigencia del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

24. Aseveró que, a pesar de la importancia del caso, este proceso no fue declarado de interés, para que la Sala Plena del Consejo de Estado, decidiera desconocer su propio precedente.

25. El accionante precisó que, en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Magistrado Rafael Francisco Hernández Gómez”

(sic) manifestó impedimento por amistad íntima con el entonces Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, lo cual no hizo el Magistrado Gabriel Valbuena Hernández, a pesar de haber sido subalterno del mismo procurador, tener una amistad muy próxima con su ex jefe y “haber gozado de su influencia y relaciones para acceder al cargo de Magistrado” y además, por existir una circunstancia objetiva, consistente en que el citado magistrado falló contra Samuel Moreno Rojas un proceso anterior, por similares hechos y, en la parte resolutiva, negó la aplicación de los artículos 8º, 21.1. y 21.2. de la Convención Americana de

Derechos Humanos, como se puede ver en la sentencia dictada el 23 de julio de 2020, con lo que se incurrió en vía de hecho. 6relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos? guid=110010325000201700073001100103, anotación del 20 de agosto de 2020 8 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

26. El actor incluyó un cuadro comparativo de la situación de Gustavo Petro Urrego con la de Samuel Moreno Rojas, aseverando que le solicitó a la Sección Segunda del Consejo de Estado que diera aplicación a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el proceso de medidas cautelares decretadas en favor del primero, a las cuales se refirió in extenso.

27. Hizo referencia a los derechos que, a su juicio, le fueron vulnerados en el procedimiento disciplinario y que invocó en el juicio de nulidad y restablecimiento del derecho, para concluir afirmando que en este último se violó el artículo 23 de la

Convención Americana de Derechos Humanos.

28. Finalizó su escrito, manifestando que “esta acción es la oportunidad para esa digna corporación, para hacer una valoración integral de los temas que transversalmente atraviesan los diferentes tópicos no solo de la Tutela frente a decisiones judiciales, sino a un auténtico juicio de valor de las normas y la manera de aplicarlas frente a los principios, preceptos y decisiones de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, donde ha reiterado la incompetencia del Procurador para sancionar funcionarios de elección popular; pero sobre todo, para instrumentalizar el proceso disciplinario y convertirse en juez político censor partidista de sus afectos, gustos o disgustos. También se debe aprovechar la ocasión para se emita un concepto frente al proceder del Consejo de Estado, en temas similares se deben aplicar las mismas reglas y los mismos principios, es decir, se aplique integralmente el concepto de precedente, para que sus decisiones no sean contradictorias.” 1.5. Actuaciones procesales relevantes 1.5.1. Admisión de la demanda

29. Mediante auto del 26 de marzo de la presente anualidad, el despacho ponente admitió la demanda de tutela y dispuso la notificación a la parte actora, a los Magistrados de la Sección Segunda – Subsección “A” del Consejo de Estado, como autoridad judicial accionada. En la misma providencia se dispuso la vinculación, en calidad de terceros con interés jurídico en el resultado de la actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, de la Procuraduría General de la Nación y del representante del Ministerio Público ante esta Corporación en cabeza de la Procuradora Tercera Delegada. 1.5.2. Informe de las autoridades accionadas y de los terceros vinculados 1.5.2.1. Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”

30. El Magistrado