CE-11001-03-15-000-2021-01062-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA

PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO

DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA / PRINCIPIO DE INFORMALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA – No es absoluto / INEXISTENCIA DEL DEFECTO FÁCTICO /

INEXISTENCIA DEL DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL

PRECEDENTE JUDICIAL / RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE MIEMBROS

DE LA POLICÍA NACIONAL / APLICACIÓN DE LA FACULTAD

DISCRECIONAL DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL /

RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN

[P]ara la Sala el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto fáctico, toda vez que no indicó específicamente que parte de los “[…] registros demeritorios […] fueron valorados erróneamente por parte del juez colegiado; ii) que además dichos medios probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la decisión; y iii) demostrar que la valoración errónea de las pruebas fue una actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de sus derechos fundamentales, lo cual no aconteció en el caso sub examine. (…) Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto,

pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos. (…) [P]ara la Sala el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no indicó específicamente cuales fueron las i) reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que mencionó en su escrito de tutela, y mucho menos argumentó que las ii) situaciones fácticas y los iii) problemas jurídicos en ambos casos eran análogos o similares. En ese orden de ideas, para la acreditación del requisito de relevancia constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, no basta con citar de manera genérica la jurisprudencia del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, sino que por el contrario, el actor tiene la carga argumentativa de señalar en su escrito de tutela el cumplimiento de los elementos que permiten configurar la existencia de un precedente judicial , esto es, i) que en la ratio decidendi de las sentencias invocadas por el actor en su escrito de tutela se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema

jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente .

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01062-01(AC)

Actor: JOHNNATAN STEVE ULLOA ORTIZ

Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso; ii) acceso a la administración de justicia, iii) trabajo, iv) mínimo vital y v) vida

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 23 de abril de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente el amparo. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra la

Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 3 de diciembre de 2020, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013342-048-2017-00001-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad. Presupuestos fácticos 2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en síntesis, son los siguientes: 3.Indicó que ingresó a prestar sus servicios a la Policía Nacional el 5 de julio de 2011, ostentando el cargo de patrullero, cuando fue retirado del servicio activo.

4. Señaló que “[…] durante el tiempo que duró vinculado con la Policía Nacional fue objeto de múltiples felicitaciones por su gran desempeño en la Policía Nacional

[…]”.

5. Expresó que el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá expidió la Resolución núm. 127 de 14 de junio de 2016, por medio del cual resolvió retirarlo del servicio activo de la Policía Nacional, por la causal de “[…] voluntad de la Dirección General […]”. 6.Indicó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 127 de 14 de junio de 2016; y a título de restablecimiento del derecho solicitó su

reintegro a la entidad “[…] con el mismo grado y cargo igual o superior categoría al que venía desempeñando en la carrera policial […]”. Sentencia proferida el 28 de febrero de 2019 por el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 1100-13342-048-2017-00001-01

7. El Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá resolvió negar las pretensiones de la demanda.

8. Consideró que el retiro del actor tenía fundamento en el concepto previo contenido en el Acta 201GUTAH-SUBCO-2.25 de la Junta de Evaluación Calificación para suboficiales, personal del nivel ejecutivo y agentes de la Policía Nacional, en donde en su hoja de vida constaba varios llamados de atención por el incumplimiento de órdenes, mal uso del uniforme y retardos, acciones preventivas e investigaciones en curso, para un total de 23 anotaciones negativas.

9. Indicó que la entidad demandada tenía razones para buscar el mejoramiento del servicio, y en ese orden de ideas, disponer la remoción del actor, toda vez que si bien es cierto existían anotaciones de compromiso institucional, buena disposición para prestar el servicio y cumplimiento de funciones, el desempeño no fue excepcional en los términos del artículo 42 del Decreto núm. 1800 de 14 de septiembre de 20001.

10. El Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá concluyó señalando que el acto administrativo acusado no adolecía de falsa motivación, ni

mucho menos de desviación de poder, por el contrario, se evidenció en el caso sub examine que existían razones objetivas y verificables para separar definitivamente del cargo al señor Johnnatan Steve Ulloa Ortiz. Sentencia proferida el 3 de diciembre de 2020 por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 1100-13342-048-2017-00001-01 11.La parte resolutiva de la mencionada decisión dispuso textualmente lo siguiente: “[…] PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Ocho (48) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, de fecha 28 de febrero de 2019, de conformidad con lo expuesto […]”.

12. Consideró que: “[…] Descendiendo al caso concreto se advierte, que la administración observó el fundamento de hecho implícito en la norma, pues previamente el nominador contó con el concepto de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, 1 “por el cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional”. siendo este, requisito formal exigido en las normas que prevén el retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, por voluntad del Gobierno Nacional o de la Dirección General de la Policía Nacional.

La Junta Asesora fundamenta tal recomendación, en que la conducta del señor

PATRULLERO JOHNANTAN STEVE ULLOA ORTIZ [...] va en contravía de todos los principios éticos y morales fijados por la institución y que se encuentran resumidos en el Código de Ética Policial, al señalarse que se debe llevar una vida irreprochable como ejemplo para todos [...]. La Junta sustenta lo anterior, en: i) el incumplimiento órdenes en diez oportunidades; ii) incumplimiento de obligaciones como evaluado, al no haber ingresado al PSI en el mes de octubre de 2015, cuando se debió hacer mínimo 2 veces para revisar y notificarse de las anotaciones del evaluador; iii) incumplimiento a órdenes acciones preventivas, puesto que el 9 de octubre de 2015, el dispositivo PDA estuvo apagado durante el turno de vigilancia; iii) anotación en el sistema de SIPQRS, queja por presuntos actos de corrupción (radicado 101313-20130828) y queja por presunto abuso de autoridad, maltrato verbal y amenazas (195866-20141231). Resalta la Junta, que el comportamiento del patrullero en mención, va en contravía de los principios éticos y morales de la institución plasmados en el Código de Ética Policial, máxime cuando se trata de conductas que atentan contra la misión de la institución; de igual forma destacada, que al tener la Policía Nacional por mandato constitucional y legal, debe dar un ejemplo en el cumplimiento de las leyes y reglamentos de la institución, y evitar toda conducta que atente contra el buen nombre, imagen y legitimidad de la institución, siendo así, como quiera la conducta

del señor PATRULLERO JOHNANTAN (sic) STEVE ULLOA ORTIZ es contraria a derecho, se perdió esa connotación; concluyendo, que la evaluación visible en su hoja de vida, no le otorga estabilidad o inamovilidad, toda vez, que pueden existir otras razones del servicio o pérdida de confianza que fundamenten la necesidad de prescindir de él. En este punto es del caso precisar, que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido del criterio de que el nominador puede ejercer libremente la facultad discrecional y simultáneamente adelantar la potestad disciplinaria o penal; sin embargo, también ha considerado, que la facultad de retiro discrecional resulta viable sólo en la medida que el hecho evidentemente condujera a una afectación en el servicio, como en este caso lo es, la conducta presentada por el patrullero demandante, quien registra, incumplimiento a sus obligaciones y órdenes, circunstancias que denotan su falta de compromiso institucional y perturban la buena marcha de la institución, dado que conllevan duda en el desempeño de su cargo y comportamientos. Por otro lado, el retiro discrecional por razones del buen servicio, si está sustentado, dado que la conducta del señor JOHNANTAN (sic) STEVE ULLOA ORTIZ es, sin lugar a dudas, opuesta a los preceptos constitucionales y legales e interfieren con la prestación del buen servicio por parte de la institución y de contera, con el mantenimiento de las condiciones necesarias para garantizarle a los habitantes del país el ejercicio de sus derechos, máxime teniendo en cuenta

las exigencias de confiabilidad y confianza que caracterizan el servicio policial […]”.

13. Indicó que el acto administrativo acusado cumple con el i) requisito formal de contar con la recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, frente al retiro del servicio del actor por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Metropolitana de Bogotá, ii) con requisito sustancial, que hace referencia a los criterios razonables y objetivos de la administración para optar por la decisión de retirar al señor Johnnatan Steve Ulloa Ortiz del servicio. En ese orden de ideas, expresó que: “[…] Existe un estudio detallado de los hechos que dieron lugar a la toma de la determinación de retiro del actor, que fue: a) el incumplimiento (sic) órdenes en diez oportunidades, b) el cumplimiento a las órdenes de acciones preventivas y; c) anotaciones en el sistema SIPQRS.

Estos hechos fueron sopesados no solo con los presupuestos éticos y morales de la institución, sino también con la obligación del Estado, de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; lo que conllevó a concluir, que su comportamiento, pese a que recibió capacitación, actualización y orientación en el curso de formación, implica su falta de compromiso y no se acepta la permanencia en la institución de esta clase de funcionarios, toda vez, que se constituye en un riesgo al ponerlo al frente del control de la sociedad. El rendimiento académico y la excelente hoja de vida, no son los únicos elementos

determinantes para la permanencia en el servicio de un miembro en la institución, sino que el nominador debe valorar otros factores, naturalmente relacionados con el servicio, máxime si se tiene en cuenta la naturaleza piramidal de la institución, pues no todo miembro que ingrese a las mismas, logra llegar a la cumbre, por diferentes factores, como razones institucionales y de servicio. Así, con el análisis de las pruebas allegadas al expediente, la Sala comparte el criterio del a quo, y, en consecuencia, confirmará la sentencia apelada, que negó las pretensiones de la demanda […]”. La solicitud de tutela Pretensiones

14. El actor solicitó en su escrito de tutela: “[…] 1. Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo en condiciones dignas y justas, mínimo vital y móvil en conexidad con el derecho a la vida de JOHNATAN (sic) STEVE ULLO ORTIZ identificado con la cédula de

ciudadanía No.1.074.959.544 expedida en Yacopí (Cundinamarca).

2. En consecuencia, de la anterior declaración, se deje sin valor ni efectos jurídicos, la sentencia del 03 de diciembre de 20201, proferida por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por JOHNATAN

(sic) STEVE ULLOA ORTIZ contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional dentro del radicado No.11001334204820170000101.

3. Así mismo, se ordene a la accionada, dentro del tiempo que prudencialmente

fije la H. Corporación, emitir decisión de reemplazo, en la que se tenga en cuenta el precedente jurisprudencial decantado por el H. Consejo de Estado (sic) entre otras en la SU 172 de 2015, la apreciación integral de las pruebas, en especial la prohibición del uso de la facultad discrecional por motivos de índole disciplinario o penal, basado en un defecto fáctico […]”. 15.El actor señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en un ii) defecto fáctico. Actuación 16.El Despacho sustanciador, mediante auto 18 de marzo de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; iii) ordenó vincular a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en calidad de tercero con interés para que en el término de dos días siguientes a su notificación, rindieran el respectivo informe. Intervenciones de la parte demandada y del tercero con interés legítimo 17.La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca adujo que: “[…] Considero que la acción de tutela en comento carece de fundamento válido, toda vez, que la Sentencia de segunda instancia proferida por esta Corporación el 3 de diciembre de 2020, en el proceso 1100-13342-048-2017-00001-01, no se desconoció el precedente judicial invocado ni se configuró defecto sustantivo

alguno […]”.

18. La Secretaría General de la Policía Nacional señaló que: “[…] En ese contexto, el actor tenían (sic) la carga argumentativa y procesal de manifestar porque la Sentencia de Unificación 172 de 2015, era aplicable a su caso, sin embargo, en el escrito de tutela nunca se compararon hechos ni pretensiones, situación que acredita una falta de motivación por parte del tutelante, generando la imposibilidad de dar validez a su tesis sobre el desconocimiento del precedente judicial.

Bajo ese orden de ideas, la acción constitucional no cumple con el mínimo de argumentación necesaria que permita evidenciar la trasgresión del precedente judicial por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Segunda – Subsección “B”, por el contrario lo que se vislumbra es una actuación desleal del accionante de querer debatir un asunto ya debidamente dilucidado por las instancias judiciales pertinentes, en consecuencia solicito se declare improcedente la acción constitucional […]”. La sentencia impugnada 19.La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 23 de abril de 2021, resolvió lo siguiente: “[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por el señor Johnatan Steve Ulloa Ortiz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión […]”.

20. Consideró que: “[…] En el caso concreto, la Sala estima que lo pretendido realmente por la parte accionante es reabrir el debate fáctico y jurídico, porque no está de acuerdo con lo decidido por los jueces –naturales– de ambas instancias, pero no por ello la acción

de tutela está llamada a prosperar. En efecto, en la solicitud de amparo se alegó, en síntesis, que se incurrió en los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente, toda vez que con la decisión cuestionada se habría desconocido la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, pues el retiro del servicio del actor se dio como consecuencia del proceso disciplinario adelantado en su contra y no, como se afirmó en el acto cuestionado, por el mejoramiento del servicio. Asimismo, sostuvo que se desconoció que las anotaciones que se tuvieron en cuenta para justificar el acto de retiro correspondían al 2014 y 2015. Aspectos que, a su vez, fueron planteados por la parte actora en el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 48 Administrativo del Circuito de Bogotá el 28 de febrero de 2019, así (trascripción literal con posibles errores incluidos): La parte actora aduce que la decisión objeto de recurso, no observó que el retiro resultaba desproporcionado y desconocía los principios de favorabilidad, in dubio pro operario y condición más beneficiosa, dado el grado de patrullero, que resultaba ser en la base jerárquica de la Policía, el extremo débil de la relación laboral, siendo así, al desempeñar las funciones en la estación de Germania, ubicada en el centro de la capital de país, el aumento de delitos y la baja productividad, no pueden ser atribuibles a la parte más baja de la cadena de mando, cuando la obligación de la institución es de medios y no de resultados.

El recurrente afirma, que se ocultaron los motivos del retiro, porque la suma de indicios constituye una plena prueba, es tan así, que las anotaciones tenidas en cuenta para el retiro, acaecieron con dos años o más de anterioridad a la expedición del acto demandado, pese a esto, no se tuvo en consideración que, en el año 2016, la calificación del señor Ulloa Ortiz fue de 1200 puntos. Por lo tanto, no concurre el parámetro de inmediatez, pues se esperó un largo tiempo para retirar a un uniformado que de manera notoria está afectando el buen servicio, de ahí, que sea inaceptable apelar a registros muy antiguos para mostrar el desempeño deficiente del uniformado y justificar su retiro. Manifiesta el apelante, que el proceso preliminar 2016 – 01231 hoy sumario 452, encontró ausencia de indicios para responsabilidad alguna, por lo tanto, la motivación de la Junta de Evaluación y Clasificación, donde se recomendó el retiro al tener como elemento de juicio la calidad de sujeto indiciado y disciplinado, queda sin fundamento; aunado a ello, acota que la investigación disciplinaria COP4-2016-44 carece de un auto de cargos o auto de citación. El suplicante exterioriza, que no se apreciaron las pruebas obrantes en el proceso, pues de haberlo hecho, se determinaría la falsa motivación, por utilización de un instrumento legal aplicado de manera indebida. Otro argumento relacionado en el escrito de apelación, señala que la facultad discrecional debe cumplir con el mejoramiento del servicio, justificado en razones ciertas y objetivas que deben ser conocidas por el afectado, tal

como lo indica la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Reitera el peticionario, que el acto administrativo objeto de la acción, se generó por una interpretación exegética, restringida y fuera de contexto, desviando la facultad discrecional del Decreto 1791 de 2000, artículo 55 numeral 6. Así mismo asevera que la aplicación incorrecta de los métodos de interpretación, son constitutivos de falsa motivación (se destaca). Dichos argumentos fueron analizados y definidos por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, mediante providencia del 3 de diciembre de 2020, confirmó el fallo de primera instancia […]”. […] “[…] Así las cosas, se advierte que la parte actora pretende reabrir el debate jurídico del proceso ordinario, por no estar de acuerdo con la decisión adoptada por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De conformidad con lo anterior, se reitera que el juez de tutela no puede inmiscuirse en el ámbito de competencia del juez natural, razón por la cual la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, porque el objeto de la demanda es continuar con un debate zanjado en el proceso ordinario, lo que desdibuja las finalidades de esta acción constitucional […]”. La impugnación 21.El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con fundamento en que: “[…] Ruego a la Honorable Magistrada conceder las súplicas de la protección de

amparo, en la medida en que si bien es cierto la facultad discrecional goza de excelentes fines, la misma no puede ser utilizada por motivos de orden disciplinario o penal. Es claro que se le están violando flagrantemente los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso, mínimo vital y móvil en conexidad con el derecho a la vida, consagrados en los Artículos 13, 25 y 29 de la Constitución Política de Colombia. Ya que después de que el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá advirtiera que el retiro del actor tuvo lugar tres (3) meses después de los hechos que motivaron el proceso disciplinario; sin embargo, el único hecho relevante que conllevó a que la Policía Nacional perdiera la confianza en el servidor fue el presunto proceso por actos de corrupción, que culminó con fallo absolutorio, dado que los registros demeritorios en el Formulario de Seguimiento del Actor, datan de 2014 y 2015 y los mismos, ya no podían generar efectos adversos en la carrera. La H. Tribunal Accionado no valoró esta circunstancia, no obstante, haber sido expuesta hasta la saciedad en la alzada, tampoco tuvo a la mano el fallo disciplinario por haber sido expedido con posteriordad a la sentencia objeto de acción constitucional. En materia disciplinaria el actor actualmente fue absuelto, se demostró su inocencia; sin embargo, no existen pruebas que vinculen al actor en hechos graves, que impliquen la pérdida de la confianza en el servidor. Existe abundante jurisprudencia proferida por el H. Consejo de Estado, en torno al

ejercicio de la facultad discrecional cuando se ejerce por motivos de orden disciplinario o penal. Estas sentencias son las siguientes: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 9 de febrero de 2012, CP. Gerardo Arenas Monsalve,

Actor: Nelson Arcila Arias, Demandado: Policía Nacional, Rad. 68001231500020010107902. ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1º de marzo de 2012, CP. Gerardo Arenas Monsalve, Actor: Alex Gabriel Castro Rodríguez. Rad. 05001233100020020353001. iii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 25 de noviembre de 2010. CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Actor: Rene Triana Rivera. Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Rad. 25000232500020030679201. iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 8 de marzo de 2012. MP. Gerardo Arenas Monsalve.

Actor: Manuel Ítalo Belalcázar. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional –

Policía Nacional. Rad. 19001233100020020025601. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de febrero de 2009, CP. Bertha Lucía Ramírez de Páez, Actor: Ángel Ovidio Buitrago Leguizamón, Demandado: Ministerio de

Defensa – Policía Nacional, Rad. 25000232500019990537901. La Corporación Accionada, olvida que los registros demeritorios fueron de los años 2014 y 2015, corresponden a faltas menores, que en nada inciden en el resultado de la gestión del año 2016; los mismos ya no podían ser utilizados para sustentar el retiro, máxime que el único hecho relevante y presuntamente irregular fue el ocurrido el 01 de marzo de 2016, informado al propio comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien coincidencialmente signa el acto de retiro, y fue el motivo determinando del retiro. En la actualidad el actor se encuentra en una grave crisis económica, se encuentra sin empleo, pues por haber sido “POLICIA ECHADO” le ha sido muy difícil el encontrar un empleo digno y honrado; debo llamar la atención del Despacho, toda vez, que el único sustento de tenia la familia del citado policial, eran los ingresos que como Patrullero de la Policía Nacional devengaba, no posee rentas de capital ni ingreso alguno con el que puedan sufragar sus alimentos. Se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, viviendo de la caridad de familiares y amigos. El actor presenta una difícil situación médica, presentó fractura de epífisis superior de la tibia, que hace la situación del accionante aún más caótica. Se adjuntó la historia clínica […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia de la Sala

22. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la

acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019. Generalidades de la acción de tutela

23. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito de relevancia constitucional.

25. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; vi) marco normativo y

jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la vida; procediendo posteriormente a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 26.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena2, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los