CE-11001-03-15-000-2021-01088-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Respecto de los defectos sustantivo y fáctico / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Alegatos de naturaleza legal que ya fueron resueltos por el juez natural / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - La pretensión es reabrir el debate resuelto por el juez natural / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No es una instancia adicional Del escrito de tutela se evidencia que la accionante invoca los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial. Sin embargo, la argumentación sobre la que se edifican los dos primeros tiene como propósito que el juez constitucional declare que hubo un indebido conteo del término de caducidad del medio de control de reparación directa, para lo cual expone alegatos de naturaleza legal que ya fueron resueltos por el juez natural del asunto en dos instancias, en concreto la indebida inaplicación del numeral 8 del artículo 136 del CCA, a partir de los elementos de prueba que obran en el expediente, razón por cual no se hará pronunciamiento de fondo sobre estos defectos, pues lo que se observa es que la actora convierte la solicitud de amparo en una instancia adicional, lo que deviene en que el amparo solicitado sea improcedente. (…) Entonces, el análisis se circunscribirá al desconocimiento del precedente judicial, alegado en el escrito de

tutela, sobre el que sí se cumple el requisito de la relevancia constitucional. AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / SENTENCIA DE TUTELA – No es vinculante para el juez natural del asunto / SENTENCIA ALEGADA COMO DESCONOCIDA – Proferida con anterioridad a la decisión de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado que precisó las reglas para el conteo del término de la caducidad del medio de control de reparación directa por lesiones personales / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Desde el conocimiento del daño / DAÑO ANTIJURÍDICO - El conocimiento se dio con la atención médica y notificación de los conceptos en la que se calificó como profesional la enfermedad / ACTA DE LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ - Se limitó a calificar una situación preexistente, por tanto, no podía ser tenida como criterio para determinar el conocimiento del daño /

AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a autoridad judicial accionada consideró que se debía confirmar la decisión que declaró probada la excepción de la caducidad de la acción, toda vez que el acta de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no podía ser tenida como un criterio que determine el conocimiento del daño, toda vez que no comporta un diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida, pues la junta se limitó a calificar una situación preexistente con base en las pruebas aportadas, entre las cuales se destaca la historia clínica de la aquí accionante y las calificaciones que

ya habían sido otorgadas por entidades como la EPS Sanitas y la ARP del Instituto de Seguros Sociales, de las cuales se constató que la parte actora tenía conocimiento de su patología desde el 26 de abril de 2005, fecha en que se calificó como profesional su enfermedad. Por consiguiente, la demanda se debió presentar a más tardar el 27 de abril de 2007, sin embargo, se radicó el 29 de abril de 2011 (…) En el presente caso, la Sala considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en desconocimiento del precedente judicial, tal como se explica a continuación: Respecto de las providencias de 27 de febrero de 2003 , de 7 de julio de 2011 y de 11 de agosto de 2016 proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Sección Segunda, Subsección “A” de la misma corporación judicial, alegadas como precedente desconocido, la Sala observa que se trata de un auto, una sentencia dictada en el marco de un proceso de reparación directa y un fallo de tutela en los que se indicó que en ciertos casos el término para contar la caducidad de la acción indemnizatoria debía empezar a correr a partir del momento en que se conociera o manifestara el daño. Sin embargo, estas no son aplicables, pues el fallo de tutela no vincula al juez natural del asunto y, adicionalmente, se advierte que las restantes decisiones que invoca se profirieron con anterioridad a la decisión de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que precisó las reglas para el conteo del término de la caducidad del medio de control de reparación directa cuando están involucradas

lesiones personales, a lo que se debe agregar que una de esas decisiones fue proferida por una Sección diferente que tampoco era de obligatoria observancia para la autoridad judicial accionada. En efecto, la postura vigente de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre el conteo de la caducidad en los casos relacionados con lesiones personales cuya existencia solo se conoce con el paso del tiempo se encuentra contenida en la sentencia proferida por la Sala Plena el 29 de noviembre de 2018 (…) Así las cosas, la Sala observa que la autoridad judicial accionada tuvo en cuenta la jurisprudencia vigente de esta Corporación sobre el conteo del término de caducidad en los casos relacionados con las lesiones personales, lo que le permitió concluir que el 26 de abril de 2015 a la actora se le notificaron los conceptos emitidos por profesionales de la salud en los que se calificó como profesional la enfermedad que sufría, razón por la cual desde ese momento tenía conocimiento y certeza del daño, de ahí que en la sentencia objeto de reproche constitucional se iniciara válidamente el conteo del mencionado término a partir de la mencionada fecha.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01088-00(AC)

Actor: ROSA ELVIRA ALTAHONA SUAREZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de reparación directa. Conteo del término de la caducidad desde el momento en el que se tuvo conocimiento del hecho que originó el daño respecto del cual se alega responsabilidad de la administración. Defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Rosa Elvira Altahona Suarez, quien actúa mediante apoderado judicial, contra la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, a la dignidad humana y “a la reparación e indemnización integral”, así como el principio pro actione, supuestamente vulnerados con la decisión de confirmar el fallo de primera instancia proferida en el marco del proceso de reparación directa que adelantó contra la Procuraduría General de la Nación, en el que se declaró la caducidad de la acción.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos La accionante afirmó que el 27 de enero de 1999 fue nombrada en propiedad en el cargo Asesor Grado G-24 de la Procuraduría General de la Nación, el cual ocupó hasta el 31 de mayo de 2005, fecha en la que presentó la renuncia.

Relató que durante el ejercicio de sus labores en el ente de control empezó a sufrir varias enfermedades de carácter profesional, por lo que finalmente le diagnosticaron “Transtorno Depresivo Ansioso Irreversible y Síndrome de Burn

Out, somatizando disminución de sus funciones mentales, deterioro cognitivo y estados de confusión”, razón por la cual solicitó la reubicación laboral que fue negada, por lo que decidió renunciar a su cargo. Indicó que en razón a que sus condiciones de salud fueron empeorando, pidió que se adelantara una calificación por invalidez, la cual se realizó en el año 2010 arrojando como diagnóstico “Síndrome Depresión Grave de origen laboral, por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, entidad que le asignó un 51.15% de PCLO”. Sostuvo la actora que en ejercicio del medio de control de reparación directa 1 presentó demanda contra la Nación, Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se declarara la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños a la salud sufridos en el ejercicio de sus funciones en la referida entidad. Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” en Descongestión, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2014, declaró la configuración de la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en que el 26 de abril de 2005, la Procuraduría General de la Nación comunicó que la psicólogas de la Administradora de Riesgos Profesionales establecieron que la señora Altahona Suárez “presentaba un cuadro patológico denominado síndrome de Burn Out”, por lo que el término para la presentación de la acción fenecía el 27 de abril de 2007, sin embargo, se radicó el 29 de abril de

2011. Por último, manifestó que contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado en fallo de 24 de septiembre de 2020, en el sentido de confirmar la decisión bajo el mismo argumento.

2. Fundamentos de la acción La accionante promovió acción de tutela con el fin de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, a la dignidad humana y “a la reparación e indemnización integral”, supuestamente vulnerados con la decisión de confirmar el fallo desfavorable de primera instancia que declaró probada la excepción de caducidad y negó las pretensiones de la demanda de reparación directa incoada para obtener el reconocimiento y pago de los supuestos perjuicios causados en su salud , en el ejercicio de las funciones desempeñadas en el cargo que ocupó en la Procuraduría General de la Nación.

En primer lugar, se refirió a los requisitos generales de procedencia: i) respecto a la relevancia constitucional afirmó que la Sección Tercera, Subsección “A” del 1 La demanda se radicó en vigencia del Decreto 01 de 1984. Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al contabilizar de manera errada la caducidad del medio de control; ii) además que no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, pues no se configura alguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión; iii) la acción de tutela se instauró dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia atacada; iv) se advirtieron las irregularidades procesales; v) se identificaron

razonablemente los hechos que generaron la vulneración y vi) la providencia cuestionada no corresponde a una sentencia de tutela. De otra parte, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, por cuanto interpretó erradamente el numeral 8 del artículo 136 del 2 Código Contencioso Administrativo (CCA), toda vez que omitió el estudio de las condiciones particulares del caso e impuso a la víctima una carga excesiva y desproporcionada frente al conocimiento del daño y el ejercicio de la acción y, adicionalmente, porque no se tuvo en cuenta el artículo 2530 del Código Civil . 3 Agregó que tiene una patología que limita su capacidad mental, razón por la cual es una carga excesiva que se estudiara la caducidad de la manera en que lo hizo la providencia objetada, más aun cuando se trata de un daño sucesivo, del cual se conoció su gravedad a través de la calificación de la pérdida de capacidad laboral por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que se llevó a cabo el 25 de febrero de 2010. En tercer término, indicó que la sentencia objeto de reproche constitucional incurrió en defecto fáctico, toda vez que no valoraron en debida forma las pruebas documentales aportadas al proceso, entre esas la historia clínica, en las que se evidenciaba que pudo tener certeza de su patología y la gravedad de esta hasta el momento en que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez llevada a cabo el 25 de febrero de 2010, diagnosticó una pérdida de la capacidad laboral de 51.15%. Resaltó que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que cuando el

hecho causante del daño no coincida temporalmente con que el afectado lo haya conocido, en virtud del principio Pro Actione se conduce al Juez computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del daño, pues que solo a partir de esta fecha se tiene un interés actual para acudir ante la jurisdicción, a fin de reclamar la reparación del daño”. Por último, sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, contenido en el auto de 27 de febrero de 2003, la sentencia de 7 de julio de 2011 de la Sección Tercera del Consejo de 4 5 Estado y el fallo de tutela 11 de agosto de 2016 , proferido por la Sección 6 Segunda, Subsección “A” de la misma corporación judicial, en los que se 2 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. <Inciso adicionado por el artículo 7 de la Ley 589 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.

3 ARTICULO 2530. <SUSPENCION DE LA PRESCRIPCION ORDINARIA>. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse; en ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo. La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría. Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la herencia. Igualmente se suspende entre quienes administran patrimonios ajenos como tutores, curadores, albaceas o representantes de personas jurídicas, y los titulares de aquellos. No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp.: 76001-23-31-000-2000-00740-01 (18735), C.P.: Germán Rodríguez Villamizar. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, Exp.: 73001-23-31-000-1999-01311-01 (22462), C.P.: Gladys Agudelo Ordoñez (E). 6 Exp.: 11001-03-15-000-2015-02978-01, C.P.: Gabriel Valbuena Hernández. estableció que en los casos como el de la accionante, el término de caducidad no debe interpretarse y aplicarse de manera exegética, toda vez que “las patologías

sufridas por la actora, afectaron su dimensión cognitiva, su percepción de la realidad y su capacidad intelectual, por lo (sic) es imposible que una persona disminuida mentalmente, tenga plena consciencia y certeza del daño que se le ha generado a su estrado de salud”.

3. Pretensiones La accionante formuló las siguientes: “PRIMERO: Se TUTELEN a favor de la señora Rosa Elvira Altahona Suárez, los derechos fundamentales a AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN INTEGRAL y, LA DIGNIDAD HUMANA los cuales fueron vulnerados con la Sentencia emitida el día veinticuatro (24) de septiembre de 2020, por la SALA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A del CONSEJO

DE ESTADO.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se CONMINE al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, a rectificar su postura en cuanto a la caducidad de la Acción de Reparación directa, de cara a la aplicación del artículo 2530 del código civil, conforme corresponde en el caso en consideración.

TERCERO: Se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A. resolver las pretensiones incoadas a través de la Acción de Reparación Directa, puesto que la misma no ha caducado”.

4. Pruebas relevantes Mediante correo electrónico de 5 de abril de 2021, la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegó copia digital del expediente que contiene la acción de reparación directa radicado bajo el Nº 25002-23-26-0002011-00651-01.

5. Trámite procesal Por auto de 18 de marzo de 2021, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” y a la Nación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 23252 a 23259 de 23 de marzo de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión . 7

6. Oposición 6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” 7 El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes

direcciones de correo electrónico: Juridico@belisario.com.co;proceso@belisario.com.co, procesosjudiciales@procuraduria.gov.co, notiftutelas3@consejodeestado.gov.co, notifjsachica@consejodeestado.gov.co; marialc_94@hotmail.com, notifmmarin@consejodeestado.gov.co; kdiazl@consejodeestado.gov.co, notifmvelasquez@consejodeestado.gov.co; spamplonat@consejodeestado.gov.co,

tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co y scs03sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co. En escrito de 24 de marzo de 2021, la magistrada ponente pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, que se nieguen las pretensiones del amparo solicitado. Afirmó que el asunto no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, dado que lo que pretende la accionante es convertir la acción en una instancia adicional del proceso de reparación directa, para que el juez constitucional revise la sentencia de segunda instancia que resultó contraria a sus intereses, cuestión que resulta abiertamente improcedente. Señaló que en la historia clínica diligenciada por la médica siquiatra que atendió a la señora Altahona Suárez, el 21 de septiembre de 2004, la actora fue diagnosticada con trastorno depresivo mayor y con factor de riesgo como consecuencia del alto estrés laboral, al igual que se aportó copia del informe sicológico rendido por una especialista de la Administradora de Riesgos Profesionales en el mismo sentido. Sostuvo que al expediente se aportó copia del formulario de “dictamen para determinación del origen del accidente, de la enfermedad y la muerte”, expedido por el Instituto de los Seguros Sociales el 24 de julio de 2008 y con fecha de notificación a la actora el 26 de agosto de ese mismo año, en el cual se clasificó el origen de su enfermedad como profesional. Indicó que a diferencia de lo sostenido por la parte actora, la fecha de

conocimiento sobre la magnitud del daño, a través de la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez no puede constituirse en un parámetro para contabilizar el término de caducidad, por cuanto esta no comporta un diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida por una persona, pues la junta se limita a calificar una situación preexistente con base en las pruebas aportadas, entre las cuales se destaca la historia clínica de la accionante, a lo que agregó que puede ordenar la práctica de exámenes complementarios para determinar aspectos necesarios que inciden en la valoración de cada caso concreto. Señaló que la función principal de la junta es cuantificar la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y determinar su origen, es decir, establecer la magnitud de una lesión respecto de la cual el afectado directo tiene conocimiento previo, por consiguiente, no constituye un criterio que determine el conocimiento del daño, elemento que importa para el cómputo del término de caducidad, en tanto debe diferenciarse el daño de su magnitud, porque la caducidad tiene relación y punto de partida con el conocimiento del primero. Agregó que la calificación de invalidez no constituye un requisito de procedibilidad para demandar, razón por la cual el afectado puede acudir ante el juez ordinario aunque no se le hubiere valorado la magnitud de la lesión, por cuanto la exigencia de tal requisito para el cómputo de la caducidad implicaría la creación de un requerimiento que la ley no contempla. Finalmente, manifestó que no es posible aplicar un enfoque constitucional y los principios pro homine y pro actione, con el fin de desatender la aplicación de

normas de orden público que materializan el derecho fundamental del debido proceso, afectando de paso la seguridad jurídica, cuando lo que resulta procedente es la valoración de cada caso con sus particularidades, en este caso,, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 25 de febrero de 2010 calificó a la señora Altahona Suárez como inválida, al concluir que tenía un porcentaje de pérdida de capacidad laboral equivalente al 51,15%, fecha no puede ser tenida como parámetro que determine el conocimiento del daño, toda vez que no comporta un diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida por la actora, pues la junta se limitó a calificar una situación preexistente con base en las pruebas aportadas, entre las cuales se destaca la historia clínica y las calificaciones que ya habían sido otorgadas por entidades como la EPS Sanitas y la ARP del Instituto de los Seguros Sociales. 6.2. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación En correo electrónico de 24 de marzo de 2021, el asesor de la Oficina Jurídica solicitó que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que la demandante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable. Afirmó que la accionante no probó la existencia de una amenaza concreta y fehaciente que afectara de manera personal un derecho fundamental y que hiciera procedente la solicitud de amparo de manera transitoria. Por último, resaltó que la Procuraduría General de la Nación no tiene ningún interés ajeno a la buena marcha de la administración pública y el bienestar general y que, en consecuencia, los derechos fundamentales presuntamente vulnerados

no son atribuibles a la voluntad de la entidad, la cual ha garantizado integralmente su actuar. 6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico 2.1. Del escrito de tutela se evidencia que la accionante invoca los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial. Sin embargo, la argumentación sobre la que se edifican los dos primeros tiene como propósito que el juez constitucional declare que hubo un indebido conteo del término de caducidad del medio de control de reparación directa, para lo cual expone alegatos de naturaleza legal que ya fueron resueltos por el juez natural del asunto en dos instancias, en concreto la indebida inaplicación del numeral 8 del artículo 136 del CCA, a partir de los elementos de prueba que obran en el expediente, razón por cual no se hará pronunciamiento de fondo sobre estos defectos, pues lo que se observa es que la actora convierte la solicitud de amparo en una instancia adicional, lo que deviene en que el amparo solicitado sea improcedente.

El requisito de la relevancia constitucional tiene como propósito “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya

en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones8. En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia. En el presente caso, en relación con los defectos sustantivo y fáctico la Sala observa que la intención de la demandante es dar continuidad al debate de estricta legalidad que fue resuelto con suficiencia por el juez natural, por lo que no 8 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. le corresponde a la jurisdicción constitucional reabrir esas discusiones que tienen fuerza de cosa juzgada; un entendimiento diferente, conllevaría el vaciamiento de los principios de autonomía e independencia judicial. Entonces, el análisis se circunscribirá al desconocimiento del precedente judicial, alegado en el escrito de tutela, sobre el que sí se cumple el requisito de la relevancia constitucional. 2.2. En ese orden de ideas, le corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, a la dignidad humana y “a la reparación e indemnización integral”, así como el principio pro actione de la accionante, con la sentencia de 24

de septiembre de 2020, en la que supuestamente se incurrió en desconocimiento del precedente judicial, en razón a que se apartó del auto de 27 de febrero de 2003 y la sentencia de 7 de julio de 2011 , proferidos de la Sección Tercera del 9 10 Consejo de Estado, así como el fallo de 11 de agosto de 2016 , dictado por la 11 Sección Segunda, Subsección “A” de la misma corporación judicial.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos12 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos13, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201214, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 201415, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,

respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200516. Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los 9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp.: 76001-23-31-000-2000-00740-01 (18735), C.P.: Germán Rodríguez Villamizar. 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, Exp.: 73001-23-31-000-1999-01311-01 (22462), C.P.: Gladys Agudelo Ordoñez (E). 11 Exp.: 11001-03-15-000-2015-02978-01, C.P.: Gabriel Valbuena Hernández. 12 Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.

13 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. 14 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 15 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 16 M. P. Jaime Córdoba Triviño. derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto org