CE-11001-03-15-000-2021-01120-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / ACTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – En delegación de función jurisdiccional / PROCESO DE COBRO COACTIVO / AUSENCIA DE

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA

PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / REQUISITO DE INMEDIATEZ PARA LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Implica la interposición de la acción de tutela dentro de los seis meses a partir de la notificación de la providencia acusada / INTERPOSICIÓN TARDÍA E INJUSTIFICADA DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Superó los seis meses a partir de la notificación de la providencia acusada / DESCONOCIMIENTO DEL PLAZO RAZONABLE Teniendo en cuenta el expediente del proceso por infracción a derechos de propiedad industrial y competencia desleal identificado con el número de radicación 19-096386, la Sala advierte que en el expediente está plenamente acreditado que: i) El Auto núm. 92710 de 6 de septiembre de 2019 se notificó en el Estado núm. 163 de 9 de septiembre de 2019; mientras que la actora presentó la acción de tutela el 16 de marzo de 2021 , es decir, 1 año, 6 meses, 7 días desde la fecha de la notificación hasta la presentación de la acción de tutela. ii) El Auto núm. 108944 de 23 de octubre de 2019 se notificó en el Estado núm. 195 de 24 de

octubre de 2019; mientras que la actora presentó la acción de tutela el 16 de marzo de 2021, es decir, 1 año, 4 meses, 20 días desde la fecha de la notificación hasta la presentación de la acción de tutela. Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que “[…] la notificación realizada a la Unidad de Diagnóstico e Imágenes Laboratorio del Caquetá – UDILAC S.A.S. cumple con los requisitos consagrados en el artículo 295 del C.G.P., pues la misma debía notificarse por estado, como bien se hizo y no enviando o remitiendo la providencia al correo electrónico de notificaciones judiciales como erróneamente lo está alegando la accionante […]”. Ahora bien, teniendo en cuenta que la actora adujo que no le notificaron en debida forma estos autos, la Sala considera que, incluso bajo ese supuesto, la solicitud de amparo tampoco cumpliría con el requisito de la inmediatez, toda vez que, si bien la actora adujo una indebida notificación. (…) Al revisar el proceso de cobro coactivo identificado con el número 11001079000020191404200, la Sala observa que la actora tuvo conocimiento de dicho proceso el 11 de agosto de 2020, cuando se le notificó a través de correo electrónico la Resolución núm. DEAJGCC20-5059 de 24 de julio de 2020, frente a lo cual quedó registrada ese mismo día una llamada telefónica que hizo la actora a la Dirección Ejecutiva con el fin de obtener más información sobre dicho proceso. En ese orden de ideas, en gracia de discusión, si la Sala acogiera el argumento de

la actora relacionado con la indebida notificación, en todo caso no se cumple con el requisito de inmediatez, porque, incluso bajo ese supuesto, la actora manifestó que conoció de dichas providencias expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio el 11 de agosto de 2020 (cuando tuvo conocimiento del proceso de cobro coactivo), y presentó la acción de tutela el 16 de marzo de 2021, es decir, 7 meses, 5 días desde la fecha en la que ella misma expresó tener conocimiento de dichos autos, sin que haya ejercido con urgencia la acción constitucional ante la presunta vulneración de sus derechos. (…) Con base en lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela fue presentada, superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como se evidencia ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con prueba sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de protección constitucional contra la providencia que presuntamente violó sus derechos fundamentales invocados supra; y pese a que adujo que las providencias objeto de la acción de tutela no le fueron notificadas en debida forma, en el caso concreto, esto no constituye un hecho relevante que justifique la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el término de inmediatez, puesto que por manifestación propia de la actora se advierte que conoció de dichos autos el 11 de agosto de 2020 y, pese a ello, tardó 7 meses y 5 días para

interponer la solicitud de amparo.

NOTA DE RELATORÍA: Con respecto al requisito de inmediatez, consultar la sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01,

Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado

– Sección Primera, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / JUCIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Para controvertir la legalidad de la Resolución DEAJGCC21-735 / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / COMPETENCIA DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – Es el encargado de realizar el examen de legalidad de los actos expedidos por la administración / AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico colombiano establece otros mecanismos de defensa judicial para controvertir la legalidad del acto administrativo de carácter particular y a través de ellos se puede proteger de forma oportuna e inmediata los derechos fundamentales que estima la actora le han sido vulnerados. En segundo lugar, para demandar dicho acto administrativo esto es, la Resolución núm. DEAJGCC21-735 de 10 de febrero de 2021, mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ordenó seguir adelante la

ejecución dentro del proceso coactivo identificado con el número de radicación 11001079000020191404200, el legislador estableció los medios de control de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011. En efecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió […]”. Al respecto, la Sala advierte que el acto administrativo al que hace referencia la actora y del cual anexó copia a su escrito de tutela, esto es, la Resolución núm. DEAJGCC21-735 de 10 de febrero de 2021, corresponde a un acto definitivo, demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 835 del Estatuto Tributario. (…) De acuerdo con la normativa y la jurisprudencia expuesta, la Sala considera que la pretensión de la actora relacionada con que “[…] se decrete nulo el proceso coactivo con radicado 11001079000020191404200 […]”, debe analizarse por su juez natural ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, comoquiera que es el encargado de realizar el examen de legalidad de los actos expedidos por la administración, en este caso, por el Consejo Superior de la Judicatura. (…) Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 835

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01120-00(AC)

Actor: UNIDAD DE DIAGNÓSTICO E IMÁGENES LABORATORIO DEL

CAQUETÁ – UDILAC S.A.S.

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTRO Referencia: Acción de tutela Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/falta del cumplimiento del requisito de inmediatez Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso a la administración de justicia Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial y Superintendencia de Industria y Comercio, porque, a su juicio, el Consejo Superior de la Judicatura, al expedir la Resolución núm. DEAJGCC21-735 de 10 de febrero de 20211, dentro del proceso de cobro coactivo identificado con el número 11001079000020191404200, y la Superintendencia, al proferir el Auto núm. 92710 de 6 de septiembre de 2019 y el Auto núm. 108944 de 23 de octubre de 2019, dentro del proceso por infracción a derechos de propiedad industrial y competencia desleal identificado con el número de radicación 19096386, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación. 1 “Por medio de la cual se ordena seguir adelante la ejecución”.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La parte actora, a través de su Representante Legal, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Superintendencia de Industria y Comercio porque, a su juicio, el Consejo Superior de la Judicatura, al proferir la Resolución núm. DEAJGCC21-735 de 10 de febrero de 20212, dentro del proceso de cobro coactivo identificado con el número 11001079000020191404200, y la Superintendencia, al proferir el Auto núm. 92710 de 6 de septiembre de 2019 y el Auto núm. 108944 de 23 de octubre de 2019, dentro del proceso por infracción a

derechos de propiedad industrial y competencia desleal identificado con el número de radicación 19-096386, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra. Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de

tutela, en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, el 26 de abril de 2019, la sociedad CEDIMED S.A.S. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de medidas cautelares

(número de radicación 19-096386) contra la Unidad de Diagnóstico e Imágenes Laboratorio del Caquetá – UDILAC S.A.S. (antes CEDIMELC S.A.S. IPS).

4. Mencionó que, el 20 de mayo de 2019, mediante Auto núm. 50533, notificado en el Estado núm. 90 de 21 de mayo de 2019, se resolvió la solicitud de medidas cautelares y se le ordenó a la sociedad CEDIMED S.A.S. que prestara caución por el valor de treinta millones de pesos dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación de la providencia, con el fin de que se decretaran las respectivas medidas cautelares.

5. Señaló que, el 31 de mayo de 2019, CEDIMED S.A.S. presentó la caución ordenada, y, en consecuencia, a través de Auto núm. 61305 de 17 de junio de 2019 se decretaron las siguientes medidas cautelares: “[…] (i) Ordenar a CEDIMELC S.A.S. IPS., cesar inmediatamente el uso de la expresión “CEDIMED”, o cualquier otra idéntica o similar, para distinguir o

identificar los servicios de ayudas diagnosticas en imaginología, toma de muestras de laboratorio y servicios médicos que se relacionan con el objeto de protección del registro de la marca “CEDIMED” en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.” “(ii) Ordenar a CEDIMELC S.A.S. IPS., retirar inmediatamente el uso de la expresión “CEDIMED”, o cualquier otra idéntica o similar, del aviso y/o letrero de su establecimiento de comercio, para distinguir o identificar los servicios de ayudas diagnosticas en imaginología, toma de muestras de laboratorio y servicios médicos que se relacionan con el objeto de protección del registro de la marca “CEDIMED” en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.” “(iii) Ordenar a CEDIMELC S.A.S. IPS., él (sic) retiro de toda la publicidad en donde se haga el uso de la expresión “CEDIMED”, o cualquier otra idéntica o similar, de sus signos distintivos, estanterías, puntos de ventas, distribuidores, catálogos, página web, redes sociales y, en general, en cualquier material 2 “Por medio de la cual se ordena seguir adelante la ejecución”. comercial y/o publicitario, para distinguir o identificar los servicios de ayudas diagnosticas en imaginología, toma de muestras de laboratorio y servicios médicos que se relacionan con el objeto de protección del registro de la marca “CEDIMED” en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.” “(iv) Ordenar a CEDIMELC S.A.S. IPS., abstenerse de volver a utilizar en cualquier actividad o publicidad el uso la expresión “CEDIMED”, o cualquier otra idéntica o similar, para distinguir o identificar los servicios de ayudas diagnosticas en

imaginología, toma de muestras de laboratorio y servicios médicos que se relacionan con el objeto de protección del registro de la marca “CEDIMED” en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza […]”.

6. Expresó que, el 27 de junio de 2019, la Superintendencia expidió un oficio con el fin de que CEDIMED S.A.S. realizara las gestiones pertinentes para notificar a UDILAC S.A.S., de las providencias que resolvieron y decretaron las medidas cautelares; frente a lo cual, el 29 de julio de 2019, CEDIMED S.A.S. presentó memorial adjuntando los comprobantes de notificación de las medidas cautelares.

7. Manifestó que, el 29 de julio de 2019, CEDIMED S.A.S. presentó demanda de infracción de derechos de propiedad industrial y por competencia desleal contra

UDILAC S.A.S. (antes CEDIMELC S.A.S. IPS).

8. Señaló que, el 5 de agosto de 2019, UDILAC S.A.S. presentó memorial mediante el cual buscó acreditar el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas en el marco del proceso.

9. Manifestó que, el 14 de agosto de 2019, la Superintendencia expidió las siguientes providencia: (i) el Auto núm. 83858, por el cual se ordenó que por Secretaría se le corriese traslado al demandante del memorial presentado por la demandada por medio del cual buscó acreditar el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas, en los términos del artículo 110 del Código General del Proceso; y (ii) el Auto núm. 83859, mediante el cual se inadmitió la demanda,

otorgándole el término de cinco días hábiles al demandante para que subsanara, so pena de rechazo.

10. Indicó que, el 26 de agosto de 2019, por Secretaría se fijó en lista el memorial de cumplimiento de las medidas cautelares. Esta fijación en lista inició el 27 de agosto de 2019 y venció el 29 de agosto de 2019.

11. Señaló que, el 27 de agosto de 2019, CEDIMED S.A.S. descorrió traslado del memorial de incumplimiento de las medidas cautelares y le indicó al juez a cargo del proceso, que debía declarar el incumplimiento de estas, aportando pruebas que soportaban sus argumentos.

12. Expresó que, el 6 de septiembre de 2019, la Superintendencia expidió el Auto núm. 927103, notificado en el Estado núm. 163 de 9 de septiembre de 2019, a través del cual se analizaron las pruebas presentadas por las partes y se resolvió lo siguiente: “[…] PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento por parte de UNIDAD DE DIAGNÓSTICO E IMÁGENES LABORATORIO DEL CAQUETÁ UDILAC S.A.S. antes CEDIMELC S.A.S. IPS de las órdenes cautelares impartidas mediante Auto No. 28701 de 2019. 3 “Por el cual se emite pronunciamiento sobre el cumplimiento de una medida cautelar”.

En consecuencia, se ordena a UNIDAD DE DIAGNÓSTICO E IMÁGENES LABORATORIO DEL CAQUETÁ UDILAC S.A.S. antes CEDIMELC S.A.S. IPS dar

cumplimiento a lo ordenado en Auto No. 61305 de 2019.

SEGUNDO: Previo a determinar si tal incumplimiento amerita la imposición de las sanciones contempladas en el numeral 3° del artículo 44 del Código General del

Proceso, se REQUIERE a UNIDAD DE DIAGNÓSTICO E IMÁGENES LABORATORIO DEL CAQUETÁ UDILAC S.A.S. antes CEDIMELC S.A.S. IPS para que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente decisión, proceda a rendir los descargos o informes en donde explique las razones por las cuales ha desobedecido dicha orden […]”. 12.1. Precisó que como fundamento de dicho auto se expuso que: “[…] Con base en los citados antecedentes, en el presente asunto se evidencia que la pasiva no ha dado cumplimiento a la orden cautelar con sustento en los siguientes argumentos: En primer orden, la demandada indicó haber realizado el cambio de su razón social de CEDIMELC S.AS. IPS por UNIDAD DE DIAGNÓSTICO E IMÁGENES LABORATORIO DEL CAQUET UDILAC S.A.S., y como soporte allegó el acta por medio de la cual se cambia la razón social (fis. 164 a 165, cdno 1°), un recibo de pago de impuesto predial (fol. 160, cdno 1°) y un formulario REPS (fol. 162 a 162, cdno 1°). Sin embargo, se advierte que dichos soportes no son suficientes para acreditar el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas en Auto No.

61305 de 2019, por cuanto no obran pruebas adicionales que acrediten el no uso de la expresión “CEDIMED” en avisos, letreros, publicidad, páginas web, entre otros, citados en los numerales (i) a (iv) de la citada providencia. Por otra parte, frente a la afirmación de la accionada en relación al haber retirado la expresión “CEDIMED” de todos los medios publicitarios, letreros, avisos, redes sociales, página web, catálogos, puntos de venta, entre otros, debe precisar el Despacho que para el efecto no allegó pruebas que soporten dichas afirmaciones. Lo anterior tiene igualmente sustento con base en los videos aportados por la accionante (cd fis. 167 y 169, cdno 1°) en los que se observa que al día 20 de agosto de 2019, el perfil de Facebook de la demandada continuaba activo, y seguían publicadas las imágenes que denotan la utilización de la expresión

“CEDIMED”.

Es pertinente recalcar que los soportes allegados por la accionada no tienen la capacidad de acreditar el cumplimiento completo de las ordenes cautelares emitidas por este Despacho. El anterior defecto probatorio, no puede considerarse superado con la mera afirmación de la accionada en relación con el obedecimiento de las medidas cautelares, puesto que, como lo ha precisado la jurisprudencia, las afirmaciones de las partes que favorezcan sus intereses no tienen valor demostrativo […]”.

13. Mencionó que, mediante Auto núm. 108944 de 23 de octubre de 20194, notificado en el Estado núm. 195 de 24 de octubre de 2019, la Superintendencia

decidió:

4 “Por el cual se emite pronunciamiento sobre el cumplimiento de una medida cautelar”. “[…] PRIMERO: DECLARAR que UNIDAD DE DIAGNÓSTICO E IMÁGENES LABORATORIO DEL CAQUETÁ UDILAC S.A.S. antes CEDIMEL S.A.S. IPS incurrió en desacato de las órdenes judiciales contenidas en el Auto No. 92710 del 6 de septiembre de 2019.

SEGUNDO: En consecuencia, imponer a UNIDAD DE DIAGNÓSTICO E IMÁGENES LABORATORIO DEL CAQUETÁ UDILAC S.A.S. la multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá cancelar a favor del Consejo Superior de la Judicatura dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación de la presente decisión […]”.

14. Manifestó que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con ocasión de la multa impuesta por la Superintendencia, inició el proceso de cobro coactivo identificado con el número de radicación 11001079000020191404200.

15. Señaló que, mediante la Resolución núm. DEAJGCC20-5059 de 24 de julio de 20205, notificada el 11 de agosto de 2020, la Dirección Ejecutiva resolvió lo siguiente: “[…] ARTÍCULO PRIMERO.- Librar mandamiento de pago a favor del Consejo Superior de la Judicatura y contra el LABORATORIO DEL CAQUETÁ UDILAC S.A.S., identificado con NIT No. 900963816-1, por la cantidad liquida de CUATRO

MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

($4.140.580,00), más los intereses moratorios causados desde que se hizo exigible la obligación hasta el día que se efectúe su pago total como lo Establece (sic) el Estatuto Tributario. ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el pago de la suma indicada en el artículo anterior, en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución, término dentro del cual podrá proponer las excepciones legales a que haya lugar de conformidad con el artículo 830 y 831 del E.T. ARTÍCULO TERCERO.- Sobre gastos se resolverá en su oportunidad. ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el mandamiento de pago al ejecutado personalmente previa citación para que comparezca dentro de los diez (10) siguientes al recibo de la misma, una vez vencido el término, se procederá a efectuar la notificación por correo conforme a lo establecido en el artículo 826, 566-1 y 569 del E.T. […]” 15.1. Precisó que, como fundamento de dicho acto administrativo, se indicó lo siguiente: “[…] Que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante providencia con fecha del 22/10/2019 (sic), impuso una multa al LABORATORIO DEL CAQUETÁ UDILAC S.A.S., identificado con NIT No. 900963816-1, por el

valor de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS

OCHENTA PESOS M/CTE. ($4.140.580,00).

Que para efectos de los artículos 99 de la Ley 1437 de 2011, la providencia

constitutiva del título ejecutivo, contiene una obligación clara, expresa y exigible, debidamente ejecutoriada y según el contenido de los artículos 114 y 367 de la 5 “Por medio de la cual se profiere un mandamiento de pago”. Ley 1564 de 2012, cumplía con los requisitos exigidos para el inicio y trámite del proceso por la jurisdicción coactiva. Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial está facultada expresamente por el artículo 136 de la ley 6 de 1992, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, para ejercer el cobro coactivo y según el Acuerdo PSAA10-6979 del 18 de junio de 2010, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cumple la función de tramitar el cobro coactivo de las obligaciones impuestas a favor de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura […]”.

16. Informó que, la Dirección Ejecutiva al advertir que “[…] ha trascurrido el término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del mandamiento de pago, sin que a la techa el deudor haya presentado las excepciones contempladas en el artículo 830 del E.T., ni cancelado el total de la obligación […]”, mediante la Resolución núm. DEAJGCC21-735 de 10 de febrero de 20216, notificada el 24 de febrero de 2021, decidió lo siguiente: “[…] RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar seguir adelante con la ejecución contra la firma LABORATORIO DEL CAQUETÁ UDILAC S.A.S. identificado con NIT No 9009638161, por las razones expuestas en la parte

motivada del presente acto. ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordena evaluar y rematar los bienes embargados y secuestrados a la fecha o los que se llegaren a embargar. ARTÍCULO TERCERO.- Practicar la liquidación del crédito y condenar en gastos al sancionado […]”. La solicitud de tutela Pretensiones

17. La actora solicitó en su escrito de tutela: “[…] PRIMERO: Se tutelen los derechos fundamentales aquí referidos y los que el despacho considere vulnerados SEGUNDO: se decrete la nulidad del auto 92710 del 6 de septiembre del año 2019 por indebida notificación y la providencia del 23-102019 expedida por la Súper Intendencia (sic) De Industria Y (sic) Comercio TERCERO: se decrete nulo el proceso coactivo con radicado 11001079000020191404200 […]”. 17.1. Como fundamento de lo expuesto supra, la actora indicó que: “[…] 6. Si bien se expidió el auto 92710 del 6 de septiembre del año 2019 por el cual se emite pronunciamiento sobre el incumplimiento de una medida cautelar de dicha situación me vengo a enterar fue cuando ya se había iniciado cobro coactivo ante consejo superior de la judicatura, ósea que no fui notificado del auto antes referenciado pese a que el correo electrónico de la empresa se halla en el certificado de existencia y representación legal de la empresa la cual represento. 6 "Por medio de la cual se ordena seguir adelante la ejecución".

7. Señoría soy el propietario de una pequeña empresa ubicada en el rincón del

país más exactamente en el municipio de San Vicente del Caguan Caquetá, a una distancia de 18 horas de Medellín, no sé cómo hubiera podio (sic) aprovecharme del buen nombre de la empresa CEDIMED S.A.S, recordemos que cuando compre (sic) dicha empresa ya se encontraba registrada como CEDIMED S.A.S, y no conocía de la existencia de otra empresa con el mismo nombre, lo cierto es que no cuento con los recursos suficientes para cancelar la multa impuesta lo que me generaría el deber de cerrar dicha empresa todo por un capricho de una empresa poderosa con un fuerte pulmón financiero, poder utilizado para acabar con mi pequeña empresa, lo cual usted como juez constitucional no deberá permitir, (sic)

8. Existe un (sic) indebida molificación del auto 92710 del 6 de septiembre del año 2019, no podemos inferir que se efectúa la notificación a través del correo de la accionada súper intendencia de industria y comercio porque para eso existe un correo de notificación prescrito en el certificado expedido por la cámara de comercio

9. A hora (sic) tampoco me pueden sancionar por la existencia de un perfil en Facebook el cual no fue creado por el suscrito advirtiendo que se cumplió con lo ordenado quintando (sic) la expresión CEDIMED situado (sic) que se probó en la contestación de la demanda con radicado 19-096386

10. A través de la providencia del 23-102019 la súper intendencia de industria y comercio me impulso (sic) una multa por la suma de 4.140.580 y consecuencia se me apertura proceso de cobro coactivo con radicado 11001079000020191404200

11. Con todo lo anterior fácilmente podemos colegir quenos (sic) encontramos frente una causal de nulidad establecida en el código de procedimiento civil en su artículo 140 numeral 8 que reza: Articulo 140 C.P.C causales de nulidad Numeral 8 cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquel o de este, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición, situación también prescrita en el artículo 133 numeral 8 del C.G.P. […]”.

(Resaltado por la Sala) 17.2. Para tal efecto, hizo referencia y anexó al escrito de tutela la Resolución núm. DEAJGCC21-735 de 10 de febrero de 2021, la cual ordenó seguir adelante la ejecución dentro del proceso coactivo identificado con el número de radicación 11001079000020191404200. Actuación

18. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de abril de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al Director Ejecutivo de Administración Judicial y al Superintendente de Industria y Comercio; iii) vinculó al Representante Legal de CEDIMED S.A.S., en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el particular.

Intervenciones de la parte demandada y del tercero con interés legítimo

19. La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, toda vez que, a su juicio, la acción de

tutela de la referencia no cumple con el requisito de la inmediatez y la subsidiariedad; frente a lo cual agregó que, la entidad no vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora. 19.1. Precisó que, la tutela fue presentada de manera extemporánea sin aportarse prueba sumaria que justificara la demora, puesto que, desde la presunta indebida notificación del Auto núm. 92710 de 6 de septiembre de 2019 y Auto núm. 108944 de 23 de octubre de 2019, por medio de los cuales se resolvió la medida cautelar y se impuso sanción por el incumplimiento, transcurrió hasta la fecha de presentación de la acción “[…] más de un año, lo que permite inferir el incumplimiento del PRINCIPIO DE LA INMEDIATEZ por porte de la accionante […]”. 19.2. Manifestó que, en concordancia con las causales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, la parte actora no cumplió con los requisitos de agotamiento de los recursos internos y de relevancia constitucional. Para tal efecto, señaló que contra el Auto núm. 92710 de 6 de septiembre de 2019 y Auto núm. 108944 de 23 de octubre de 2019, notificados en los Estados núms. 163 de 9 de septiembre de 2019 y 195 de 24 de octubre de 2019, UDILAC S.A.S no presentó recurso alguno, por consiguiente, ambas providencias fueron ejecutoriadas conforme a derecho. 19.3. Informó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 del

Código General del Proceso, la parte accionante no invocó nulidad alguna dentro del proceso núm. 19-096386, por ende, a su juicio, no debe revivirse esa oportunidad procesal dentro del marco de una acción de tutela presentada de forma extemporánea, teniendo en cuenta que la actora, pese a tener las oportunidades para presentar los recursos o incidentes de ley, dejó vencer los términos procesales. 19.4. Sostuvo que: “[…] Sobre esta acusación debe indicarse que la notificación realizada a la Unidad de Diagnóstico e Imágenes Laboratorio del Caquetá – UDILAC S.A.S. cumple con los requisitos consagrados en el artículo 295 del C.G.P., pues la misma debía notificarse por estado, como bien se hizo y no enviando o remitiendo la providencia al correo electrónico de notificaciones judiciales como erróneamente lo está alegando