CE-11001-03-15-000-2021-01228-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

CONSTITUCIONAL / PROCESO EJECUTIVO / AUTO QUE NIEGA LA MEDIDA

CAUTELAR DE EMBARGO / PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD / REGLA DE

INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL

DE LA NACIÓN / EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD DE

LOS DINEROS DE ENTIDADES PÚBLICAS / PAGO DE CONDENAS CONTENIDAS EN SENTENCIAS JUDICIALES / AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN – No declara ni reconoce un derecho que es el entendimiento que la Corte Constitucional le ha dado a la excepción de pago de condenas contenidas en sentencias judiciales / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Santander no incurrió en defecto alguno, pues el sustento de la decisión de revocar y negar la medida de embargo fue que la sociedad accionante no cumplió con la carga de señalar las cuentas del departamento de Santander que estaban destinadas para el cumplimiento de obligaciones contractuales y no en las que reposaban recursos inembargables. Ahora bien, el demandante insiste en que se vulneraron sus derechos fundamentales, en razón a que el tribunal demandado no tuvo en cuenta que el auto que ordena seguir adelante con la ejecución en una sentencia, lo cual se encuadra en una de las excepciones establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008. En efecto, la sentencia C1154 de 2008, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 21 parcial del Decreto 29 de 2008 “por el cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones”. En esa providencia se diferenciaron las subreglas relativas a las excepciones de la inembargabilidad de los bienes y recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación, PGN, y de otro lado aquellos relativos al Sistema General de Participaciones, SGP. Así pues, la Corte Constitucional estableció que existen tres excepciones al principio de inembargabilidad cuando se encuentra afectado el PGN, a saber: Primera regla de excepción: La necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (sentencia C-546 de 1992); Segunda regla de excepción: pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias (Sentencia C-354 de 1997) y; Tercera regla de excepción: títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible (Sentencia C-103 de 1994). Al respecto, como bien se indicó en los párrafos anteriores el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones son una excepción al principio de inembargabilidad , sin embargo, en el presente caso la sociedad demandante argumenta la excepción a partir de un auto que ordena seguir adelante con la ejecución, el cual no declara ni reconoce un derecho

que es el entendimiento que la Corte Constitucional le ha dado a esta excepción, simplemente es una providencia que tiene como fin el cumplimiento de las obligaciones determinadas en un mandamiento de pago. Por lo anterior, la sociedad demandante no puede pretender cambiar la naturaleza de la decisión que ordena seguir adelante con la ejecución y asimilarla a una sentencia dictada en un proceso declarativo, solo con el fin de que su asunto encuadre en una excepción al principio de inembargabilidad y así poder retener los recursos del departamento de Santander en el trámite del proceso ejecutivo. Igualmente, se debe recordar que la misma Corte Constitucional en las sentencias C-1154 de 2008, C-546 de 1992, C-354 de 1997 y C-103 de 1994, indicó que previo a la imposición de embargos de cuentas que ostentan el carácter de inembargable, en primer lugar, se debe agotar respecto de aquellas que son para el cumplimiento de la obligación que se pretende o de libre destinación, lo que no ocurrió en el presente asunto. En efecto, el tribunal evidenció dicha situación en la providencia objetada, es decir, no se aportaron las cuentas bancarias que respaldaran o garantizaran el cumplimiento del contrato de aportes y adhesión objeto ejecución, por consiguiente las medidas de embargo solicitadas por la sociedad accionante, que fueron ordenadas en primera instancia y que se impusieron respecto a cuentas protegidas por el mencionado principio, se revocaron con total apego a las normas procesales y a la interpretación que la Corte Constitucional hizo sobre la procedencia de las mencionadas medidas cautelares. En consecuencia, no se

evidencia que la autoridad judicial accionada hubiese incurrido en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional ACCIÓN DE TUTELA / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN / FALTA DE COMPETENCIA PARA RESOLVER EL DERECHO DE PETICIÓN / OMISIÓN DE TRASLADO DE LA PETICIÓN AL FUNCIONARIO COMPETENTE A juicio de la Sala, el derecho fundamental de petición de la sociedad actora fue vulnerado por la gobernación de Santander, pues aun cuando le precisó que entre ella y esa entidad territorial no existe ningún contrato suscrito, lo cual es apenas entendible porque fue la cesionaria en el contrato de cesión de derechos patrimoniales y litigiosos, y que (i) el certificado de disponibilidad presupuestal No. 0866 no tiene alguna relación con el contrato de adhesión al contrato de aporte No. 68-26-2012-615, sino que se refiere a un estímulo para la capacitación de una funcionaria (petición No. 1) y (ii) que respecto de la solicitud de copia del certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal que se realizó en relación con el contrato de adhesión, cuya obligación se está ejecutando en el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga (petición No. 2), era necesario que precisara el objeto del contrato de adhesión, incluida su vigencia, requerimiento que extendió respecto de la petición relativa a que se informara porqué si el dinero tiene destinación presupuestal específica indicara la razón por la que no se ha pagado (petición No. 3), lo único cierto fue que concluyó que la información solicitada podía ser suministrada por el Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar, ICBF, Regional Santander, que fue la entidad con la que se realizó el contrato de aportes que fue objeto de cesión, omisión de remisión a la autoridad competente que conlleva la vulneración del derecho fundamental de petición, desconociendo que de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, “si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado (…) dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito”, trámite que de conformidad con las pruebas que obran en el expediente no se acreditó que se hubiera adelantado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01228-00(AC)

Actor: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GOSEN V & C S.A.S.

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Principio de inembargabilidad. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional. Derecho fundamental de petición SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la sociedad Comercializadora y Distribuidora Gosen V&C S.A.S., quien actúa mediante apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Santander, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos

fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados, con la decisión de levantar la medida cautelar impuesta dentro del proceso ejecutivo que adelanta la accionante contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y el departamento de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos La actora afirmó que el 23 de noviembre de 2018, entre la sociedad Comercializadora y Distribuidora Gosen V&C S.A.S. y la Corporación Gestión de Recurso Social y Humano Gers celebraron un contrato de cesión de derechos patrimoniales y/o litigiosos correspondiente al proceso ejecutivo que se adelanta contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y el departamento de Santander, radicado bajo el No. 68001-33-3309-2018-00061-00 .

1 Señaló que en decisión de 3 de febrero de 2020, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga aceptó la cesión de derechos litigiosos celebrado entre el accionante y la Corporación Gestión de Recurso Social y Humano. Indicó que el proceso se adelanta ante el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga, que en auto de 13 de marzo de 2018 libró mandamiento de pago a favor de la Fundación Proveer Nuevo Milenio y la Corporación Gestión de Recurso Social y Humano contra el ICBF y el Departamento de Santander por el incumplimiento del pago del convenio de adhesión al contrato de aportes No. 6826-2012-615 del 10 de octubre de 2013, por valor de trescientos diecisiete millones ciento noventa y un mil trescientos

ochenta y nueve pesos ($317.191.389) y, a su vez, decretaron las medidas cautelares, las cuales fueron confirmadas mediante proveído de 16 de septiembre de 2019. Sostuvo que el Departamento de Santander interpuso recurso de apelación contra las anteriores decisiones, bajo el argumento de que los dineros retenidos ostentan la calidad de inembargables. Relató que el Tribunal Administrativo de Santander en providencia de 21 de septiembre de 2020, revocó las medidas cautelares ordenadas en los autos de 13 de marzo de 2018 y de 16 de septiembre de 2019, bajo el argumento de que los dineros embargados dan cuenta del carácter de inembargabilidad de acuerdo con el artículo 594 del Código General del Proceso, CGP, y que los embargos revocados no se ajustan a las causales que permiten la retención de los dineros públicos dispuestas por la Corte Constitucional. Además, manifestó que “al tratarse de contratos, lo que se pretende cobrar, estos deben estar respaldados en cuentas bancarias que estén específicamente destinadas a garantizar el cumplimiento del mismo, situación que no se aprecia en el sub examine, pues el ejecutante pretende embargar cuentas que no tienen relación alguna con el contrato de aportes y adhesión objeto de la litis”.

2. Fundamentos de la acción 1 En este proceso se pretendía obtener el pago de dineros adeudados por convenio de adhesión a los contratos de aportes Nos. 6826-2012-615 y 6826-2012-616 de 10 de octubre de 2013, los cuales se celebraron entre la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano y la Fundación Proveer Nuevo Milenio y el ICBF y la gobernación de Santander.

La sociedad accionante acudió al mecanismo de protección constitucional con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander al revocar y negar las medidas cautelares de embargo. Luego de manifestar que cumplía cada uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, resaltó que la Corte Constitucional estableció una excepción al principio de inembargabilidad, entre otras excepciones, “para el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones”, la que consideró que se encuadra en el presente asunto. Agregó que la mencionada excepción aplica para el caso en concreto “porque el proceso ejecutivo singular del Juzgado Noveno Administrativo – Oral de Bucaramanga radicado 2018-00061 cuenta con un auto ejecutoriado que ordena seguir adelante la ejecución, lo que hace y determina jurídicamente que la obligación que acá se cobra al demandado DEPARTAMENTO DE SANTANDER, es una obligación de carácter clara, expresa y exigible donde no existe debate jurídico alguno sobre la existencia o no de la misma, el monto, fecha de exigibilidad pues ya está ejecutada la entidad demandada y por ende el litigio está cerrado, por la que jurídicamente se hace procedente la excepción de orden constitucional y de viabilidad procesal a las medidas cautelares sobre las cuentas bancarias del ente territorial demandado”. Señaló que el departamento de Santander hace caso omiso del mandamiento de pago proferido por una autoridad judicial, así como del auto que ordenó seguir

adelante la ejecución que no es otra cosa que una sentencia anticipada cuando no hay debate probatorio, ni oposición al mandamiento de pago. Sostuvo que el auto de seguir adelante la ejecución desde la óptica constitucional y sustancial “es considerado una sentencia en lo que tiene que ver con la excepción constitucional mencionada que es la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos pues no se respetarían los derechos reconocidos en favor de mi mandante y que se supone que un auto que termina de manera definitiva la controversia sobre la existencia misma de la obligación y su mora le darán al accionante estatus para estar inmerso en la excepción de embargabilidad”, más aún cuando lo que sigue en el proceso serían meros trámites liquidatarios y de remate con el fin de concretar los derechos adquiridos mediante esta providencia. Afirmó que ha solicitado a la gobernación de Santander que le informara sobre las cuentas dispuestas para soportar los contratos de adhesión ejecutados para su pago, sin embargo, no le han dado una respuesta clara, lo que ha generado una imposibilidad de realizar el embargo de los dineros adeudados. Indicó que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado comparten posiciones jurisprudenciales frente al principio de inembargabilidad de las rentas y recursos del Estado, salvo que se trate de créditos laborales, el pago de sentencias y demás obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles a cargo del Estado, para lo cual hace alusión a la sentencia dictada en el expediente N° 19717 de 2014. Finalmente, manifestó que en el presente asunto se configuró un perjuicio irremediable ante la imposibilidad de lograr el recaudo de la obligación ejecutada

por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga, por la revocatoria de las medidas cautelares por el Tribunal Administrativo de Santander y la omisión del departamento de Santander como demandado de dar pronto pago a la obligación que adeuda, omitir dar respuesta certera a la información que se le solicita.

3. Pretensiones La sociedad accionante formuló las siguientes: “1.1. TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, y el Acceso a la Administración de Justicia de la Accionante. 1.2. DECLARAR que la providencia del Tribunal Administrativo de Santander de fecha 21 de septiembre de 2020 dictada dentro del proceso Ejecutivo Singular bajo radicado 2018-00061, violo el artículo 29 de la Constitución Política, negó el Acceso a la Administración de Justicia con equidad del accionante, el amparo de sus derechos a un debido proceso por vías de hecho y que la misma providencia no es concordante 100% en su parte considerativa y la resolutiva. 1.3. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER ORAL que se restablezcan las cosas al estado anterior al Auto que revoco los Autos de 13 de marzo de 2018 y 16 de septiembre de 2019 proferidos por el JUZGADO NOVENO ORAL ADMINISTRATIVO mediante el cual se decretaron y reiteraron las medidas de embargo y retención de dinero del ejecutado DEPARTAMENTO DE SANTANDER y se ordene nuevamente de acuerdo a las consideraciones y hechos expuestos en la presente acción DECRETAR nuevamente las medidas cautelares y retención de

dineros que reposan a favor del DEPARTAMENTO DE SANTANDER en las entidades bancarias financieras descritas en los autos que ordenaron las medidas cautelares. 1.4. ORDENAR al DEPARTAMENTO DE SANTANDER dar claridad sobre el respaldo de las cuentas bancarias en las que se basaron para la ejecución o realización de los CONTRATOS a los CONTRATOS DE APORTE números: 68-26-2012-615 y 68-262012-616 suscritos entre el ICBF y el operador CONSORCIO MANA e informen de forma clara y precisa donde se encuentran los dineros para el pago de este contrato respaldados en el CDP Nro. 0866 de 27 de agosto de 2013. Así como ordenar dar respuesta real y efectiva al derecho de petición impetrado y no contestado por esa entidad territorial. 1.5 ORDENAR AL DEPARTAMENTO DE SANTANDER informar detalladamente al Juez de tutela de qué forma se va a solventar el pago de lo adeudado a la fecha y de acuerdo a lo establecido en mandamiento de pago proferido por el Señor juez noveno administrativo oral de las obligaciones claras, expresas y exigibles contenidas en dicho auto el cual tiene providencia que ordeno seguir adelante la ejecución. 1.6 ORDENAR AL DEPARTAMENTO DE SANTANDER informar en que cuentas de respaldo se encuentran de acuerdo a su orden presupuestal, así como las cuentas destinadas específicamente para garantizar el pago y cumplimiento del contrato “convenio de adhesión al contrato de aportes No 6826-20012-414 del 10 de octubre de 2013, por el cual el Juzgado Noveno Administrativo – Oral bajo radicado 201800061 libró mandamiento de pago y auto de seguir adelante con la ejecución, ordenando el pago de TRESCIENTOS DIESCIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OVHENTA Y NUEVE PESOS ($317.191.389) por concepto de capital derivado del convenio de adhesión al contrato de aportes N 6826-2012-615 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2013, más los intereses correspondientes, tasa de interés bancario corriente desde el 13 de diciembre de 2013”.

4. Pruebas relevantes En correo de 7 de mayo de 2021, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga remitió copia digitalizada del expediente N°. 68001-33-33-0092018-00061-01, correspondiente al proceso ejecutivo adelantado por la Corporación Gestión de Recurso Social Humano y Fundación Proveer Nuevo Milenio contra el ICBF y el departamento de Santander.

5. Trámite procesal Por auto de 29 de abril de 2021, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al departamento de Santander, a la Corporación Gestión de Recurso Social y Humano GERS, a la Fundación Proveer Nuevo Milenio y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 37548 a 37543 de 7 de mayo de 2020, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión.

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6. Oposición 6.1. Respuesta del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga En escrito de 10 de mayo de 2021, el titular del despacho solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que, respecto a las actuaciones realizadas en primera instancia, no se vulneraron los derechos fundamentales a la sociedad accionante.

Afirmó que durante el trámite del proceso ejecutivo le fueron garantizados los derechos fundamentales al debido proceso, publicidad, contradicción y de acceso a la administración de justicia a la demandante. Agregó que del expediente se evidencia que fueron resueltos de manera oportuna las solicitudes de medidas cautelares realizadas, sustentándose de manera concreta las razones por las cuales se decretaban y las excepciones de inembargabilidad sobre los bienes públicos. 6.2. Respuesta de la Gobernación de Santander En escrito de 10 de mayo de 2021, el Jefe de la Oficina Jurídica pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela y, adicionalmente, solicitó que se desvinculara a la entidad territorial por carecer de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto, se observa que en la misma providencia se le indica al accionante, con qué medios cuenta para proceder a garantizar su acreencia, no le negó la medida, se indicó que la medida no procede sobre ciertos recursos, pero a la fecha el ejecutante en el proceso ejecutivo no ha solicitado otra medida cautelar, luego no puede aseverarse que se le ha negado su derecho a un debido proceso, o a la administración de justicia, o que se le ha negado solicitar otra medida cautelar, de

todas con las que cuenta el ejecutante. Afirmó que no demostró cual es la amenaza de sus derechos, pues si bien se le negó la imposición de la medida de embargo sobre ciertos recursos, lo cierto es que puede solicitarlas sobre otros recursos que no tienen el carácter de inembargables, por lo que no se requiere un pronunciamiento por parte del juez de tutela de manera urgente que haga cesar la supuesta vulneración alegada por la accionante. 6.3. Respuesta del ICBF En escrito de 7 de mayo de 2021, el apoderado solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela que estén relacionadas con la entidad, toda vez que la solicitud de amparo se presentó contra las providencias que revocaron y negaron una medida cautelar dentro de un proceso ejecutivo, lo cual no es competencia del ICBF, por lo que no ostenta legitimación en la causa por pasiva. 6.4. El Tribunal Administrativo de Santander, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2 El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de

correo electrónico: comercializadoragosen@hotmail.com; francoyfonsecaabogados@gmail.com, sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co; sg02tadminstd@notificacionesrj.gov.co, t utelasnacionales@defensajuridica.gov.co , notificaciones@santander.gov.co, tutelas@icbf.gov.co; notificaciones.judiciales@icbf.gov.co, adm09buc@cendoj.ramajudicial.gov.co.

1. Competencia De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 31

del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 80 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico 2.1. En el escrito de tutela la sociedad accionante de manera expresa no invoca ningún defecto, sin embargo, hace mención del principio de inembargabilidad y a las excepciones que ha desarrollado la Corte Constitucional en sus pronunciamientos, específicamente respecto a la sentencia C-1154 de 2008, 3 razón por la cual estudio se abordará a partir del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional. 2.2. En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales de la sociedad accionante al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con el auto de 21 de septiembre de 2020 que revocó y negó las medidas cautelares de embargo decretadas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga, y si incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, en razón a que no aplicó en debida forma las excepciones al principio de inembargabilidad con el fin de garantizar la obligación que adquirió mediante una cesión de derechos litigiosos, pues no se tuvo en cuenta que el auto que ordena seguir adelante con la ejecución equivale a una sentencia judicial.

Finalmente, se estudiará si la gobernación de Santander vulneró el derecho fundamental de petición de la sociedad actora.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias

judiciales El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta). Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20126, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20147, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058. 3 M.P.: Clara Inés Vargas. 4 Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.

5 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. 6 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 7 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 8 M. P. Jaime Córdoba Triviño. Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico9; (ii) Defecto procedimental absoluto10; (iii) Defecto fáctico11; (iv) Defecto material o sustantivo12; (v) Error inducido13; (vi) Decisión sin

motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación directa de la Constitución. Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte Constitucional17. En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto 4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio, pues (i) el asunto goza de relevancia constitucional porque el reproche que se hace frente a lo expuesto en la providencia objeto de reproche constitucional es la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por no aplicar la 9 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 10 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

11 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 12 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 13 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 14 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 15 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 16 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannett