CE-11001-03-15-000-2021-01262-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / AUSENCIA DE REGISTRO Y TRAZABILIDAD DE TUTELA / OMISIÓN DE DAR TRÁMITE OPORTUNO A LA ACCIÓN DE TUTELA / INTERPOSICIÓN DE NUEVA ACCIÓN DE TUTELA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO / HECHO SUPERADO – Por el mismo accionante En el sub judice, por cuestiones metodológicas se estudiarán dos situaciones que fueron presentadas de la siguiente manera por el tutelante, al considerar que la autoridad administrativa accionada vulneró los derechos fundamentales i) de acceso a la administración justicia por cuanto omitió dar debido trámite a la acción de tutela bajo el radicado 63001400300120210006500, y en razón a ello se vio obligado a ejercer otra acción de la misma naturaleza con identidad de sujetos, hechos y pretensiones y; ii) el debido proceso en tanto a la fecha no se conoce el trámite ni la ubicación de la referida acción constitucional que interpuso Omisión de dar debido trámite a una acción de tutela. Vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia. Superado por el accionante. En relación con este cargo (…) la Sala concluye que el accionante después de buscar la tutela que en un principio radicó ante los Juzgados Civiles Municipales de Armenia, cuyo paradero se desconoce hasta el momento, optó por presentar de manera directa la acción ante los juzgado Civiles Municipales de Bogotá por el aplicativo dispuesto para ello, el 12 de abril de 2021 y el mismo día recibió un e-mail remitido del Centro de Servicios Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles de Familia de

Bogotá, con destino al Juez 20 Civil Municipal de Bogotá, para que bajo su conocimiento tramitara dicho proceso constitucional promovido contra el Grupo Innova Constructora S.A.S. de lo cual anexó copia del reparto (…) La Sala advierte que de la revisión del portal web de la Rama Judicial, se logró determinar que la tutela radicada por el accionante el 12 de abril de 2021, proveyéndose a motu propio el acceso a la administración de justicia, surtió el trámite de admisión y se encuentra para fallo (…) En este punto de análisis, advierte la Sala que, en el cargo propuesto, se produjo carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que la vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, que se pretendía evitar, fue superado por el propio accionante con la nueva actuación que surtió en los juzgados civiles de Bogotá por la ausencia de registro y trazabilidad de la tutela que presentó ante los juzgados de Armenia, pero lo cierto es que, dicha situación ha debido solucionarse por cuenta del juzgado involucrado de Armenia o por las oficinas judiciales creadas por el Consejo Superior de la Judicatura, incluso en el curso de la presente acción constitucional, en el entendido de que tienen a su cargo la recepción de las actuaciones de los procesos, el reparto etc., sin embargo fue el mismo actor quien ejerció de manera voluntaria, por segunda vez, su derecho de acción, por la omisión de las autoridades referidas.

OMISIÓN DE INFORMAR EN LA PÁGINA WEB LAS ACTUACIONES SURTIDAS EN EL TRÁMITE DE ACCIÓN DE TUTELA – De la cual se

desconoce su ubicación / TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Imposibilidad de conocerlo ante la falta de información en la página web dispuesta para ello / CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA – Portal web de consulta de procesos y canales de comunicación de la Rama Judicial / IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL - Consejo Superior de la Judicatura autoridad competente para desarrollarla y vigilarla / TRAZABILIDAD DEL EXPEDIENTE DE ACCIÓN DE TUTELA – Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura realizar los correctivos necesarios / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Omisión de informar sobre las actuaciones surtidas en la web dentro de una acción de tutela de la cual se desconoce a la fecha su paradero. Vulneración al derecho al debido proceso. En relación con este cargo, esta Colegiatura destaca que, en la presente solicitud de amparo, el accionante alude que el Consejo Superior de la Judicatura vulneró su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la imposibilidad de conocer el trámite que se le ha impartido a la acción de tutela que ejerció. Bajo ese contexto, y previa búsqueda y verificación en la página web de la Rama Judicial, con el objeto de rastrear la acción de tutela cuyo trámite se cuestiona en el sub examine, se advierte que, una vez fue remitido por competencia, no se encuentra reporte alguno, aunado a que se desconoce la trazabilidad del mismo y si bien el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Dirección Seccional de Bogotá, informa que la tutela estuvo bien radicada, lo cierto

es que el actor por sí mismo debió proveerse el acceso a la administración de justicia. De manera que, advierte la Sala que el Consejo Superior de la Judicatura, debe informar al accionante la trazabilidad del expediente identificado con radicación 63001400300120210006500, y hacer los correctivos a que haya lugar, dado que si el accionante presentó por su cuenta la acción de tutela por segunda vez, en vista que no aparecía la que inicialmente incoó, cuyo conocimiento le correspondió en su momento al Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Armenia, que a su vez, la remitió para reparto a la ciudad de Bogotá, por carecer de competencia y, de la misma no se encuentran más registros en los portales destinados para la consulta, ni trámite de notificación al accionante, se considera pertinente rastrear dicho proceso constitucional, con el objetivo principal de que el señor [C.F.V.B.] tenga acceso a la información y, adicionalmente, para evitar el riesgo que se estén tramitando dos acciones de tutela contra el grupo Innova S.A.S. por los mismos hechos y que eventualmente puedan haber fallos contradictorios sobre el mismo asunto. Así las cosas, la Sala precisa que, la falta de trazabilidad y de información sobre el trámite de la tutela referida, en los portales web creados para ello, vulneró el derecho invocado por el accionante, en cuanto es deber de la autoridad accionada dar razón sobre las actuaciones mediante las plataformas implementadas como mecanismos tecnológicos para el trámite de los procesos, concretamente sobre su radicación, incluso en lo relativo a esta acción constitucional, comoquiera que creó el

aplicativo para recibir las acciones de tutela y habeas corpus y dispuso la adaptación de las páginas web en cada despacho judicial para garantizar la virtualidad de las actuaciones judiciales, luego entonces sí tiene competencia, no solamente es de los juzgados, pues si la tutela fue enviada a otro funcionario de otra ciudad, lo propio es que, en las plataformas creadas, se proporcione la información real, efectiva y coherente de las actuaciones surtidas y, en consecuencia, la oficina judicial que realiza el reparto y a su vez el Juzgado involucrado en el asunto tendrían que dar cuenta de ello, porque ninguna autoridad se puede sustraer de informar, con la debida transparencia, sobre las actuaciones de un proceso judicial, máxime por los cambios implementados por la necesaria adaptación a la virtualidad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 209 / DECRETO LEY 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 26 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 95 / LEY 270

DE 1996 - ARTÍCULO 101 - NUMERAL 6

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01262-00(AC)

Actor: CARLOS FERRY VARGAS BONILLA Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Temas: Tutela de fondo – Solicitud de información sobre el trámite de una acción de tutela, de la cual se desconoce su ubicación –

Vulneración del derecho de debido proceso y al acceso a la administración de justicia – Ampara SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por el señor Carlos Ferry Vargas Bonilla, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 24 de marzo de 2021 al buzón web del aplicativo de tutelas y habeas corpus de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, el señor Carlos Ferry Vargas Bonilla, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia1.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la omisión de dar trámite y de suministrarle información de lo ocurrido con una acción de tutela que presentó el pasado 19 de julio2 contra la sociedad Grupo Innova Constructora S.A.S., que, inicialmente, le correspondió al Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Armenia, y que fue enviada por competencia a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá (Reparto) bajo el radicado “63001400300120210000006200”3, sin embargo, revisado el portal web 1 Éste último derecho que fue invocado por el accionante, en el segundo escrito que apotó al

vocativo de la referencia con ocasión a un requerimiento que se le realizó, para que ampliara la información del escrito de tutela, en aras de lograr esclarecer el asunto. 2 Revisado el portal web de la Rama Judicial, búsqueda de procesos, se logró identificar que la fecha de presentación de la demanda de tutela fue el 19 de febrero de 2021. 3 Acción de tutela cuyo demandante corresponde a Martin Emilio Areiza Chavarría contra la Dirección de Gestión de Cobro del Instituto Departamental de Transito del Quindío. de la Rama Judicial, el proceso referenciado tiene otro demandante y otra demandada, aunado a ello, se encontraron varios procesos de distinta naturaleza en los que figura como accionante el señor Vargas Bonilla, pero los mismos no corresponden al expediente en debate, comoquiera que no guardan identidad de sujetos procesales, finalmente, del rastreo se logró identificar el radicado bajo número 63001-4003-001-2021-00065-00, que se refiere al asunto bajo estudio, comoquiera que tiene como actor al señor Carlos Ferry Vargas y como parte demandada al Grupo Innova Constructora S.A.S.

3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó se protejan sus derechos fundamentales y, como consecuencia, reclamó: “Dar trámite inmediato a Acción de Tutela” 1.2. Hechos probados y/o admitidos La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la

decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Carlos Ferry Vargas Bonilla, el 19 de febrero de 2021 instauró acción de tutela contra el Grupo Innova Constructora S.A.S., ante los Juzgados Civiles

Municipales de Armenia, y el mismo día mediante correo electrónico fue informado que, el proceso había sido recepcionado y asignado al Juez Primero Civil Municipal de Armenia con radicación 63001-40-03-001-2021-00065-00.

5. El actor afirmó que, el 23 de febrero de 2021, recibió un e-mail del citador de la Oficina del Centro de Servicios de Armenia, señor Carlos A. Suárez C., en el que le indicó que la tutela se remitiría a la ciudad de Bogotá para su estudio por competencia territorial, por el domicilio del accionante, cuyo asunto estaba bajo el radicado “63001400300120210006200”, actuación que se surtió, mediante correo electrónico el 22 de febrero de 2021, sin que a la fecha se tenga conocimiento del trámite de la misma, debido que no sabe a qué despacho le correspondió ni su ubicación.

6. Comoquiera que, desde la fecha anteriormente mencionada, no había tenido conocimiento sobre la acción constitucional presentada ante el Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Armenia, el 24 de marzo de 20214 radicó la tutela que corresponde al vocativo de la referencia contra el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. 1.3. Sustento de la vulneración

7. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por la “evidente” falla en el trámite impartido a la acción de tutela que instauró contra el Grupo Innova 4 La vacancia judicial por semana santa comprendió desde el domingo 28 de marzo al lunes 5 de

abril de 2021. Constructora S.A.S., cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Armenia, el cual dispuso la remisión por competencia de la misma a los Juzgados Civiles Muncipales del Circuito Judicial de Bogotá, en la medida en que el domicilio del accionante estaba allí, sin embargo a la fecha ha excedido el “tiempo máximo estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política” para decidir el asunto.

8. Adicionalmente indicó que, los Juzgados Civiles Municipales de Armenia no tienen claridad sobre la competencia, como en su caso, pues su domicilio está en un lugar distinto a la ciudad de Armenia.

9. Finalmente, refirió que después de recibir un correo electrónico en el que se le indicaba que su tutela había sido remitida por competencia a los juzgados de Bogotá, “no ha tenido noticia alguna sobre la acción de tutela mencionada, ni siquiera si ha sido asignada por reparto a algún Juzgado, y a pesar de que ya ha transcurrido mas de un mes, la Tutela no ha sido tramitada”. 1.4. Actuaciones procesales relevantes 1.4.1. Admisión de la demanda

10. Mediante auto de 8 de abril de 2021, se admitió la demanda de tutela y se dispuso notificar al accionante y al Consejo Superior de la Judicatura.

11. Igualmente se ordenó la vinculación, en calidad de tercero con interés, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, del Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Armenia, autoridad que

conoció de las acciones de tutela con radicación “63001400300120210006200” y 63001400300120210006500, esta última correspondiente a aquella cuyo trámite se cuestiona en el vocativo de la referencia, en la que obra como accionante el señor Carlos Ferry Vargas Bonilla contra la Empresa Innova S.A.S. que actuó como extremo demandado y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca.

12. En el mismo proveído, se ordenó a la autoridad accionada que aportara como prueba copia del trámite de la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Ferry Vargas Bonilla contra la Sociedad Grupo Innova Constructora S.A.S, ante los jueces de Armenia y, a su vez, para que precisara la relación que guardaba la misma, con la tutela bajo el radicado “63001400300120210006200”, en la medida en que, a través del correo electrónico que elaboró el 22 de febrero de 2021, informó que la remitió por competencia a los Jueces Civiles Municipales de Bogotá

(reparto), indicando que dicho proceso era promovido por el señor Carlos Ferry Vargas Bonilla contra Grupo Innova Constructora S.A.S.

13. Adicionalmente, se le solicitó que especificara, en qué despacho de la ciudad de Bogotá, actualmente cursaba la tutela interpuesta por el accionante, cuyo trámite se debate en este asunto, y de la cual se desconoce su paradero.

14. Por otro lado, se ordenó al Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Armenia que i) rindiera un informe sobre el trámite que le dio al expediente de

tutela presentado por el accionante, y precisara igualmente la relación que tenía el actor con la tutela bajo el radicado “63001400300120210006200”, además que aportara ii) copia digital, íntegra, de los expedientes con radicado “63001400300120210006200” y 63001400300120210006500, con el objeto de esclarecer el asunto.

15. Finalmente, se requirió al demandante para que informara y ampliara el escrito de demanda, sobre sus inconformidades relacionadas con el trámite de la tutela que interpuso ante los Juzgados Civiles Municipales de Armenia (reparto) y que, de manera precisa, indicara la fecha de los sucesos y la referencia del proceso, porque del escrito de demanda no se podía extraer dicha información.

1.4.2. Intervenciones 1.4.2.1. Carlos Ferry Vargas Bonilla

16. A través de memorial del 15 de abril de 2021, presentado vía electrónica al buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, el actor señaló que, en su criterio, el hecho de radicar la presente acción constitucional, con la pretensión de agilizar el trámite de la primera tutela incoada contra el Grupo Innova Constructora S.A.S.,: “es mas demorado, que acudir directamente a los Juzgados de Bogotá, por tal motivo he acudido a este procedimiento, que considero mucho más expedito”.

17. Al respecto informó que el 12 de abril de 2021, radicó directamente acción de tutela contra el Grupo Innova S.A.S., en los Juzgados Civiles de Bogotá (reparto)5,

por los medios digitales, para que fuera tramitada y advirtió a esa autoridad judicial, sobre los antecedentes sufridos con la primera acción de tutela que instauró en la ciudad de Armenia, toda vez que, pasado un mes no se había resuelto y desconoce hasta la fecha, la ubicación de la misma.

18. En ese sentido, explicó que recibió una copia del e-mail enviado por el Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles y de Familia de Bogotá, en el que le indicaron que el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá.

19. Por otro lado, indicó que al día siguiente, recibió un correo electrónico enviado por la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, con la debida notificación del auto admisorio de la acción de tutela que presentó contra el Consejo Superior de la Judicatura, para que le ampararan el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, así como el debido proceso, con ocasión del trámite de la primera tutela que ejerció. 1.4.2.3. Consejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial 5 Revisado el portal Web de la Rama Judicial se encontró que el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá con radicación 11001400302020210024700, actor Carlos Ferry Vargas Bonilla contra Grupo Innova Constructora S.A.S.

20. Con escrito del 26 de abril de 2021, presentado vía electrónica a través del buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, adujo que conforme al acta de reparto 21199, el proceso que se cuestiona se asignó de “manera correcta”

al Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá el 12 de abril de 2021 y que el trámite que se le dé a la misma concierne exclusivamente al juez competente.

21. En ese sentido explicó que, de las actuaciones que se surtan con posterioridad al reparto de la demanda, acción o petición radicada por el usuario, entidad o juzgado, es responsable el despacho judicial al cual le fue asignado el asunto, sin que medie de ninguna manera el Consejo Superior de la Judicatura - Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles Laborales y de Familia de Bogotá porque esa oficina desde ese mismo instante pierde competencia de acuerdo con los artículos 5, 11 modificado por el artículo 4 de la Ley 1285 de 2009 y los artículos 18 y 93 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, ello en razón a que cada uno de los despachos cuenta con los mecanismos y herramientas necesarias para garantizar el debido proceso sin que deba intervenir otra autoridad, pues la competencia del Consejo Superior de la Judicatura se circunscribe a dirimir los conflictos de competencia judiciales o administrativos propios de la Rama Judicial.

22. En ese sentido precisó que, en lo que respecta al trámite en las actuaciones procesales en los despachos a nivel nacional, la parte afectada cuenta con los mecanismos para hacer valer los derechos vulnerados, por lo que el usuario primero se debe dirigir directamente con el despacho competente, para que sea este el que informe, comunique o resuelva el asunto alegado.

23. Finalmente, consideró que la presente acción de tutela se torna improcedente por configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado sobre el asunto,

comoquiera que el “requerimiento del accionante fue atendido, conforme las competencias de esta Entidad”. 1.4.2.4. Grupo Innova Constructora S.A.S.

24. Con escrito presentado vía electrónica a la Secretaría General de esta Corporación, el 16 de abril de 2021 por intermedio de apoderado judicial, indicó que no ha tenido conocimiento de la acción de tutela presentada por el señor Carlos Ferry Vargas Bonilla en su contra y solicitó su desvinculación de este proceso, en la medida en que la gestión judicial que hubiera intentado el accionante ante el Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Armenia o en los juzgados de Bogotá en primera instancia, en el evento en que hubieran surgido, no tuvieron el impulso procesal pertinente de vinculación o notificación, para que pueda emitir consideración alguna al respecto.

1.4.2.5. Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Armenia

25. Mediante correos electrónicos de 26 y 27 de abril de 2021, informó que por acta de reparto de 19 de febrero de 2021, la acción de tutela promovida por el señor Martín Emilio Chavarría, en nombre propio en contra de la Dirección de Gestión de Cobro Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, quedó radicada bajo el número 63001400300120210006200 la cual por auto del 19 de febrero siguiente se dispuso rechazarla por competencia y enviarla al Juzgado Civil

Municipal (Reparto) de Bogotá D.C.

26. Agregó que el mismo día y por acta de la misma fecha, fue asignada a ese

despacho judicial la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Ferry Vargas Bonilla, en nombre propio, en contra del Grupo Innova Constructora S.A.S. quedanda con la radicación 63001400300120210006500 la cual, por auto del 22 de febrero de 2021, se dispuso rechazarla por competencia y enviarla al Juzgado Civil Municipal (reparto) de Bogotá D.C.

27. Ante el requerimiento efectuado por esta Corporación, en el segundo correo electronico aportó el link de los procesos6 antes referidos para su consulta y precisó que si bien a ese despacho le fueron asignadas por reparto, mediante auto se declaró incompetente para conocer sobre las mismas y las envió a los funcionarios que debían asumir el conocimiento, además que, a la persona encargada de surtir las notificaciones se le solicitó avegurar a qué juzgado le correspondió el reparto. 6 HYPERLINK "https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F %2Fetbcsj-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal %2Fj01cmpalarm_cendoj_ramajudicial_gov_co %2FEu8GJIzc0nJOtLMvqTXsrJQBy1lk0_esPwJPkXKozW7bJw%3Fe %3Dg5t0Wc&data=04%7C01%7Cscuervoq%40consejodeestado.gov.co %7Ce78dfc3a9f2f491cc5ad08d909bc93f5%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b %7C0%7C0%7C637551527797707463%7CUnknown

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

28. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Carlos Ferry Vargas Bonilla, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, siendo aplicable al sub examine el primero por principio de vigencia de la ley en el tiempo, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

29. Lo anterior en virtud de lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, que consagra una competencia a prevención para conocer de las acciones de tutela que se presenten en contra del Consejo Superior de la Judicatura. 2.2. Cuestiones previas 2.2.1. Relativa a la virtualidad de la Rama Judicial y del Consejo de Estado

30. Con ocasión del contagio a gran escala de la pandemia del Covid-19 y el

aumento de ocupación en las unidades de cuidado Intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI7, lo que ha permitido que las funciones del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual. 2.2.2. Respecto de los cargos planteados en el escrito de tutela

31. En el escrito de tutela y contestación al requerimiento efectuado por esta Corporación, el señor Carlos Ferry Vargas Bonilla expresó que el Consejo Superior de la Judicatura, incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales i) al acceso a la administración de justicia toda vez que omitió dar el debido trámite a una acción de tutela que incoó y en razón a ello se vio en la obligación de interponer una nueva acción de la misma naturaleza con identidad de sujetos procesales, hechos y pretensiones ante los juzgados de Bogotá y; ii) el debido proceso en la medida en que omitió informar sobre el trámite que se surtió dentro de la acción referida. 7 “SAMAI es un aplicativo web producto de la innovación interna, que recoge las necesidades y las buenas prácticas de gestión judicial; permite gestionar y controlar un expediente judicial desde su

inicio hasta su terminación; la incorporación de los antecedentes del expediente digitalizados; notificaciones electrónicas; la participación de sujetos procesales autorizados y el trámite de los expedientes dentro cada despacho; integra en una sola aplicación funcionalidades dispersas y brinda un tablero de control al servidor judicial para el seguimiento de su despacho. Integra otros sistemas internos como la gestión de personal y el sistema de relatoría (…)”

32. En ese contexto, esta Sala de decisión se pronunciará respecto de aquellos y por cuestiones metodológicas centrará el análisis de cada uno en el caso concreto y de manera independiente. 2.2.3. Respecto de la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de la

Judicatura

33. En el escrito de contestación de la demanda, el Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación al vocativo de la referencia, con el argumento de que pierde competencia, una vez radica el proceso ante la autoridad judicial que avoca el conocimiento del asunto.

34. Al respecto, la Sala advierte que el Consejo Superior de la Judicatura tiene plena legitimación para actuar en el caso sub examine, dado que se le atribuyen las omisiones de trazabilidad del proceso de tutela del cual se desconoce su ubicación, en tanto se erige como la autoridad competente para desarrollar y vigilar, y en consecuencia para que las partes dentro de un proceso puedan obtener una tutela judicial efectiva a través de los medios electrónicos, conforme a la necesidad e implementación del expediente digital, por lo que dicha solicitud será negada. 2.3. Legitimación en la causa

35. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,

la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, a través de un procedimiento preferente y sumario.

36. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

37. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T416 de 19978, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

38. En la sentencia T-086 de 20109, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior 8 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell. 9 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio

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