CE-11001-03-15-000-2021-01314-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA – Aplicación del marco jurídico vigente al momento de ocurrencia de los hechos / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – No acreditado / APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – Del Consejo de Estado / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO De conformidad con lo expuesto por el Juez que le puso fin al proceso de reparación directa, esta Sala de Decisión informa que negará la acción de tutela ejercida por el señor [G.L.B.V.]. El fundamento de la resolutiva radica en que, de plano se advierte que el Tribunal Administrativo del Magdalena realizó un análisis integral de las pruebas allegadas al proceso de reparación directa de cara al marco jurídico vigente al momento en que ocurrieron los hechos. Si bien en el estudio probatorio que consta en la sentencia de 15 de julio de 2020, la judicatura reprochada indicó que no contaba, pese a requerirlo, con las copias de las audiencias de legalización de la captura, formulación de acusación e imposición de la medida de aseguramiento, lo cierto es que del escrito de acusación evidenció que hubo una denuncia del señor [Y.C.V.], en la cual señalaba al

accionante como la persona que atentó contra su vida al dispararle municiones con arma de fuego. En dicha querella se agregó que el día anterior entre la víctima de la conducta punible y el tutelante se había presentado un altercado, como ya había ocurrido en anteriores oportunidades, información que aunada a la gravedad del delito imputado, implicaba la necesidad de garantizar la comparecencia del señor [G.L.B.V.], así como la protección del supuesto agredido y de la sociedad. Lo anterior, con fundamento en la sentencia SU-072 de 2018, en la cual la Corte Constitucional estableció que ni en los artículos 90 de la Constitución Política y 68 de la Ley 270 de 1996, ni en la sentencia C-037 de 1996, se establece un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos en que tuvo lugar una restricción “injusta” de la libertad, pues en cada caso se deben analizar las particularidades a fin de establecer si la decisión fue dictada con sujeción a los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. En la sentencia de 6 de febrero de 2020, proferida por la Sección Tercera, Subsección B dentro del expediente identificado con el radicado 20001-23-31-000-2009-0032-01(40117), que el actor referenció como desconocida, si bien se determinó que la privación de la libertad fue injusta, ello se configuró debido a que la Fiscalía en dicho evento no justificó la necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la imposición de la medida de aseguramiento. (…) Así, se evidencia de forma clara que dicho

antecedente difiere fácticamente del caso que ocupa la atención de la Sala y, en todo caso, se encuentra en consonancia con el criterio unificatorio del Consejo de Estado, el cual, al encontrarse vigente al momento en que el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia de segunda instancia, vinculaba al juez ordinario a administrar justicia de conformidad con lo señalado por la Alta Corte en dicha providencia. Ahora, el estudio de la presunta responsabilidad del Estado no se limita a establecer la ocurrencia del hecho dañino, pues como bien lo hizo la judicatura censurada en armonía con lo señalado por el órgano de cierre en la materia, es del caso identificar si la causa de este lo constituyeron las acciones u omisiones de las autoridades. En el proceso sub examine, no se acreditó que la forma de proceder del ente investigador y de los jueces penales devinieran en una falla del servicio, comoquiera que, al analizar las particularidades del caso, se logró identificar que al momento en que fue expedida la orden de captura del señor [G.L.B.V.], contaban con varios elementos de prueba que tornaron en necesaria, razonable, proporcional y legal la medida restrictiva. Para la época de la denuncia, se le endilgó al accionante la comisión de conductas muy graves, consistentes en de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones, con ocasión de la denuncia instaurada por la víctima y uno de los testigos “presenciales” de los hechos, motivos más que suficientes para

que, tal como lo señaló la autoridad cuestionada, la Fiscalía General de la Nación, en dicho momento procesal, expidiera la medida de detención. Estas argumentaciones se dieron en torno al estudio de la presunta responsabilidad del Estado, lo que es distinto a lo argüido por la parte accionante, pues pretende un amparo en sede constitucional con fundamento en la malinterpretación de las consideraciones de la sentencia de 15 de julio de 2020, al plantear que se surtió una tercera instancia penal en el marco de la jurisdicción contencioso administrativo. Al respecto, es preciso señalar que el objeto de la jurisdicción penal es completamente distinto al que concierne en sede de lo contencioso administrativo a través del medio de control de reparación directa, pues claro es, que el aparato punitivo tiene como finalidad establecer el grado de responsabilidad en la consumación de una conducta típica, antijurídica y culpable o contraria a la ley, que tenga la capacidad de afectar un bien jurídico tutelable, mientras que con el proceso ordinario sub examine, se analiza la posibilidad de que el Estado repare o indemnice los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de la respectiva autoridad. En ese sentido, no le asiste razón al tutelante al exponer que en sede de la reparación directa se dio lugar a una tercera instancia del proceso penal, en la que se analizó nuevamente su conducta pese a que es beneficiario de una sentencia absolutoria.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULOS 90 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01314-00(AC)

Actor: GUILLERMO LUIS BLANCO VIZCAINO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA TEMAS: Tutela contra providencia judicial – Defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.

. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Guillermo Luis Blanco Vizcaino, por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991.

1. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud El señor Guillermo Luis Blanco Vizcaino, por conducto de apoderado judicial, con escrito enviado a través de correo electrónico el 25 de marzo de 2021 al buzón de la Secretaría General de esta Corporación, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de que se le ampare su derecho fundamental al debido proceso.

La mencionada garantía la estimó vulnerada por el Tribunal Administrativo del Magdalena que, en sentencia de 15 de julio de 2020, confirmó el fallo del Juzgado 1º Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta proferido el 28 de junio de 2019, por medio del cual negó las pretensiones del medio de control de reparación

directa promovido por el actor y otros1 contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, el cual se identificó con el radicado 47001-33-33-001-2016-00255-01. 1.2. Hechos La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia: El 4 de septiembre del 2014, el señor Guillermo Luis Blanco Vizcaino fue detenido por funcionarios judiciales del CTI por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones, en cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Promiscuo de Aracataca con Función de Control de Garantías, con ocasión de la denuncia presentada por el señor Yamilton de la Cruz Villamil. El 27 de abril de 2015, el Juzgado Penal del Circuito de Fundación con Funciones de Conocimiento profirió el sentido del fallo, en el sentido de declarar inocente al procesado y ordenó su libertad inmediata, previa cancelación de una caución. El día 25 de mayo de 2015, dicha autoridad penal dictó sentencia absolutoria con sustento en el acervo probatorio allegado al proceso, del cual se acreditaba que el día de los hechos por los cuales el señor Blanco Vizcaino estuvo privado de la libertad, se encontraba departiendo con algunas personas que rindieron testimonio de ello. Con ocasión de lo anterior, el actor y los señores Isabella Sandrith Blanco Arrieta,

Noris Isabel Vizcaino Mancilla, Maryi Silena Blanco Vizcaino, Sisinio Manuel Blanco Contreras y Omar Camilo Blanco Vizcaino, promovieron el medio de control de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de obtener la indemnización de los perjuicios causados por la privación de la libertad al señor Guillermo Luis Blanco Vizcaino. 1 Isabella Sandrith Blanco Arrieta, Noris Isabel Vizcaino Mancilla, Maryi Silena Blanco Vizcaino, Sisinio Manuel Blanco Contreras y Omar Camilo Blanco Vizcaino. En primera instancia, el asunto fue decidido por el Juzgado 1º Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, con sentencia de 28 de junio de 2019, a través de la cual resolvió negar las pretensiones de la demanda con fundamento en que: “(…) la privación de la libertad de Guillermo Luis Blanco Vizcaíno, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, no fue antijurídica y que tal privación de la libertad tuvo por causa eficiente o adecuada, no la actividad de la administración de justicia (a pesar de ser la causa inmediata), sino en la conducta que Guillermo Blanco Vizcaíno asumió frente al señor Yamilton De La Cruz Villamil antes de que éste recibiera el atentado de cuya autoría señaló a Guillermo Luis Blanco Vizcaíno, analizada tal conducta desde el punto de vista meramente civil. En atención á (sic) lo precedente, se impone negar las pretensiones de la demanda”.

El recurso de apelación interpuesto por el extremo activo fue desatado por el Tribunal Administrativo del Magdalena con providencia de 15 de julio de 2020, mediante la cual se confirmó lo decidido por el juez a quo, al concluir que la medida de aseguramiento cumplió con los parámetros de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, comoquiera que el accionante “(…) se encontró incurso en medio de una investigación penal que, dada la gravedad del delito y los señalamientos de la víctima, conllevaba a que cualquier persona, en su misma situación fáctica, le habría sido impuesta la medida de aseguramiento, de tal forma que no se puede indicar que hubo un rompimiento de igualdad (sic) de la igualdad de las cargas públicas ”. 1.3. Fundamentos de la solicitud 1.3.1. La parte actora adujo que la judicatura demandada incurrió en defecto sustantivo2 y desconocimiento del precedente del Consejo de Estado contenido en la sentencia de 6 de febrero de 2020, proferida por la Sección Tercera, Subsección B dentro del expediente identificado con el radicado 2000123-31-000-2009-0032-01 (40117), en la cual se determinó: “(…) A la luz del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, el estudio de la culpa de la víctima debe versar sobre las conductas realizadas por la persona privada de la libertad vinculadas al proceso penal, lo que excluye el estudio de aquellas preprocesales que ya fueron objeto de estudio por parte del juez penal. El hecho

de que el sindicado sea <> (sic) de un delito no puede considerare (sic) como constitutivo de culpa de la víctima. 24.- Si bien las víctimas directas del daño incurrieron en contradicciones al momento de narrar las circunstancias de tiempo y lugar en la que se encontraban antes de llegar al establecimiento donde fueron capturados, esta conducta no puede considerarse como una actuación procesal dirigida a provocar su propia detención desarrollada con dolo o con culpa grave. Y ya se explicó que ella tampoco puede calificarse de indicio grave de responsabilidad “. Adicionalmente, adujo que en el caso sub examine, el actor fue absuelto por cuanto el ente investigador no contó con los elementos suficientes para efectos de desvirtuar su presunción de inocencia, evento en el cual, el Estado es responsable por los perjuicios causados con la privación injusta de la libertad a la que fue sometido, ya que no se encontraba en la obligación de soportar dicha carga derivada de la negligencia de la Fiscalía General de la Nación. 1.3.2. Refirió que en el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 se establece “(…) El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causado por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los 2 Si bien la parte tutelante no lo denominó, la Sala lo infiere de los argumentos del escrito. términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”. Finalmente, indicó que ante una privación injusta de la libertad, luego de que se

determine la absolución del procesado, o la preclusión de la causa penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no era antijurídica, así como la aplicación del principio de “in dubio pro reo”, se está frente a un daño imputable al Estado de conformidad con el artículo 90 superior. 1.3.3. De otro lado, argumentó que el juez del proceso contencioso administrativo analizó la conducta del accionante como si estuviera en el marco de la jurisdicción penal, lo cual riñe con su derecho a la presunción de inocencia, la cual fue demostrada. 1.4. Petición de amparo constitucional Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes: “Con base en todo lo anteriormente narrado, con todo respeto solicito a los Honorables Magistrados del H. Consejo de Estado, TUTELAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO, conculcado a la señor Guillermo Luis Blanco Vizcaino y en consecuencia le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, dejar sin efecto la sentencia de SEGUNDA instancia proferida el día 15 de julio de 2019, y en su lugar, que en un término prudencial siguiente a la notificación de la providencia, dicte una nueva sentencia, teniendo en cuenta los referentes jurisprudenciales de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en lo referente a la Privación Injusta de la Libertad, cuyos argumentos en todos los casos han adoptado el criterio según el cual “difícilmente puede configurarse el hecho de un tercero en casos de privación injusta de la libertad” como causal de

exoneración de la responsabilidad, dado que en cada caso concreto deben analizarse cada una de sus particularidades.”. (Sic para toda la cita) 1.5. Trámite de la acción Mediante auto de 8 de abril de 2021, el Despacho Ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena en calidad de demandados. Como terceros con interés dispuso vincular al Juzgado 1º Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, así como a los señores Isabella Sandrith Blanco Arrieta, Noris Isabel Vizcaino Mancilla, Maryi Silena Blanco Vizcaino, Sisinio Manuel Blanco Contreras y Omar Camilo Blanco Vizcaino. Finalmente, solicitó a la Secretaría General de la Corporación, para que, a través de la oficina de sistemas, realizara una publicación en la página web y, le reconoció personería jurídica al abogado César Antonio Rovira Avendaño para representar al accionante en el proceso de la referencia. 1.6. Contestaciones Librados los oficios correspondientes, se pronunciaron: 1.6.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta Mediante correo electrónico enviado el 14 de abril de 2021 a la Secretaría General del Consejo de Estado, el secretario de la judicatura interviniente, luego de realizar un breve recuento de las actuaciones surtidas en el trámite de la primera instancia del proceso de reparación directa, señaló que con la tutela de la referencia se cuestiona la sentencia de 15 de julio de 2020 proferida por el Tribunal

Administrativo del Magdalena, razón por la que juzgado carece de legitimación en la causa por pasiva, al no haber vulnerado derecho fundamental alguno. 1.6.2. Fiscalía General de la Nación Con memorial de 15 de abril de 2021, la profesional especializada de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, por cuanto, a su juicio, no se demostró la configuración de las causales generales ni especiales que facultan el estudio del fondo del asunto en sede de este mecanismo constitucional, en concreto el desconocimiento del precedente. Afirmó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, habida cuenta que la parte accionante no justificó las razones por las cuales no agotó los mecanismos judiciales idóneos para ventilar los aspectos objeto de esta controversia.3 Adicionó que el fallo reprochado fue dictado conforme con los parámetros de la sentencia SU-072 de 2018, en la cual se ha determinado que en los procesos de reparación directa por privación de la libertad, se debe establecer si la medida fue necesaria, razonada y proporcional. Finalmente, concluyó que el estudio de responsabilidad del Estado realizado por el Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia de 15 de julio de 2020 se encuentra conforme a derecho y con la jurisprudencia vigente en la materia. 1.6.3. Sisinio Manuel Blanco Contreras Con escrito presentado el 19 de abril de 2021, el señor Blanco Contreras

manifestó que la decisión de 15 de julio de 2020 es contraria a derecho por cuanto omitió que en sede de la jurisdicción penal, Guillermo Luis Blanco Vizcaino fue absuelto con fundamento en que no se logró desvirtuar su presunción de inocencia. En ese orden, advirtió que la privación de la cual fue sujeto su hijo, no es justa, contrario a lo indicado por el juez de la reparación directa, en tanto fue procesado por un delito que no cometió, ocasionando de esta manera un perjuicio económico a su núcleo familiar, debido a que Guillermo Luis Blanco Vizcaino era quien lo sostenía.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el 3 No se hizo referencia a cuáles son esos mecanismos judiciales.

Decreto 333 de 20214 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Cuestión previa El Juzgado 1º Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, en su intervención, adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto considera no ser el origen de la supuesta vulneración alegada por la parte actora. Al respecto, la Sala señala que no accederá a la desvinculación de la entidad, por cuanto fue notificada en calidad de tercero con interés en las resultas del trámite de la referencia, habida cuenta que fungió como juez de primera instancia en el

proceso de reparación directa. 2.3. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado por la parte accionante, el cual consideró vulnerado con la providencia de 15 de julio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el marco del medio de control de reparación directa identificado con el radicado No. 47001-33-33-001-2016-00255-01. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el análisis de los requisitos adjetivos de procedibilidad y, de encontrarse superados; (iii); las generalidades de los defectos alegados; y (iv) el análisis del caso concreto. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el

momento jurisprudencialmente”. 4 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía en Decreto 1983 de 2017. 5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia. 2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva 2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la protección de su derecho fundamental al debido proceso.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la parte actora, en tanto a su juicio, la autoridad judicial incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, por lo que se evidencia que trasciende un estudio de lo meramente legal. 2.5.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte accionante fue dictada en el marco del medio de control de reparación directa promovido por el señor Guillermo Luis Blanco Vizcaino y otros, contra la NaciónRama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, proceso identificado con el radicado No. 47001-33-33-0012016-00255-01. 2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia demandada fue proferida el 15 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, notificada el miércoles 23 de septiembre de la misma anualidad a las 6:27 p.m., según constancia electrónica obrante a folio 625 del expediente ordinario digital allegado, razón por la cual se entiende debidamente realizada el día jueves 24 de septiembre de 2020, de modo que la decisión quedó ejecutoriada el martes 29 del mismo mes y año, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 25 de marzo de 2021, lo cual resulta ser un término que a juicio de la Sala es razonable por cuanto el mecanismo constitucional fue interpuesto antes de

transcurridos 6 meses9. 2.5.4. Respecto a la subsidiariedad, en el caso concreto, el proceso contencioso administrativo finalizó con la decisión de 15 de julio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, con la cual se resolvió la segunda instancia en el sentido de confirmar la negativa de las pretensiones de la demanda en el marco del medio de control de reparación directa, razón por la cual contra la providencia controvertida no procede otro mecanismo judicial. Tampoco proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia en el asunto que se debate en esta oportunidad. 8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 9 Ver sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales. 2.6. Generalidades de los defectos alegados 2.6.1. Defecto sustantivo

La Corte Constitucional10, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”11. Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos: a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente12 o porque ha sido derogada13, es inexistente14, inexequible15 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador16. b) No se hace una interpretación razonable de la norma17. c) La disposición aplicada es regresiva18 o contraria a la Constitución19. d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición20. e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma21 . 10 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 11 Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24

de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras. 12 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa. 13 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 14 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. 15 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 16 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 17 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 18 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 19 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 20 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 21 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas.

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente. 2.6.2. Desconocimiento del precedente Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se sinteriza en los siguientes términos: “…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido…”.22 Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos23 explicó que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho. Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho creadas por las Altas Cortes, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funcion