CE-11001-03-15-000-2021-01316-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA

PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA – Para acreditar la configuración de algún defecto /

INEXISTENCIA DEL DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL

PRECEDENTE JUDICIAL / INEXISTENCIA DEL DEFECTO SUSTANTIVO / PRINCIPIO DE INFORMALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No es absoluto / AUSENCIA DE RECONCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES – Frente al tiempo de servicio prestado [P]ara la Sala la actora no cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no indicó específicamente cuales fueron las i) reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que mencionó en su escrito de tutela, y mucho menos argumentó que las ii) situaciones fácticas y los iii) problemas jurídicos en ambos casos eran análogos o similares. En ese orden de ideas, para la acreditación del requisito de relevancia constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, no basta con citar

de manera genérica la jurisprudencia del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, sino que por el contrario, la actora tiene la carga argumentativa de señalar en su escrito de tutela el cumplimiento de los elementos que permiten configurar la existencia de un precedente judicial , esto es, i) que en la ratio decidendi de las sentencias invocadas por el actor en su escrito de tutela se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente. (…) Por último, la actora en su escrito de tutela indicó que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en un defecto sustantivo por “[…] indebida interpretación y aplicación de la ley la (sic) Ley (sic) 33 de 1985, la Ley 33 de 1973 y la Ley 12 de 1975 que no regula la pensión de sobreviviente […]”. (…) Para la Sala, la actora no cumplió con la carga argumentativa mínima de indicar i) cuales fueron las normas jurídicas de las Leyes 33 de 1985, 33 de 1973 y 12 de 1975 que la autoridad judicial accionada interpretó arbitrariamente en el caso sub examine, y en ese orden de ideas, ii) argumentar que dicha interpretación arbitraria, trajo como consecuencia que el Tribunal Administrativo de Santander adoptara una decisión judicial contraria al ordenamiento jurídico. (…) Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos

que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio , el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01316-00(AC)

Actor: JANETH MUTIS MORENO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Referencia: Acción de tutela Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional Derechos Fundamentales Invocados: i) Mínimo vital, ii) dignidad humana, iii) igualdad y iv) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: i) Ninguno SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra el Tribunal Administrativo de Santander, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 25 de febrero de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 68001333300220180014801, vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 25 de febrero de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 680013333002201800148-01, vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que contrajo matrimonio con el señor Javier Leal Ramírez el 26 de julio de 1986.

4. Expresó que el señor Javier Leal Ramírez falleció en un accidente de tránsito en el ejercicio de las funciones que desempeñaba como guardalineas código 0540 de la Gerencia Regional de Bucaramanga de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones “TELECOM” en el que había sido nombrado a través de la Resolución núm. 3143 del 05 de abril de 1991.

5. Adujo que al servicio de dicha entidad, el señor Javier Leal Ramírez trabajó como mensajero durante los años comprendidos entre 1977 a 1983 (sin

especificar el vínculo laboral), por medio de contratos de prestación de servicios en el parque automotor durante los periodos comprendidos entre el 02 de junio de 1987 al 01 de junio de 1988 y del 15 de junio de 1988 al 14 de agosto de 1989 y, finalmente nombrado como empleado público desde el 05 de abril de 1991 al 23 de agosto de 1992.

6. Afirmó que mediante Resolución núm. 1165 del 17 de junio de 1993

CAPRECOM ordenó el pago del seguro de vida en favor de la actora por la suma de $1.383.382 que fue repartido proporcionalmente con los hijos que procrearon y, v) la actora solicitó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes como su beneficiario, prestación que negó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP a través de las Resoluciones núm. RDP 037912 del 03 de octubre de 2017 y RDP 045209 del 30 de noviembre de 2017.

7. La señora Janeth Mutis Moreno presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, solicitando que se declarara la nulidad de las resoluciones núm. RDP 037912 del 03 de octubre de 2017 y RDP 045209 del 30 de noviembre de 2017; y a título de restablecimiento del derecho solicitó el respectivo reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

Sentencia proferida el 29 de marzo de 2019 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga dentro del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 680013333002201800148-01

8. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, resolvió declarar lo siguiente: “[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones RDP 037912 de 3 de octubre de 2017, RDP 0045209 de 30 de noviembre de 2017 y RDP 047935 de 22 de diciembre de 2017, en virtud de las cuales, se negó la solicitud de reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes a favor de la señora JANETH MUTIS MORENO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL — UGPP, a reconocer y pagar a la señora JANETH MUTIS MORENO, la pensión de sobrevivientes causada con la muerte del señor Javier Leal Ramírez, con todos sus aumentos y reajustes legales a partir del día 6 de julio de 2014; valores que se ajustarán debidamente aplicando la fórmula indicada en la parte motiva de esta sentencia. De conformidad con lo normado en la Ley 100 de 1993.

PARÁGRAFO: La entidad demandada deberá tener en cuenta que operó el fenómeno prescriptivo de las mesadas pensionales a las que tenía derecho el demandante con anterioridad al 6 de julio de 2014, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia […]”.

9. Consideró que: “[…] Sin embargo, no olvida el Despacho que al haber fallecido el causante señor

Javier Leal Ramírez, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero en vigencia de la Carta Política de 1991, sus efectos irradian los principios de solidaridad y de la garantía del derecho fundamental a la seguridad social en pensiones a favor de su viuda, la actora señora Janeth Mutis Moreno, pues debe recordarse que en virtud de la Carta Fundamental: (i) Es fin esencial del Estado garantizar a la población, en especial, la más vulnerable, tenga acceso al sistema de prestaciones para que pueda vivir dignamente; (ii) Que el señor Javier Leal Ramírez, no haya estado vinculado por más de 20 años al servicio de Telecom, no puede ser óbice para obtener su viuda el derecho pensional, en tanto, éste al fallecer apenas había alcanzado a cumplir los 27 años, y en lo que pudo trabajar lo hizo, a través de contratos de prestación de servicios y finalmente logró su anhelo de vincularse laboralmente para la empresa de telecomunicaciones. Resulta claro que no dependía del causante su deceso, en virtud del accidente de tránsito no pudo continuar brindado su apoyo a su esposa Yaneth Mutis y sus tres hijas. En consecuencia, no puede inferirse, ni considerarse que exista en el presente caso la intensión de defraudar el sistema de seguridad social.

52. El requisito consistente en que en el régimen anterior estuviese contemplado acreditar 20 años o más de servicio para acceder a la pensión de sobreviviente, tampoco le resulta exigible, teniendo en cuenta, que un régimen inmediatamente posterior, al fallecimiento y en consideración a que la muerte ocurrió vigencia ya

de Constitución Política de 1991, como lo es la ley 100 de 1993, estableció que la sola acreditación de 26 semanas de cotización al sistema pensional o de servicios durante los 3 años anteriores al fallecimiento dan lugar al reconocimiento de la pensión de sobreviviente.

53. Los parámetros más flexibles de la ley 100 de 1993, aplicables al caso expuesto bajo las reglas de la retrospectividad en materia laboral, versus los requisitos rigurosos de la ley 12 de 1975 en conjunción con la ley 33 de 1985, los cuales no responden a los postulados del Estado Social de Derecho delimitados en la Carta Política y efectivizados en ley 100 de 1993, permiten el reconocimiento del derecho pensional a favor de la actora.

Esta solución es la que más se acompasa con los mandatos superiores, pues no puede quedar desprotegida la familia de un afiliado o trabajador que cumplió a cabalidad los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, y no los de la ley 12 de 1975 en armonía con la 33 de 1985, es decir no aportó 20 años continuos o discontinuos anteriores al fallecimiento del trabajador, no aplicar retrospectivamente la ley a este caso, pugna con los principios que informan la seguridad social como derecho irrenunciable de todas las personas en los términos del artículo 48 Superior, como son los de integralidad, eficiencia, solidaridad y universalidad que de conformidad con el literal b) del artículo 2° de la Ley 100 de 1993, "Es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de su vida".

En este caso, se puede conceder la prestación entendiéndose que el hecho del fallecimiento del señor Javier Leal Ramírez, ocurrida el 23 de agosto de 1992, habilitó para que retrospectivamente se le aplicará (sic) la ley 100 de 1993, por el hecho de contemplar ya la nueva Carta Política, los principios antes mencionados, los cuales vinieron a ser recogidos en la Ley 100 expedida un año después de su fallecimiento. En conclusión, se declarará la nulidad de los actos administrativos demandados y, se accederán a las súplicas principales de la demanda […]”. Sentencia proferida el 25 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 680013333002201800148-01

10. El Tribunal Administrativo de Santander, resolvió declarar lo siguiente: “[…] Primero. Revocar la sentencia proferida el veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga […]”.

11. Expresó que:

“[…] En el expediente está probado lo que sigue:

1. La negativa en sede administrativa de lo que aquí se pretende, que se contiene en las Resoluciones RDP 03791229 del 03.10.2017 y RDP 04520930 del 30.11.2017 expedidas por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP confirmadas por su Dirección de Pensiones a través de la Resolución No. RDP 04793531 de 22.12.2017.

2. La fecha de fallecimiento del cónyuge de la señora Janeth Mutis Moreno, tuvo

ocurrencia el 23.08.1992, según (sic) del señor Javier Leal Ramírez.

3. La relación laboral del causante con la aquí demandada, según el Certificado laboral expedido el 02.11.2018 por la Coordinadora Administrativa y Financiera del Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación – PAR, en calidad de Guardalíneas, lo fue el comprendido desde el 03.05.1991 hasta el 23.08.1992, esto es por espacio de 1 año, 3 meses y 13 días como empleado público.

4. El servicio prestado por el señor Javier Leal Ramírez (q.e.p.d), según el certificado expedido por el Jefe de Oficina de Rionegro (s) de Telecom, como “MENSAJERO A DESTAJO” sin especificar periodos, y en desarrollo de Contratos de prestación de servicios suscritos con Telecom para el desempeño de trabajos relacionados con el parque automotor de la entidad, correspondientes a los periodos comprendidos entre el 02.03.1987 al 01.06.198834 y del 16.06.1988 al 15.06.1989, los que no pueden ser tenidos como una relación laboral propiamente dicha, ni han sido objeto de pronunciamiento judicial de tal condición.

Concluye la Sala, que la Ley que gobierna la situación prestacional de los beneficiarios es la que se encuentra vigente al momento de fallecimiento del causante, y el principio de favorabilidad opera cuando existen varias fuentes formales de derecho que regulan una misma situación fáctica, en consecuencia, habrá de revocarse la sentencia de primera instancia habida cuenta que el deceso del señor Javier Leal Ramírez –q.e.p.d.- se produjo el 23.08.1992 – esto es antes

de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que las normas que regula su situación pensional son las leyes 33 de 1973, 12 de 1979 y 33 de 1985 que en conjunto exigían 20 años de servicios antes del fallecimiento del causante para dar lugar a la pensión de sobreviviente, y en ese sentido, al no acreditarse tal requisito, no se existen razones para anular la actuación administrativa demandada […]”. La solicitud de tutela Pretensiones

12. La actora solicitó en su escrito de tutela: “[…] PRIMERO: Se ORDENE la protección constitucional de los derechos fundamentales invocados y se deje sin efectos jurídicos el fallo o la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMISNISTRATIVO (sic) DE SANTANDER (ORAL) M.P SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR, decisión emitida en Sentencia de segunda instancia, notificada electrónicamente el 4 de marzo del 2021 y en contraste se CONFIRME la sentencia favorable emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Bucaramanga, emitida el 29 de marzo del 2019, dentro del proceso con

radicado 2018-148-01. Por los Magistrados Dra. SOLANGE BLANCO

VILLAMIZAR, Dr. RAFAEL GUTIERREZ SOLANO y Dr. IVAN MAURICIO

MENDOZA SAAVEDRA. Adelantado por JANETH MUTIS MORENO contra

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.

SEGUNDO: Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTARTIVO (sic) DE

SANTANDER, profiera una nueva sentencia dentro del proceso de la referencia, en la que se ajuste el precedente constitucional sobre pensión de sobreviviente y se de aplicación a la condición más beneficiosa que se presenta cuando hay tránsito legislativo y en ese sentido se debe escoger entre una norma derogada y otra vigente, y propende por la salvaguarda de las expectativas legítimas, que es aquella que otorga a sus beneficiarios una particular protección frente a cambios normativos que menoscaban las fundadas aspiraciones de quienes están próximos a reunir los requisitos de reconocimiento de un derecho subjetivo.

TERCERO: Subsidiariamente, y como fuente Constitucional el articulo 13 y 53, solicitó (sic) que se ordene al Consejo de Estado, profieran un fallo sustituto, que declare la nulidad del acto administrativo de las Resoluciones número RDP 037912 del 03 de octubre del 2017 que negó la pensión de sobreviviente, RDP 045209 del 30 de noviembre de 2017 que la confirmo (sic) por vía de recurso de reposición y RDP 047935 del 22 de diciembre del 2017, por vía de apelación confirmo en todas y cada una de sus partes la resolución RDP 037912, dando aplicación acorde al fenómeno de la retrospectividad o aplicación de la ley en el tiempo que se ha confundido con escoger la ley o norma más favorable, pero vigentes, es decir, no se da aplicación de una nueva ley a un hecho anterior, porque no trata de escoger la norma vigente al momento de los hechos, porque así, se ha desdibujado o parcializado o dividido el derecho constitucional de la

condición más beneficiosa, sin atender adecuadamente la aplicación de la ley en el tiempo.

CUARTO: Dar aplicación a la justicia rogada […]”.

13. La actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en un ii) defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas.

Actuación

14. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de abril de 2021; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander y iii) vinculó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

15. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga consideró que: “[…] Ahora, si en gracia de discusión se verifican una a una las actuaciones adelantadas por el suscrito, puede constatarse que no existe prueba que permita demostrar la existencia de un defecto fáctico, sustantivo, orgánico o procedimental, ni que este operador judicial haya sido inducido al error al momento de dictar sentencia, o que se haya proferido una decisión sin motivación, con desconocimiento del precedente o con violación directa a la Constitución Política o la Ley.

Se insiste que la sentencia de primera instancia dictada por el Despacho Judicial a

mi cargo estuvo debidamente motivada, soportada por el material probatorio correspondiente, y además se siguieron los lineamientos jurisprudenciales que fueron dictados por los órganos de cierre para adoptar la decisión de fondo que merecía la litis puesta a consideración. Por ello, puede aseverarse que de ninguna manera este operador judicial ha lesionado derechos fundamentales de la acá demandante, por el contrario, en cada una de las actuaciones surtidas durante el trámite de primera instancia se observó la protección de los mismos al tenor de lo expuesto en la Carta Política de 1991 […]”.

16. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP adujo que: “[…] a. La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto.

b. La acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para el reconocimiento de peticiones prestacionales, máxime cuando ya se ha pronunciado el juez competente de la causa. c. En la decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER no se incurrió en defecto material o sustantivo, sino que por el contrario la misma se ajustó al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial que regula el tema, para determinar cómo se debía liquidar la pensión de jubilación reconocida en su momento al demandante […]”.

17. El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio en esta oportunidad

procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia de la Sala

18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20211 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20182 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

20. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito de relevancia constitucional.

21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana, procediendo posteriormente a vii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 22.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena3, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia 1 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.” 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

23. Esta Sección adoptó4 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20055, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos

generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”6 que encaje en dichos parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 5 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 6 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. Acerca del requisito de la relevancia constitucional

29. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20148, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente: “[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia. El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia. La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[10]. Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la

conjunción de dos elementos necesarios [11]. El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[12]. El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En