CE-11001-03-15-000-2021-01385-01 (AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / REVOCA LA

PROVIDENCIA IMPUGNADA / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA IGUALDAD / SANCIÓN POR DESACATO / INCIDENTE DE DESACATO EN ACCIÓN DE TUTELA / IMPOSICIÓN DE SANCIÓN POR DESACATO AL FALLO DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Omisión en la aplicación de la jurisprudencia de la Corte

Constitucional / FINALIDAD DEL INCIDENTE DE DESACATO /

LEVANTAMIENTO DE SANCIÓN POR IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR EL FALLO DE TUTELA La Jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de una sanción en sí misma, sino que debe considerarse como una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia. Por tanto, pese a que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de una sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de amparo. (…) La anterior postura ha sido reiterada de manera pacífica por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencias T-171-09; T-652-10, T-512-11, T-010-12, T-482-13 y SU 034 de 2018. (…) [L]a autoridad judicial accionada no acogió las pautas que la jurisprudencia constitucional ha avalado en cuanto a la finalidad del incidente de

desacato, toda vez que denegó la solicitud de levantamiento de la sanción impuesta mediante auto de 19 de julio de 2021, limitándose a indicar que debía mantenerse la imposición de la sanción, pues el incumplimiento en la prestación de salud se dio por el tiempo en que la tutelante estuvo afiliada a dicha entidad, por lo que no se podían cambiar las decisiones ya tomadas, absteniéndose de esta forma de analizar el fondo del asunto, aun cuando la entidad SALUDVIDA se encuentra en imposibilidad material de dar cumplimiento a las órdenes impartidas en el fallo de tutela de 22 de septiembre de 2016, debido al fallecimiento de la señora RAMOS (Q.E.P.D) en el transcurso del trámite incidental, tal y como lo señaló el Tribunal en auto 19 de febrero de 2018. Conforme con lo expuesto en precedencia por la jurisprudencia constitucional, la Sala resalta que no resulta de tal validez denegar el levantamiento de la sanción, argumentando el incumplimiento de las órdenes impartidas, dado que el desacato no es un dispositivo para castigar al renuente, sino para conminarlo a dar cumplimiento efectivo al derecho tutelado mediante la sentencia de tutela, por lo que usar el incidente de desacato como un instrumento sancionador, desconocería su finalidad. Así las cosas, la Sala considera que el Juzgado si valoró las pruebas obrantes dentro del trámite incidental, sin embargo, incurrió en defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial, por cuanto no solo denegó la solicitud

de levantamiento de la sanción impuesta mediante proveído de 19 de julio de 2017, sino que además, no aplicó los criterios expuestos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación, relacionados con la inaplicación de la sanción impuesta dentro del trámite del incidente de desacato, por cuanto se abstuvo de analizar de fondo los argumentos expuestos en las solicitudes de levantamiento de la sanción, encaminados a demostrar la imposibilidad material de SALUDVIDA de dar cumplimiento al fallo de tutela. Tal postura resultó contraria al criterio jurisprudencial analizado, pues, como se vio, lo procedente era examinar las solicitudes de levantamiento de la sanción elevadas por SALUDVIDA, bajo la óptica de la finalidad y carácter persuasivo del incidente de desacato, para, de esta manera, concluir que no existe razón alguna que justifique mantener una sanción por desacato a quien no tiene posibilidad de dar cumplimiento a la orden tutelar correspondiente.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., primero (1o.) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01385-01 (AC)

Actor: SALUDVIDA E.P.S. EN LIQUIDACIÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA TESIS: SE REVOCA EL FALLO IMPUGNADO QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA Y, EN SU LUGAR, SE

CONCEDE EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL

ACCIONADA INCURRIÓ EN DEFECTO SUSTANTIVO POR

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL SOBRE FINALIDAD DEL

INCIDENTE DE DESACATO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, Y BUEN

NOMBRE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 6 de mayo de 2021, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1, declaró improcedente la acción de la referencia.

I. ANTECEDENTES I.1.- La Solicitud La E.P.S SALUDVIDA EN LIQUIDACIÓN2, actuando a través de apoderada especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al buen nombre, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO 1 En adelante la Sección Segunda 2 En adelante SALUDVIDA.

DE IBAGUÉ3 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA4, al proferir las providencias de 21 de junio y 24 de julio de 2017, respectivamente, y el auto de 4 de noviembre de 2020, proferido por el Juzgado, dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 73001-33-40-012-2016-00272-00. I.2.- Hechos

Refirió que mediante fallo de 22 de septiembre de 2016, el Juzgado tuteló los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la señora CLARA INÉS RAMOS (Q.E.P.D) y le ordenó autorizar la entrega de los medicamentos PACITAXEL 80MG/M2 DOXORUBICINA LIPOSOMAL 40GM/M2+ BEVACIZUMAB 10MG/KG, de la siguiente manera: “[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la señora CLARA INES RAMOS y, en consecuencia, SEGUNDO: ORDENAR a SALUDVIDA EPS-S que, de no haberlo hecho ya, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, autorice la entrega de los medicamentos PACITAXEL 80MG/M2 DOXORUBICINA LIPOSOMAL 40 MG/M2+ BEVACIZUMAB 10MG/KG que fueron prescritos por el médico tratante, la Dra. Silvana Orozco Araujo, sin que para ello ni para el tratamiento integral que la paciente requiera, proceda el cubrimiento de ningún “pago moderador”.

TERCERO: ORDENAR a SALUDVIDA EPS-S, que le brinde a la señora CLARA INES RAMOS, la atención integral en salud que requiera según las prescripciones de su médico tratante.

CUARTO: ORDENAR a SALUDVIDA EPS-S, que cubra los costos de desplazamiento de la señora CLARA INES RAMOS y de su acompañante, en caso de autorizar su remisión fuera de la ciudad de

Ibagué […]”

Indicó que la señora RAMOS (Q.E.P.D) presentó incidente de desacato en su contra, por el presunto incumplimiento de la orden de amparo, lo que dio lugar a que el Juzgado, en proveído de 4 de noviembre de 20165, le impusiera una 3 En adelante el Juzgado. 4 En adelante el Tribunal 5 Obrante a folio 59 del primer cuaderno del Incidente de Desacato sanción consistente en multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, confirmada por el Tribunal, en sede de consulta, mediante auto de 14 de diciembre6 de la misma anualidad. Señaló que mediante memorial de 24 de enero de 20177, presentó ante el Juzgado informe sobre los trámites realizados para dar cumplimiento al fallo de tutela, razón por la cual la autoridad judicial, mediante proveído de 25 de enero de 20178, inaplicó la sanción impuesta el 14 de diciembre de 2016. Relató que la señora CLARA INÉS (Q.E.P.D) el 9 de junio de 20179 promovió un segundo incidente de desacato en su contra por el presunto incumplimiento de la orden de amparo, lo que dio lugar a que el Juzgado, en proveído de 21 de junio de 201710 le impusiera una sanción consistente en multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, confirmada por el Tribunal, en sede de consulta, mediante auto de 24 de julio11 de la misma anualidad. Adujo que mediante memorial de 18 de agosto de 201712 presentó ante el Juzgado informe sobre los trámites realizados para dar cumplimiento al fallo de tutela, razón por la cual la autoridad judicial, mediante proveído de 28 de agosto de la

misma13 anualidad, inaplicó la sanción impuesta el 24 de julio de 2017. Agregó que la señora CLARA INÉS RAMOS (Q.E.P.D) el 10 de julio de 201714 nuevamente promovió incidente de desacato en su contra, lo que dio lugar a que 6 Obrante a folio 76 del primer cuaderno del Incidente de Desacato 7 Obrante a folio 86 ibídem 8 Obrante a folio 96 del primer cuaderno del Incidente de Desacato 9 Obrante a folio 1 del segundo cuaderno del Incidente de Desacato 10 Obrante a folio 36 del segundo cuaderno del Incidente de Desacato 11 Obrante a folio 47 ibídem 12 Obrante a folio 54 del segundo cuaderno del Incidente de Desacato 13 Obrante a folio 62 ibídem 14 Obrante a folio 1 del tercer cuaderno del Incidente de Desacato el Juzgado, en proveído de 19 de julio15 de 2017, le impusiera una sanción consistente en multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, confirmada por el Tribunal, en sede de consulta, mediante auto de 8 de agosto16 de la misma anualidad. Mencionó que el 17 de septiembre de 201817, mediante memorial presentado ante el Juzgado, solicitó la inaplicación de la sanción impuesta. Alego que la señora CLARA INÉS (Q.E.P.D) el 27 de noviembre de 201718 promovió una vez más incidente de desacato en su contra, lo que dio lugar a que

el Juzgado, en proveído de 19 de diciembre de 201719, le impusiera una sanción consistente en multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Arguyó que, mediante escrito radicado el 15 de enero de 201820, solicito la revocatoria de la sanción impuesta, debido a la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de tutela por el fallecimiento de la señora RAMOS (Q.E.P.D). Expuso que el Tribunal, en sede de consulta, debido al fallecimiento de la señora CLARA INES (Q.E.P.D), mediante auto de 19 de febrero de 201821, revocó la sanción impuesta en el auto de 19 de diciembre de 2017. Añadió que con memoriales radicados el 14 y 29 de enero de 202022 ante el Juzgado, reiteró la solicitud de inaplicación de la sanción que le fue impuesta en el curso del trámite incidental, la cual fue resuelta por medio de autos de 22 de enero 15 Obrante a folio 32 ibídem 16 Obrante a folio 41 del tercer cuaderno del Incidente de Desacato 17 Obrante a folio 53 ibídem 18 Obrante a folio 1 del cuarto cuaderno del incidente de desacato 19 Obrante a folio 36 ibídem 20 Obrante a folio 42 del cuarto cuaderno del incidente de desacato 21 Obrante a folio 54 ibídem 22 Obrantes a folios 66 y 74 del segundo cuaderno de incidente de desacato y 6 de febrero23 de la misma anualidad, respectivamente, en los que se señaló que la sanción impuesta mediante auto de 21 de junio de 2017, confirmada a través

del proveído de 24 de julio de la misma anualidad, había sido inaplicada y, que en consecuencia, la señora CLAUDIA HELENA DÍAZ había sido desvinculada a través de providencia de 28 de agosto de 2018. Resaltó que, por medio de memorial radicado ante el Juzgado el 26 de octubre de 202024, solicitó la inaplicación de la sanción impuesta el 19 de julio de 2017, la cual fue denegada por el Juzgado mediante proveído de 4 de noviembre de 202025, en el que decidió mantener la sanción impuesta. I.3. Fundamentos de derecho A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial de la sentencia de unificación SU-034 de 3 de mayo de 201826. Añadió que el Juzgado accionado también incurrió en defecto fáctico al proferir el proveído de 4 de noviembre de 2020, pues denegó su solicitud de levantamiento de la sanción sin realizar una valoración adecuada del material probatorio allegado al proceso, que daba cuenta del cabal cumplimiento del fallo de tutela de 22 de septiembre de 2016. Finalmente, sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en violación directa a la Constitución, pues, a su juicio, le vulneraron el derecho 23 Obrantes a folios 70 y 80 del segundo cuaderno de incidente de desacato 24 Obrante dentro del tercer cuaderno de incidente de desacato 25 Ibídem 26 Corte Constitucional. M.P. Alberto Rojas Ríos.

fundamental al debido proceso, ya que el trámite incidental se dio sin tener en cuenta las pruebas aportadas dentro del mismo. I.4.- Pretensiones La actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia: “[…] SEGUNDO: DECRETAR la MEDIDA PROVISIONAL DE SUSPENSIÓN de las sanciones impuestas en mi contra mediante auto del 21 de junio de 2017 proferido por el JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, TOLIMA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, hasta que se resuelva de manera motivada y de fondo las solicitudes de INAPLICACIÓN radicadas.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, TOLIMA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, INAPLICAR todas las sanciones impuestas mediante autos del 21 de junio de 2017.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, TOLIMA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, INAPLICAR todas las sanciones impuestas incluyendo la impuesta mediante auto de fecha 21 de junio de 2017, atendiendo a los antecedes jurisprudenciales, ante la imposibilidad en la que se encuentra la EPS y la no configuración de elementos mínimos para mantenerla.

QUINTO: SUSPENDER las sanciones impuestas en mi contra mediante autos del 21 de junio de 2017 proferidos por JUZGADO DOCE

ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, TOLIMA Y

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, hasta que dicho Despacho Judicial realice una adecuada valoración probatoria, NOTIFICAR a la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, a la oficina de Cobro Coactivo de la DESAJ de la suspensión de la misma y ordenar que así lo registren en sus bases de datos de manera que no aparezca vigente hasta que el Despacho Judicial de conocimiento emita un pronunciamiento ajustado con el precedente jurisprudencial […]”. I.5.- Defensa I.5.1.- El Juzgado solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional debido a que no se configura ninguna de las causales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela. Indicó que lo único que pretende la parte actora es constituir una tercera instancia para controvertir las decisiones adoptadas dentro del proceso. I.5.2.- El Tribunal, después de rendir informe sobre el trámite incidental, solicitó que se deniegue la presente solicitud de amparo y señaló que dentro del trámite incidental no se vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora. Indicó que la acción de tutela no está diseñada para ser utilizada como una tercera instancia para debatir argumentos que fueron decididos por el juez competente.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO La SECCIÓN SEGUNDA, mediante sentencia de 6 de mayo 2021, declaro improcedente el amparo solicitado, por no cumplir con el requisito de inmediatez.

Indicó que en el caso sub examine la providencia que puso fin al trámite incidental fue proferida el 24 de julio de 2017 y la presente acción de tutela fue instaurada el

7 de abril de 2021, esto es, después del término de 6 meses previsto por la jurisprudencia de esta Corporación. Aseguró que la parte actora no puso de presente alguna circunstancia que justifique su demora en promover la acción constitucional de la referencia.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN La parte actora solicitó revocar la decisión proferida por la SECCIÓN SEGUNDA y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la acción.

Indicó que, a su juicio, el a quo se equivocó al declarar improcedente la solicitud de amparo, pues no debió tener como referencia la fecha en la cual se profirió la providencia de 21 de junio de 2017, toda vez que el auto que denegó la inaplicación de la sanción fue proferido el 4 de noviembre de 2020, mientras que la acción de tutela de la referencia fue presentada el 7 de abril de 2021, por lo que, a su juicio, no se ha superado el término señalado en la jurisprudencia. Finalmente, reiteró que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial aplicable al asunto, esto es, la sentencia SU-034 de 2018, al negarse a analizar la solicitud de inaplicación de la sanción. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de

noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones. La acción de tutela contra providencias judiciales Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01). En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y

especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así: “[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a

partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10 ] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma

de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h . Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto) De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas dentro del trámite incidental de desacato La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato o solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se constate una vulneración o una amenaza a los derechos fundamentales del sancionado”27.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al momento de hacer el 27 Cfr. Sentencia T-325 de 2015. examen de procedibilidad. Así, en sentencia SU034 de 201828, esa Corporación señaló: “[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia que

resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos: i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–. ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas (defectos). iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio […]”. Caso concreto En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se dejen sin efectos las providencias de 21 de junio y de 24 de julio de 2017, proferidas por el Juzgado y el Tribunal, respectivamente, y el auto de 4 de noviembre de 2020, proferido por el Juzgado, dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 73001-33-40-012-2016-00272-00. La parte actora le atribuye a las autoridades judiciales la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y al buen nombre, toda

vez que, a su juicio, incurrieron en los siguientes defectos: i) sustantivo por desconocimiento del precedente judicial de la sentencia de unificación SU-034 de 2018; ii) fáctico, al realizar una valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso, toda vez que las pruebas obrantes dentro del expediente, daban cuenta de las gestiones adelantadas por la entidad para dar cumplimiento a 28 M.P. Alberto Rojas Ríos. la orden contenida en el fallo de tutela de 22 de septiembre de 2016; y iii) violación directa a la Constitución, por vulnerar su derecho al debido proceso pues, a su juicio, las autoridades judiciales accionadas no valoraron las pruebas obrantes dentro del expediente del incidente de desacato. La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 6 de mayo de 2021, rechazó por improcedente el amparo solicitado, por considerar que no se cumplía el requisito de procedibilidad de la inmediatez y, además, que la parte actora no puso de presente alguna circunstancia que justificara la demora en promover la acción constitucional de la referencia. La parte actora impugnó la anterior decisión e indicó que para contabilizar la inmediatez se debe tener en cuenta que la última decisión proferida dentro del trámite del incidente de desacato, fue el 4 de noviembre de 2020 por el Juzgado, mediante la cual denegó la solicitud de levantamiento de la sanción impuesta mediante proveído de 21 de junio de 2017; además, reiteró que se incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial aplicable al asunto,

esto es, la sentencia SU-034 de 2018, al negarse a analizar la solicitud de inaplicación de la sanción. La Sala advierte que si bien es cierto las pretensiones de la tutela están encaminadas a dejar sin efectos los proveídos de 21 de junio y 24 de julio de 2017, proferidos dentro de uno de los incidentes de desacato presentados por la señora CLARA INES RAMOS (Q.E.P.D) en contra de SALUDVIDA, también lo es que de los hechos y fundamentos de derecho de la demanda se advierte que lo que se pretende es controvertir el proveído de 4 de noviembre de 2020, proferido por el Juzgado dentro del trámite incidental identificado con el número único de radicación 73001-33-40-012-2016-00272-00, por lo cual el estudio de la Sala se circunscribirá a dicha providencia. Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de ser así, ii) determinar si el Juzgado incurrió en los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente, defecto fáctico y violación directa a la Constitución, al proferir el auto de 4 de noviembre de 2020, dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 73001-3340-012-2016-00272-00. De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de procedencia

exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la decisión cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los argumentos de la parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, además de que se alega la configuración de alguna causal específica. (i) La decisión dictada en el