CE-11001-03-15-000-2021-01420-01(AC)_2

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO FÁCTICO / INADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / AUSENCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA – No se aportó al proceso / IMPORTANCIA DEL VALOR PROBATORIO DE LA HISTORIA CLÍNICA – Esta permite observar el manejo clínico del paciente, al punto de señalar que el solo ocultamiento constituye una falla del servicio por entorpecer la administración de justicia / CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – Que integra la línea jurisprudencial que ha construido esta Corporación sobre las consecuencias jurídicas de la omisión o renuencia en aportar la historia clínica / CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA – Es claro que la prueba prevalente para resolver el asunto no podía ser allegada por los actores, por cuanto se encontraba en poder del INPEC / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO / ATENCIÓN MÉDICA DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD / TARDANZA POR PARTE DEL INPEC EN TRASLADAR AL INTERNO A UN CENTRO DE SALUD DE MAYOR COMPLEJIDAD / AUSENCIA DE ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA A LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD / MUERTE DE LA PERSONA PRIVADA

DE LA LIBERTAD / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL

DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[E]n varias oportunidades el Juzgado 18 Administrativo Oral de Santiago de Cali requirió al INPEC para que aportara la historia clínica del señor [H.V.] o los documentos sobre la atención médica y tratamientos que recibió mientras estuvo recluido; no obstante, dicha entidad se limitó a indicar que «se encontraban ausentes», sin indicar al menos alguna dependencia que diera respuesta satisfactoria. Ahora bien, en fallo del 24 de septiembre de 2018, el mencionado juzgado condenó al INPEC, por considerar que no logró probar su actuar diligente y desvirtuar las acusaciones hechas por la parte actora, lo cual evidenciaba que la víctima directa del daño no recibió atención médica oportuna en el centro de reclusión y, por ende, se agravó su estado de salud. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en sentencia del 8 de julio de 2020, revocó la referida decisión. (…) [L]a Sala observa que la autoridad judicial accionada encontró que no existía prueba alguna que evidenciara que el señor [I.J.H.V.] hubiera informado a los funcionarios del INPEC sobre su estado de salud y que aquellos ignoraran su situación, toda vez que no fue aportada la historia clínica del centro penitenciario que diera cuenta de ello, carga probatoria que, según el tribunal, correspondía asumir exclusivamente a los actores. Aunado a ello, expresó que, aunque en la historia clínica del Hospital Universitario del Valle del Cauca se registró que el paciente tenía cinco días de evolución del dolor, eso no era de conocimiento del INPEC, dado que no existía prueba alguna que constatara

tal afirmación; además, basándose en un supuesto, sostuvo que «tal vez» la víctima no consideró importante el dolor padecido y, por tanto, no informó a la entidad. Al respecto, conviene señalar que, tal como lo entendieron los jueces naturales de la causa, el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto era el subjetivo por falla del servicio, debido a que se discutió la tardanza por parte del INPEC en trasladar al interno a un centro de salud de mayor complejidad para que atendiera su patología, por tanto, de entrada, a la parte actora le correspondía probar los supuestos de hecho alegados en el escrito inicial. (…) De otra parte, en relación con la historia clínica como medio probatorio en aquellos casos en los cuales se pretende demostrar la falla del servicio de salud, esta Corporación ha recalcado que tal documento es de gran importancia, dado que permite observar el manejo clínico del paciente, al punto de señalar que el solo ocultamiento constituye, per se, una falla del servicio por entorpecer la administración de justicia. (…) Así pues, en atención a los pronunciamientos citados, que corresponden solo a algunos de los que integran la línea jurisprudencial que ha construido esta Corporación sobre las consecuencias jurídicas de la omisión (o renuencia) en aportar la historia clínica, es claro que la carga de la prueba se invierte cuando la parte actora no logra acceder a la misma por sus medios y el incumplimiento de tal deber resulta adverso respecto de quien está en la capacidad para hacerlo, pero asume una conducta pasiva. Por consiguiente, la Sala comparte los argumentos expuestos por el a quo, pues es evidente que el

tribunal redujo el análisis de responsabilidad básicamente a la inexistencia de registros médicos y así descartar la falla del servicio endilgada al INPEC; sin embargo, pasó por alto una serie de eventos significativos, a saber, la historia clínica del Hospital Universitario del Valle del Cauca, la remisión a dicho centro médico, la prueba pericial, los testimonios rendidos en el proceso y la imposibilidad de los accionantes para aportar la historia clínica del INPEC, dada la renuencia de dicha entidad a atender los requerimientos del juzgado. Se destaca que, según la demanda de reparación directa, los registros de la atención médica en el establecimiento penitenciario y carcelario de Villahermosa en Cali eran elementos de prueba fundamentales de cara a la prosperidad de las pretensiones, toda vez que de allí podía deducirse el tiempo de traslado del interno y el manejo clínico que se le brindó en ese lugar a su patología. De modo que, a pesar de que, en principio, le correspondía a la parte actora probar la supuesta omisión de la administración, es claro que la prueba prevalente para resolver el asunto –historia clínica– no podía ser allegada por aquella, por cuanto se encontraba en poder del INPEC, entidad que fue requerida en varias oportunidades con tal propósito, pero respondió con evasivas y finalmente se sustrajo de su obligación. En ese orden de ideas, en consideración a que era al INPEC a quien, en últimas, correspondía allegar la historia clínica, no podía atribuírsele tal carga a la parte actora y menos denegar las pretensiones de la demanda por la carencia de ese elemento de

convicción, porque ello desconoce la regla de inversión de la carga probatoria en este tipo de asuntos, librando de paso a la entidad del deber que tenía de demostrar si su actuación fue diligente y oportuna para evitar el daño y las consecuencias jurídicas dispuestas por la jurisprudencia frente a la renuencia de la entidad en allegar la historia clínica al proceso. Por todo lo anterior, la Sala coincide con la tesis planteada por el juez de tutela de primera instancia, en el sentido de que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, razón por la cual se confirmará la impugnada SALVAMENTO DE VOTO / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Acción de tutela no es una tercera instancia / AUSENCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA – Falta de aporte al proceso ordinario no resultaba atribuible al INPEC / FALTA DE APORTE DE LA HISTORIA CLÍNICA POR PARTE DE LAS ENTIDADES A SU CARGO – Se considera como indicio de responsabilidad, más no de prueba directa / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / ATENCIÓN MÉDICA DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD – Ausencia de prueba sobre omisión o negligencia de la entidad demandada al conocimiento de la afección / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA – Por parte del accionante / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL A juicio de la Subsección, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en su

decisión, incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente, toda vez que no tuvo en cuenta la “renuencia” del INPEC en allegar al proceso el historial clínico de la víctima, lo que comportaba una inversión de la carga probatoria y, a su vez, un indicio de responsabilidad en contra de la entidad demandada. (…) En ese caso, no se tuvo en cuenta que el historial clínico de la víctima directa del daño no se aportó al proceso ni por la desidia ni por la falta de actuación o colaboración del INPEC, sino porque esa prueba no la tenía la entidad, tal como se extrae del memorial del 18 de octubre de 2017, en el que se le informó al juez de la causa lo siguiente: en razón a la ausencia de entrega y relación de las historias clínicas que se encuentran en el archivo de sanidad EPMSC Cali y que debe realizarse entre USPEC y FIDUCONSORCIO, se está perjudicando normalmente el proceso de atención de salud intramural y extramural y la respuesta a solicitudes de historias clínicas a entes de control, procesos judiciales y personales. De manera atenta le informo que la historia clínica del señor abajo nombrado se encuentra ausente en el archivo de Historias Clínicas del área de Sanidad EPMSC Cali. En ese sentido, considero que la falta de aporte al proceso ordinario de la historia clínica no resultaba atribuible al INPEC, por lo cual no podía concluirse que el tribunal incurrió en un desconocimiento del precedente, a lo que debo agregar que, en todo caso, la falta de aporte de la historia clínica por parte de las entidades a su cargo ha sido considerado como un

indicio de responsabilidad, mas no de su prueba directa, por lo que la Sala debió considerar esa situación al momento de ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que dicte una nueva decisión, cuyo resultado, bien puede ser el mismo, caso en el cual el amparo carecería de sentido. También estimo que no se incurrió en el defecto fáctico que se consideró en el fallo de tutela de segunda instancia, pues, como se extrae de la decisión que quedó sin efectos, la autoridad judicial accionada sí valoró en conjunto el acervo probatorio y arribó a la conclusión de que no se probó que la muerte del interno hubiere sido consecuencia del retardo del INPEC en remitirlo a un centro asistencial. (…) por un infarto agudo de miocardio; no obstante y pese a que en la historia clínica se registra ‘paciente que ingresa bajo el contexto de dolor precordial de 5 días de evolución’, no se encuentra acreditado en el proceso, que la víctima hubiera informado o manifestado a alguien sobre dicha dolencia, previamente a su llegada al Hospital Universitario del Valle. No obra constancia de que el interno [H.V.] hubiese informado ‘…en varias oportunidades al personal operativo y de administración de la cárcel Villahermosa acerca de sus síntomas’; y, que los funcionarios encargados de la salud de dicho centro carcelario hayan hecho caso omiso a sus peticiones. Por el contrario, el único testigo presencial de los hechos relata que el hoy obitado sufrió algún tipo de molestia repentina que ameritó la asistencia inmediata de sus compañeros y del personal de guardia sacándolo del

patio y procediendo a su traslado. No fue aportado por la parte demandante historia clínica donde se advierta condición especial (…) tampoco existe historia clínica al interior del penal que dé cuenta de consultas previas al día de los hechos, respecto de patología alguna que evidencie la mora por parte del centro carcelario en trasladar a un centro hospitalario de mayor complejidad al interno [H.V.]. En efecto, para la Sala ese solo hecho no es prueba suficiente de un comportamiento negligente u omisivo de la entidad demandada. Conforme a lo antes expuesto, se encuentra acreditado el daño, esto es la muerte del señor [H.V.] tal como se anotó en precedencia; sin embargo, considera la Sala de decisión que no ocurre lo mismo en relación con la falla del servicio y el nexo de causalidad, dado que, con base en acervo probatorio impone concluir que si bien la historia clínica relata que el paciente afirma llevar cinco días de evolución del dolor, tal condición no era de conocimiento de la entidad, tal vez porque éste consideró que no era una afección grave, al punto que se desplomó encontrándose en el patio en las labores cotidianas en compañía de sus compañeros y ellos no dan cuenta de manifestación alguna por su parte sobre su estado de salud. En esta secuencia, el daño padecido por los demandantes no le resulta atribuible al INPEC, porque no fue probado que, en efecto, la víctima haya manifestado de su padecimiento durante cuatro o cinco días, al cuerpo médico del centro carcelario o incluso a alguno de sus compañeros, y que dicha entidad haya sido renuente a trasladarlo a un centro hospitalario de mayor complejidad. Por lo

tanto, la parte demandante no cumplió con el principio de la ‘carga de la prueba’, que le era exigida en la medida en que el daño en principio procede de una causa extraña a la entidad y los demandantes debían probar que esta no era imprevisible ni irresistible para ella, debido al conocimiento que tenia de los antecedentes o de la ocurrencia del infarto que sufrió el interno antes de que se evidenciara su estado crítico que ameritó su traslado. A mi juicio, la anterior decisión fue razonable, cuya valoración probatoria se efectuó en aplicación de los principios de la sana crítica y de la autonomía judicial, que no ameritan reproche y, por consiguiente, el caso carecía de relevancia constitucional, pues lo que se advierte es una discrepancia con lo decidido por el juez natural de causa, en busca de que se realizara un estudio a manera de tercera instancia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01420-01(AC)

Actor: ROSALBA RIVERA CASTRILLÓN Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en adelante INPEC, que actúa como tercero con interés, contra la sentencia del 3 de junio de 2021, proferida por la Sección Primera del Consejo de

Estado1, que resolvió: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación del Instituto Nacional 1 La Sala advierte que, el 12 de julio de 2021, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. Penitenciario y Carcelario - INPEC, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los actores, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR sin efecto la sentencia de 8 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 76001-33-33-018-2015-00448-01, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se dispone: ORDENAR al citado Tribunal proferir una nueva decisión, en la que se valore debidamente las pruebas allegadas al expediente y se dé una correcta aplicación a la jurisprudencia dispuesta para el asunto de acuerdo a los lineamientos transcritos en esta sentencia, para lo cual se le concede un término de cuarenta (40) días.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda 1.1. Pretensiones El 8 de abril de 2021, los señores Rosalba Rivera Castrillón, Blanca Mary Hernández de González; Omar, Nubiola, Luz Edith, Gloria Amparo, Blanca Nora y José Herney Hernández Valencia, por conducto de apoderado judicial, instauraron

acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados con la sentencia del 8 de julio de 2020, dictada en el marco del proceso de reparación directa con radicado 2015-00448-01. Formularon las siguientes pretensiones: PRIMERA. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia (…). SEGUNDA. Se deje sin efecto la sentencia (…) dictada en segunda instancia el 8 de julio de 2020 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de reparación directa promovido por los accionantes en contra de la Nación – Instituto Nacional al Penitenciario y Carcelario (INPEC). TERCERA. Se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca resolver el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia (…) proferida en primera instancia el 24 de septiembre de 2018 por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Santiago de Cali, conforme con los presupuestos constitucionales, legales y jurisprudenciales ventilados en la presente acción que evitarían la configuración de un defecto fáctico y un defecto sustantivo en la decisión judicial resultante (…). 1.2. Hechos Como sustento fáctico de la solicitud de amparo, se narró que el señor Irner Jaime Hernández Valencia fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de violencia intrafamiliar y, como consecuencia, se ordenó su reclusión en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad Villahermosa de

Santiago de Cali. El 17 de marzo de 2015 fue trasladado al Hospital Universitario del Valle del Cauca luego de presentar cinco días de dolor precordial opresivo y dificultad para respirar; sin embargo, falleció debido a un infarto. Los accionantes promovieron demanda de reparación directa contra el INPEC, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios morales y materiales ocasionados por la tardanza en el traslado de la víctima directa a un centro médico de mayor complejidad, lo que, en su criterio, causó la muerte. En esa oportunidad, se pidió oficiar al INPEC y al Hospital Universitario del Valle del Cauca para que aportaran copia íntegra de la historia clínica del señor Hernández Valencia, a lo cual se accedió en la audiencia de inicial que se llevó a cabo el 23 de marzo de 2017. El 7 de julio de ese año, la entidad demandada informó que no existía personal contratado para el manejo del área de archivo de las historias clínicas, a lo cual agregó que: En razón a la ausencia de asignación y/o contratación del talento humano para el manejo profesional del Archivo de historias clínicas se está perjudicando notablemente el proceso de atención de salud intramural, extramural y la respuesta a solicitudes de historias clínicas a entes de control, procesos judiciales y personales. De manera atenta le informe (sic) que la historia clínica de los señores abajo nombrados [entre los cuales está Irner Jaime Hernández Valencia] se encuentra ausente en el archivo de historias clínicas del área de Sanidad del EPMSC Cali.

En la audiencia de pruebas del 5 de septiembre de 2017 se puso de presente que el Hospital Universitario del Valle del Cauca allegó los documentos relacionados con la atención médica que recibió el paciente en ese lugar, mientras que el INPEC no lo hizo, por tal razón, se insistió nuevamente en el recaudo de dicha prueba. El 18 de octubre siguiente, después de hacer referencia a unas obligaciones de un «contrato entre Fiduprevisora-Uspec», el INPEC reiteró lo expuesto en el oficio del 7 de julio de 2017. Vencido el término para alegar de conclusión, mediante sentencia del 24 de septiembre de 2018, el Juzgado 18 Administrativo Oral de Santiago de Cali declaró patrimonialmente responsable al INPEC, dado que no logró desvirtuar la falla del servicio por la atención médica inadecuada al señor Irner Jaime Hernández Valencia, decisión que fue apelada por dicha entidad. En fallo del 8 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no se demostró el nexo causal entre el daño y hecho dañoso alegado. 1.3. Argumentos de la tutela Concretamente, la parte actora indicó que, en la providencia atacada, la autoridad judicial incurrió en los siguientes defectos: 1.3.1. Fáctico, porque exoneró de responsabilidad al INPEC bajo el entendido de que no se allegó copia de la historia clínica del señor Irner Jaime Hernández Valencia, lo cual, a su juicio, desconoce todas las gestiones que efectuó para

cumplir ese fin. Sostuvo que la historia clínica constituye el medio probatorio por excelencia en los asuntos de responsabilidad del Estado por falla en la prestación del servicio médico, pero en este caso la falencia de no aportarla solo era atribuible «a la entidad que incumplió con su obligación legal, a pesar de que estaba en su poder y fue requerida» por el Juzgado 18 Administrativo Oral de Santiago de Cali. Explicó que no era válida la excusa del INPEC, en cuanto a que no encontró el documento pedido y, en todo caso, no existía personal contratado para el manejo del área de archivo de las historias clínicas, puesto que el interno estaba bajo su custodia cuando ocurrieron los hechos. Destacó que la causa de la muerte de la víctima directa no fue el infarto, sino el tratamiento tardío que se le brindó, «ya que más del 90% de los pacientes con isquemia miocárdica que reciben atención temprana se salvan». Manifestó que en la decisión atacada se concluyó que «tal vez» el señor Hernández Valencia estimó que el dolor precordial y sus síntomas no representaban una grave afección, «por lo que simplemente aguantó el malestar y no buscó ayuda», argumento que no contaba con sustento probatorio; por el contrario, se estableció que presentó un dolor por cinco días continuos y que no recibió ayuda adecuada. Resaltó que, aunque no se aportó la historia clínica, lo cual constituye un indicio de la responsabilidad del INPEC, existían otros elementos de convicción que permitían edificar la falla del servicio, esto es, (i) el testimonio del señor Nelson

Muñoz, quien, de una parte, relató que «duró media hora dándole patadas a la puerta el día del infarto para que trasladaran a la víctima al hospital porque ya estaba muy mal», lo que indica que si ese día no tuvo ayuda inminente, podía inferirse que los días anteriores tampoco la recibió, y de otra, aseguró que era muy difícil acceder a los servicios médicos y que los guardas obligaron al señor Hernández Valencia a dormir en el suelo y a la intemperie porque fue trasladado a un patio en el que no había celdas disponibles; (ii) la confesión de la entidad sobre los problemas en los procedimientos de apertura, diligenciamiento, custodia y archivo de las historias clínicas de los reclusos; (iii) el registro médico que hizo el Hospital Universitario del Valle del Cauca sobre los cinco días de dolor que soportó el paciente y (iv) la remisión médica del INPEC, situación que daba cuenta de que sí fue valorado por un médico en ese lugar. 1.3.2. Desconocimiento del precedente judicial, por cuanto la jurisprudencia pacífica y consolidada del Consejo de Estado ha establecido que la renuencia a suministrar la historia clínica clara y completa del paciente o no documentar datos relevantes de la prestación médica constituye un indicio de falla del servicio médico, máxime cuando la parte actora no puede acceder a la misma. Para apoyar lo anterior, citó las sentencias: (i) del 31 de agosto del 2006, expediente 15.772, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, (ii) del 25 de abril de 2012, expediente 21.861, M.P. Enrique Gil Botero, (iii) del 28 de febrero de 2013,

expediente 25.075, M.P. Danilo Rojas Betancourth, (iv) del 13 de noviembre de 2014, del 30 de noviembre de 2017 y del 30 agosto de 2018, expedientes 31.182, 43.378 y 41.860, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, (v) del 14 de septiembre de 2017, expediente 38.515, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico (E), (vi) del 27 de septiembre de 2018, expediente 40.036, M.P. María Adriana Marín, (vii) del 29 de abril de 2019, expediente 55.350, Jaime Enrique Rodríguez Navas, (viii) del 29 de septiembre de 2015, del 3 de agosto de 2017, del 1° y del 9 de agosto de 2018, expedientes 28.487, 40.683, 39.864 y 43.841, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo y (viii) del 10 de septiembre de 2015, expediente 2014-03476-01 (AC), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Por último, adujo que «si en lugar de preferir la ausencia de aportar la historia clínica para liberar al INPEC de su omisión», el Tribunal accionado hubiera valorado en conjunto las pruebas obrantes en el expediente, de conformidad con los parámetros fijados por la jurisprudencia referida, la conclusión sería distinta. En concreto, dijo: (…) Por las consecuencias procesales nunca se le habría ocurrido librar de responsabilidad a la entidad demandada, sino que hubiera optado por: declarar

la falla del servicio a partir de pruebas indiciarias u ordenar la indemnización del perjuicio moral ocasionado a los demandantes por el fallecimiento de la víctima o del perjuicio consistente en hacerles nugatoria la posibilidad de reparación jurisdiccional. (…) El Tribunal no encaminó el juicio de forma correcta hacia la justicia, porque prescindió en su labor analítica de pruebas trascendentales visibles en el expediente, y tampoco aplicó los sólidos criterios que la jurisprudencia ha creado para la valoración de esas mismas pruebas; como consecuencia de lo anterior, la dimensión fáctica y sustantiva de la providencia son defectuosas, en aras de la protección imperiosa de los derechos fundamentales (…).

2. Trámite impartido e intervenciones 2.1. Mediante auto del 12 de abril de 2021, se admitió la presente acción de tutela y se ordenó que aquel se notificara (i) a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como parte demandada, y (ii) al INPEC, como tercero con interés. 2.2. El INPEC, en su escrito de intervención, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva de esa entidad, puesto que no ha vulnerado alguno de los derechos fundamentales invocados y, además, porque no era la encargada «de dar solución a lo planteado por el accionante». 2.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio, a pesar de haber sido notificado del auto admisorio.

3. Fallo impugnado En sentencia del 3 de junio de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado

amparó los derechos fundamentales de la actora, por considerar que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos alegados. Empezó por señalar que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca descartó la falla del servicio, basado en que, como no se allegó copia de la historia clínica del señor Irner Jaime Hernández Valencia, no era posible endilgarle responsabilidad a la entidad demandada, pues no se probó que aquel le informó al personal del INPEC sobre su estado de salud y mucho menos que no hubiera obtenido respuesta frente a tal situación, carga probatoria que, en todo caso, debían asumir los demandantes. Hecha la anterior precisión, el juez de tutela de primera instancia resaltó que, tal como lo sostuvo la parte actora, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado (i) que cuando discute la responsabilidad del Estado por indebida prestación de los servicios de salud en un establecimiento penitenciario se requiere probar la falla en el servicio, en razón a que se analiza bajo los mismos supuestos aplicables a la prestación del servicio médico; (ii) que la historia clínica es el medio probatorio «prevalente» en aquellos casos, dado que allí se consigna el desarrollo clínico del paciente, por manera que su solo ocultamiento, en sí mismo, constituye un indicio de responsabilidad, y (iii) que si se torna difícil o complejo acceder a la misma, la carga de la prueba se invierte, en virtud del principio de equidad que orienta la actividad judicial. Seguidamente, advirtió que, en principio, los actores debían acreditar el supuesto de responsabilidad del Estado por la omisión en prestarle atención médica

oportuna a la víctima directa del daño al interior del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad Villahermosa de Santiago de Cali; empero, la historia clínica se encontraba en poder del INPEC y era su deber allegarla. Reprochó que el Tribunal accionado hubiera ignorado que la documental requerida había sido solicitada por la parte actora y el juzgado de primera instancia en reiteradas oportunidades y que la entidad se sustrajo de aportarla, a pesar de su importancia para definir la controversia. Consideró que, según el criterio de esta Corporación, el hecho de que la parte actora no hubiera aportado la historia clínica del interno no podía constituir el fundamento para negar las pretensiones de la demanda, como equivocadamente lo definió la autoridad judicial demandada; por consiguiente, a su parecer, el análisis fáctico y jurídico que se realizó en la sentencia atacada no fue acertado. Textualmente, esto sostuvo: (…) el Tribunal pasó por alto que la demostración de la falla conllevaba una prueba imposible para los demandantes de allegar, lo cual condujo al yerro de prescindir de la consecuencia jurídica aplicable al asunto, esto es, dejó de invertir la carga probatoria, librando al INPEC del deber que tenía de demostrar si su actuación fue diligente y oportuna para evitar el nefasto daño; sumado a lo anterior, omitió las consecuencias jurídicas dispuestas por la jurisprudencia que conllevaba la renuencia de la entidad en allegar la historia clínica al proceso. (…) Para la Sala la decisión el Tribunal vulneró los derechos fundamentales

invocados por los actores, comoquiera que a quien correspondía allegar la historia clínica del señor Hernández Valencia era al INPEC, por lo que no era válido exigirle a la parte actora aportar un elemento material probatorio al que le era imposible acceder, máxime cuando la entidad demandada fue requerida en múltiples oportunidades para que allegara tal prueba, haciendo caso omiso a los requerimientos judiciales, lo cual, por demás, constituye un indicio de su interés en ocultar un hecho que le resulta adver